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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 12894-202329 sep 2023

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
29 de septiembre de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 12894-2023, sentencia de 29 de septiembre de 2023

Resumen

Se rechaza la protección contra el organismo recurrido: las sanciones fueron impuestas por los órganos habilitados según su normativa institucional, tras procedimientos en que los recurrentes usaron los mecanismos de revisión, sin advertirse ilegalidad ni arbitrariedad.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que comparece nombre reservado y nombre reservado, y deducen acción de protección en contra del nombre reservado, representado legalmente por su Superintendente, don Andrés Sepúlveda Vergara, por el actuar que estiman ilegal y arbitrario, consistente en aplicarles sanciones sin la ponderación debida de los antecedentes probatorios, ni de las circunstancias atenuantes aplicables al caso, y que a su juicio vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Fundamentos de hecho relativos a doña nombre reservado:

Sostiene que se le designó en el cargo de secretaria, en el año 2017, sin contar con la antigüedad requerida (de 1 año de bombero), ni los conocimientos básicos, contraviniendo el reglamento de la Compañía de Bomberos recurrida, en el título VI, artículo 11, párrafo 6.

Agrega que en el año 2018, se le instruyó por correo electrónico realizar la actualización de las nóminas que están disponibles en la Junta Nacional de Bomberos de cada compañía. En el año 2019, se le pidió nuevamente la actualización de dicha información, con la exigencia de incluir fechas en que habían sido sancionados los bomberos o la mención de si habían sido nombrados a honorarios. Luego de una revisión de los libros correspondientes, se encontraron diferencias en las fechas, cuestión que mencionó al director de la época, señor nombre reservado, el que le instruyó verbalmente que debía corregirlas como se había hecho en casos anteriores, por lo que colocó el número correcto por sobre el que no correspondía en el libro de registros de voluntarios, lo que fue remitido a la secretaria general con copia al director. Recalcan que la señora nombre reservado no hizo correcciones con corrector blanco.

Por último, señala que a finales del año 2019 dejó el cargo y asumió el nuevo Secretario, no encontrando novedades en el cargo.

Alega que el 16 de mayo de 2020 se le acusó realizar alteraciones en las hojas de vida y registros que habían estado bajo su custodia, lo que ella niega, no obstante se le aplicó una medida disciplinaria.

Específicamente, la situación anterior se refiere al voluntario nombre reservado, en que se consignó: “se detecta adulteración del libro rojo, mediante corrector” (haciendo referencia a 3 años de antigüedad), y una segunda fotografía del registro que señala: “9 de enero se detecta que el libro ahora tenía una segunda modificación que no concuerda con la imagen compartida inicialmente” (haciendo referencia ahora a 4 años de antigüedad).

Añade que ante el Consejo de Disciplina, luego de haber sido consultada la señora nombre reservado por la ubicación del libro en cuestión, refirió que se encuentra en la oficina del Director, la que siempre tiene el acceso disponible, y que además, desde agosto de 2022, cualquier bombero tiene acceso al libro ya que se encuentra encima de un mueble, no siendo posible guardarlo con llave por su tamaño de 1 metro de largo y 40 centímetros de ancho.

Agrega que el Director negó haberle dado la instrucción verbal de realizar las alteraciones en el libro a la señora nombre reservado.

Indica que el 6 de junio de 2023, la Primera Sala del Consejo de Disciplina la sancionó con la separación de la institución por haber infringido de manera grave el Reglamento de faltas, sanciones y efectos, según el artículo 9 letras a), e), f) y u), por haber sobre escrito en el libro sin autorización, y sin informar a sus superiores, además con el resultado que un bombero se benefició con la obtención de un cargo en la compañía.

Alude que pidió la revocación de la sanción a la Segunda Sala del Consejo de Disciplina, alegando que el Director de la época estaba enterado de los cambios por medio de correos electrónicos en los que fue copiado, asimismo, que desde 2019 que no es secretaria y luego de ella pasaron 3 secretarios en el cargo. Narra que el 22 de junio de 2023, se le rebajó la sanción de muy grave a grave, siendo suspendida por 180 días.

Denuncia que no tomó conocimiento de las pruebas que motivaron la sanción. Como, también, que no le consideraron como atenuante su buena conducta durante sus 6 años y 6 meses de servicio; que completó todos los cursos de la malla profesional; y que recibió como anotación positiva el premio especial de “Reconocimiento al inspector destacado por el trabajo realizado el año 2021”, otorgado por la comandancia.

Concluye que debió decretarse la prescripción, pues habían transcurrido 5 años desde los correos que dan cuenta de las anomalías que se corrigieron, o bien la correspondiente a 6 meses para faltas, contenida en el artículo 94 de Código Penal, ante la falta de norma en el Reglamento de la compañía.

