nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Alegó, previo anuncio y relación pública, la abogado doña Sabine Redenz por el recurso, por el tiempo de 7 minutos. Santiago, 28 de agosto de 2026. Andrea Corvalán Sáez, relatora.

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis Al escrito folio N°10 y 11: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la notificación de que la recurrente no cumple con los requisitos legales de solicitud de nacionalidad de 27 de abril de 2026, lo que estima afecta su garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente, una vez cumplidos todos los requisitos legales, solicitó la carta de nacionalización, sin embargo, el 27 de abril del año en curso se le notificó que no cumplía tales requisitos, indicando que no cumplía con la exigencia del artículo 4° del DS 5142 de 1960, esto es, registrar obligaciones tributarias pendientes o no ha demostrado estar exento de ellas, por lo que no era posible continuar con la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización.

Expresa que la notificación no distingue ni analiza, diligentemente, la supuesta obligación tributaria pendiente o el hecho de estar exento de deuda, en circunstancias que toda comunicación estatal debe ser clara y precisa y que permita entender cuál es el vicio.

Alega que la negativa de nacionalidad deviene en ilegal ya que para el Estado es obligatorio solicitar documentación adicional siempre que estime que la acompañada no es suficiente, de conformidad al artículo 31 de la Ley N°19.880, haciendo presente que en otras oportunidades la recurrida sí ha dado oportunidad a los solicitantes de presentar información otorgando un plazo para aquello.

Indica que en la actualidad la recurrente no tiene deudas tributarias, según consta en el certificado emitido por la Tesorería General de la República, en el cual consta un convenio de pago y documentos relativos a acreditar la solvencia y estabilidad económica.

Reclama, además, que la recurrida se demoró más de 6 meses sólo en indicar que la persona en cuyo favor se recurre no cumplía con los requisitos, sin otorgarle la posibilidad de subsanar. Añade que la recurrente desde el ingreso al país ha desarrollado múltiples actividades lícitas remuneradas y obtiene ingresos superiores al mínimo, además de cumplir con los demás requisitos establecidos por la ley para obtener la carta de nacionalización, pues su petición solo puede ser rechazada en caso de encontrarse en alguna de las causales del artículo 86 de la Ley N°21.325.

Pide se deje sin efecto la resolución recurrida por ser ilegal y arbitraria y se ordene dar curso a su trámite de nacionalidad, restableciéndose el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Explica que la recurrente solicitó la carta de nacionalización el 18 de octubre de 2024 y al presentar su solicitud, la extranjera recurrente acompañó un certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República, en virtud del cual, se indicó que registraba una deuda ascendente a $241.571.-, por lo anterior mediante comunicación electrónica de Folio N°98451231 de fecha 27 de abril de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones le informó a la recurrente que su solicitud no cumplía con los requisitos legales para el otorgamiento del beneficio impetrado por esta, motivo por el cual, no era posible continuar con la tramitación de su requerimiento, señalándole, a través del mismo acto administrativo, que podía presentar una nueva solicitud, cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos por la normativa migratoria vigente, haciendo presente que se encuentra en situación migratoria regular.

En cuanto a la carta de nacionalización refiere que, por su naturaleza jurídica, es una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia. En este sentido, el artículo 2 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, señala los requisitos mínimos que los postulantes a la carta de nacionalización deben cumplir para presentar su solicitud ante la autoridad competente y en este caso, la recurrente mantenía obligaciones tributarias pendientes o no ha demostrado estar exento de ellas.

Precisa que en cuanto a la documentación que sirve para acreditar el artículo 4 del DS 5.142, es necesario remitir certificado de deudas emitido por la Tesorería General de la República y la carpeta tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos, en consideración a que es necesario evaluar la situación de la extranjera solicitante. Así las cosas, la extranjera, al momento de presentar su solicitud de carta de nacionalización, presentó un certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República, en virtud del cual, se constató que registraba una deuda morosa ascendente a $241.571, liquidada al 16 de octubre de 2024, fecha en la cual fue emitido el certificado adjuntado y si bien se remitió documentación que daba cuenta de que había suscrito un convenio de pago, dicha circunstancia únicamente acreditó la regularización de la situación de cobranza, pero no que la deuda se encontraba extinguida por lo que es posible afirmar que, en virtud de la documentación remitida, la recurrente registraba obligaciones tributarias pendientes, no cumpliendo entonces con el artículo anteriormente citado.

Expone que el Servicio Nacional de Migraciones es la autoridad ante la que se presenta la solicitud de carta de nacionalización, efectuando un examen de admisibilidad previo antes de remitir el Oficio a la Subsecretaría del Interior, por tanto, al no cumplir la extranjera con los requisitos para optar a ella, se comunicó que su solicitud no reúne los requisitos legales y no es posible acogerla a trámite.

Estima que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición pues no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, además, no se han perturbado, amenazado o vulnerado las garantías constitucionales del artículo 20 de la Carta Fundamental, ya que existe una mera expectativa en cuanto a la presentación de su solicitud, no existiendo un acto en concreto que determine que la extranjera obtendrá su nacionalidad, sino que más bien, la presentación de la solicitud, refiere a que es un acto concedido por gracia, en que se podrá conceder o denegar en virtud del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello.

Tercero: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto en contra del cual se recurre consiste en la comunicación folio 98451231 de 27 de abril de 2026, en que se le notificó a la recurrente que su solicitud de carta de nacionalización no cumplía con los requisitos legales, específicamente, con el artículo 4° del DS 5.142 de 1960, esto es, registrar obligaciones tributarias pendientes o no ha demostrado estar exento de ellas.

Quinto: Que, de lo expuesto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la recurrida, pues la propia recurrente reconoce que aquella situación fue subsanada con posterioridad a la presentación de su solicitud y, tal como lo indica el Servicio, una vez ocurrida la subsanación, nuevamente puede efectuar su petición.

Además, la comunicación fue emitida el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, y teniendo además presente, que la situación migratoria de la actora es regular por detentar una permanencia definitiva, lo que le permite a la parte recurrente entrar y salir del país de forma regular y realizar actividades licitas remuneradas, sin encontrarse sujeta a sanción migratoria alguna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°12994-2026 Protección.