nombre reservado con CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Comparece don Juan Carlos Espinoza Huenuhue, abogado, en nombre y representación de doña nombre reservado, con la finalidad de interponer recurso de protección en contra de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, representada por su Secretario General don nombre reservado, por la dictación de la Resolución N°1/2023 de fecha 5 de enero de 2023, que declara la vacancia del cargo que ocupaba su representada.

Señala que la Sra. nombre reservado desarrolló funciones de docente en el Colegio Juan Pablo II, desde el 02 junio del 2010 hasta el día 31 de marzo del año 2015, en calidad de contrata, y a partir de dicha fecha y hasta el 05 de enero de 2023, en calidad de titular.

Expone que con fecha 06 de enero de 2023, se le notificó que no continuaría ejerciendo su cargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 bis letra H) de la ley N° 19.070, por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función. Que luego, mediante carta enviada a su domicilio, tomó conocimiento de los hechos de forma completa, el día 12 de enero de 2023.

Que tal decisión se plasmó en la Resolución N°1, de fecha 5 enero de 2023, y se fundó en uso de licencias médicas por la recurrente, durante un periodo que excede los 6 meses en un periodo de 2 años. Se señala que ha acumulado 183 días de licencia médica, agregando (en el numeral 10) que las ausencias prolongadas provocaban en la recurrida un grave perjuicio, dada la rotación de personal necesario para cubrir su cargo mediante una designación transitoria.

Estima que el acto administrativo impugnado excede las funciones del Secretario General, ya que el COMPIN concluyó que su salud era recuperable a través del Ord.N°1376 del 12/12/2022, por lo cual, la declaración de terminar su vínculo laboral, no cumple con el presupuesto legal contemplado en el artículo 148 de la Ley Nº 18.883.

Alega que la resolución no precisa el tipo de licencia, número de licencias, fecha de inicio y termino y número de días A partir de ello, estima vulneradas las garantías previstas en los numerales 1, 2, 16 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se deje sin efecto la referida resolución, así como todo administrativo posterior; procediéndose a reincorporar a la recurrente a su cargo, ordenando el pago de las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados entre la fecha de su separación y su reincorporación, con costas.

Segundo: Informa el Subsecretario General de la recurrida, nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Señala que la resolución recurrida, además de citar el artículo 147, letra a), de la Ley 18.883 en su numeral 2, se refiere en su numeral 7, al Dictamen N° 23.985 de 2009, de la Contraloría General de la República, el cual señala que si la respectiva comisión médica concluye que la salud del funcionario no es irrecuperable, la jefatura del servicio respectivo podrá declarar, en el caso que así lo estime, la salud incompatible de ese servidor, no obstante que la COMPIN haya opinado lo contrario, por cuanto prima la evaluación que efectúe la primera entidad colegiada mencionada, dado que es la competente por ley para resolver acerca de la irrecuperabilidad de la salud de los empleados afiliados a una administradora de fondos de pensiones.

Detalla que las licencias médicas de la recurrente corresponden al periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2020 y el 18 de noviembre de 2022, lo que suma un total de 183 días.

Aduce que el término de la relación laboral se ajusta a la causal aplicada a la recurrente, prevista en el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, la cual es de carácter objetivo, y cuyos presupuestos son:

A) Que el docente haga uso de licencias médicas continuas o discontinuas por un período superior a seis meses, excluyéndose las licencias por accidentes en actos de servicio y de protección a la maternidad, y B) Que tales licencias tengan lugar en los dos últimos años. Como presupuesto subjetivo, que la motivación final obedezca al sentido de la norma, es decir, la incompatibilidad para desempeñar el cargo por motivos de salud o enfermedad común; y no a un origen diverso que deslegitime la aplicación del precepto.

C) Que no medie una declaración de salud irrecuperable. Lo cual se acredita con el correspondiente certificado de la Compin, como en la especie ocurrió.

D) No computar para el lapso de seis meses, licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la Ley 18.883 y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

Da cuenta que se ha procedido a la desvinculación de un total de 6 docentes de diferentes establecimientos educacionales, aplicando la misma causal.

Por otra parte, niega la afectación de las garantías constitucionales mencionadas en el recurso.

Concluye que la actuación de la Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad es completamente legal, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario al cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley N° 18.833.

Tercero: Que, con posterioridad, a folio 17, el recurrido opone excepción litis pendencia en el presente recurso. Explica que en autos RIT: O-1852-2023 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la recurrente ha deducido Reclamo de Ilegalidad en contra de la Resolución Nº1, de fecha 05 de enero del año 2023, dictada por la Corporación recurrida, que declara la salud incompatible de doña nombre reservado, a partir de lo estipulado en el artículo 75 del Estatuto Docente.

Así las cosas, sostiene que existen dos gestiones judiciales pendientes, que no obstante ser de diversa naturaleza, se sustancian entre las mismas partes de autos, tienen la misma causa de pedir y la misma cosa pedida, por lo que los pronunciamientos judiciales que emitan los tribunales llamados a resolverlas, sin duda producirán los mismos efectos.

En concreto, tanto la acción de protección como el Reclamo de Ilegalidad, la causa de pedir, consiste en el término del contrato de la actora a causa de haber incurrido en salud incompatible, y la cosa pedida, busca que se declare la ilegalidad de la resolución dictada con fecha 05 de enero de 2023 y que se ordene el reintegro en funciones de la trabajadora, con exactamente el mismo petitorio citado en el párrafo precedente, por lo que procede acoger dicha excepción.

Cuarto: Que, por haberlo dispuesto esta Corte, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, informa que la causa RIT O-1852-2023 RUC 23- 4-RUT reservado se encuentran en estado de tramitación y con audiencia de juicio fijada para el día 24 de octubre de 2023.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de emergencia que se deben tomar frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal, que, con carácter indubitado, impidan, amaguen o perturben el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y, por otro, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Sexto: Que, constando en estos autos la recurrente sometió al conocimiento del tribunal laboral en causa Rit N° 0-1852-2023, procedimiento en el que impugna idéntica resolución que en este arbitrio, estando de esta forma, el asunto sometido al imperio del derecho, el recurso de protección no podrá ser acogido.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado, y en contra de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, sin costas.

Redacción a cargo de la abogada integrante M. Fernanda Vásquez Palma Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1298-2023.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por la Ministra (S) señora Erika Villegas Pavlich y por la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.