ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA con INSPECTOR PRONCIAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA

Foja: 38 Treinta y ocho C.A. de nombre reservado

nombre reservado, cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 5 comparece don RICARDO YAÑEZ RAMIREZ, abogado, con domicilio en domicilio reservado, a favor de la empresa ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA, sociedad comercial de su giro, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la decisión administrativa emanada de don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Providencia, domiciliado en domicilio reservado, contenida en el Ord. N° 32 de fecha 11 de enero de 2.016 y pide se ordene al recurrido pronunciarse sobre el fondo de la solicitud de reconsideración presentada.

Funda su solicitud en que por Resolución N° 7409/15/23 de dicha repartición, se aplicó a la recurrente una multa de 40 UTM, en razón de haberse constatado las omisiones que en dicho acto se indican.

Señala que con fecha 28 de diciembre de 2015, la recurrente procedió a solicitar reconsideración de la multa aplicada la que no fue acogida a tramitación por el recurrido, aduciendo que no se había presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Sostiene que la decisión antes referida constituye una conducta ilegal toda vez que la resolución que aplicó la multa indicada fue expedida con fecha 22 de octubre de 2015 y notificada con fecha 12 de noviembre de 2015.

Conforme al artículo 512 del mismo código: "El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada y en conformidad al artículo 474 de este Código." Precisa que el recurrido ha entendido que el plazo de treinta días para presentar la reclamación es de días corridos en circunstancias que cabía aplicar la Ley sobre Procedimientos Administrativos conforme a la cual, el plazo es de días hábiles y por ello, la solicitud de reconsideración ha sido interpuesta dentro de plazo. El artículo 512 no consagra reglas que señalen como deben computarse el plazo de 30 (treinta) días para deducir reconsideración administrativa relativa a las multas impuestas por la Dirección del Trabajo; es decir, si se trata de días hábiles o corridos. En este sentido aclara que el procedimiento de reconsideración de multa, previsto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante la Dirección del Trabajo a fin que revise la procedencia de la multa impuesta por un órgano dependiente de ella, siendo este reclamo resuelto en dicha sede, sin intervención de los tribunales de la Justicia Ordinaria ni de ningún otro órgano del Estado, de manera tal que ante el silencio del legislador, tiene aplicación la Ley N° 19.880 que establece las Bases de Procedimientos Administrativos.

Agrega que el referido cuerpo legal en su artículo 2°, al fijar el ámbito de aplicación de su normativa, lo circunscribe entre otros órganos a los Ministerios, Intendencia, Gobernadores y a los Servicios Públicos para el cumplimiento de la función pública administrativa encontrándose dentro de estos últimos ciertamente la Dirección del Trabajo, regida por su propia normativa orgánica contenida en el D.F.L. N° 2 de 1967.

Indica que la actuación del recurrido constituye una afectación al Derecho a la igualdad ante la ley, ya que aplica un estatuto con infracción de ley, vulnerando con ello la prohibición de aplicar discriminaciones arbitrarias, en circunstancias de que, de haberse ajustado a la ley, habría acogido a tramitación la solicitud de reconsideración formulada.

Igualmente, se vulnera el derecho de propiedad que la recurrente tiene sobre su patrimonio ya que la decisión que por este acto se recurre, obliga indefectiblemente a la recurrente a disponer de su patrimonio por el total de la multa impuesta, privándola de la posibilidad de instar por la absolución o rebaja de la multa impuesta, vulnerando con ello igualmente e! artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Pide se deje sin efecto la decisión contenida en el Ord. N° 32, ordenando a la recurrida a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de reconsideración formulada con fecha 28 de diciembre de 2015, sin perjuicio de las demás providencias que esta Corte juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección de su representada, con costas.

SEGUNDO: Que con el objeto de acreditar su pretensión, la recurrente acompaña los siguientes documentos: 1.- Ord. N° 32 de fecha 11 de enero de 2.016, que motiva el presente recurso; 2.- Impresión de comprobante de recepción del Ord. N° 32 en las oficinas de mi representada; y 3.- Resolución de Multa N° 7409/15/23.

TERCERO: Que a fojas 17 evacua su informe la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda su resistencia, en un primer capítulo, en la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, toda vez que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

Señala que se ha interpuesto recurso de protección en contra de un Ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

En estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente.

