nombre reservado con CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Carolina Angulo Santana, abogada, y deduce acción de protección en favor de su hijo G.L.A. de 9 años de edad, en contra del Centro de Aprendizaje II de Las Condes, y de la Corporación de Salud y Educación de la misma comuna, por haber vulnerado los derechos constitucionales de su hijo, específicamente el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la igualdad, el derecho a las atenciones de salud y el derecho a la educación.

Señala la compareciente que es madre de G.L.A., quien vive con ella y con su abuela materna desde el año 2017, luego de su separación con el padre del niño, quien actualmente reside en España.

Indica que su hijo tiene 9 años de edad y cuenta con diagnóstico de autismo, por lo que, desde los 4 años y medio ha recibido apoyo especializado, incluyendo terapia fonoaudiológica, ocupacional y psicológica, proporcionada por un equipo multidisciplinario del Centro Neurocognitivo Psicoeduka.

Dice que, durante la pandemia, el niño continuó recibiendo apoyo fonoaudiológico en línea y, al retornar a la presencialidad en 2022, enfrentó dificultades socioemocionales en el colegio, aunque su desempeño académico se mantuvo sobresaliente.

A pesar de lo anterior, preocupada por el bienestar de su hijo, y por no contar con los recursos económicos, pues se encontraba sin trabajo, indica que buscó apoyo adicional y encontró el Centro de Aprendizaje II de Las Condes (CDAII), donde G.L.A. comenzó a recibir además de terapia ocupacional y atención fonoaudiológica, terapia psicológica con nombre reservado en agosto de 2022. Esta terapia, dice, fue beneficiosa para él, ayudándole a manejar sus emociones y comportamientos.

A pesar de ello, en el mes de marzo de 2024, el CDAII informó que la psicóloga Bravo sería reemplazada por nombre reservado, una profesional que no tendría experiencia en autismo.

Así, y tras solo dos sesiones con Pereira, esta reportó una posible vulneración de derechos en la esfera sexual de G.L.A. de su parte y de su abuela, lo que llevó al CDAII a presentar una denuncia ante el Centro de Medidas Cautelares. Esta denuncia, asegura, ha generado un profundo impacto emocional en ella y su familia afectando la salud mental y el bienestar del menor de edad.

Explica que en un comienzo, a pesar del shock emocional que significó, tomó fuerzas para seguir llevando a G.L.A. al CDAII a sus apoyos de fonoaudiología y terapia ocupacional, pues ya llevaba un tiempo largo de asistencia, y había evolucionado positivamente, habiendo previamente informado al CDAII que su hijo no volvería asistir a consulta con la psicóloga Pereira, dado que como familia no les producía ninguna confianza.

Añade que sin embargo, decidió suspender las terapias en el CDAII debido al estrés y la ansiedad que este lugar empezó a provocar en G.L.A., pero que la decisión, a la que siente fueron obligados, también importa un grave perjuicio para él, pues la asistencia a las terapias mencionadas son de vital importancia para su desarrollo biopsicoemocional.

Estima que el acto ilegal y arbitrario es la denuncia realizada por la psicóloga nombre reservado del Centro de Aprendizaje II de Las Condes (CDAII), la cual fue enviada al Centro de Medidas Cautelares. Esta denuncia, según la compareciente, se basa en inconsistencias, imprecisiones y un desconocimiento del contexto de su hijo, lo que ha generado consecuencias desastrosas para su familia, afectando su salud mental y emocional. Reitera que se han vulnerado los derechos constitucionales del niño, específicamente el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la igualdad, el derecho a las atenciones de salud y el derecho a la educación. Además, menciona el Interés Superior del Niño como norma y principio establecido en la Convención de Derechos del Niño.

En concreto, la vulneración habría ocurrido debido a la falta de un plan de contención socioemocional para el niño por parte del CDAII, lo que ha provocado un impacto negativo en su bienestar emocional y desarrollo.

Relata como otro hecho que involucra al niño, que el día 11 de abril del años 2024, solicitó vía ley de transparencia a la Corporación de Salud y Educación de Las Condes, administradora del CDAII, el número de denuncias realizadas conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal, que han tenido origen en el Centro de Aprendizaje II de Las Condes, disgregadas por año, estado de tramitación, y acciones de seguimiento ejecutadas, teniendo el cuidado de no solicitar información sensible de niños y niñas, sin embargo, tras recibir parte de la información solicitada, comprobó que en el listado de denuncias solicitadas, la Corporación omitió reservar los datos personales e información sensible de los niños y niñas respecto de quienes se había presentado una denuncia por posible vulneración de derechos, o por posibles hechos de connotación sexual, e incluyó en la información que le fue remitida el nombre, ambos apellidos, rut, domicilio y colegio de los niños y niñas afectados, vulnerando con ello su derecho a la privacidad.

