Protección contra Presidente de la Honorable Comisión Médica Central de Carabineros

C.A. de Santiago Santiago, uno de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, oficial de Carabineros de Chile, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Presidente de la Honorable Comisión Médica Central de Carabineros, Sr. nombre reservado

nombre reservado, por la dictación de la Resolución Exenta (R) N°NUM000, de 23 de marzo de 2026, que resolviendo su recurso de reposición, mantuvo a firme la declaración de imposibilidad física y la proposición de su retiro absoluto de la institución, actuación que estima ilegal y arbitraria y vulneratoria de las garantías de los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la Comisión Médica Central, mediante la Resolución Exenta (R) N°NUM001, de noviembre de 2025, declaró su imposibilidad física y propuso su retiro absoluto por padecer un “trastorno de la personalidad emocionalmente inestable”, calificando dicha afección como una condición inherente, no modificable e incompatible con la función policial, decisión que fue mantenida por la resolución impugnada al rechazarse la reposición que dedujo en su contra.

Sostiene que el acto es arbitrario, por carecer de motivación suficiente y de una adecuada valoración de la prueba, toda vez que los antecedentes clínicos dan cuenta de diagnósticos contradictorios emitidos por distintos profesionales —trastorno adaptativo mixto, trastorno depresivo severo, trastorno de estrés postraumático complejo y trastorno de personalidad límite o emocionalmente inestable—, los que impiden sostener la condición de “incurable” exigida para el retiro.

Añade que un peritaje psicológico forense de 27 de noviembre de 2025 concluyó la ausencia de indicadores actuales de un trastorno de personalidad y recomendó la realización de un peritaje psiquiátrico forense para el diagnóstico diferencial, y que un certificado médico- psiquiátrico de 11 de noviembre de 2025 le otorgó el alta, estimándola en condiciones de retomar sus funciones, sin que tales antecedentes fueran debidamente ponderados.

Agrega que el informe laboral que le atribuye ausentismo computa días que, en gran parte, corresponden a licencias por maternidad y por enfermedad grave de un hijo menor, los que no fueron considerados; y que se le negó el acceso al expediente administrativo, así como a los protocolos, hojas de respuesta y psicogramas empleados en la evaluación psicológica —solicitud N.C.U.

NUM002—, lo que le impidió verificar la metodología y los datos en que se funda la decisión y ejercer adecuadamente su defensa.

En cuanto al derecho, alega la infracción del deber de motivación de los actos administrativos, citando dictámenes de la Contraloría General de la República, y sostiene que, antes de adoptarse una medida definitiva de desvinculación, correspondía ordenar una valoración psiquiátrica forense especializada y adoptar medidas provisionales menos gravosas.

Denuncia la vulneración del artículo 19 N°2, por dispensársele un trato diferenciado y arbitrario al escogerse un diagnóstico entre varios contradictorios y penalizarse licencias protegidas por maternidad; del derecho a un debido proceso y a la motivación de los actos; del derecho a la protección de la salud y a la vida privada; y de la tutela judicial efectiva, extremos que vincula con las garantías de los numerales 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de marzo de 2026, y se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, por la parte recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que, conforme al artículo 64 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, al artículo 73 del D.F.L. (I) N°2 de 1968 y al artículo 2° del Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros, le corresponde exclusivamente el examen del personal institucional para establecer su capacidad física o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en el servicio, y que sus informes constituyen, según la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, un elemento esencial, decisivo y de carácter técnico, que no puede ser objetado ni desvirtuado mediante certificaciones emitidas por médicos particulares.

Expone la secuencia de su actuación: la recurrente fue evaluada por la asesora psiquiátrica, mediante telemedicina, y presencialmente por el asesor psicológico de la Comisión, con aplicación de pruebas psicométricas, y se recopilaron diversos antecedentes clínicos, entre ellos informes y certificados de profesionales externos y una epicrisis del Hospital Regional de Arica. Refiere que, constituido el Pleno en Sesión N°NUM005, de NUM006 de 2025 —a la que la paciente compareció vía telemedicina y en la que participó la jefatura del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Carabineros—, se confirmó el diagnóstico y se declaró su imposibilidad física, proponiéndose su retiro absoluto por “trastorno de la personalidad emocionalmente inestable”, patología de origen común, psiquiátrica, de pronóstico incurable y no invalidante, inherente al individuo y no susceptible de modificación con tratamiento, dictándose al efecto las Resoluciones Exentas N°NUM003 y NUM001, de 20 de noviembre de 2025.

