nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 15: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Johnny Werner Soto Pérez, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros mediante comunicación de fecha 28 de abril de 2026.

Expone la recurrente que, en su calidad de profesional técnica extranjera, solicitó ante la AFP Provida la devolución de sus fondos de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 18.156, la cual establece una exención de cotizaciones para el personal técnico extranjero que cumpla con los requisitos de afiliación en su país de origen y voluntad de mantenerla. No obstante, con fecha 28 de abril de 2026, fue notificada vía correo electrónico del rechazo de su pretensión, bajo el argumento de que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraría vencida al superar el plazo de 120 días de vigencia. Sostiene la actora que dicho rechazo deviene en arbitrario, por cuanto la recurrida ha desatendido la finalidad del legislador y ha incurrido en una exégesis restrictiva de la norma.

Argumenta que la constancia electrónica del IVSS cuenta con un código alfanumérico de verificación plenamente validable en el portal web oficial de dicha institución, herramienta que permite constatar la veracidad de la afiliación de forma directa y fehaciente. Asimismo, destaca que es un hecho público y notorio la actual imposibilidad de los ciudadanos venezolanos residentes en Chile para acudir a representaciones consulares u obtener apostillas de documentos debido a la interrupción de las relaciones diplomáticas, lo que constituye un evento de fuerza mayor o caso fortuito. Afirma que no se le puede compeler al cumplimiento de formalidades que exceden su esfera de control, máxime cuando la Ley N° 18.156 no exige que tales certificados deban presentarse apostillados o legalizados.

Explica el recurso que la vulneración de las garantías constitucionales se produce, en primer término, respecto de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, toda vez que se le otorga un trato excluyente frente a otros solicitantes en situaciones análogas y se le imponen trabas burocráticas no previstas en el ordenamiento; y en segundo término, se lesiona el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto los fondos de capitalización individual son parte de su patrimonio y la negativa injustificada de la administradora le priva del legítimo ejercicio de los atributos del dominio sobre sus ahorros.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente.

Segundo: Que, evacuando informe, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección, con expresa condenación en costas.

En primer término, opone la excepción de improcedencia de la vía elegida, sosteniendo que la acción de protección no es la sede idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, toda vez que no existe un derecho indubitado por parte de la recurrente, sino una pretensión declarativa sobre la cual existe controversia respecto del cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley N° 18.156.

En cuanto al fondo, niega la existencia de actos ilegales o arbitrarios, afirmando que su representada ha actuado en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Fundamenta el rechazo de la solicitud de devolución de fondos en que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada por la afiliada se encontraba vencida, superando el plazo de vigencia de 120 días establecido por el regulador en el Oficio N° 7253. Asimismo, arguye que los documentos electrónicos presentados carecen de la debida apostilla o legalización exigida por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de la Apostilla, requisito que no puede ser preterido so pretexto de la situación diplomática de Venezuela. Adicionalmente, sostiene que las declaraciones juradas notariales no constituyen instrumentos idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, pues tal certificación debe emanar exclusivamente de la autoridad competente del país de origen.

Alude, además, a que la recurrente posee residencia permanente en Chile, lo que genera una contradicción con la voluntad de mantener la afiliación extranjera y supone un riesgo eventual para el erario nacional en virtud del principio de universalidad de la seguridad social.

Finalmente, solicita que se desestime el recurso en atención a que la negativa de la AFP se ajusta a la interpretación restrictiva que debe otorgarse a las normas de excepción como la citada Ley N° 18.156.

Tercero: Que, evacuando informe, la Superintendencia de Pensiones solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Opone, primeramente, excepción de improcedencia de la acción, por cuanto la materia reclamada excede el ámbito de aplicación del recurso de protección, al no existir un derecho indubitado y preexistente. Sostiene que la controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 debe ser ventilada en un procedimiento de lato conocimiento y no a través de esta vía cautelar de urgencia.

En cuanto al fondo, la recurrida arguye la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la actora no ha acreditado copulativamente las exigencias del artículo 1° de la citada ley. Detalla que la 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) resulta insuficiente, por cuanto carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada ni apostillada en los términos de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, requisito indispensable para que documentos otorgados en el extranjero surtan efectos en Chile. Asimismo, advierte que dicho instrumento se limita a mencionar coberturas de forma genérica, sin precisar si comprenden prestaciones médicas y pecuniarias específicas durante el tiempo de servicios en el país.

