nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad dominicana, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, impugnando el rechazo de su solicitud de carta de nacionalización, materializado, según precisa en el petitorio de su presentación, mediante el Decreto Exento N° 672, de 9 de marzo de 2026, que afirma haberle sido notificado el 6 de abril del mismo año. Sostiene que dicha decisión constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta sus garantías constitucionales, por haberse fundado en antecedentes de carácter penal que no dieron lugar a una sentencia condenatoria.

Expone que llegó a Chile con el propósito de establecerse de manera permanente, trabajar y procurar mejores condiciones de vida para su grupo familiar. Afirma que, desde su ingreso al país, ha mantenido una conducta intachable, se ha integrado a la sociedad chilena y ha desarrollado actividades laborales que le permiten obtener su sustento. Agrega que mantiene un contrato de trabajo vigente y que ha establecido en Chile su proyecto de vida personal, familiar y profesional.

Señala que presentó su solicitud de nacionalización el 8 de marzo de 2024 y que el procedimiento se prolongó durante aproximadamente dos años, sin obtener una decisión oportuna. Alega que la demora administrativa le generó un estado de incertidumbre jurídica, con consecuencias para su estabilidad laboral, emocional y personal, pese a haber cumplido, según afirma, los requisitos exigidos para obtener la nacionalidad chilena.

En relación con los fundamentos del rechazo, sostiene que la autoridad consideró antecedentes penales negativos asociados a un supuesto delito de amenazas simples contra personas y propiedades. Afirma que no existe sentencia condenatoria en su contra y que únicamente se habría decretado, aproximadamente cinco años antes, una orden de alejamiento relacionada con su expareja, circunstancia que, a su juicio, no permite tener por acreditada la comisión de un ilícito.

Argumenta que la autoridad habría utilizado la existencia de una causa penal sin condena para formular una valoración negativa de su conducta, atribuyéndole consecuencias propias de una declaración de responsabilidad penal que no existe. Estima que ello equivale a efectuar una condena sin juicio previo y que la decisión carece de un fundamento racional suficiente, pues no se habría establecido que cometió hechos contrarios al ordenamiento jurídico. Por estas razones, califica el rechazo de arbitrario y discriminatorio.

En cuanto a la oportunidad de la acción, invoca el plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, sosteniendo que debe computarse desde la notificación del acto impugnado, momento en que la persona afectada toma conocimiento de la decisión que estima lesiva de sus derechos.

Asimismo, denuncia la infracción de los principios que rigen los procedimientos administrativos, invocando los artículos 4, 7, 8, 9, 14 y 27 de la Ley N° 19.880. En particular, sostiene que el principio de celeridad obliga a la Administración a impulsar de oficio el procedimiento y remover los obstáculos que impidan su pronta decisión; que el principio conclusivo exige poner término al procedimiento mediante un acto que resuelva la cuestión de fondo; que la economía procedimental impone evitar trámites dilatorios; y que el principio de inexcusabilidad obliga a dictar y notificar una resolución expresa. Afirma que la duración de su procedimiento de nacionalización vulneró esas exigencias y excedió los plazos legales y razonables para su resolución.

Respecto de las garantías constitucionales, invoca el artículo 19 N° 2 de la Constitución, por estimar que el rechazo basado en una causa penal sin condena establece una diferencia injustificada respecto de otros solicitantes; el artículo 19 N° 3, en relación con la presunción de inocencia, por atribuirle responsabilidad penal sin sentencia condenatoria; el artículo 19 N° 24, que vincula con la expectativa legítima derivada de su solicitud administrativa; y el artículo 19 N° 26, por la afectación que atribuye a la prolongación del procedimiento y a la incertidumbre resultante.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, obteniendo un pronunciamiento ajustado a derecho sobre su solicitud de nacionalización. En su petitorio identifica expresamente como acto impugnado el Decreto Exento N° 672, de 9 de marzo de 2026, notificado el 6 de abril de ese año.

Segundo: Que informan nombre reservado y Sarai Estrada González, abogadas del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo íntegro del recurso en cuanto se dirige contra dicho organismo, por estimar que no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria que le sea imputable y que, además, carece de legitimación pasiva respecto del acto administrativo cuestionado.

En cuanto a los antecedentes del procedimiento, señalan que doña nombre reservado, de nacionalidad dominicana, presentó su solicitud de carta de nacionalización el 29 de julio de 2022, a través de la plataforma web del Servicio, quedando registrada bajo el ID N° 52076226. Explican que la solicitud pasó por las etapas de análisis correspondientes y que, una vez concluida la intervención del organismo, el 2 de septiembre de 2025 se remitió el expediente administrativo al Ministerio del Interior mediante el Oficio Ordinario N° 43360.