Indica que acudir a sede de protección para estas materias complejas, que requieren por su especial condición el aportar pruebas de distinta naturaleza, en oportunidades procesales específicas, que exigen también un juicio de lato conocimiento para su acertada y legal tramitación, significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica por el legislador, haciéndolo inútil y prescindible.

Sostiene que la tendencia jurisdiccional ha reconocido que “Es la propia institucionalidad laboral la que al reconocer las facultades de fiscalización y de sanción. Establece los órganos y procedimientos destinados al derecho de defensa de los particulares a los actos de la administración”, redefiniendo de paso el concepto de fiscalización, haciendo más vigorosa la labor que cumple el Servicio.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política, el recurso de protección, debe reunir ciertos y determinados presupuestos o requisitos en forma copulativa.

Indica que es requisito sine qua non para la procedencia del recurso, la existencia de una amenaza, perturbación o privación de un derecho protegido por la acción constitucional a consecuencia de un acto arbitrario o ilegal y que en la especie, el Ordinario N°32 de fecha 11 de enero de 2016 no puede ser tildado de ilegal o arbitrario, toda vez que está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo. De este modo, no puede ser ilegal, puesto que, no se actuó de manera contraria a la ley, según la definición de ella establecida en el artículo 1° del Código Civil, ya que por mandato legal, se permite y obliga a este Servicio a pronunciarse sobre las reconsideraciones administrativas de las multas impuestas por la Dirección del Trabajo.

Agrega que el Ordinario recurrido no puede ser arbitrario, ya que fue razonado, argumentado y fundado conforme a Derecho. Es más, el referido Ordinario N°32 se pronunció sobre la base de los antecedentes de la multa N°7409/2015/23 y la solicitud de reconsideración administrativa de la multa de fecha 28 de diciembre de 2015. De este modo, es insostenible aseverar que sea producto del mero capricho de quien la dictó.

Sostiene que en la especie, se ha recurrido contra un Ordinario dictado en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley a este Servicio, por mandato legal expreso, el que debe ser cumplido so pena de incurrir en falta funcionaria.

Así las cosas, la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente.

Agrega que conforme al principio de legalidad, la Inspección del Trabajo, debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral, en el caso sub lite, pronunciándose sobre la solicitud de reconsideración administrativa de la multa en virtud de sus facultades conferidas en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, debiendo resolver conforme a Derecho dichos requerimientos.

De este modo afirma, lo que persigue en definitiva la recurrente, es impugnar un Ordinario legalmente pronunciado, por el sólo hecho de ser desfavorable a sus intereses, por intermedio de un procedimiento impropio, que debió ser alegado ante el juez competente según lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

En subsidio, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección y señala que con fecha 27 de octubre de 2015, la Inspección Comunal del Trabajo, dictó la Resolución de Multa, 7409/15/23-1, la que fue notificada, el 12 de noviembre de 2015. Respecto a ella la reclamante solicitó reconsideración el 28 de diciembre de 2015.

Sin embargo, sostiene que dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada “dentro del plazo de 30 días corridos de notificada”.

En atención a lo anterior, mediante Ordinario N°32, el Inspector Comunal del Trabajo de Providencia comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración, en atención a que ésta había sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

En relación a las garantías constitucionales vulneradas, en relación al artículo 19 N°2 de la Constitución Política señala que dicho derecho fundamental no se ve afectado por la dictación del Ordinario N°32, toda vez que la multa N°7409/15/233 fue depositada en la oficina de correos de Chile el 5 de noviembre de 2015. Según el artículo 508 del Código del Trabajo, dicha multa se entiende notificada a los 6 días hábiles contados desde dicho depósito, es decir, la multa se notificó el día 12 de noviembre de 2015.

Precisa que el recurrente presentó su solicitud de reconsideración administrativa de multa el día 28 de diciembre de 2015 en forma extemporánea pues el plazo caducó el día 12 de diciembre de 2015.

En virtud de la Circular N°73 de 08/06/2010 de la Dirección del Trabajo, y según lo resuelto por la Contraloría General de la República en Dictamen N°064985 de 20/11/2009, el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, es decir el plazo para solicitar reconsideración de multas administrativas, es de 30 días corridos.

