Protección contra Oficio Ordinario N° 10

nombre reservado, doce de abril de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Oscar Ulloa Oviedo, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional N° RUT reservado, actualmente recluida en el Centro Penitenciario Femenino de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Oficio Ordinario N° 10.338 de fecha 15 de diciembre de 2016, remitido al Cuarto Juzgado de Garantía de nombre reservado, como informe de postulación a pena mixta de la condenada, y que ha sido emitido por los funcionarios de Gendarmería de Chile doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, de dotación del Centro de Reinserción Social de Gendamería de Chile, todos domiciliados en domicilio reservado, por haber efectuado en forma ilegal y arbitraria dicho informe, afectando las garantías de los numerales 1, 2, y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por los siguientes hechos.

Dice que con fecha 19 de diciembre de 2016 se realiza audiencia que tenía por objeto debatir sobre la interrupción de la pena privativa de libertad de la amparada está cumpliendo por la pena substitutiva de la libertad vigilada intensiva, lo que fue rechazado porque el informe técnico evacuada por las recurridas era desfavorable y no recomendaba tal substitución.

Ello, no obstante que la recurrente cumplía con los requisitos objetivos establecidos en el inciso primero del artículo 33 de la Ley 18.216, estos son: la duración de la sanción aplicada, que era de cinco años de presidio menor en su grado máximo y multa de 21 unidades Tributarias mensuales, como autora del delito de apropiación indebida del artículo 470 N° 1 en relación al artículo 467 inciso final, del Código Penal. Agrega, que la multa se le tuvo por pagada con fecha 27 de julio de 2016.

Como segundo requisito expresa que consiste en que no registrare otra condena por crimen o simple delito, lo que así fue informado por Gendamería.

La tercera exigencia es el cumplimiento de un tiempo mínimo de un tercio de la pena impuesta de manera efectiva, lo que cumplió el 24 de octubre del mismo año. Dice que respecto a este requisito el informe, en forma maliciosa, solo expresa que cumplió 8 meses, sin mencionar que tiene como abono 406 días.

Como cuarto requisito está la conducta la que cumple, según detalla por bimestre.

Expresa que dichos requisitos son corroborados por la oficina de registro, movimientos y control de la población penal del Centro de detención donde cumple su representada.

Sobre los requisitos o contenido que debía cumplir el conforme técnico de Gendamería de Chile no cumplió los que contempla el inciso segundo del artículo 33 ya mencionado, catalogándolos como subjetivos y objetivo.

Los primeros son los que se exigen respecto del comportamiento según el decreto supremo N° 2.442 de 1926 del Ministerio de Justicia, que es el Reglamento de la Libertad Condicional y de factibilidad técnica sobre la aplicación del monitoreo telemático los que fueron satisfechos a cabalidad.

En cuanto a la opinión técnica favorable que permita orientar sobre los factores de riesgo de reinserción para conocer las posibilidades de reinsertarse adecuadamente en la sociedad, opinión que debe contener los antecedentes sociales y las características de personalidad de la condenada y una propuesta de plan de intervención individual que deberá cumplirse en libertad, como también, la existencia de investigaciones vigentes con formalizaciones o no.

Agrega, que es en este informe técnica donde las recurridas cometen el acto ilegal o arbitrario, ya que adolece serios vicios por lo que afectan las garantías constitucionales de su representada. Explicando que en cuanto a los factores de riesgo de reincidencia ya que parece que para los informantes el ser empresario o querer emprender la vida como tal, es sinónimo de delincuente o potencial riesgo de serlo, olvidándose que se garantiza la libertad de trabajo y que ello tiene protección constitucional. En ello, alega que carece de todo criterio técnico dicho informe por las aseveraciones de las informantes al hacer referencia como factor de riesgo de su representada para volver a delinquir, el simple hecho que quiera desenvolverse laboralmente en una empresa de buses adquiridos bajo el sistema de leasing, que es de su propiedad.

Como tampoco tiene asidero técnico el hecho que gozar de tiempo libre sea un factor de riesgo, al decirse que aumentaría significativamente sus horas de ocio.

