Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra para interponer acción constitucional de protección en favor de la ciudadana boliviana nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, al haberse dictado la comunicación NUM000 de 15 de abril último que rechaza su solicitud de residencia definitiva, afectando sus garantías fundamentales.

Funda sus pretensiones en que ingresa al territorio nacional en la calidad de turista, luego cambia su situación migratoria y tras el vencimiento de su visa en septiembre de 2024 solicita la residencia definitiva.

Explica que posteriormente recibe una comunicación donde se le pide acompañar documentos que acrediten su sustento económico, lo cual asevera haber cumplido, más adelante se le pide que pague los derechos correspondientes al beneficio migratorio impetrado, lo cual realiza en tiempo y forma. Sin embargo, acusa que se le pide nuevamente subsanar sus documentos, acompañando aquellos relacionados a su sustento económico, lo cual nuevamente adjunta y tiempo después se le requiere por tercera vez subsanar su solicitud, debiendo acompañar el certificado de viajes, dentro de décimo día. Denuncia que la Policía de Investigaciones, encargada de ese tipo de documentos, los emite entre 15 a 20 días hábiles, siendo insuficiente el plazo otorgado por la autoridad migratoria para cumplir con lo solicitado.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que dentro del plazo de 10 días que le fue otorgado por la autoridad recurrida, la actora acompañó una carta explicativa y una captura de pantalla que demuestra que efectuó la solicitud respectiva ante la citada policía y pese a ello, es que se dicta el acto impugnado, el que rechaza su solicitud migratoria por no haber remitido el certificado de viajes que le fue requerido y que debe acreditar sus entradas y salidas entre el 9 de diciembre de 2022 y el 7 de abril del año en curso.

Destaca que aún la referida policía no le ha otorgado respuesta frente a su petición y asegura contar con prueba pertinente que acredita sus entradas y salidas del país, lo cual está en los sellos de su pasaporte, añadiendo que el 30 de septiembre de 2025 ingresó a Chile, sin registrar nuevas salidas.

Cuestiona que lo requerido por la autoridad migratoria constituye una carga que excede de la esfera de su control, más aun cuando con anterioridad aportó los instrumentos que le fueron solicitadas inicialmente y de manera abrupta e injustificada modificó su criterio solicitando documentos adicionales, lo cual carece a su juicio de coherencia.

Finalmente solicita con el recurso que se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenando dar curso a su petición de residencia definitiva, restableciéndose así el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Segundo: Que evacua el informe respectivo el Servicio Nacional de Migraciones quien solicita se rechace la presente acción constitucional, con costas, por no existir un acto ni omisión arbitraria o ilegal que amenace garantías fundamentales.

Sostiene que la actora registra como primera fecha de ingreso al territorio nacional el 12 de diciembre de 2019 por paso fronterizo habilitado; que en septiembre de 2020 se le otorga un permiso de residencia temporal por año, el que fue posteriormente prorrogado hasta diciembre de 2024; en septiembre de 2024 ingresa una solicitud de residencia definitiva; y a fines de septiembre de 2024 se le informa que su petición no cumple con los requisitos respectivos debiendo en 60 días acompañar documentos que acrediten su sustento económico, adjuntando en su oportunidad los respectivos instrumento.

Señala que el 7 abril de 2026 se le pide remitir dentro de décimo día el certificado emitido por la Policía de Investigaciones, y la extranjera a modo de descargos adjunta carta explicativa pidiendo ampliación del plazo ya que aún no lograba obtener el respectivo documento.

Luego expresa que el 15 de abril del año en curso se dicta el acto impugnado, el que rechaza la solicitud de residencia definitiva por no haber acompañado el citado instrumento, sin embargo, se le otorga un permiso de residencia temporal en subsidio bajo la subcategoría de “reciprocidad internacional” por dos años, de forma sustitutiva a la orden de abandono, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 inciso 5° de la Ley N°21.325.

Indica que es un requisito indispensable para otorgar cualquier residencia en Chile que conste su ingreso por paso habilitado Tercero: Que esta Sala solicitó a la Policía de Investigaciones que informe en el plazo de diez días hábiles al tenor del recurso intentado, quien expuso que consultada la recurrente en el sistema de gestión policial, aquella no registra órdenes de detención, arresto ni arraigo vigentes en contra y añade que de acuerdo al artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.

Cuarto: Que esta sala solicitó oficiar nuevamente a la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que informe en el más breve plazo sobre las entradas y salidas de la recurrente doña nombre reservado, de nacionalidad boliviana, cedula de identidad para extranjeros NUM001, entre el 9 de diciembre de 2022 y el 7 de abril del año en curso, quien expuso a folio 25 que revisado el registro de viajes la recurrente registra como último movimiento migratorio una salida del territorio nacional de 4 de marzo de 2026 con destino a Bolivia por el control fronterizo Salar de Ollague, adjuntando el certificado de viajes con los movimientos migratorios.

Quinto: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, en la especie, el recurrente funda su acción de protección en haber sido rechaza su solicitud de residencia definitiva.

Séptimo: Que, en efecto, de la atenta lectura de comunicación NUM000 de 15 de abril pasado y lo expresado por la autoridad recurrida en su informe, se desprende que el Servicio recurrido rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por la actora por no haber acompañado el certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones respecto de sus entradas y salidas entre el 9 de diciembre de 2022 y el 7 de abril del año en curso, de conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325.

Octavo: Que, de lo expuesto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la recurrida, que rechazó la solicitud de residencia definitiva de la actora, al haber sido dictado el acto impugnado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, y teniendo además presente, que el propio Servicio recurrido en el acto cuestionado, ordenó sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de un permiso de residencia temporal subcategoría reciprocidad internacional por el plazo de dos años, lo cual le permite a la parte recurrente entrar y salir del país de forma regular y realizar actividades licitas remuneradas, sin encontrarse sujeta a sanción migratoria alguna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°12991-2026 Protección