Agregan que, posteriormente, el 9 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior dictó el Decreto Exento N° 672, por el cual rechazó la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente. Destacan que dicho acto fue expedido por el Ministerio y no por el Servicio Nacional de Migraciones.

Sobre esa base, sostienen que debe distinguirse entre las funciones de tramitación administrativa y la competencia para adoptar la decisión definitiva. Explican que el Servicio recibe las solicitudes de nacionalización, gestiona su procedimiento, analiza los antecedentes y remite la información y el respectivo proyecto de resolución al Ministerio del Interior, pero no se encuentra facultado para conceder o denegar la nacionalidad chilena.

Añaden que, desde el 12 de febrero de 2022, conforme a la Ley N° 21.325, el Servicio Nacional de Migraciones constituye un organismo descentralizado, con patrimonio propio, supervigilado por el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Por consiguiente, afirman que se trata de una autoridad administrativa distinta de aquella que dictó el decreto impugnado.

En cuanto a la normativa aplicable, invocan el artículo 84 de la Ley N° 21.325, que remite al Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros. Citan el artículo 1° de este último cuerpo normativo, conforme al cual la nacionalización se otorga por el Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministerio del Interior.

Asimismo, invocan el artículo 1°, título IV, N° 4, de la Ley N° 16.436, que contempla entre las materias correspondientes al Ministerio del Interior el otorgamiento o denegación de cartas de nacionalización mediante actos expedidos con la firma de la autoridad ministerial. De estas disposiciones concluyen que la decisión final corresponde al Ministerio del Interior y que es dicha autoridad la llamada a informar sobre los fundamentos del rechazo.

En relación con su falta de legitimación pasiva, argumentan que el Servicio ya cumplió las actuaciones que le correspondían dentro del procedimiento, al analizar la solicitud y remitir el expediente a la autoridad competente. Señalan que, una vez efectuada dicha remisión, no le corresponde emitir un pronunciamiento final sobre la nacionalización ni revisar o sustituir la decisión adoptada por el Ministerio.

Por ello, sostienen que no existe una actuación pendiente del Servicio ni un acto administrativo suyo que pueda calificarse de ilegal o arbitrario en relación con el rechazo cuestionado. Afirman que la pretensión de la recurrente se dirige, en realidad, contra una decisión de competencia ministerial, de manera que no corresponde atribuir al Servicio la responsabilidad por su dictación.

Finalmente, solicitan que se tenga por evacuado su informe y se rechace el recurso respecto del Servicio Nacional de Migraciones, reiterando que el Ministerio del Interior es la autoridad que debe informar sobre el fondo de la controversia. Acompañan, entre otros antecedentes, copia del Decreto Exento N° 672, de 9 de marzo de 2026.

Tercero: Que informa Vicente Ferretti Villar, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso de protección por estimar que el Decreto Exento N° 672, de 9 de marzo de 2026, fue dictado por autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones legales y sobre la base de antecedentes que justificarían la decisión de denegar la carta de nacionalización solicitada por doña nombre reservado.

En primer término, explica que el artículo 157 N° 8 de la Ley N° 21.325 atribuye al Servicio Nacional de Migraciones la función de tramitar las solicitudes de carta de nacionalización y remitirlas al Ministerio del Interior para su resolución. Añade que el otorgamiento de la nacionalidad continúa regulado por el Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, al que remiten los artículos 84 y siguientes de la Ley N° 21.325.

Precisa que, conforme a esa normativa y a las facultades contempladas en la Ley N° 16.436, corresponde al Ministerio del Interior resolver las solicitudes de nacionalización. En consecuencia, sostiene que el decreto cuestionado fue expedido por el órgano competente, previa investidura regular y con observancia de las formalidades legales.

En cuanto a los antecedentes particulares de la recurrente, señala que el decreto impugnado consideró información proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones, consistente en una denuncia por el delito de lesiones menos graves, de 19 de enero de 2015, RUC N° 1501061765-8, correspondiente a la Fiscalía Local Centro de Justicia de Santiago.

Reconoce que el antecedente penal considerado no culminó en una sentencia condenatoria. Sin embargo, sostiene que esa circunstancia no impide que la autoridad administrativa lo examine y pondere al resolver una solicitud de nacionalización, pues, a su juicio, la normativa aplicable no exige una condena penal como presupuesto indispensable para considerar antecedentes negativos del solicitante.