Añade que, deducido el recurso de reposición —al que se acompañaron una pericia psicológica y un certificado de profesionales del extrasistema—, los antecedentes fueron analizados por el asesor psiquiátrico y la asesora psicológica de la Comisión, quienes concluyeron que la pericia de parte carecía de sustento metodológico suficiente, por haberse basado únicamente en un instrumento que requería complementarse con una batería de test y con la triangulación de la información, y que los antecedentes aportados no acreditaban un cambio en el estado de salud de la recurrente; de modo que, constituido nuevamente el Pleno en Sesión N°NUM004, de NUM007 de 2026, se resolvió por unanimidad mantener a firme la declaración de imposibilidad física y la proposición de retiro absoluto, emitiéndose la Resolución Exenta N°NUM000, notificada el 9 de abril de 2026.

Sostiene que el acto se encuentra debidamente fundado en criterios técnicos propios de la lex artis, sin que exista la contradicción de diagnósticos alegada, pues los asesores de la Comisión coinciden en la existencia de un trastorno de personalidad emocionalmente inestable, y que la medida se justifica atendida la naturaleza de la función policial, que exige salud compatible con el porte de armamento y con la exposición a elevados estresores. Respecto del acceso a los antecedentes, precisa que se remitió a la recurrente el informe de evaluación psicológica, con sus resultados, conclusiones y fundamentos, pero no las hojas de respuesta, protocolos ni psicogramas, por tratarse de material técnico cuya divulgación afecta la validez y confiabilidad de los instrumentos, conforme al Código de Ética del Colegio de Psicólogos y a la Ley N°20.584.

Concluye que no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad, por haberse actuado dentro de sus competencias legales y con sujeción al debido proceso, y que la mera disconformidad de la recurrente con una decisión de carácter técnico especializado no configura la vulneración de garantía constitucional alguna, haciendo presente, además, que le asiste el derecho a solicitar ser reevaluada por la Comisión dentro del plazo de dos años. Solicita, por todo ello, el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye un presupuesto indispensable para que prospere la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la presente acción se dirige en contra de la Resolución Exenta (R) N°NUM000, de 23 de marzo de 2026, dictada por la Comisión Médica Central de Carabineros, que, al resolver el recurso de reposición deducido por la recurrente, mantuvo a firme la declaración de su imposibilidad física y la proposición de su retiro absoluto de la Institución por padecer un “trastorno de la personalidad emocionalmente inestable”, ratificando lo resuelto en la Resolución Exenta (R) N°NUM001, de 20 de noviembre de 2025; de manera que el examen de la acción debe circunscribirse a dicho acto, pudiendo las actuaciones administrativas anteriores considerarse únicamente como antecedentes del procedimiento que culminó con la decisión cuestionada;

QUINTO: Que, para resolver, cabe referirse al marco normativo que regula la materia. El inciso primero del artículo 64 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, previene que corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica Central el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. En igual sentido, el artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, entrega a dicha Comisión la atribución de examinar al personal institucional para determinar si su salud es o no recuperable para el servicio y, en su caso, establecer la clase de invalidez que lo inhabilita para continuar en la Institución; y el artículo 2° del Decreto Supremo N°4, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros, dispone en el mismo sentido, habilitándola su artículo 6° para asesorarse por los especialistas que estime convenientes, quienes deben emitir los informes respectivos. A su turno, el artículo 11 del referido reglamento reconoce el derecho a solicitar una reevaluación médica dentro del plazo de dos años, a fin de que la Comisión determine técnicamente el estado actual de salud del interesado;

SEXTO: Que, de las disposiciones transcritas se desprende que el legislador y la normativa reglamentaria han confiado de modo privativo a la Comisión Médica Central de Carabineros la determinación de la aptitud de los funcionarios institucionales para permanecer o continuar en el servicio. Por consiguiente, la intervención de esta Corte, en sede de protección, no tiene por objeto sustituir la valoración clínica realizada por dicho organismo ni emitir un pronunciamiento acerca de si la salud de la recurrente es o no apta para el servicio, sino únicamente verificar si la autoridad actuó dentro de la competencia que le confiere la ley y con arreglo a los presupuestos de racionalidad exigibles a todo acto administrativo;

