nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Da cuenta del maltrato físico, psicológico y emocional que le infringió su padre desde pequeña, razón por la cual asistió desde los 14 años a los servicios de salud mental del Hospital del Salvador, luego en forma particular y finalmente fue derivada al COSAM de La Reina (años 2003, 2017, 2019 y 2022), donde se le estableció como diagnóstico: patología por episodios depresivos graves sin síntomas psicóticos, trastorno de personalidad, rasgos depresivos masoquistas y suicidas, lo que se prolonga hasta el día de hoy.

Añade que ingresó al COSAM por última vez el año 2023 donde se ha mantenido hasta hoy con apoyo de psiquiatra, psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional y talleres, año en el cual se le otorgó pensión de invalidez parcial.

Agrega que el 2023 presentó seis licencias médicas folio 3-89016299, 3-90035597, 3-91406568.3-92870096, 3-94404454 y 3-96213314, y a pesar de adjuntar informes médicos, cinco de estas licencias son rechazadas por el COMPÏN por motivo: “Pensionada por invalidez, igual diagnóstico”, y la última por motivo: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado por patología.”.

Expresa que la SUSESO se pronunció por primera vez por medio del documento Ordinario R01-UNAAD-165061-2023 con fecha 15 de diciembre de 2023 respecto al reclamo número R-201993-2023 realizado por las dos últimas licencias donde menciona que ya existe el código R-176544-2023 de expediente por lo que resulta inoficioso efectuar la apertura de un nuevo expediente electrónico por las mismas causales, lo que podría retrasar el estudio del caso.

Expone que la SUSESO se pronunció por segunda vez por medio de la Resolución Exenta número 01-UNE-1927-2024 con fecha 1 de febrero de 2024 respecto del reclamo número R-176544-2023 de fecha 17 de octubre de 2023 realizado por las cuatro primeras licencias, destacando que: “pese la descripción de las características del cuadro o psicopatología y de las intervenciones farmacéuticas no se adjunta certificado psico terapéutico para el buen tratamiento del diagnóstico planteado”

Considera que se le han vulnerado las garantías de derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley el derecho a no ser discriminada en el trato del Estado en materia económica y su derecho de propiedad, ya que no cuenta con los recursos suficientes.

Añade que desde julio del 2023 ha estado manteniendo regularidad en sus sesiones en el COSAM para mejorar, sin embargo el no pago de su licencia atenta a su recuperación e influye negativamente en su salud mental convirtiéndose en un obstáculo grave para lograr su bienestar. Esta situación ha acrecentado su condición general llevándola a atentar contra su vida en varias ocasiones.

Solicita que se deje sin efecto lo resuelto por la SUSESO y que se libere la resolución exenta y se ordene el pago de la licencia médicas Segundo: Que informa por la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), su presidente, nombre reservado, señalando que las Licencias Médicas N°s 89016299-1, 90035597-1, 91406568-2 y 92870096-8 fueron rechazadas debido a que la recurrente cuenta con dictamen de invalidez ya ejecutoriado, y por su parte, la reposición fue desestimada por los mismos fundamentos anteriormente indicados, con condición médica incompatible para otorgar pensión de invalidez.

Tercero: Que informa por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, la abogada Andrea Cisternas Tiemann, quien solicita el rechazo del recurso por cuanto no ha efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que haya causado a la recurrente la vulneración o amenaza de un derecho constitucionalmente garantizado.

Alega en primer término la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, sosteniendo que la materia sobre la que realmente versa el recurso (autorización, rechazo o modificación de una licencia médica) dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa el recurso solicitando su rechazo, señalando que consta que el cuadro que aqueja a la Sra. nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo, conclusión que se basa en que las patologías psiquiátricas presentadas han tenido un curso cronificado, mostrando en su evolución una incapacidad no temporal y, por ende, no susceptible de modificar con el reposo continuo que ha tenido.

Añade que dicha conclusión se funda en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, la Sra. nombre reservado presenta Dictamen n° 016.13538/2022, de fecha 07 de diciembre de 2022, ejecutoriado con fecha 10 de enero 2023, emitido por la Comisión Médica Región Santiago Centro, de la Superintendencia de Pensiones, por medio del cual reconoce un 63% de menoscabo de su capacidad de trabajo, otorgándole invalidez parcial transitoria, por tanto, presenta lesiones de carácter crónico e irreversible por las patologías de las licencias médicas reclamadas en estos autos. Añade que no procede autorizar licencias médicas posteriores a la fecha de la resolución ejecutoriada ya citada, en consideración a lo previsto en el artículo 12, inciso 2° del Decreto Ley N° 3.500 y el artículo 75 del D.S. N° 57 de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que prescribe que las pensiones de invalidez establecidas por la ley serán incompatibles con los subsidios por incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez.