Fundamentos de hecho en relación a don nombre reservado:

Señala el recurrente que el 30 de enero de 2023, el Capitán don nombre reservado presentó un informe al Director de la Compañía, en el cual se le acusó haber realizado modificaciones a la fecha de ingreso contenida en el libro de registro de bomberos para efectos de obtener una mayor antigüedad en la compañía.

Sin embargo, sostiene que desconoce quién realizó los cambios, así como también las pruebas que demuestren que participó en los actos que se le imputan. Alegaciones que hizo valer ante la Primera Sala del Consejo de Disciplina.

Refiere que el 29 de mayo de 2023, se le sancionó con la separación de la institución por haber infringido el artículo 9 letras e), f) y u) del Reglamento de faltas, sanciones y efectos.

Cuenta que el 15 de junio de 2023 apeló ante la Segunda Sala del Consejo de Disciplina, siendo citado para el día 22 del mismo mes y año, oportunidad que presentó sus descargos, aduciendo que los antecedentes del procedimiento no permiten determinar con certeza quien fue el autor de las enmiendas; que no hubo una enumeración clara y taxativa de las conductas que se consideran faltas reglamentarias; que la sanción es arbitraria al ser genérica y carecer de fundamentación, solicitando la revocación de la misma; y que no se habían considerado las atenuantes contenidas en el artículo 10 del Reglamento de faltas, sanciones y efecto del Consejo Superior de Disciplina, consistentes en su buena conducta, en haber completado los cursos de la malla operativa y profesional, y en su grado de compromiso con la institución, pues se ha desempeñado por 3 años como Capitán de Guardia, siendo reconocido por dicha dedicación.

Concluye que la Segunda Sala del Consejo Disciplinario ratificó la sanción con fecha 6 de junio de 2023.

En definitiva, ambos recurrentes reclaman que no hubo un debido proceso pues no se ponderaron debidamente las pruebas, afectando su derecho a defensa.

Por lo anterior, solicitan que se acoja el recurso, adoptando las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto las sanciones aplicadas o, en su defecto, se declaren prescritas las acciones a las faltas reglamentarias, con expresa condena en costas.

2°.- Que informando el presente recurso de protección, don Álvaro Delgado Martínez, abogado, en representación del nombre reservado, solicitó su rechazo.

Agrega, en primer lugar, que los recurrentes no señalan los hechos específicos que pudieran constituir la vulneración a las garantías indicadas, sino que solamente refieren aprehensiones, emociones, conjeturas y suposiciones y que se le reconozcan circunstancias atenuantes. Estima que los antecedentes aportados no son suficientes para discutir el mérito de las sanciones que les fueren aplicadas.

En segundo término, sostiene que los actores utilizan la acción de protección como forma de discutir nuevamente los hechos que motivaron las sanciones disciplinarias impuestas. Pretendiendo que esta Corte se constituya en una nueva instancia de resolución de conflictos internos del nombre reservado, y que se pronuncie sobre el fondo del asunto, cuestión que está vedada en nuestra legislación, resultando improcedente, por cuanto se estaría vulnerando gravemente la autonomía que tienen los órganos intermedios, como lo es el nombre reservado, de acuerdo al inciso segundo del artículo 1º de la Constitución Política de la República. Además, el artículo 553 del Código Civil, mandata expresamente que la potestad disciplinaria exclusivamente será ejercida al interior de las mismas asociaciones, por órganos denominados comisiones de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza.

Concluye que en el marco del proceso disciplinario, se cumplieron con todas las garantías de existencia de un procedimiento racional y justo. Al respecto, alega que, tanto la Primera como la Segunda Sala del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, dieron estricto cumplimiento a todas las garantías de existencia de un debido proceso: emplazamiento en tiempo y forma, posibilidad de ofrecer descargos o dar respuesta a las imputaciones hechas, de comparecer ante el órgano, ofrecer y rendir prueba, de impugnar la resolución apelada, etc., lo que sumado a todo lo expuesto anteriormente, hace inexistente alguna acción u omisión, ilegal y/o arbitraria, que permita acoger la presente acción constitucional.

3°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

4°.- Que los Cuerpos de Bomberos, son entidades voluntarias y privadas, que realizan actividades reconocidas como servicio de utilidad pública, siendo su estructura organizacional excepcional, como resultado de un ejercicio privado de asociación, con autonomía gubernativa. La naturaleza jurídica del nombre reservado es la de persona jurídica de derecho privado, declarando al respecto el Tribunal Constitucional que “…Su personalidad jurídica es de derecho privado y el legislador no los crea ni los define en sus elementos esenciales, como lo hace con un servicio público…” (considerando Quincuagésimo segundo sentencia Rol N° 1295).

