Protección contra Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

C.A. de Santiago Santiago, once de septiembre de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 13 y 14: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 13 de marzo de 2026, mediante el cual se declaró la vacancia del cargo que desempeñaba como funcionaria municipal de planta, escalafón Administrativo grado 12° de la Escala Única de Sueldos, por la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo prevista en el artículo 148 de la Ley N°18.883, acto que fue confirmado por el Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 6 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición administrativa deducido en su contra. Expone que ingresó a la Municipalidad de Cerro Navia a contrata el 1 de abril de 2004 y a la planta municipal el 1 de agosto de 2008, habiendo ascendido por mérito al escalafón Administrativo grado 12° mediante Decreto Alcaldicio N°NUM002, contando con calificaciones en Lista N°1 y sin reproche disciplinario en más de veintidós años de servicio. Relata que, tras el fallecimiento de su hija en febrero de 2014, se encuentra en tratamiento en el Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) desde marzo de 2019, y que en febrero de 2024 fue intervenida quirúrgicamente por un tumor benigno en un pie, circunstancias que motivaron el uso de licencias médicas concentradas en los años 2023 y el primer semestre de 2025.

Señala que, recuperada de su situación clínica, la propia Municipalidad le asignó, desde julio de 2025, funciones en la Oficina del Sistema de Atención e Información Ciudadana (SIAC), donde efectuó 703 atenciones de público entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, sin hacer uso de licencia médica alguna en dicho lapso.

Añade que, el 18 de junio de 2025, mediante Oficio Ordinario N°NUM003, la Municipalidad requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación de su estado de salud, la que, mediante Resolución de Evaluación Folio N°NUM004, de 17 de octubre de 2025, concluyó que su salud era recuperable. Indica que, no obstante, ello, y luego de que la Municipalidad dictara, el 25 de noviembre de 2025, mediante Decreto Alcaldicio N°NUM005 un Manual de Procedimiento sobre Evaluación de Salud Recuperable/Irrecuperable de Funcionarios Municipales, la autoridad edilicia declaró su salud incompatible con el cargo y dispuso su vacancia por el Decreto Alcaldicio N°NUM000, consignando en éste un total de 240 días de licencia médica.

Sostiene, como primer motivo de ilegalidad, que a la fecha de dictación del acto terminal ya no concurría el presupuesto fáctico del artículo 148 de la Ley N°18.883, por cuanto, computado el bienio de licencias médicas hacia atrás desde la fecha del decreto y no desde la fecha del requerimiento a la COMPIN, como hizo la recurrida, ella acumulaba únicamente 123 días de licencia, esto es, 57 días por debajo del umbral legal de 180 días.

Alega, en segundo término, que la justificación de la demora de cinco meses entre la resolución de la COMPIN y el acto terminal, fundada en la sustanciación del referido Manual, sería falsa, toda vez que dicho instrumento fue dictado con posterioridad a la resolución de la COMPIN y nunca habría sido debidamente publicado ni difundido, y que, aun aceptando su validez, no habría sido aplicado correctamente, invocando la inversión del orden de sus etapas y un vicio en la unidad que emitió el informe técnico, lo que a su juicio vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo del artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República.

En tercer lugar, denuncia una falta de fundamentación y una contradicción interna del decreto recurrido, que en su considerando 14° reconocería que se desempeña con normalidad en la Oficina del SIAC y, no obstante, declararía su salud incompatible con el cargo. En cuarto lugar, invoca la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, sosteniendo que, de un universo aproximado de 21 funcionarios alcanzados por la causal del artículo 148, 8 de ellos no fueron desvinculados, destacando el caso de doña nombre reservado, a quien, en circunstancias que estima sustancialmente idénticas a las suyas, se le habría acogido la reposición administrativa.

En quinto lugar, imputa al acto una desviación de poder, fundada en declaraciones formuladas por el alcalde don Mauro Tamayo Rozas en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de 22 de abril de 2026, en las que en el contexto de una discusión presupuestaria, habría señalado que la Municipalidad "está echando funcionarios" porque no podrá pagar los sueldos de diciembre.

Añade que los actos recurridos vulneran su derecho de propiedad sobre el cargo, remuneraciones y derechos previsionales, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución, atendidos sus más de veintidós años de servicio.