Recalca que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, lo que en la especie no correspondería, lo que no ocurre en la especie.

Sostiene que el “derecho a licencia médica” del recurrente no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión de la COMPIN y la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Aduce que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Arguye que con ocasión del reclamo deducido por la recurrente en contra de la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, por haber confirmado el rechazo de las licencias médicas N°s 89016299-1, 90035597-1, 91406568-2, 92870096-8, extendidas por un total de 120 días a contar del 17 de julio de 2023, por reposo no justificado, la Superintendencia, a través de diferentes profesionales médicos del Servicio, estudió los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado. Indica que la Superintendencia dicto al respecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-19270-2024, de 01 de febrero de 2024, la cual consigna: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 89016299-1, 90035597-1, 91406568-2, 92870096-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 270 días. Vale la pena destacar que pese a la descripción de las características del cuadro psicopatológico y de las intervenciones farmacológicas, no se adjunta un certificado de proceso psicoterapéutico. Este elemento se considera fundamental en el buen tratamiento del diagnóstico planteado, por lo que en caso de nuevas reclamaciones, se sugiere incorporar en los certificados adjuntos.”.

Hace presente que el profesional de la Superintendencia, don nombre reservado, informó en ficha médica de fecha 01 de febrero de 2024, como fundamento de la resolución: “Decisión: No acojo. Fundamentos: Licencia otorgada por médico psiquiatra y médico general. LMS reclamadas por 120 días, reposo previo autorizado por 270 días. Tiempo prolongado de reposo, mayor a un año, cuadro ansioso depresivo con elementos de severidad, pero a la vez con perpetuadores de origen caracterológico, relacional. Paciente con parcial adherencia a indicaciones. Sin informe de proceso psicoterapéutico.”.

Observa respecto de las licencias médicas reclamadas en auto, que su reposo médico es posterior a la fecha de la ejecutoria del dictamen que le otorgó pensión de invalidez parcial a la Sra. nombre reservado, y de conformidad a lo señalado, en las situaciones en que una persona afiliada al Sistema del D.L. N° 3.500, de 1980, las Comisiones Médicas respectivas le han fijado un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, es posible autorizar las licencias médicas que estén en curso, hasta el término de aquélla que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

Estima que se aprecia que los dictámenes impugnados por el recurrente, referido a la licencia reclamada, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas Resolución Ex., en orden a rechazar la licencia indicada.

Aduce la ausencia de derechos vulnerados.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que la Superintendencia de Seguridad Social alega la improcedencia de la acción de protección, aduciendo que la misma atañe a materias de seguridad social que no son objeto de protección de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Que al respecto, del contenido del presente libelo, permite concluir que en realidad se funda en la garantía prevista en el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, la que no está incluida dentro de aquellas que enumera el artículo 20 del mismo texto constitucional, lo que permite ser considerado un elemento que no cumple las exigencias de este tipo de acción constitucional.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, en relación a la impugnada Resolución Exenta de la Superintendencia respectiva, de su lectura se advierte que las licencias médicas en cuestión fueron rechazadas por la causal de reposo no justificado, atendido que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 270 días, destacando que pese a la descripción de las características del cuadro psicopatológico y de las intervenciones farmacológicas, no se adjunta un certificado de proceso psicoterapéutico. A lo anterior, se suma que la actora goza de Dictamen de invalidez ejecutoriado con fecha 10 de enero 2023, emitido por la Comisión Médica Región Santiago Centro, por medio del cual reconoce un 63% de menoscabo de su capacidad de trabajo, otorgándole invalidez parcial transitoria, no procediendo autorizar licencias médicas posteriores a la fecha de la resolución ejecutoriada.

Séptimo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En el artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Octavo: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Que la Ley N° 16.395, otorga a las COMPIN la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, conforme a las cuales en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras y ha decidido el rechazo de las licencias del recurrente por la COMPIN, pues confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con lo mismo, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Décimo: Que por lo demás, lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1° del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante; el o los profesionales; según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante COMPIN, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante SEREMI, que corresponda, o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1291-2024.

En Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.