Protección contra Carabineros de Chile por haber mantenido sin resolver

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 24: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado en favor de nombre reservado, ex cabo de Carabineros de Chile, y deduce recurso de protección en contra de Carabineros de Chile por haber mantenido sin resolver, durante cerca de siete años, el sumario administrativo que dio origen a su baja de las filas institucionales, actuar que considera ilegal y arbitrario, ya que dicha omisión prolongada carece de fundamento y vulnera el debido proceso y la valoración de la prueba, afectando con ello las garantías de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, así como la del debido proceso, contempladas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se declare la prescripción de la acción disciplinaria y que se deje sin efecto la baja del afectado.

Expone el recurso que mediante resolución exenta de la Prefectura Santiago Oriente se dispuso en 2019 la baja del afectado, con efecto inmediato, y se instruyó en el mismo año el correspondiente sumario administrativo. Agrega que, concluidas las diligencias investigativas, la institución no ha emitido dictamen definitivo y que, ante las consultas formuladas, la Contraloría General de la República ha informado que los antecedentes permanecen en poder de Carabineros, sin que se haya precisado su naturaleza administrativa, su origen ni su término. Añade que en 2020 el afectado fue notificado personalmente del dictamen e interpuso recurso jerárquico, el cual fue rechazado, con la mención de no haberse presentado oportunamente. Enseguida, su anterior mandataria fue notificada de dicha resolución y apeló ante el General Director, sin obtener respuesta, de modo que el acto no se encuentra ejecutoriado.

Sostiene que la prescripción de la acción disciplinaria constituye una forma de extinción de la responsabilidad administrativa, que resguarda la seguridad jurídica al limitar la potestad sancionadora de la administración.

Invoca el artículo 84 ter de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, modificado por la Ley N° 21.041, conforme al cual dicha acción prescribe en cuatro años desde la acción u omisión que la origina, o conjuntamente con la acción penal si los hechos fueran constitutivos de delito. Recurre, además, a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que exige considerar dos períodos calificatorios desde la instrucción del procedimiento, los que corresponderían a 2019 y 2021, de modo que el plazo habría corrido desde el 1 de enero de 2022 y se habría cumplido el 31 de diciembre de 2025. Invoca también la Ley N° 19.880, que exige la valoración de la prueba en el procedimiento administrativo sancionatorio, y el artículo 1° del Código Civil, sobre la ley como manifestación de la voluntad soberana.

Afirma que la inactividad de Carabineros, al mantener el sumario sin cerrar ni resolver, habría infringido la imparcialidad, la legalidad, el derecho a defensa y el debido proceso, asegurados en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Carta Fundamental, provocando un silencio administrativo que habría privado al afectado de oportunidades laborales y de alegaciones, con un daño moral extendido a su familia.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la prescripción de la acción disciplinaria, se deje sin efecto la baja de las filas institucionales y se ordene la rehabilitación del afectado al servicio.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido por esta Corte la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros de Chile solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, fundándose en las alegaciones y defensas que se exponen a continuación.

Expone que mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 25 de marzo de 2019, se aplicó al ex Cabo 1° nombre reservado la medida de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, notificada personalmente ese mismo día, por cuanto había sido detenido en cumplimiento de una orden emanada del Primer Juzgado de Garantía de Santiago por su supuesta participación en los delitos de detención ilegal, allanamiento irregular, falsificación de instrumento público y robo con intimidación. Enseguida, mediante Orden de Sumario N° NUM001, de la misma fecha, se dispuso la instrucción del respectivo procedimiento administrativo, cuyo fiscal emitió su vista fiscal el 4 de diciembre de 2020, notificada al afectado el 2 de agosto de 2021.

Posteriormente, por Dictamen N° NUM001, de 25 de octubre de 2021, el Prefecto confirmó la baja por conducta mala, atribuyéndole omisiones de informar a sus superiores sobre la actuación irregular de sus pares y sobre su formalización, en infracción del artículo 22 N° 1 letra d) y N° 3 letras a) y d) del Reglamento de Disciplina. Dicho dictamen fue notificado el 11 de noviembre de 2021, sin que el afectado interpusiera oportunamente el recurso jerárquico del artículo 94 del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, razón por la cual, el 19 de noviembre de 2021, se certificó que la medida quedó firme y, el 30 de diciembre de 2021, se dictó la Resolución N° NUM002, acto terminal remitido a la Contraloría General de la República para su toma de razón, organismo que aún no se habría pronunciado.

Sobre esa base, la recurrida opone, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, pues la medida quedó firme en noviembre de 2021 y la acción fue deducida más de tres años después, excediendo el plazo de treinta días corridos que establece el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema. Añade que el recurrente pretende reabrir una discusión ya afinada mediante un acto firme y que la declaración de admisibilidad no obsta a declarar la extemporaneidad, por cuanto se dictó sin oír a la contraparte.

