Protección contra referida Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, adjudicataria del “Concurso de Beca de Magíster en el extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2013” de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, quien deduce acción de protección en contra de la referida Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, representada por su Directora Nacional Alejandra Pizarro Guerrero, por la conducta arbitraria e ilegal en la que ha incurrido, la cual priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales del derecho de propiedad y de igualdad ante la ley, por la decisión de la recurrida de sancionarla con el pago de US$ 53.524, lo que indica equivale a más de $50.000.000, y ello por tan solo realizar una comisión temporal de trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo una vez finalizados sus estudios, ya radicada en Chile y cuando estaba pronta a terminar con su obligación de retorno. Añade que dicha comisión temporal es considerada por la recurrida un incumplimiento de los compromisos en su programa de beca.

Expone que la Resolución Exenta N° 7822/2022 que denuncia llega a ser abusiva, pues en ninguna de las nueve páginas de su texto desvirtúa los argumentos dados en su defensa.

Como antecedente señala que en el año 2013 participó del concurso de becas de magister en el extranjero, “Becas Chile”, llevado en ese entonces por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), cuya continuadora legal es la recurrida. Mediante Resolución Exenta N° 2142, de 24 junio de 2013, dicho concurso fue adjudicado, resultando ella una de las 439 becadas a un programa de magister en el extranjero. Acto seguido, con fecha 26 de agosto de 2013 suscribió el respectivo convenio de beca con CONICYT, y cumpliendo con su beca, inició el Magister de Patrimonio Sustentable en la University College of London (UCL) en septiembre de 2013, obtuvo el grado académico correspondiente en noviembre del año 2014 y el 7 de diciembre de ese mismo año regresó a Chile.

Sin embargo, mediante Resolución N° 11759/2019, CONICYT declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca y le solicitó la restitución total de los fondos que le confirió en razón de la misma: más de 50 millones de pesos. Hace presente que el numeral 13 de las bases concursales del programa de Becas Chile establece una serie de obligaciones a las que están sujetas los becarios, y el numeral 14 añade una obligación adicional, comúnmente conocida como “obligación de retribución”, y que es justamente la que, según la recurrida, habría incumplido.

Indica que contra la Resolución N° 11759/2019 presentó recurso de reposición, el que fue rechazado, lo que nunca le fue notificado, tomando conocimiento en junio de 2021 cuando recibió una carta de cobro de la recurrida, por un monto de US$ 53.524.- A fin de agotar la vía administrativa, refiere que presentó un recurso de invalidación, y en subsidio un recurso de revisión, pero mediante Resolución Exenta N° 7822/2022, la recurrida rechazó de forma ilegal y arbitraria tanto su recurso de invalidación como su recurso de revisión, infringiendo en sus decisiones el artículo 63 del Código Civil.

A fin de evaluar las ilegalidades y arbitrariedades en que incurre la Resolución Exenta N° 7822/2022, señala: i) que las bases concursales del programa de Becas Chile del cual fue beneficiaria se aprobaron mediante Resolución Exenta N° 2142, de 2014, de CONICYT, ii) es el numeral 14 de esa resolución el que regula la “obligación de retribución”, iii) que la duración de su beca fue de un año y treinta días, iv) residiendo en la Región Metropolitana a su retorno, le correspondía una retribución de dos años, un mes y veintinueve días (equivalente a 791 días) y, v) considerando que su retorno al país fue el 7 de diciembre de 2014, cabe concluir que el plazo de retribución se cumplía con fecha 5 de febrero de 2017. Asevera que al retornar al país cumplió su obligación de retribución. No solo mantuvo su domicilio en domicilio reservado, sino que además se desempeñó -principalmente- en el sector público; específicamente en la Ilustre Municipalidad de Santiago. Gracias a ello, su retribución al Estado no solo fue algo formal -como lo es una mera permanencia en el país- sino que fue material -trabajando para un órgano público-. En efecto, por más de 18 meses, desde febrero de 2015 al 7 de agosto de 2016, prestó asesoría en dicho municipio como arquitecta en la Subdirección de Patrimonio. A propósito de los trabajos que le tocó realizar para la Municipalidad de Santiago, descubrió las posibilidades de apoyo técnico a proyectos de patrimonio sostenible que comenzaba a promover el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso, en agosto de 2016 decidió aceptar una invitación para integrarse como consultor en dicho organismo por un breve período, y aunque la oferta laboral significaba viajar a Estados Unidos por unos meses, aceptó la invitación de ese organismo en el entendido que una comisión laboral de carácter temporal no hace a uno perder la residencia en Chile, como expresamente lo reconoce el Código Civil. En ese sentido, confió que el trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo no significaba incumplir su obligación de retribución establecida en el numeral 14 de las bases concursales, pues su ausencia quedaba comprendida en la noción de lo temporal a que alude el Código Civil. Sin embargo, la recurrida sostiene de forma ilegal y arbitraria, contra texto expreso de su contrato laboral, que su trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo entre agosto de 2016 y febrero de 2017 no correspondía a una comisión temporal.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, y afirma que la conducta de la recurrida vulnera las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N° 24 y N° 2 de la Constitución Política, solicitando se declare admisible la acción de protección deducida, y previo informe de la recurrida, acogerla en todas sus partes, declarando: a) Que la Resolución Exenta N° 7822/2022 de 6 de septiembre de 2022 es arbitraria e ilegal, b) Que se deje sin efecto la misma, y las anteriores que le sirven de antecedente.

