nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SUCESO

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando que se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución Exenta Nº R-01-ISESAT-141520-2022, de 20 de octubre de 2022, que dictaminó un 0% de incapacidad; sin señalar las garantías constitucionales que estima vulneradas, pide que sea dejada sin efecto y, en su lugar, se respete lo resuelto en la Resolución Nº 202202701, de 19 de abril de 2022, de la Comisión Médica de Reclamos, por medio de lo cual se estableció un 45% de incapacidad.

Explica, en síntesis, que por 26 años trabajó como operador de productos cárnicos en un supermercado, con alta carga laboral y producto de dolores en su brazo derecho y codo acudió a la Mutual de Seguridad, la que le diagnosticó Epicondilitis lateral y bilateral.

Refiere que la Intendencia de Seguridad y Salud en el trabajo concluyó que la afección era de origen laboral por lo que se le debe otorgar la cobertura de la Ley Nº 16.744.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, a través de su abogado Francisco Ortega Bello y solicita su rechazo, con costas.

Alega la improcedencia de la acción cautelar por cuanto la materia sobre la cual versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está contemplado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. En efecto, la calificación de una enfermedad como común o laboral es una cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico de la Ley Nº 16.744 y de los procedimientos establecidos en los artículos 77 y 77 bis de dicho cuerpo legal, los que son de competencia exclusiva de la recurrida y sin ulterior recurso, por tratarse de un organismo técnico, imparcial y especializado.

En subsidio, en cuanto a los hechos, expone que en cuanto al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744, es administrado por el Instituto de Seguridad Laboral y Mutualidades de Empleadores, las que, a su vez, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, las COMPIN determinarán el grado de discapacidad.

Señala que el 29 abril 2022, se presenta la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, reclamando en contra de la Comisión Médica de Reclamos, que mediante la Resolución N° B101/20220271, de 19/04/2022, modificó la Resolución N° 138/374/2019 del 12/12/219 de la COMPIN Región Metropolitana Subcomisión Poniente, aumentando la incapacidad de 0% a 45% por las secuelas: "Epitrocleitis derecha. Enfermedad profesional. Incapacidad para trabajo específico" del trabajador nombre reservado. Solicitando dejar sin efecto la resolución señalada.

Que, profesionales médicos de la recurrida procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y estudios imagenológicos del caso, concluyendo que la Epitrocleitis derecha se encuentra recuperada, sin incapacidad a evaluar por la normativa de la Ley N° 16.744. Razón por lo cual, se acoge el reclamo efectuado por la citada Mutualidad, resolviendo dejar sin efecto la Resolución N° B101/20220271, de 19/04/2022, de la Comisión Médica de Reclamos, según de advierte de la Resolución Exenta N° R-01-UME-105292-2022, de 05 de agosto de 2022.

El 22 de agosto de 2022, el recurrente solicita dejar sin efecto lo resuelto por la recurrida, la que concluyó que no procedía modificar lo previamente resuelto.

Finalmente, reclama que la pretensión del recurrente excede el ámbito de la acción cautelar de protección, toda vez que se pretende resolver una cuestión de fondo que constituye una materia de lato conocimiento en un procedimiento ordinario declarativo, pudiendo presentar las probanzas pertinentes y no se ampara en un derecho preexistente.

TERCERO: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Para que prospere esta acción cautelar y de emergencia, es necesaria la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Así, para su acogimiento, se requiere que se esté frente a una clara transgresión de alguna de tales garantías y, además, debe invocarse un derecho preexistente y no discutido, ya que su función es dar protección respecto de algún derecho amenazado como se dijo, más no generar nuevos, ya que no es una instancia declarativa de derechos, siendo esta finalidad ajena a su señalada naturaleza protectiva, puesto que no constituye ni un juicio ni una investigación y se falla o resuelve con el mérito de los antecedentes que acompañen las partes recurrente y recurrida.

CUARTO: Que del análisis de los antecedentes se advierte que se ha utilizado el recurso de protección como un arbitrio jurisdiccional una vez agotados, por su ejercicio, los medios recursivos que contempla el sistema de seguridad social para el otorgamiento de pensiones, en este caso por invalidez, lo cual es completamente ajeno a las posibilidades de este recurso de emergencia.

En efecto, el recurrente, habiendo obtenido un resultado favorable de la Comisión de Reclamos, esta decisión fue recurrida por la Mutual de Seguridad de la Cámara de la construcción, y la Superintendencia de Seguridad Social luego de evaluados los antecedentes médicos del actor, concluyó que se encontraba íntegramente recuperado, no presentando ningún porcentaje de incapacidad, la que consecuentemente rebajó a un 0%. En contra de dicha resolución, apeló el recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que decidió mantener el grado de invalidez antes referido.

Así, una vez adoptada la decisión administrativa de término, se ha deducido la presente acción de protección, según se ha dicho, como si fuera un recurso más dentro de la cadena recursiva en materia de determinación médica y legal del grado de invalidez.

Entonces, se advierte que el recurrente ha hecho un uso incorrecto del recurso en examen, pues, con los antecedentes aportados, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social no puede ser alterado a través de un recurso de protección, al excederse su ámbito de aplicación.

QUINTO: Que, además, el recurso tampoco puede prosperar porque no se ha demostrado que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social en la decisión de término de la reclamación administrativa sea ilegal o arbitraria, pues dicha entidad ha actuado en el uso de sus atribuciones legales, en el marco de un procedimiento iniciado por el propio recurrente, con antecedentes que justifican su decisión, plasmando en su resolución los fundamentos de su determinación, sin que esta Corte cuente con otros antecedentes para, apreciados según las reglas de la sana crítica, poder concluir en la ilegalidad o arbitrariedad de lo resuelto e impugnado, para variar la determinación del grado de invalidez al porcentaje que se pide.

En efecto, según se lee del acto recurrido, la Superintendencia de Seguridad Social, para rechazar el reclamo del actor ha evaluado médicamente las secuelas clínicas de sus dolencias para la determinación del porcentaje de invalidez conforme a la normativa vigente, consignando, en lo pertinente: “Que profesionales médicos de este organismo procedieron al análisis d los antecedentes clínicos, estudios imagenológicos del caso y los antecedentes aportados por la mutual, concluyendo que la Epitrocleitis derecha se encuentra recuperada, sin incapacidad a evaluar por la normativa de la Ley N° 16.744”;

SEXTO: Que, finalmente y como se viene razonando, el recurrente carece de un derecho cuya preexistencia resulte indiscutida, pues lo que se ha resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social es que no le corresponde una invalidez parcial por una incapacidad, cuestión que el recurrente controvierte, sin que se pueda revisar a través de un recurso de esta naturaleza, dado que el derecho que pretende por un 45% de incapacidad no es indubitado como para merecer el inmediato amparo para el cual está prevista la acción de protección;

SÉPTIMO: Que, por las razones anteriores, no configurándose en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso en examen no está en condiciones de prosperar, lo que permite obviar el estudio de las garantías constitucionales que se dicen afectadas. Lo anterior, además, debe entenderse referido a las diversas alegaciones que se formulan en el informe de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado., en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-130376-2022.