En este contexto, el derecho de asociación es el que determina su existencia y autorregulación, como persona jurídica, pudiendo dictar sus estatutos internos, y demás normas de conducción, gozando de un trato diferenciado por el legislador, por ejecutar una actividad distinta a otras personas jurídicas, como es la prestar su auxilio y protección a la población frente a incendios, accidentes y emergencias, servicio que prestan de conformidad a sus propios reglamentos.

De tal manera, que la finalidad pública del servicio, se encuentra reconocida y garantizada, como persona jurídica de derecho privado, sin perjuicio de que ésta se lleva a cabo a través de sus propios estatutos institucionales, los que son regulados en forma autónoma, de acuerdo a la capacidad potestativa de los Cuerpos de Bomberos.

5°.- Que en cuanto a la regulación del nombre reservado, hay que tener presente los artículos 17° de la Ley N°18.959 y 1° de la Ley N°20.564.

La primera norma preceptúa que “La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y los Cuerpos de Bomberos, son servicios de utilidad pública, los que se rigen por las disposiciones sobre las personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro I del Código Civil en lo que fuere compatible con sus fines, naturaleza y organización jerárquica y disciplinada”; mientras que la segunda señala que “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.”.

Luego, es claro que de todas formas, la aplicación del Libro Primero del Código Civil, y en particular del mencionado artículo 533, resulta supletoria a las citadas leyes, su reglamento, los estatutos del nombre reservado y las leyes especiales.

6°.- Que en este sentido, de acorde con la capacidad de gobierno y autonomía para regular sus estatutos internos, el Reglamento del nombre reservado, estatuye un régimen sancionatorio que determina las reglas y procedimientos aplicables frente a las infracciones a comportamientos y deberes de la institución que puedan cometer los voluntarios pertenecientes a dicha Compañía.

7°.- Que, en lo pertinente, es el Reglamento General del nombre reservado referido, el que contempla el procedimiento y las sanciones que se aplican en casos de faltas a la disciplina de los bomberos de dicha compañía que, en calidad de voluntarios, la integran.

8°.- Que de lo anterior, corresponde aclarar que a través del presente arbitrio, no se puede perseguir que se analice el mérito acerca de los antecedentes tenidos en cuenta por los órganos disciplinarios del nombre reservado, transformándose esta sede de protección en una instancia en que se conozca de los hechos por los cuales fueron juzgados los actores o que se cuestionen los contenidos y alcances de actuaciones reglamentarias realizadas por el recurrido en el ejercicio de la autonomía que nuestra Constitución le reconoce a los grupos intermedios.

9°.- Que de igual modo, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad a propósito de la decisión adoptada por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, desde que las sanciones fueron impuestas por los órganos habilitados para ello según la normativa institucional y lo fue a propósito de apreciar el mérito de la investigación.

10.- Que en efecto, es un hecho no discutido que ambos recurrentes se sometieron a los procedimientos y órganos resolutores que contempla el nombre reservado, a saber, la Primera Sala del Consejo de Disciplina, que conoció los antecedentes en primera instancia, cuya decisión sancionatoria fue recurrida para ante la Segunda Sala del Consejo Disciplinario que ratificó la sanción impuesta a nombre reservado y disminuyó la aplicada a nombre reservado.

11°.- Que, en todo caso, hay que considerar que ambos recurrentes desde que ingresan al nombre reservado, aceptan el régimen estatutario y orgánico de la institución, sin que se advierta que sus reclamaciones a propósito de los procedimientos seguidos, digan relación con la aplicación de normativa que estiman inoponibles a sus personas, apreciándose, más bien, que hay en el libelo pretensor una evidente disconformidad con lo decidido por sus superiores institucionales.

12°.- Que del modo que se viene razonando, es dable descartar cualquier ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida, enfatizando que los actores, hicieron uso de los mecanismos de defensa y revisión que las decisiones decretadas en su contra por los órganos resolutores, motivo bastante para rechazar las acciones deducidas.

13°.- Que descartada que ha sido la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, resulta innecesario hacerse cargo con mayor detalle de las garantías que se dicen vulneradas, dada la ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Ergo, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado, en contra del nombre reservado, representado legalmente por su Superintendente, don Andrés Sepúlveda Vergara.

Regístrese y archívese.

Redactó el ministro señor Carreño.

No firma la Ministra señora maría Loreto Gutiérrez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-12894-2023.