Solicita que dado que se han visto en la obligación de dejar de asistir al CDA II por los motivos relatados, para el resguardo psicoemocional de su hijo, -y considerando el interés superior del niño por sobre aspectos administrativos, tales como el que por dependencia administrativa de su colegio, le corresponde ser asistido en el CDAII; como asimismo el principio de intersectorialidad establecido en la letra d) del artículo 3 de la ley 21.545-, se ordene a la Corporación de Educación de Las Condes, gestionar a la brevedad para el niño un cupo en el Centro de Aprendizaje I (CDAI), en atenciones de fonoaudiología y terapia ocupacional, a fin de no interrumpir las medidas de apoyo para su inclusión social y educativa, su participación y socialización, absteniéndose de incluirlo en una lista de espera por segunda vez y manteniendo la beca del 100% de la que gozaba; que las personas que atiendan a G.L.A., tengan experiencia y formación en autismo y que respecto a la atención psicológica, solicita que se consulte a la Corporación de Salud y Educación informar si cuenta con profesionales con experiencia en autismo y, en caso positivo, se gestione un cupo para el niño en el CDAI o en otro programa municipal, considerando su horario para no afectar sus rutinas. Finalmente, solicita que se ordene a la Corporación de Educación de Las Condes y al CDAII máxima precaución en el tratamiento de los datos personales de G.L.A. conforme a las leyes y normas sobre tratamiento de datos personales y el principio de Trato Digno de personas autistas.

Segundo: Que Comparece nombre reservado, en representación de ambas recurridas, a fin de informar a esta Corte al tenor de lo solicitado, pidiendo el rechazo de las peticiones de la recurrente.

En primer término, presenta los antecedentes cronológicos del caso, destacando las intervenciones terapéuticas realizadas con G.L.A. desde mayo de 2022 hasta marzo de 2024. Menciona que el niño mostró dificultades socioemocionales y que, debido a ello, se implementaron diversas estrategias terapéuticas para abordarlas.

Señala que, en el mes de abril de 2024, G.L.A. habría revelado posibles abusos sexuales, lo que llevó al Centro a iniciar una medida de protección y a dar de alta las atenciones psicológicas para evitar la revictimización.

Argumenta que la Corporación y el Centro actuaron conforme a la ley, cumpliendo con la obligación de denunciar situaciones de vulneración de derechos según el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Releva que el Centro no se encuentra reconocido como un establecimiento educacional no estando supeditado al ministerio de educación y tampoco se presenta o se crea como un centro especializado en la atención del autismo ni como un centro de atención médica, si no como un centro de apoyo para las dificultades educativas de sus usuarios. Además, señala que la madre decidió unilateralmente terminar las atenciones en el Centro.

Respecto de la estructura refiere que el CDA II, se crea para entregar atención a estudiantes, residentes de la comuna, provenientes de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados; mientras que el CDA I, debido a su objetivo y forma de funcionamiento, hace que sea inviable incorporar a un usuario que no sea alumno de colegios municipalizados.

En ese sentido, explica que el CDA I, busca entregar herramientas para mejorar los aprendizajes de todos aquellos estudiantes que presenten algún tipo de dificultad, lo que se realiza mediante una intervención sistémica que incluye el ámbito escolar de sus usuarios, contemplando sus jornadas de clases por un equipo multidisciplinario de profesionales, siendo la diferencia fundamental entre ambos centros que, al ser estos profesionales dependientes de la Corporación de Educación y Salud Las Condes, extienden sus funciones a los colegios municipalizados de la comuna, razón por la cual los estudiantes reciben atención de los especialistas durante la jornada escolar en el aula y durante las tardes reciben atención individual por el mismo profesional en las dependencias del Centro de Aprendizaje I, haciendo que una atención destinada a un niño, niña o adolescente que no pertenece a dichos colegios no pueda ser realizada de manera correcta en razón del funcionamiento, cupos asociados a alumnos y a los objetivos del Centro.

En cuanto a las garantías constitucionales, argumenta que no hubo vulneración de la integridad psíquica, ya que la medida de protección se tomó para resguardar al niño. Respecto a la igualdad ante la ley, afirma que G.L.A. recibió el mismo trato que otros usuarios del Centro. Finalmente, se sostiene que no hubo acción u omisión arbitraria que afectara los derechos de salud y educación del niño, y que la decisión de terminar las atenciones fue de la madre.

Finalmente, en lo que respecta al tratamiento inadecuado de datos de niños, niñas o adolescentes, señala que es efectivo que, por un error, en una página de 4 archivos se incluyeron parcialmente datos, respecto de niños a los que el Centro de Aprendizaje II ha requerido medidas proteccionales, de lo que se habría dado cuenta a la Contraloría, de acuerdo con el informe que habría solicitado esta institución a raíz de la denuncia efectuada por la misma recurrente.

Concluye su informe solicitando el rechazo del recurso, toda vez que, asegura, las acciones del Centro y la Corporación se ajustaron a derecho y no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar.

