nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 5 de mayo de 2026, compareció doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de don nombre reservado, médico cirujano, de nacionalidad colombiana, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnico extranjero, el cual le fuera notificado por correo electrónico el día 30 de abril de 2026, lo que a su juicio vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado es médico cirujano, titulado por la Universidad del Zulia, Venezuela, el 6 de diciembre de 2016, título que cuenta con apostilla otorgada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela con fecha 17 de agosto de 2017. Señala que el recurrente ingresó a Chile en situación migratoria regularizada y que desde el 1° de septiembre de 2020 se desempeña como médico cirujano en la empresa Servicios Médicos Integrados Myra Salud SpA.

Agrega que solicitó ante la AFP recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acreditando que se encontraba afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) desde el 1° de enero de 2017, con anterioridad a su ingreso al sistema previsional chileno, adjuntando al efecto las Constancias Electrónicas de Cotizaciones emitidas por dicho instituto de fechas 30 de marzo de 2026 y 21 de abril de 2026.

Refiere que, con fecha 30 de abril de 2026, la recurrida rechazó su solicitud bajo el siguiente pretexto: “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado”.

Sostiene que la exigencia de la recurrida de presentar una "constancia de afiliación" distinta a la de cotizaciones es un requerimiento de imposible cumplimiento, pues el I.V.S.S. no emite un documento diferente, y que la exigencia de apostilla respecto de este documento previsional resulta impracticable debido a fallas estructurales en el sistema de apostilla electrónica venezolano.

Solicita, en definitiva, declarar ilegal el rechazo de su solicitud y que se acoja la acción constitucional y se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento que reconozca la validez de la documentación suministrada y proceda a la devolución de los fondos acumulados.

SEGUNDO: Que la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuó el informe correspondiente solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En primer término, alega la improcedencia de la vía cautelar, argumentando que el asunto planteado corresponde a una materia de lato conocimiento y de carácter contradictorio, donde no existe un derecho indubitado del actor.

En cuanto al fondo, aduce que su actuar se ajusta estrictamente a la legalidad y a las directrices de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del I.V.S.S. presentada por el afiliado no cumple con los requisitos normativos vigentes por cuanto:

1. No constituye un certificado de afiliación previsional;

2. No especifica de forma individualizada las coberturas vigentes para el afiliado, sino que se limita a transcribir de forma genérica los riesgos cubiertos por la Ley del Seguro Social de Venezuela;

3. No se encuentra firmada por el emisor; y 4. Carece de la debida legalización o apostilla que valide su autenticidad y le otorgue valor probatorio en territorio chileno, de acuerdo con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, hace notar que existe una contradicción en la manifestación de voluntad del recurrente, dado que inició su relación laboral en Chile el 1° de septiembre de 2020 enterando cotizaciones obligatorias en el sistema nacional, y recién el 27 de agosto de 2025 suscribió un anexo manifestando su voluntad de mantener la afiliación en su país de origen.

Añade que el actor posee residencia definitiva en Chile, por lo que, de permitirse el retiro de los fondos, podría generar en el futuro una carga no prevista para el erario nacional por concepto de pensiones solidarias.

Invoca al efecto fallos concordantes de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país, solicitando desestimar el arbitrio.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías y derechos preexistentes y no controvertidos que se encuentren explícitamente protegidos en la norma señalada, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que impidan, amaguen o perturben dicho ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable para la procedencia de esta acción la constatación inequívoca de un acto contrario a la ley (ilegal) o carente de fundamentos racionales y dictado por mero capricho (arbitrario), que afecte directamente los derechos fundamentales protegidos por la vía constitucional.

CUARTO: Que, en la especie, la materia de la controversia consiste en determinar si la decisión de la recurrida, AFP ProVida S.A., de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada por el recurrente don nombre reservado en su calidad de técnico extranjero, constituye un acto ilegal o arbitrario que afecte sus garantías de igualdad ante la ley y propiedad privada sobre los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.

QUINTO: Que, para el análisis del asunto debatido, resulta fundamental examinar las normas que regulan la exención de cotizar y la consiguiente devolución de fondos para técnicos extranjeros en nuestro país. El artículo 7° de la Ley N° 18.156 dispone que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la citada ley previene que se requiere el cumplimiento copulativo de las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

A su turno, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones prescribe expresamente en su Libro II, Título XI (que regula la materia) que las Administradoras deben exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente debidamente legalizada o apostillada, sin lo cual no es posible dar curso a la solicitud. Adicionalmente, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados para que produzcan fe en el territorio nacional, entendiéndose por tales aquellos en que conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado.

SEXTO: Que, confrontados los antecedentes allegados al expediente con el marco normativo expuesto, consta que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) de fecha 21 de abril de 2026, aportado por el actor ante la administradora recurrida, no reúne los requisitos necesarios para tener por acreditada la exigencia de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

En efecto, del examen del aludido instrumento se desprenden las siguientes deficiencias:

1. Falta de legalización y firma: El documento carece de una firma manuscrita o firma electrónica avanzada idónea de la autoridad previsional que lo emite, y no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado ante la autoridad competente de la República Bolivariana de Venezuela o ante el Consulado chileno respectivo, requisito formal ineludible exigido por el ordenamiento chileno para que un documento público extranjero tenga valor probatorio.

2. Deficiencia de contenido: Se trata de un reporte de cotizaciones históricas que señala las coberturas del régimen venezolano de manera meramente genérica, aludiendo a la Ley del Seguro Social, pero sin certificar la vigencia actual e individualizada de una cobertura específica respecto del solicitante por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo en que prestó servicios en el territorio nacional.

SÉPTIMO: Que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sido uniforme en cuanto a que la mera constancia electrónica de cotizaciones del I.V.S.S., carente de firmas y apostilla, no es apta para acreditar el cumplimiento de la cobertura extranjera.

OCTAVO: Que, por consiguiente, la exigencia de la administradora ProVida S.A. de requerir un documento de afiliación vigente, debidamente firmado y apostillado o legalizado, no obedece a un capricho o decisión antojadiza, sino que constituye el estricto cumplimiento de los deberes que le impone la ley y las instrucciones vinculantes impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el ámbito de su competencia fiscalizadora.

Adicionalmente, se advierte una contradicción en la voluntad del trabajador, quien enteró cotizaciones en Chile desde septiembre de 2020 y solo vino a manifestar su opción por el régimen extranjero mediante un anexo contractual de data muy posterior (agosto de 2025), lo cual pugna con la simultaneidad y consistencia exigidas por el beneficio de exención.

NOVENO: Que, bajo este escenario, no es posible vislumbrar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que pueda ser reprochado en esta sede constitucional. No habiéndose configurado una conducta antijurídica imputable a AFP ProVida S.A., no se ha producido perturbación, amenaza ni privación al derecho de propiedad del actor (el cual sigue sujeto al régimen legal ordinario de pensiones del D.L. N° 3.500) ni a la igualdad ante la ley, de manera que la presente acción cautelar de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por la abogada doña Carla Nicole Cañón Rubio, en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N° Protección-12983-2026.