Segundo: Que, evacuando informe por la recurrida Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, comparece Juan Andrés Vial Pérez, abogado, quien previo a efectuar el análisis de los antecedentes invocados por la recurrente, alega la extemporaneidad de la acción de protección, pues lo que se impugna es la Resolución Exenta N° 11759/2019 de fecha 19/12/2019 y notificada en la misma fecha a la recurrente, y por ello la presentación de la acción constitucional, de fecha 02/11/2022, supera ampliamente el plazo máximo de interposición de la acción de protección.

Expresa, además, la inadmisibilidad del recurso de protección, pues lo discutido por la recurrente escapa a la naturaleza del remedio cautelar del procedimiento especial de protección, ya que en la especie no existe un derecho indubitado en debate, puesto que se trata de determinar si la becaria debe restituir o no los montos percibidos, cuestión que en ningún caso puede ser resuelta en el procedimiento especial de naturaleza cautelar.

En relación al fondo, señala que la duración de la beca de la recurrente fue de 1 año, 0 meses y 30 días, por lo que de acuerdo a la normativa concursal, le corresponde la obligación de permanecer en Chile por el doble de duración de la beca, esto es, 2 años, 1 mes y 29 días, o por el mismo periodo de la duración de la beca en el caso que la beneficiaria acredite su residencia en una región distinta de la Metropolitana. Según certificado del Departamento de Control de Fronteras que en su presentación incorpora, afirma que la becaria no cumplió íntegramente con su obligación de retribución al país, ya que sólo habría permanecido en Chile por 1 año, 7 meses y 24 días, de los 2 años, 1 mes y 29 días.

Manifiesta que la becaria pretende que el Estado de Chile considere una retribución realizada en términos distintos al establecido en la normativa concursal, sumando migajas de permanencias accidentales y esporádicas en Chile, sin tener en cuenta los cuantiosos recursos que los chilenos invierten en la formación de estos becarios. Así, de lo expuesto, se colige que no existe acto ilegal alguno en la forma que lo denuncia el recurrente, pues el Servicio cuenta con todas las atribuciones para efectuar la declaración de incumplimiento y solicitar el reintegro de los caudales dispuestos al beneficiario en razón de la beca, al verificar las hipótesis que dan lugar a dicha consecuencia jurídica.

Por lo expuesto, normas legales y jurisprudencia citada, solicita tener por evacuado informe.

Tercero: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida ello será desestimado, pues el acto terminal contra el que se recurre es la Resolución Exenta N° 7822/2022, de fecha 06 de septiembre de 2022, notificada con fecha 3 de octubre de 2022, que no dio lugar a solicitud de invalidación y rechaza recurso de revisión en contra de la Resolución Exenta N° 1427/2021, de nombre reservado, que resolvió recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta Nº 11759/2019, de CONICYT, que declaró el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca y solicitó la restitución total de los fondos conferidos. Habiéndose interpuesto el recurso el 2 de noviembre de 2022 resulta claro, entonces, que aún no había transcurrido el plazo de 30 días para su interposición.

Cuarto: Que, lo pedido por la actora, excede los márgenes de aplicación de esta acción extraordinaria, por cuanto no se trata de un conflicto urgente de orden constitucional que amerite un pronunciamiento por esta vía excepcional.

En efecto, en el caso de autos existe discusión acerca de los hechos que habrían motivado el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la normativa aplicable al concurso de becas para magíster.

La recurrente señala que el trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo no significaba incumplir su obligación de retribución establecida en el numeral 14 de las bases concursales, pues su ausencia quedaba comprendida en la noción de temporal a que alude el Código Civil. Lo anterior debe ser debidamente acreditado en un juicio de lato conocimiento, pues se reclama por ella el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Lo anterior evidencia que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser amparado a través de esta acción constitucional de urgencia.

Quinto: Que, por otro lado -como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema- este arbitrio constitucional en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, cual es la adopción de medidas concretas de seguridad y tutela.

Sexto: Que la situación específica de que se trata debe ser dirimida en un juicio de lato conocimiento, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido se aparta del marco legal de este recurso.

Séptimo: Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer a través de los procedimientos que la legislación les reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, el numeral 15.2 de la Resolución Exenta N° 2142, de 24 de junio de 2013, que Aprueba Adjudicación y Selección del Concurso Becas de Magíster en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2013, señala: “CONICYT se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución la totalidad de los beneficios económicos pagados (…) a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases…” y entre esas obligaciones está, precisamente, la permanencia en territorio nacional por el doble de duración de la beca.

La Agencia recurrida se encontraba, así, en el deber de hacer cumplir la normativa del concurso, velando, además, por el resguardo de los fondos públicos, solicitando la restitución de los caudales percibidos por los becarios cuando se incumplen las obligaciones que los rigen. El resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en las condiciones dispuestas en la normativa que faculta su otorgamiento.

De lo dicho, se concluye que la recurrida ha actuado prima facie ajustada a Derecho al observar lo dispuesto en las bases concursales citadas -considerando especialmente el certificado del Departamento de Control de Fronteras-, lo cual descarta un acto ilegal o arbitrario de su parte. Siendo así, resulta inoficioso referirse a una eventual vulneración de las garantías constitucionales reclamadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de fecha 2 de noviembre de 2022, folio 1, interpuesto por nombre reservado en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Joel González Castillo N° Protección 127917-2022 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino e integrada por la Ministra (s) señora Viviana Ibarra Mendoza y el Abogado Integrante señor Joel González Castillo. No firma el Abogado Integrante señor González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.