nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO

Foja: 39 Treinta y Nueve Santiago, diez de enero de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

A fojas 1 comparece Omar Fernando Cabrera Cabezas, habilitado en derecho, domiciliado en domicilio reservado e interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos funcionarios de la Corporación Municipal de Lo Prado, en contra de la referida Corporación y en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, ambas representadas por el Alcalde de esa comuna don nombre reservado, médico cirujano, todos con domicilio en domicilio reservado ambas de la comuna de Lo Prado de la Región Metropolitana respectivamente. Funda el recurso en que de acuerdo a los términos de un antiguo convenio suscrito entre la Caja de Compensación Los Andes y la Corporación Municipal de Lo Prado al cual jamás entregaron su consentimiento, cada vez que un funcionario presenta una licencia médica, el monto correspondiente al subsidio respectivo le es reembolsado directamente por la Caja a la Corporación, mediante el giro del cheque respectivo; la Corporación por su parte, paga al funcionario la remuneración completa correspondiente al período respectivo, sin considerar el tiempo de la licencia. Agrega que el mecanismo tiene una serie de distorsiones y falta de formalidades cuando alguna licencia es denegada, ya que los rechazos son comunicados directamente a la Corporación y no al funcionario, lo que les impide hacer uso de los recursos correspondientes, comunicándose el rechazo con posterioridad al período remuneracional respectivo, efectuándose el descuento con posterioridad luego que alguna auditoría detecta la omisión. En cuanto a los recurrentes, la Corporación Municipal de Lo Prado dice tener acumuladas licencias de los funcionarios desde el año 2008, respecto de las cuales los funcionarios no presentaron reclamos al no haber tenido oportuno conocimiento del rechazo. Indica que la recurrida pretende hacer efectivos los descuentos con cargo a sus remuneraciones actuales y futuras, lo que se les comunicó a los recurrentes mediante cartas enviadas entre el 13 y 23 de septiembre del año recién pasado. Se trata de licencias rechazadas de hace más de 5 años, por lo que cualquier acción destinada a efectuar descuentos se encontraría prescrita. Indica que este procedimiento que pretende aplicar la recurrida es arbitrario e ilegal y vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República ya que se pretende hacer responsable a los funcionarios de la propia negligencia de la recurrida. Señala además que los articulo 54 y siguientes del Código del Trabajo contiene normas explicitas destinadas a proteger las remuneraciones de los trabajadores, de igual forma se contempla tal protección en el artículo 35 del Estatuto Docente, por lo que solicita acoger el presente recurso resolviendo que se prohíbe a las recurridas descontar suma o monto alguno de las remuneraciones devengadas, pendientes, presentes o futuras de los recurrentes u otros dependientes de dicho Municipio o Corporación Municipal, sin perjuicio de adoptar cualquiera otra providencia que la Ilustrísima Corte de Apelaciones estime necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las personas.

A fojas 19, informa la Corporación Municipal de Lo Prado aduciendo que no ha cometido ningún acto arbitrario ni ilegal ya que ha dado cumplimiento estricto a lo dispuesto en el Decreto N°3, de Salud de 1984, el que contempla el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

Agrega que en el caso concreto, se tramitó las licencias médicas de los recurrentes y entretanto no se aceptaron o rechazaron, se les pagó íntegramente las remuneraciones, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Docente (Ley 19.070) y en el Estatuto de los Trabajadores de Salud (Ley 19.378).

La notificación de rechazo o aceptación de una licencia no es de cargo de la Corporación, ya que de acuerdo a la legislación vigente, corresponde a Fonasa o la Isapre efectuarlo en el domicilio del trabajador, por lo que la interposición del reclamo establecido en el artículo 41 del Decreto N°3 antes citado es de carga del funcionario o trabajador y no de la Corporación.

Entiende la recurrida que más que un error se trata de endosarles una responsabilidad que la propia ley radica en el trabajador y que lo único que hicieron fue informar a los funcionarios que las remuneraciones canceladas durante el uso de la licencia médica no han sido pagadas por el asegurador respectivo, y que, en consecuencia, se hace necesario recuperar los dineros que han sido pagados por concepto de licencias médicas rechazadas o modificadas.

Señala que en este orden de ideas existe una disposición legal contenida en el artículo 63 del texto legal antes citado que obliga al empleador a perseguir la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada. Que sin tener obligación alguna la Corporación ha puesto en conocimiento de los funcionarios el rechazo o modificación de las licencias médicas con la exclusiva función de aclarar si este presentó los recursos correspondientes o en su defecto proceder al descuento. Por lo que a juicio de la recurrida es fácil concluir que tanto los funcionarios como los trabajadores, producto de su propia negligencia no interpusieron los recursos y/o reclamos ante las instancias pertinentes; a fin de modificar lo resuelto por la Isapre o Fonasa pretendiendo en forma arbitraria e ilegal que ellos asuman ese papel.

Por lo anterior, que existe en este caso una doble extemporaneidad respecto de las alegaciones de los recurrentes, primero porque no ejercieron oportunamente reclamaciones ante los órganos competentes que rechazaron o modificaron las licencias médicas y, segundo porque de acuerdo a los documentos que acompañan notificaron personalmente a cada uno de los recurrentes de esta situación entre los días 5 y 13 de septiembre del año en curso, razón por la cual el plazo de 30 días para interponer el recurso de protección se encuentra vencido.

Expone que a la recurrente doña nombre reservado, y doña nombre reservado se les notificó el 23 de septiembre del presente año y en este último caso la recurrente completo la documentación solicitada por el COMPIN recurriendo a la Caja de Compensación respectiva.