Por otra parte, la Superintendencia observa una contradicción sustancial en la voluntad de la recurrente, toda vez que en el anexo de contrato de trabajo de fecha 21 de octubre de 2025, esta manifiesta que 'continuará cotizando en el Régimen Previsional Chileno', lo cual es antitético con la finalidad de la Ley N° 18.156, que busca precisamente la exención para evitar la doble cotización. Añade que, al poseer la actora residencia definitiva en Chile, el retiro de sus fondos de pensiones podría significar una carga futura para el erario nacional en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y el sistema de pensiones solidarias.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, señalando que no existe privación del derecho de propiedad, sino la improcedencia de un beneficio excepcional, manteniendo la recurrente íntegros sus derechos previsionales conforme al Decreto Ley N° 3.500 para cuando cumpla los requisitos legales generales.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de naturaleza eminentemente cautelar, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que priven, perturben o amenacen el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales expresamente protegidas por esta vía, requiriéndose como presupuesto indispensable de procedencia la existencia de un derecho de carácter indubitado y preexistente.

Quinto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., notificada vía correo electrónico el 28 de abril de 2026, mediante la cual se rechazó la solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros formulada por la recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

Sexto: Que, analizando en primer término el fondo de la solicitud, la franquicia del retiro de fondos consagrada en la Ley N° 18.156 exige que el trabajador extranjero se mantenga exento de la afiliación previsional nacional. Para ello, es un requisito sine qua non que en el contrato de trabajo se exprese de manera inequívoca la voluntad de las partes de excluir la cotización en Chile, manteniendo el trabajador su afiliación y aportes exclusivamente en el régimen de seguridad social de su país de origen.

Sin embargo, en la especie, la actora no ha acompañado el contrato de trabajo principal de fecha 11 de julio de 2024 suscrito con su empleador ATENTO CHILE S.A. —en el cual debía constar de forma oportuna su voluntad de quedar excluida del sistema previsional chileno—, sino únicamente un 'Anexo de Actualización al Contrato de Trabajo' de fecha 21 de octubre de 2025, en el cual se estipula que la trabajadora desea mantener el régimen previsional de su país de origen.

De esta forma, al no haberse acreditado una declaración de voluntad inequívoca y oportuna de excluir la cotización previsional en Chile desde el comienzo del vínculo contractual, las sumas de dinero enteradas en su cuenta de capitalización individual asumieron el carácter de cotizaciones obligatorias ordinarias regidas por el D.L. N° 3.500, no existiendo habilitación legal alguna para eximirse de forma retroactiva de dicha obligación previsional obligatoria.

Séptimo: Que, en el mismo tenor, es preciso hacer presente que la negativa de la AFP recurrida se basa en sostener que la peticionaria no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, que regula el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de que la afiliada no demostró de forma idónea contar con cobertura previsional extranjera vigente, dado que el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que adjuntó a su requerimiento se encontraba caducado al superar la vigencia de 120 días que establece la reglamentación del órgano fiscalizador, además de carecer de la debida apostilla o legalización exigida por la ley.

Octavo: Que, las disposiciones legales con especial atingencia para decidir acerca de la legalidad del proceder de la recurrida AFP PROVIDA S.A. son los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, normas de carácter excepcional que permiten la exención del pago de cotizaciones previsionales y la consecuente devolución de fondos únicamente cuando se acredite de manera fehaciente que el trabajador extranjero conserva afiliación previsional en el exterior que le asegure prestaciones a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Para que opere dicha exención, la reglamentación del sistema de pensiones —cuya interpretación y fiscalización compete exclusivamente a la Superintendencia de Pensiones en virtud de sus facultades orgánicas— ha regulado rigurosamente los requisitos de validez, vigencia y autenticidad de los instrumentos extranjeros.

En la especie, por un lado, la constancia de afiliación al IVSS presentada por la recurrente data de fechas antiguas (con egreso de su empleador en Venezuela en el año 2017) y su presentación digital se realizó con posterioridad al vencimiento del plazo administrativo de 120 días regulado por la autoridad fiscalizadora en sus directrices de control de fraudes, por lo que no es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional real, activa y concurrente de que se trata.

Por otro lado, dicha constancia del IVSS no cuenta con legalización consular ni con apostilla alguna. En consecuencia, al carecer dicho instrumento de las solemnidades legales indispensables para acreditar su autenticidad formal y validez jurídica dentro del territorio chileno, el documento carece de mérito probatorio para acreditar el cumplimiento del requisito previsional de cobertura en el extranjero.

Noveno: Que, consecuentemente, al constatarse que la recurrente no cumplió con las exigencias legales y reglamentarias que rigen el retiro excepcional de fondos previsionales, el rechazo de su solicitud pronunciado por AFP PROVIDA S.A. el 28 de abril de 2026 no importa un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías de igualdad ante la ley o el derecho de propiedad de la actora. Por el contrario, la recurrida actuó en el ámbito de sus obligaciones legales y en estricta observancia de las directrices dictadas por el órgano fiscalizador, sin que la sola invocación de dificultades diplomáticas o consulares excuse al interesado del cumplimiento de los requisitos sustantivos que el legislador ha fijado para la concesión de este beneficio de derecho estricto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-13038-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (I)señor Guillermo Rodríguez González y la Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

En Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.