En cuanto a la orientación para el delito, dice que se sostuvo en el informe que el cometido por la condenada se extendió por cuatro años y que hubo una concertación de un grupo de personas para delinquir, calificando de nuevo los hechos que en su oportunidad ya fueron ponderados al ser condenada, acusando a las recurridas de querer condenarla dos veces al hacer presente esta situación.

También, observa una falta de motivación y criterio técnico al concluir donde se sugiere la no aplicación de la pena mixta, siendo tendenciosa sus aseveraciones, tratándose de una decisión inmotivada al decir que la condenada tiene pendientes varias causas civiles por deudas y que algunas de ellas se encuentran con medidas precautorias, considerando el recurrente que esta información no tiene nada que ver con lo exigido por la ley para lo que fue solicitada respecto de la substitución de su condena, ya que lo exigido es la existencia o no de investigaciones formalizadas o sin formalizar, vigentes, en su contra, es decir, solo de causas penales.

Alega que este informe no cumple con ciertos parámetros legales que lo hagan bastarse así mismo, debiendo respetar el principio de la juridicidad de todo acto administrativo, de acuerdo al artículo 6 de la Carta Fundamental, lo que ha sido ratificado por la Contraloría General de la República, que exige que deba contener una motivación y fundamento racional y no sea por un mero capricho de la autoridad, ya que serían arbitrario o ilegítimo. Acompaña copia del oficio ordinario 183 de 12 de enero de 2015 del Centro de Reinserción de Talca, también informando en forma negativa una aplicación de pena mixta, pero que guarda armonía y concordancia con todos los puntos anteriores. Invoca como agraviados los derechos consagrados en los numerales 1, 2, y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, a la integridad física y síquica de su representada, a la igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo y su protección, e invoca legislación internacional violentada con dicho informe.

Pide como medida de protección dejar sin efecto el oficio ordinario N° 10.338 de 15 de diciembre de 2016, que contiene el informe desfavorable ordenando sea evacuado una nuevo por otros funcionarios para una nueva discusión de la eventual interrupción de la pena privativa de libertad de doña nombre reservado, declarando que el actuar de las recurridas fue arbitrario e ilegal, con costas.

Segundo: Que con fecha 16 de febrero del año en curso, por oficio N° 13.05.18. 02 /17, el Jefe Subrogante del Centro de Reinserción Social nombre reservado Occidente de Gendarmería de Chile evacua el informe solicitado en autos, en representación de las cuatro recurridas, todas funcionarias de dicho Centro, manifestando respecto del informe que fuera emitido por dichas funcionarias y considerado viciado ya que por las conclusiones contenidas en dicho informe técnico se habría rechazado la petición de interrupción de la pena privativa de libertad de la recurrente en la audiencia de 9 de diciembre de 2016 ante el Cuarto Juzgado de Garantía de nombre reservado, toda vez que adolecería de vicios que lo tornan ilegal y arbitrario por quien recurre, afectando las garantías que fueron invocadas en el recurso, ello se diluye a la luz de los antecedentes reseñados en dicho informe y fuera debidamente fundado en los antecedentes de la misma recurrente que posee esa institución, por lo que se informa en forma desfavorable la substitución del saldo de la pena que se encuentra cumpliendo dicha recurrente y la evaluación de ella realizada, donde se detecta la presencia de marcadas distorsiones cognitivas tendientes a responsabilizar a terceros, sin hacer un análisis crítico de su conducta, como tampoco, presenta actitudes genuinas que propendan a rechazar las conductas delictivas. Respecto de su red de apoyo, dice que si bien no legitima la actividad delictual, está constituida principalmente por figuras condenadas bajo la misma causa, quienes apoyan y refuerzan las distorsiones cognitivas detectadas tornando ineficiente un proceso de intervención en el medio libre, existiendo, además, elementos externos, como juicios ejecutivos en tramitación y medidas precautorias sobre sus bienes, razones por la que no se sugiere la substitución de la pena privativa de libertad que cumple por la forma de una en el medio libre bajo monitoreo telemático. Rechaza todas las críticas realizadas al informe que se cuestiona estimando que se ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 18.216, en lo que dice relación a las modificaciones de la penas privativas de libertad que se introdujeron a propósito de la ley 20.813 de 6 de febrero de 2015, especialmente en su artículo 33, no observándose en el cumplimiento de lo ordenado por el Jugado de Garantía que se ha incurrido en algún tipo de acción que vulnere las garantías de la recurrente, solicitando sea rechazado el presente recurso, acompañando documentación que avala sus informe.