En segundo lugar, sostiene la legalidad de la medida, pues la normativa institucional -artículos 25 N° 9 y 35 del Reglamento de Disciplina N° 11 y artículo 127 N° 4 del Reglamento N° 8- habilitaba al Prefecto para eliminar de inmediato al funcionario, de modo condicional y sujeto al resultado del sumario, criterio reconocido por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema.

En tercer lugar, rectifica las aseveraciones del recurrente, quien afirmó que no se había emitido dictamen y que habría ejercido en tiempo y forma el recurso jerárquico, lo que no es efectivo conforme a los antecedentes expuestos, habiéndose además cumplido las etapas del procedimiento reglado.

En cuarto lugar, se opone a la alegada prescripción de la acción disciplinaria. Explica que, conforme al artículo 20 del Reglamento de Disciplina, vigente al 14 de junio de 2014, el plazo era de seis meses, pero las omisiones imputadas se mantuvieron en el tiempo, según la jurisprudencia administrativa, y el plazo se suspendió con la Orden de Sumario de 25 de marzo de 2019. Agrega que, de aplicarse el artículo 36 bis de la Ley N° 18.961, actual artículo 84 ter, al existir hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria prescribe conjuntamente con la penal, esto es, en cinco años por tratarse de simples delitos, suspendidos desde el 31 de octubre de 2017 hasta que la sentencia penal quedó ejecutoriada el 7 de febrero de 2020. Así, entre esa fecha y el 30 de diciembre de 2021 transcurrió un lapso inferior a cinco años, por lo que la acción no se encontraba prescrita bajo ninguno de ambos regímenes.

En consecuencia, concluye que no se vulneró derecho alguno y solicita que TERCERO: Que mediante presentación posterior al informe de la recurrida la parte recurrente solicitó tener presente diversas alegaciones adicionales en favor del afectado, las cuales se exponen a continuación.

En primer término, sostiene que Carabineros de Chile no habría valorado ciertas normas de cumplimiento general y que el afectado fue sancionado por haber participado en un procedimiento policial que culminó en sede penal con penas inferiores a 540 días, sin inhabilitación para cargos públicos y sin anotaciones negativas en su hoja de vida. Agrega que su defensa invocó oportunamente los principios de inocencia, legalidad y defensa, y que el afectado, por su falta de cultura jurídica, se habría encontrado en una situación de indefensión.

Alega que el afectado actuó sin dolo, por un error involuntario al concurrir a un procedimiento viciado, y que, el día de los hechos, se limitó a conducir el vehículo institucional en un traslado de persona, de modo que su nombre figuraría duplicado en el parte de detenidos como testigo y aprehensor, lo que sería imposible.

Asimismo, invoca el principio non bis in idem, argumentando que no cabe sancionar dos veces por un mismo hecho, y que la sede penal y la administrativa son independientes. Añade que se habría utilizado como base de la sanción prueba ilícita, excluida por el juez penal, lo que vulneraría el debido proceso y la probidad administrativa, conforme a la Ley N° 19.880.

Respecto de la prescripción, afirma que la acción disciplinaria prescribe en cuatro años, según el artículo 158 del Estatuto Administrativo, y que los sumarios tendrían un límite de un año para su resolución, por lo que el tiempo transcurrido desde marzo de 2019 la habría extinguido.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y se modifique la sanción de baja por una distinta que permita al afectado continuar su carrera funcionaria.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que previo entrar al análisis del fondo del asunto es necesario resolver la alegación de extemporaneidad formulada por Carabineros de Chile, debiendo tenerse presente para ello que la decisión última que finalmente se reprocha es la decisión de baja del recurrente, la que finalmente queda firme mediante el Dictamen N° NUM001, de 25 de octubre de 2021, decisión que fue notificada al recurrente el día 11 de noviembre de 2021.

Desde dicha fecha y hasta la presentación de esta acción cautelar el día 3 de mayo del presente año han transcurrido más de cuatro años, en los cuales el recurrente se ha mantenido fuera de la institución, habiendo sido por lo demás condenado en causa penal por los mismos hechos por los que fue decretada su baja de las filas de la institución.

Finalmente, el hecho de encontrarse pendiente de toma de razón el acto administrativo terminal no es obstáculo para entender que la decisión tomada en 2021 constituye un acto terminal, ya que el trámite ante la Contraloría General de la República constituye únicamente una instancia de revisión preventiva de legalidad y no una decisión de mérito en cuanto a la solicitud del recurrente.

SEXTO: Que de los antecedentes señalados no queda sino declarar que la presente acción cautelar ha sido deducida de manera extemporánea, por cuanto la misma ha sido deducida con exceso del plazo de treinta días establecido en el N° 1 del Auto Acordado que regula la materia, debiendo por dicha circunstancia ser desestimada la acción cautelar, tal como se dirá en definitiva, sin perjuicio, en todo caso, de no haberse incurrido en modo alguno por la recurrida en la omisión que se le imputa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado y dirigido en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese y archívese.

N°Protección-12484-2026