Por lo anterior, solicita que se declaren ilegales y arbitrarios los Decretos Alcaldicios N°NUM000 y N°NUM001; se dejen sin efecto; se ordene su inmediata reincorporación; y se disponga el pago de las remuneraciones, asignaciones, beneficios y cotizaciones previsionales y de salud dejados de percibir desde la notificación del decreto recurrido y hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que informa la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la recurrente registra un total de 240 días de licencia médica dentro del bienio comprendido entre el 18 de junio de 2023 y el 18 de junio de 2025, período computado hacia atrás desde la fecha en que se requirió a la COMPIN la evaluación de su salud, esto es, el 18 de junio de 2025, conforme al criterio fijado por el Dictamen de la Contraloría General de la República N°E209173/2025, de 5 de diciembre de 2025, vigente y obligatorio para la Administración del Estado al momento de dictarse el Decreto Alcaldicio N°NUM000.

Sostiene que dicho dictamen no fue aplicado retroactivamente, pues el acto terminal se dictó cuando aquel ya regía, y que la diferencia entre los 271 días registrados preliminarmente en los memorandos internos y los 240 días finalmente consignados no altera la legalidad del acto, por fundarse este en el total de licencias jurídicamente computables dentro del período relevante.

Sostiene que la reincorporación de la recurrente a sus funciones en julio de 2025 no constituyó un reconocimiento voluntario de compatibilidad de su salud con el cargo, sino el cumplimiento de la obligación legal de reincorporar al funcionario una vez terminado el período de licencia, conforme a los artículos 58 letra a), 69 inciso final y 70 inciso primero de la Ley N°18.883.

En cuanto al Manual de Procedimiento, reconoce que fue dictado con posterioridad a la resolución de la COMPIN, pero afirma que ello resulta irrelevante, toda vez que dicho instrumento no modifica los requisitos legales de la causal, materia de reserva legal, sino que ordena la recopilación de antecedentes para la ponderación del alcalde, y que la recurrente tuvo conocimiento oportuno de los antecedentes esenciales, dispuso de cinco días hábiles para formular descargos y sus antecedentes fueron efectivamente incorporados y ponderados, según da cuenta el considerando 14° del Decreto Alcaldicio N°NUM000 y los considerandos 5° a 10° del Decreto Alcaldicio N°NUM001, que se transcriben en el informe.

Respecto de la igualdad ante la ley, señala que la declaración de vacancia por salud incompatible es una facultad discrecional y no reglada del alcalde, que cada expediente constituye una decisión individual, y que no se ha acreditado identidad sustancial entre la situación de la recurrente y la de los demás funcionarios que ella menciona.

En cuanto a la alegada desviación de poder, califica de conjetural la inferencia que la recurrente extrae de las declaraciones del alcalde, señalando que se trata de expresiones generales, formuladas en un contexto presupuestario distinto, dieciséis días después del rechazo de la reposición y diez meses después de iniciado el procedimiento, que se originó el 18 de junio de 2025, sin referencia individual a la recurrente ni al decreto impugnado.

Sobre el derecho de propiedad, sostiene que la causal de vacancia por salud incompatible no excluye a los funcionarios de planta y que, cumplidos los presupuestos legales y motivado el acto, no existe vulneración de la garantía.

Invoca, en apoyo de su tesis, el Dictamen de la Contraloría General de la República N°E527522N24, de 14 de agosto de 2024, conforme al cual a la COMPIN sólo corresponde pronunciarse sobre la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sin que le competa evaluar su compatibilidad con el cargo, cuestión reservada al alcalde; los Dictámenes N°17.351, de 2018, y N°E188441, de 2022, en el mismo sentido; y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, entre otros, los Roles N°819-2024 y N°9.197-2026, este último recaído en un recurso deducido en contra de la propia Municipalidad de Cerro Navia, así como de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Roles N°2359- 2025 y N°2353-2025, conforme a los cuales la declaración de salud recuperable de la COMPIN no impide al alcalde declarar la vacancia por salud incompatible.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el artículo 148 de la Ley N°18.883 faculta al alcalde para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, exigiendo su inciso tercero que, para ejercer dicha facultad, se requiera previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud y de si ella le permite desempeñar el cargo.

Quinto: Que el primer y principal cuestionamiento de la recurrente se dirige al método de cómputo del referido bienio, sosteniendo que éste debe calcularse hacia atrás desde la fecha del acto terminal, en cuyo caso ella habría acumulado sólo 123 días de licencia, por debajo del umbral legal, mientras que la recurrida lo computó hacia atrás desde la fecha del requerimiento formulado a la COMPIN de 18 de junio de 2025, arrojando 240 días.