Tercero: Que con fecha, el 22 de febrero de 2017, mediante oficio N° 13.00.00. 369 /17, informa el Director regional de Gendarmería de Chile conteniendo en general la misma información que la que contiene el informe mencionado en el motivo anterior y pidiendo, también su rechazo.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, es una acción que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, para lo cual la Constitución Política de la República, ha dotado a las Cortes de Apelaciones del país, con la facultad de adoptar las medidas que sean necesarias para tales efectos cuando se reclame la afectación ilegal o arbitraria de una o más de las garantías que lista el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Esta acción, como ya se ha dicho reiteradamente, requiere que el afectado sea titular de un derecho indubitado y preexistente y que, asimismo, accione dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acto conculcatorio.

Quinto: Que en la especie el recurrente por su representada no ha acreditado que ella esté en posesión de algún derecho indubitado que le ha sido vulnerado y que deba ser restablecido por esta Corte. En la especie, solo se cuestiona el contenido de un informe evacuado por un organismo público para proceder a la realización de una audiencia oral en la que se puede discutir la concesión de un beneficio, que puede ser otorgado o no por el juez competente, en este caso, lo que se discutió en la audiencia respectiva, siendo rechazado, fue la substitución del saldo de la pena privativa de libertad que está actualmente cumpliendo la recurrente, la que nunca tuvo la certeza de ser concedido, como para que este derecho apareciera conculcado por lo informado por las recurridas. Es decir, nunca tuvo un derecho real y efectivo ingresado a su patrimonio de ser efectivamente beneficiada con una resolución favorable, ya que la audiencia tenía sólo por objeto realizar la discusión dentro del procedimiento correspondiente sobre el otorgamiento o no de tal beneficio, que como se dijo le fue denegado.

De este modo, este recurso de protección carece de fundamento al no haberse invocado ningún derecho concreto como vulnerado, ya que lo alegado corresponde solo a una simple expectativa de obtener un cambio en la forma de cumplimiento del saldo de su pena privativa de libertad, bajo una modalidad en el medio libre, razón por la que debe ser rechazado.

Sexto: Que de la forma como se ha razonado, lo pretendido en este recurso no es más que obtener una nueva revisión de la negativa de la interrupción de la pena que actualmente cumple doña nombre reservado, en circunstancias que la misma norma invocada por el recurrente -artículo 33- establece como condición para proceder a ello el transcurso de al menos seis meses desde que ha ocurrido la última discusión al respecto. En este caso, la opción negativa decidida por la juez en su oportunidad, lo fue en la audiencia de revisión que se llevó a efecto el 19 de diciembre de 2016 y sin embargo este recurso fue interpuesto el 28 del mismo mes y año, es decir, a días de adoptada la decisión judicial, por lo que se incumple con lo expresamente dispuesto en dicha disposición legal que ordena: “(…) Si el tribunal no otorgare la interrupción de la pena regulada en este artículo, ésta no podrá discutirse sino hasta transcurridos seis meses de su denegación. (…)” plazo que claramente no ha transcurrido.

Séptimo: Que, sin perjuicio de todo lo ya dicho y, a mayor abundamiento, aparece que con interposición de este recurso el actor pretende sustituir el procedimiento ordinario expresamente contemplado por el legislador en el Código Procesal Penal, para proceder a la realización de una nueva substitución de la pena privativa de libertad que cumple su representada, saltándose los requisitos específicos exigidos en esa norma, para tal efecto. Todo lo antes razonado constituye motivos suficientes que conducen necesariamente al rechazo de esta acción de protección.

.Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por Oscar Ulloa Oviedo, abogado, en representación de don nombre reservado.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Rol N° 128.527- 2016. - Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, Presidida por la Ministro señora Dobra Lusic Nadal e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete y Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

7