Sobre la fundamentación del acto, afirma que la decisión no se adoptó de manera infundada, sino después de un análisis de los antecedentes administrativos, apoyado en informes técnicos de diversos organismos, entre ellos la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones. Expone que la autoridad ministerial examinó dichos antecedentes y estimó que la solicitante no reunía el mérito requerido para obtener la nacionalidad chilena.

Agrega que la circunstancia de que la recurrente discrepe de los fundamentos del decreto no determina, por sí sola, su ilegalidad o arbitrariedad. A su juicio, el acto contiene las razones que sustentan la decisión y fue dictado dentro del ámbito de las facultades conferidas por el legislador.

En relación con la naturaleza jurídica de la nacionalización, sostiene que su otorgamiento constituye una facultad discrecional del Presidente de la República, ejercida a través del Ministerio del Interior. Invoca el artículo 2° del Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, y afirma que la carta de nacionalización constituye una concesión del Estado, cuyo otorgamiento depende tanto del cumplimiento de los requisitos normativos como de la ponderación de los antecedentes y del mérito de quien la solicita.

Distingue, al efecto, entre potestades regladas y discrecionales. Explica que las primeras se encuentran determinadas por la ley en cuanto a sus presupuestos y consecuencias, mientras que las segundas reconocen a la Administración un margen de decisión dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Sostiene que el procedimiento de nacionalización comprende exigencias regladas, pero que la decisión final conserva un componente discrecional que permite valorar los antecedentes particulares del solicitante.

Añade que la presentación de una solicitud de nacionalización constituye una manifestación del derecho de petición reconocido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución, pero que ello no genera, por sí solo, una obligación de acceder a lo solicitado. En el mismo sentido, sostiene que el rechazo de la carta no priva a la recurrente de su nacionalidad dominicana ni implica desconocer su condición de nacional de otro Estado.

En cuanto a la valoración de los antecedentes penales, afirma que el considerando decimosexto del decreto estimó que los antecedentes negativos vinculados con lesiones menos graves comprometían bienes jurídicos relacionados con la seguridad pública, la seguridad individual y la integridad física y psíquica, por lo que aconsejaban no conceder la nacionalización. Reitera que la inexistencia de condena penal no impediría efectuar esa ponderación administrativa y que, en su concepto, no se vulneran por ello los principios de proporcionalidad ni de fundamentación.

Respecto de la igualdad ante la ley, controvierte que la recurrente haya sido objeto de un trato discriminatorio. Afirma que la autoridad ha rechazado otras solicitudes de nacionalización en circunstancias que considera semejantes, cuando ha estimado que los antecedentes de los solicitantes no satisfacen los estándares aplicados en este tipo de procedimientos. Invoca diversas sentencias de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que, según sostiene, reconocen la posibilidad de ponderar antecedentes vinculados con investigaciones penales aun cuando estas no hayan concluido con una condena.

Entre los pronunciamientos que cita menciona una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 7 de enero de 2026, confirmada por la Corte Suprema el 6 de abril de 2026, relativa a la valoración administrativa de antecedentes provenientes de causas penales sin condena. Asimismo, hace referencia a decisiones de las Cortes de Apelaciones de Arica, La Serena, Iquique y Antofagasta, además de otros fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, como respaldo de su posición.

Finalmente, invoca los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, sosteniendo que la acción de protección no puede utilizarse para sustituir la decisión que corresponde adoptar a la autoridad administrativa en ejercicio de una atribución que la ley le confiere. Reitera que el decreto contiene fundamentos, fue dictado por el órgano competente y no vulnera las garantías constitucionales invocadas, por lo que solicita desestimar la acción.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que, del examen del recurso se advierte que la presente acción constitucional fue deducida exclusivamente en contra del Servicio Nacional de Migraciones, organismo que ha alegado carecer de competencia para resolver la solicitud del recurrente. Al respecto, cabe señalar que, si bien dicho Servicio interviene en la tramitación administrativa de las solicitudes de carta de nacionalización, mediante la recepción de estas y la remisión de los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, la facultad de resolverlas corresponde a esta última autoridad, que, en ejercicio de sus atribuciones, dictó el Decreto Exento N° 672, de 9 de marzo de 2026, acto administrativo cuya legalidad se cuestiona mediante la presente acción.

En consecuencia, atendido que el recurso se ha dirigido únicamente en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que no dictó el acto administrativo impugnado ni tiene competencia para modificarlo o dejarlo sin efecto, y no advirtiéndose que se le atribuya alguna actuación u omisión propia cuya legalidad corresponda revisar en esta sede, esta Corte advierte que no existe medida de urgencia que adoptar en favor de los derechos del recurrente, resultando forzoso concluir la pérdida de oportunidad de su recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 12.939-2026 Protección