Sobre el particular, cabe considerar que, mediante el Dictamen N°E209173/2025, de 5 de diciembre de 2025, la Contraloría General de la República revisó su jurisprudencia administrativa anterior y fijó el criterio de que el lapso de los últimos dos años a que alude el artículo 148 de la Ley N°18.883 debe computarse hacia atrás desde la fecha en que la jefatura superior del servicio requiere a la COMPIN el informe respectivo, por ser en dicho momento cuando se verifica el uso de licencias médicas que da origen al procedimiento, criterio que se encontraba vigente y era obligatorio para los órganos de la Administración del Estado al momento de dictarse el Decreto Alcaldicio N°NUM000, esto es, el 13 de marzo de 2026. En consecuencia, no advirtiéndose que la recurrida haya aplicado retroactivamente dicho criterio a una decisión ya adoptada con anterioridad a su vigencia, sino que lo aplicó al resolver el procedimiento pendiente conforme al criterio administrativo vigente a esa fecha, no se configura la infracción al artículo 52 de la Ley N°19.880 que se denuncia.

Sexto: Que, en la especie, de los antecedentes acompañados aparece que la recurrente registró 240 días de licencias médicas entre junio de 2023 y junio de 2025, dentro del bienio computado desde el 18 de junio de 2025 hacia atrás, período que excede los seis meses previstos en la disposición citada. Asimismo, consta que, requeridos sus antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, dicho organismo emitió la Resolución de Evaluación Folio N°NUM004, de 17 de octubre de 2025, determinando que su estado de salud era recuperable.

La circunstancia de que la COMPIN haya calificado la salud de la recurrente como recuperable no impide, por sí sola, la aplicación de la causal de salud incompatible, pues se trata de hipótesis distintas, correspondiendo a dicho organismo técnico pronunciarse acerca de la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud y a la autoridad municipal resolver, conforme a los presupuestos establecidos en el artículo 148 de la Ley N°18.883, acerca de su incompatibilidad con el desempeño del cargo.

Séptimo: Que, en este sentido, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen E527522N24, de 14 de agosto de 2024, ha señalado que a la COMPIN corresponde ponderar la condición de irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sin que le corresponda evaluar su compatibilidad con el cargo, agregando que la circunstancia de determinarse que la salud es recuperable no impide al alcalde ejercer la facultad de declarar la salud incompatible.

El mismo criterio es referido en el informe respecto de los Dictámenes N°E188441, de 24 de abril de 2022, y N°17.351, de 2018, conforme a los cuales la causal de vacancia por salud incompatible puede declararse cuando la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable y concurra el presupuesto objetivo de haber utilizado licencias médicas por más de seis meses dentro de dos años.

Octavo: Que tampoco se advierte falta de motivación en el Decreto Alcaldicio Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 13 de marzo de 2026. En efecto, según consta de los antecedentes informados, la Municipalidad no se limitó al cómputo de las licencias médicas, sino que aplicó el procedimiento contemplado en el Manual aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°NUM005, permitiendo a la recurrente aportar los antecedentes que estimara pertinentes antes de adoptar la decisión.

Asimismo, el acto consideró que la recurrente registraba 19 licencias médicas, por un total de 2400 días, y ponderó los antecedentes aportados por ella, además de las funciones que desempeñaba y los efectos de sus ausencias en la unidad municipal en que se encontraba destinada.

Noveno: Que la circunstancia alegada por la recurrente, consistente en que desde su incorporación a la Dirección de Obras Municipales no habría hecho uso de nuevas licencias médicas ni registrado ausencias, no altera los presupuestos considerados para la dictación del acto impugnado, toda vez que la causal aplicada se sustenta en el uso de licencias médicas por un período superior a seis meses dentro del bienio considerado por la autoridad, antecedente que consta en el procedimiento administrativo.

Del mismo modo, las destinaciones efectuadas durante el año 2025 no constituyen el fundamento de la declaración de vacancia impugnada, señalando que estas respondieron al regreso de la funcionaria de una licencia médica.

Décimo: Que, finalmente, la solicitud de invalidación administrativa presentada por la recurrente el 18 de marzo de 2026 fue resuelta mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 6 de abril del mismo año, rechazándose dicha petición por estimarse que no se advertía contrariedad a derecho en el Decreto Alcaldicio N°NUM000 y reiterándose la distinción entre las hipótesis de salud irrecuperable y salud incompatible previstas en los artículos 149 y 148 de la Ley N°18.883, respectivamente.

En tales condiciones, atendido que la recurrente hizo uso de licencias médicas por un período superior a seis meses dentro de los dos años considerados, que la COMPIN calificó su estado de salud como recuperable, que antes de resolver se le permitió aportar antecedentes y que el acto administrativo contiene las razones consideradas por la autoridad para declarar la vacancia, no se advierte que el Decreto Alcaldicio NºNUM000, constituya un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-12891-2026.