SÉPTIMO: Que, en este contexto, no se advierte la ilegalidad que se reprocha al acto impugnado, puesto que fue emitido por la Comisión Médica Central de Carabineros, órgano al cual las normas citadas entregan la competencia exclusiva para examinar al personal y determinar su aptitud para el servicio. En este sentido, la circunstancia de que la recurrente discrepe de la conclusión clínica alcanzada por la Comisión, o que haya acompañado informes de profesionales del extrasistema que arriban a una conclusión diversa —en especial la pericia psicológica que niega la existencia de un trastorno de personalidad—, no transforma en ilegal la decisión administrativa; por el contrario, de los antecedentes aparece que tales documentos fueron incorporados al procedimiento de reposición y sometidos a ponderación, junto con el historial clínico institucional y las evaluaciones psiquiátricas y psicométricas existentes, por los asesores de la propia Comisión, quienes emitieron los informes respectivos. En consecuencia, la Resolución Exenta N°NUM000 fue dictada por la autoridad legalmente competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y en un procedimiento de reposición contemplado por la normativa aplicable, sin que se advierta la contravención normativa en que la recurrente hace consistir la ilegalidad denunciada;

OCTAVO: Que tampoco se aprecia arbitrariedad en el actuar de la Comisión Médica Central, por cuanto el acto recurrido no aparece fundado en la mera voluntad o capricho de la autoridad, ni en la sola preferencia inmotivada de una hipótesis diagnóstica por sobre otra, sino en los antecedentes clínicos reunidos durante el procedimiento administrativo, que comprenden el historial médico de la recurrente, su evaluación por la asesora psiquiátrica mediante telemedicina, la psicometría practicada presencialmente por el asesor psicológico, su comparecencia ante el Pleno y la ponderación de los documentos acompañados por la propia interesada.

En efecto, la decisión impugnada se sustenta en el diagnóstico de “trastorno de la personalidad emocionalmente inestable” y en la conclusión técnica de que tal condición, atendidas las exigencias inherentes al servicio policial, resulta incompatible con el desempeño de funciones propias de Carabineros de Chile, lo cual fue resuelto por unanimidad en sesión del Pleno, con participación de profesionales del área de salud mental y previo examen de los antecedentes que obran en el respectivo expediente administrativo.

En estas condiciones, la existencia de antecedentes médicos que arriban a conclusiones distintas no permite, por sí sola, calificar de arbitraria la decisión recurrida, desde que la discrepancia diagnóstica fue conocida y ponderada por el órgano técnico competente, según se expuso en el considerando precedente, constando razones susceptibles de control racional que explican la conclusión adoptada, lo que satisface la exigencia de fundamentación de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

NOVENO: Que, en lo relativo a la alegación de indefensión derivada de la negativa de acceso a los antecedentes, tampoco se advierte la infracción denunciada, toda vez que la recurrente fue oída a lo largo del procedimiento —compareciendo ante el Pleno y deduciendo el recurso de reposición que fue conocido y resuelto—, y se le remitió el informe de evaluación psicológica con sus resultados, conclusiones y fundamentos, habiéndose reservado únicamente las hojas de respuesta, protocolos y psicogramas de los instrumentos aplicados, sobre la base de resguardar su validez y confiabilidad técnica, lo que no priva a la afectada del conocimiento de las razones de la decisión. A ello cabe agregar que, conforme al artículo 11 del Reglamento antes citado, le asiste el derecho a solicitar una nueva reevaluación de su estado de salud dentro del plazo que dicha norma contempla;

DÉCIMO: Que, en razón de lo expuesto, no habiéndose establecido que la actuación recurrida sea ilegal o arbitraria, falta uno de los presupuestos indispensables que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República para otorgar la protección impetrada, por lo que resulta innecesario examinar separadamente la afectación de cada una de las garantías constitucionales invocadas, y el recurso deberá ser necesariamente desestimado;

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra del Presidente de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-12812-2026.