CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES SPA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO PROVIDENCIA

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, uno de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Que con fecha 28 de diciembre de 2016, doña nombre reservado, en representación de Centro de Formación Técnico Proandes Spa, recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, representada por el inspector comunal don nombre reservado, por los actos que estima ilegales o arbitrarios, consistente en haberse negado a tramitar mediante ordinarios N°1922 y 1946, las reclamaciones administrativas de las multas cursadas.

Funda su recurso en el hecho que con fecha 09 de octubre de 2016, la recurrida emitió dos resoluciones de multa: N°7424/2016/53-1 y 2 y N°7424/2016/54-1, que fueron notificadas por cartas, de acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo y, por ello, se entienden realizadas el 24 y 25 de octubre de 2016, respectivamente.

Alega que su representada solicitó la reconsideración administrativa de ambas multas con fecha 24 de noviembre de 2016, sin que haya transcurrido el plazo legal previsto, esto es, 30 días hábiles desde su notificación, de acuerdo al artículo 512 del Código del Trabajo. Sin embargo, la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, a través de los Ordinarios N°1922 y 1946 de 2016, no dio curso a las solicitudes porque no se presentó dentro del plazo de 30 días corridos contados de sus respectivas notificaciones. Dichas resoluciones se entienden notificadas el 15 y 26 de diciembre de 2016, respectivamente y a partir de esa fecha tuvo conocimiento de la vulneración de derechos fundamentales.

Expone que la recurrida ha asumido ilegal y arbitrariamente que los plazos que regulan los artículos 511 y 512 del Código Trabajo, es de días corridos, siendo que se trata de días hábiles, no comprendiendo sábados, domingo ni festivos, ya que se trata de recurso presentado en etapa y sede administrativa, por lo que debe aplicarse el artículo 25 de la ley 19.880 Alega como garantías vulneradas el derecho de propiedad, previsto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al negarle la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración administrativa genera un perjuicio directo en el patrimonio de la recurrente y la garantía del debido proceso, resguardado por el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, porque se le niega la posibilidad de ser oído y se le imponen multas que no se ajustan a derecho.

Solicita que acoja en todas sus partes, disponer que se deje sin efecto los Ordinarios N°1922 y N°1946 emanados de la recurrida, que se dé tramitación a los recursos de reconsideración administrativa y condenar en costas a la recurrida.

Que con fecha 19 de enero de 2017, informa la abogado por el Inspector Comunal del Trabajo Providencia, alegando en primer lugar, la improcedencia de la acción intentada atendida la naturaleza del acto recurrido, toda vez que el recurso de protección es acción cautelar o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, lo que no significa que pueda utilizarse como un sustituto procesal, ya que en este caso la ley contempla como recurso natural la reclamación judicial que dispone el artículo 512 del Código del Trabajo. De esta forma, estamos en presencia de un procedimiento contencioso administrativo.

En subsidio de lo anterior, arguye la improcedencia del recurso de protección en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, esto es: a) la ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) que dicha acción sea ilegal o arbitraria; c) que se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo derecho protegido constitucionalmente y d) que tribunal esté en condiciones de brindar la protección recurrida. En este caso, los ordinarios reclamados se encuentran exentos de toda ilegalidad y arbitrariedad, ya que han sido dictados conforme a las facultades expresamente conferidas por el Inspector Comunal del Trabajo en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, además de ser actos razonados y fundados conforme a Derecho.

En subsidio de lo anterior, informa sobre los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección, indicando que ambas multas se deben entender notificadas el día 24 de octubre de 2016, de acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo y el recurrente interpuso recurso de reconsideración el 24 de noviembre de 2016, no cumpliendo con el requisito de admisibilidad prevista en el artículo 512 del Código del Trabajo, ya que no fue presentada “dentro del plazo de 30 días corridos de notificada”. En virtud de ello, se dictaron los ordinarios N°1922 y 1946 de 07 de diciembre de 2016, que no acogió a tramitación ambas solicitudes de reconsideración.

Por último, alega que no se ha vulnerado garantía alguna de la recurrente, ya que ésta no esboza cuáles serían las perturbaciones fundamento del recurso, sino que contenido de protección orientado a interpretación de los plazos contemplados en el artículo 512 del Código del Trabajo, siendo que ello ha sido zanjado por Circular N°73 de 08/06/2010 y por diversos dictámenes de la Contraloría General de la República.

Con fecha 23 de enero de 2017 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que las partes se encuentran contestes y así por lo demás surge de la documentación acompañada que mediante ordinarios Nº 1922 y N°1946, de 07 de diciembre del año pasado, el Inspector Comunal del Trabajo informó a la recurrente que su reconsideración no cumplía los requisitos que le permitían conocerla, al no haberse presentado dentro de plazo legal de 30 días corridos desde su notificación, por lo que no resultaba posible admitirla a tramitación.

Tercero: Que, tal como se ha dicho en anteriores fallos por este Tribunal , la reconsideración presentada, lo ha sido- tal como manda la ley- ante un ente administrativo, de modo que no existiendo definición en el texto que la consagra, en relación a la naturaleza del plazo allí consagrado, ha de acudirse en forma supletoria a lo dispuesto por la Ley 19.880, específicamente a su artículo 25, en cuanto dispone que los plazos en los procedimientos administrativos, salvo norma expresa en contrario, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Cuarto: Que a lo dicho cabe añadir que la negativa a tramitar la presentación del recurrente, conforme al criterio interpretativo de la autoridad de control, no resulta vinculante para el análisis que ha de realizarse en esta sede, no siendo ello un obstáculo para concluir la ilegalidad del acto y brindar el amparo que se pretende, si como se advierte de autos, se ha desconocido a la empresa recurrente un derecho que le asiste y que ejerció oportunamente conforme a la ley, vulnerándose de ese modo la garantía que reconoce la carta fundamental en el numeral segundo del artículo 19.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso el recurso de protección deducido con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, sin costas, en consecuencia se deja sin efecto las Resoluciones Ordinarias N° 1922 y 1946, de siete de diciembre de dos mil dieciséis, y se dispone que la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, dará tramitación a la solicitud de reconsideración presentada por Centro de Formación Técnico Proandes SPA.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-128571-2016.

Pronunciada por la Novena Sala, conformada por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega y por la abogado integrante señora Soledad Pascual Silva. Autorizada por el Ministro de Fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado. En nombre reservado, uno de febrero de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.