Estima que no hay vulneración de la garantía constitucional del derecho de propiedad ya que la presentación de la licencia médica asegura el reposo y es causal justificada de inasistencia a las labores pero no sinónimo de pago íntegro de remuneraciones, por lo que solo existe en este caso una mera expectativa de pago. Por lo que solicita se rechace el recurso en todas sus partes sin perjuicio de emitir pronunciamiento previo respecto de la extemporaneidad del mismo.

A fojas 30, informa la Ilustre Municipalidad de Lo Prado la que reproduce íntegramente el informe de la Corporación Municipal de Lo Prado.

Considerando.

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción extraordinaria, destinada a restaurar el imperio del derecho en los casos que, por un acto arbitrario e ilegal, se haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales indicados en la citada norma.

Segundo: La cartas fundantes del presente del recurso, acompañadas materialmente al mismo, dejan constancia del ánimo de los recurridos de descuento de la remuneraciones de los montos equivalentes al rechazo de las licencias médicas, situación ésta que no se ha materializado a la fecha, es decir, no se ha cumplido, hallándose, en consecuencia, latente su ejecución, lo que hace que sea oportuna la presentación del recurso. Por tal motivo se rechazará la alegación de extemporaneidad esgrimida por los recurridos.

Tercero: Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 del Estatuto Docente (Ley 19.070), 19 inciso tercero del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley 19.378) y 110 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (ley 18.883), señalan expresamente de manera similar que el profesional docente, el personal de la salud y funcionarios municipales respectivamente, tienen derecho a licencia médica, durante cuya vigencia continuarán gozando del total de sus remuneraciones.

Cuarto: Por su parte, el artículo 71 del Estatuto Docente dispone que los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal, se rigen por las normas de dicho estatuto y, supletoriamente, por las normas del Código del Trabajo y sus leyes complementarias. Respecto de los demás regímenes estatutarios indicados en el considerando precedente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 inciso tercero del Código del Trabajo, se sujetarán a las disposiciones de éste código en los aspectos o materias no regulados por sus respectivos estatutos.

Quinto: Según lo expuesto anteriormente, es aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado descentralizados – entre los cuales se encuentra la Ilustre Municipalidad de Lo Prado y su Corporación Municipal- el artículo 58 del Código del Trabajo, que se encuentra dentro del Libro Primero, Capítulo VI, con el título De La Protección de las Remuneraciones, que exige a los empleadores deducir de las remuneraciones, entre otros ítems, las obligaciones con organismos públicos, para cuyos efectos no se requiere el consentimiento de los trabajadores, requisito éste que recién es imperativo a partir de la segunda parte del citado artículo.

Sexto: La Ilustre Municipalidad de lo Prado y la referida Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas precitadas en el considerando quinto pagó íntegramente sus remuneraciones durante las licencias médicas a los recurrentes, pero si luego de su tramitación fueron rechazadas, procede efectuar el descuento directo, debido a que se vincula a una obligación con un organismo público, calidad ésta que tienen las municipalidades y las Corporaciones Municipales, facultad que está regulada en el artículo 63° del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional que señala: “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.”

Séptimo: En base a lo expuesto, no ha existido por parte de los recurridos un acto arbitrario e ilegal, toda vez que la pretensión de descuento de las remuneraciones, expresada en las referidas misivas, lo es de una obligación con un organismo público conforme a las norma legal antes citada, cuyo reintegro se encuentra por lo demás exigido reglamentariamente, sin que se halle, por ende, amenazado el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente, por lo que le recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 1 en todas sus partes.

Se previene que el ministro suplente Enrique Durán Branchi, estuvo por rechazar el presente recurso, por haberse ejercido extemporáneamente, con excepción de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, a cuyos respectos procede igualmente el rechazo por los argumentos vertidos en la decisión de fondo.

1.- Funda tal extemporaneidad en que los recurrentes pueden dividirse en cinco grupos según la fecha de conocimiento de la recepción de la misiva en que se sustenta el presente recurso: A.- Tienen firma y fecha de recepción: nombre reservado (11-09-2013), nombre reservado, (10-09-2013), nombre reservado ( 11-09-2013), nombre reservado (10-09-2013), nombre reservado (10-09-2013), nombre reservado (10-09-2013), nombre reservado (10-09-2013), nombre reservado (12-09-2013), nombre reservado (11-09-2013), nombre reservado, (11-09-13), nombre reservado (10-09-2013), nombre reservado (10-09-2013), nombre reservado (13-09-2013); B.- Tienen solo firma de recepción: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado; C.- Sin ningún dato de fecha recepción: nombre reservado; D.- Con antecedentes de recepción dentro de plazo : nombre reservado (23 de septiembre de 2013 y nombre reservado (02 de octubre de 2013); y E.- Reconocido por las recurridas su recepción dentro de plazo: nombre reservado, (23 -09-13)

2.- Respecto del grupo A, el recurso fue interpuesto de manera extemporánea; en cuanto al grupo B y C se desconoce la fecha de la recepción de la carta de cuyo contenido se recurre, siendo de cargo de su parte haberlo señalado, por lo que se tendrán por interpuestas igualmente fuera del plazo legal en base a lo expuesto por las propias recurridas; finalmente, en lo referente a los actoras indicadas en las letras D y E, fue ejercida la presente acción constitucional dentro del lapso legal, considerando la fecha de presentación de ésta y la de conocimiento de la carta fundante de la misma.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactada por el Ministro suplente Sr Durán N° Protección-130.265-2013.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro (S) señor Mario René Gómez Montoya e integrada por los Ministros Suplentes señor nombre reservado y señor Enrique Durán Branchi.

En Santiago, diez de enero de dos mil catorce, autorizo la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.