Tercero: Que con fecha 14 de noviembre de 2024, la recurrente informó a esta Corte que en la primera audiencia por vulneración de derechos ante el Centro de Medidas Cautelares se rechazó el requerimiento proteccional intentado por el CDAII, al estimar la sentenciadora sin necesidad de pruebas ni de citación a nuevas audiencias, que el niño “se mantiene en terapia y acompañamiento, intervenido en el área de salud mental particular en Clínica Cordillera, con adultos responsables a cargo, que se encuentra escolarizado y visualizado”, decidiendo abstenerse de decretar cualquier medida de protección en favor de aquel y dejando sin efecto la curaduría y la derivación a PPF que se habían decretado previamente.

Cuarto: Que a raíz de dicha información, con fecha 23 de diciembre de 2024 se decretó como medida para mejor resolver oficiar a la Corporación de Educación y Salud de las Condes, con el fin de que informara la factibilidad de permitir de manera excepcional -atendidas las razones que impidieron seguir tratando al niño en el CDA II y que tendrían relación con el requerimiento presentado-, el ingreso de aquel al Centro de Aprendizaje I de Las Condes para continuar en este su tratamiento con fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y eventualmente psicóloga, solicitud que no fue respondida por la recurrida, dando esta Corte por frustrado el intento de entendimiento entre las partes.

Quinto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, no advirtiéndose en este caso la aludida ilegalidad o arbitrariedad, si se tiene presente que la decisión de Sexto: Que el primer acto que la recurrente estima ilegal o arbitrario, está constituido por el requerimiento de protección realizado por la psicóloga nombre reservado del Centro de Aprendizaje II de Las Condes (CDAII) por posible vulneración de derechos en la esfera sexual, ante el Centro de Medidas Cautelares, sin que existiera un plan de contención socioemocional para el niño por parte del CDAII, provocando un impacto negativo en su bienestar emocional y desarrollo, lo que motivó que la madre retirara a su hijo del CDAII.

Lo cierto es que independientemente de los efectos negativos y el desgaste emocional que dicha denuncia pudo haber generado en los miembros de la familia y de manera especial en el niño, malamente podría calificarse de ilegal o arbitraria la aludida presentación, si aquella se hizo precisamente en el marco del artículo 175 del Código Procesal Penal, que obliga a denunciar a “e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que como ha sucedido en el presente caso, el Centro de Medidas Cautelares decidiera finalmente rechazar el requerimiento presentado, según fue informado por la recurrente con posterioridad.

Incluso, de estimarse que el mencionado artículo no le es aplicable, al aludir aquel a los establecimientos educacionales y declarar la propia recurrida que el CDAII, carece del reconocimiento como establecimiento educacional, lo cierto es que de conformidad con el artículo 70 de la Ley 19.968, la profesional que presentó el requerimiento estaba a lo menos facultada para hacerlo a establecer aquél que: “El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del Servicio Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en ello”, y en este sentido, la evaluación sobre la razonabilidad o no del ejercicio de esta facultad o de aquel deber, excede con mucho el presente arbitrio, que sólo tiene por objeto “adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”, por lo que el recurso no podrá ser acogido en este punto.

Séptimo: Que el segundo acto que se estima ilegal o arbitrario, este se relaciona con la inclusión en el listado de denuncias solicitadas por la recurrente a la Corporación, vía Ley de Transparencia, de datos personales e información sensible de los niños y niñas respecto de quienes se había presentado una denuncia por posible vulneración de derechos o por posibles hechos de connotación sexual vulnerando el derecho a la privacidad de aquellos.

Al respecto, como reconoce la recurrida efectivamente por un error, en una página de 4 archivos se incluyeron parcialmente datos de niños respecto de los cuales el Centro de Aprendizaje II había requerido medidas proteccionales, error del que se habría dado cuenta a la Contraloría, a raíz de la denuncia efectuada ante dicho órgano, por la misma recurrente.

Ahora bien, aun cuando en el recurso presentado, no se precisa si el niño de iniciales G.L.A., hijo de aquella, fue víctima de dicho error, lo cierto es que tal yerro al menos involucra una amenaza a la garantía de respeto y protección a la vida privada de aquel y de su familia, por lo que en este aspecto el presente arbitrio deberá ser acogido.

Noveno: Que, de conformidad con lo antes razonado, el recurso intentado será acogido solo en lo relativo a la protección de los datos personales.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge parcialmente la acción constitucional deducida por Carolina Angulo Santana, en favor de su hijo menor de edad G.L.A., en contra del Centro de Aprendizaje II de Las Condes, y de la Corporación de Salud y Educación de Las Condes, en cuanto se ordena a las recurridas adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la privacidad en el tratamiento de los datos personales de G.L.A., rechazándose el recurso en todo lo demás.

Redactó al abogada integrante Catalina Infante Correa Regístrese y archívese.

Protección N° 13.000-2024 Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y por la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firman los Ministros señores Ulloa Márquez y Poza Matus, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.