Por consiguiente, se ha ordenado al Servicio contabilizar el plazo para presentar una solicitud de reconsideración de multa administrativa como 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución que aplicó la respectiva multa administrativa.

En este caso, bastaba una simple operación aritmética, para determinar que la presentación de la solicitud de reconsideración debió haberse efectuado, a más tardar, con fecha 12 de diciembre de 2015.

Atendido lo anterior, no es posible sostener que la Dirección del Trabajo le haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza por establecer una diferencia arbitraria o ilegal en la protección de sus derechos, en el caso en particular, su derecho a solicitar la reconsideración administrativa de la multa cursada.

Por lo anterior, pide el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: Para acreditar su resistencia, la recurrida acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la Resolución de multa 7409/15/23 de fecha 27 de octubre de 2015 con su respectiva acta de notificación mediante correo certificado donde aparece la fecha de depósito en Correos de Chile; 2.- Copia solicitud reconsideración administrativa de multa de fecha 28 de diciembre d 2015 y 3.- Copia de Ordinario 32 de fecha 11 de enero de 2016, que declara inadmisible la solicitud de reconsideración administrativa de la multa por haber sido interpuesta fuera de plazo.

QUINTO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que conforme a lo anotado la situación que se pretende cautelar a través de la acción intentada, está constituida por la interpretación de la naturaleza del plazo con que se cuenta para reclamar contra una Resolución emanada de la Inspección del Trabajo con motivo de una reconsideración.

SÉPTIMO: Que el Título II y final del Código del Trabajo donde se contiene la norma del artículo 512, no consagra reglas que señalen cómo debe computarse el plazo de 30 (treinta) días para deducir reconsideración administrativa relativa a las multas impuestas por la Dirección del Trabajo; es decir, si se trata de días hábiles o corridos. En este sentido, cabe reparar que el procedimiento de reconsideración de multa, previsto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante la Dirección del Trabajo, a fin que revise la procedencia de la multa impuesta por un órgano dependiente de ella, siendo este reclamo resuelto en dicha sede, sin intervención de los Tribunales de la Justicia Ordinaria ni de ningún otro órgano del Estado, de manera tal, que ante el silencio del legislador en el aspecto de procedimiento a seguir al respecto, tiene aplicación la Ley N°19.880 de 29 de mayo de 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los diferentes órganos e instituciones que conforman la Administración Pública del Estado.

En este sentido, el referido cuerpo legal en su artículo 2°, al fijar el ámbito de la aplicación de su normativa, lo circunscribe entre otros órganos a los Ministerios, Intendencia, Gobernadores y a los Servicio Públicos para el cumplimiento de la función pública administrativa, encontrándose dentro de estos últimos ciertamente la Dirección del Trabajo, regida por su propia normativa orgánica contenida en el D.F.L. N° 2 de 1967, la cual es considerada, además, como servicio dependiente del Ministerio del Trabajo al cual por cierto resulta aplicable dicha normativa.

Conforme a lo anterior y ante el vacío de procedimiento advertido, al existir un aspecto específico que no ha sido regulado por la normativa que lo rige, se debe acudir a la Ley N°19.880 y en atención a la naturaleza del procedimiento administrativo especial de que se trata, cabe dar plena aplicación a su artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

OCTAVO: Que consecuencialmente con lo expuesto, al concluirse que la reconsideración de la multa fue presentada dentro de plazo legal, es procedente acoger la acción constitucional interpuesta, por cuanto esa decisión afecta la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la carta fundamental, desde que ha sido discriminado en el ejercicio de sus derechos, lo que ilegalmente afectó su patrimonio, al impedirle poder recurrir contra la multa impuesta.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional deducida en fojas 5 por don nombre reservado a favor de ISS Servicios Generales Ltda. y, en consecuencia, se ordena que la Inspección del Trabajo de Providencia deberá declarar admisible la reconsideración y pronunciarse sobre el fondo de lo pedido por el recurrente.

Regístrese y archívese en su oportunidad N°Protección-12.952-2016.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la Ministro señora nombre reservado, e integrada por la Ministro señora Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalón.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado.

En nombre reservado, cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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