Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Capital S

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Carla Nicole Cañon Rubio, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por haber rechazado de manera ilegal y arbitraria su solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156.

Expone el libelo que el recurrente, de nacionalidad venezolana y titulado como Técnico Superior Universitario en Informática, el 11 de marzo de 2026 solicitó la devolución de sus fondos acumulados, acompañando su título profesional, los contratos de trabajo con la cláusula respectiva y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que acredita 734 semanas de cotización.

Añade que la recurrida rechazó su solicitud el 8 de abril de 2026, argumentando que el certificado de afiliación al IVSS acompañado se encuentra vencido, al haber sido emitido en enero de 2024 con vigencia de 120 días; la constancia electrónica de cotizaciones no cuenta con firma ni apostilla; no se ha podido verificar la apostilla del título en la página del gobierno venezolano; el anexo de Contrato sería extemporáneo por haber sido firmado con posterioridad al término de la relación laboral; y la solicitud de devolución, y el documento de toma de conocimiento no están firmados por el afiliado ni cuentan con firma digital.

El recurrente argumenta que la constancia electrónica del IVSS fue emitida con código de verificación NUM000, verificable en tiempo real en www.ivss.gob.ve. La Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos establece en su artículo 3° que los documentos electrónicos firmados con firma electrónica serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito. La certificación notarial de la descarga electrónica, conforme al artículo 401 N°6 del Código Orgánico de Tribunales, otorga fe pública chilena al proceso de verificación.

Rechazar la constancia por carecer de apostilla en papel contradice el principio de equivalencia funcional consagrado en la legislación chilena.

Respecto al anexo de contrato de trabajo, este se suscribió el 14 de octubre de 2024. El contrato de trabajo definitivo se celebró el 15 de diciembre de 2024, en el que consta expresamente que “el Trabajador ingresó al servicio del Empleador con esta fecha” y que “para efectos de este artículo se entenderá como fecha de ingreso a IT SMART SPA el día 14 de octubre de 2024”. En consecuencia, el anexo fue suscrito en la fecha de inicio efectivo de la relación laboral, es decir, durante la vigencia de la misma, cumpliendo cabalmente la exigencia.

Ambos documentos se firmaron digitalmente lo que otorga fecha cierta y validez probatoria conforme a la Ley N°19.799. Las estampas digitales de firma constan en el propio documento, registrando la firma del trabajador nombre reservado

En consecuencia, estima que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la recurrida la restitución de sus fondos previsionales.

Segundo: Evacuando el informe solicitado, comparece la abogada Paula Catalina Peña Vásquez, en representación de la recurrida AFP Capital S.A., solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional interpuesta.

Fundamenta su posición argumentando que el rechazo de la solicitud se ajusta estrictamente a derecho y a las instrucciones impartidas por la autoridad reguladora. Explica que, mediante el Oficio Ordinario NUM001 de fecha 15 de julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones determinó de forma expresa y obligatoria que, para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, los trabajadores extranjeros deben presentar la certificación emitida por la autoridad previsional del país de origen debidamente legalizada o apostillada, señalando categóricamente que las constancias electrónicas no apostilladas y las declaraciones juradas notariales carecen de valor probatorio para efectos previsionales.

Sostiene que la Ley N°18.156 es una norma excepcional y de interpretación restrictiva. Por lo tanto, el actuar de la Administradora no reviste carácter de ilegal, ya que dio cumplimiento a la normativa vigente legal (artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y administrativa. Tampoco es arbitrario, pues obedece a un trato igualitario y justificado para todos los afiliados, agregando que el rechazo no priva al actor de su derecho, el cual puede volver a ejercer una vez subsanados los reparos formales.

Tercero: Evacúa traslado la Superintendencia de Pensiones, exponiendo que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en nuestro país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. De este modo, el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro.

En este contexto, la normativa contenida en la Ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Seguidamente, cabe señalar que, de conformidad con la reiterada jurisprudencia administrativa de dicha Superintendencia y con la normativa que regula el valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, las Constancias Electrónicas de Cotizaciones emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N.º 18.156, cuando no se encuentran debidamente legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana.

Al respecto, se reitera que para que los documentos expedidos en el extranjero produzcan efectos en Chile, deben cumplir las exigencias establecidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y, según corresponda, en el Convenio de la Apostilla.

Por otra parte, se hace presente que el anexo del contrato de trabajo es un documento en el cual se consignan las modificaciones introducidas a una determinada relación laboral; en consecuencia y tal como su nombre lo indica, es accesorio al contrato mismo, de manera tal que, para poder acreditar la existencia de una determinada relación laboral y las condiciones que se hayan estipulado por el empleador y el trabajador, como asimismo, las modificaciones que se pacten, debe ser suscrito el referido anexo durante la vigencia de la relación laboral.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un derecho indubitado y no controvertido, que permita a esta Corte adoptar medidas para neutralizar los efectos de la vulneración.

Quinto: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si el actuar de AFP Capital S.A., al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente por no presentar el certificado de su régimen previsional extranjero debidamente apostillado — sustituyendo dicha formalidad por una constatación notarial en Chile del respectivo sitio web—, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Sexto: Que la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional, permite a los técnicos extranjeros solicitar la exención de cotizaciones o la devolución de los fondos previsionales depositados en Chile, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos de su artículo 1°. Entre ellos, la letra a) exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. A su vez, corresponde a la Superintendencia de Pensiones fijar la interpretación de la legislación del Sistema con carácter obligatorio para las Administradoras, conforme al artículo 94 N°3 del D.L. N°3.500.

Séptimo: Que, de los antecedentes acompañados, fluye de manera inequívoca que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS aportada por el actor carece de la debida legalización o apostilla. Esta omisión contraviene las reglas previstas en nuestra legislación para entregar valor a los instrumentos públicos otorgados en el extranjero y el dictamen vinculante para la recurrida emanado de la Superintendencia de Pensiones contenida en el Oficio Ordinario NUM001 de 15 de julio de 2025. Dicho instrumento administrativo impone a las Administradoras la prohibición de cursar estas devoluciones basándose en certificaciones electrónicas no apostilladas o constataciones notariales que no emanan de la autoridad competente de origen.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no constituye una acto ilegal o arbitrario, puesto que se sustenta en la normativa vigente, sin que obedezca a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, por las razones expuestas, el recurso en estudio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Carla Nicole Cañon Rubio en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-12943-2026.