nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

A los folios 22 y 23: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece JORGE MANUEL LENA SALGADO, quien recurre de protección en favor de nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en el descuento por planilla de su remuneración, de cuotas de un crédito social cuya acción ejecutiva habría sido declara prescrita, alegando como conculcadas la garantías constitucionales del artículo 19 números 3° y 24º de la Constitución Política de la República.

Para fundar su recurso expone que la parte recurrente el 2018 suscribió un pagaré, que se pactó en 48 cuotas mensuales, respecto de las cuales habría caído en mora a partir de la cuota con vencimiento el día 30 noviembre de 2019.

Indica que el recurrido ingresó demanda ejecutiva con fecha 26 de junio de 2020, causa Rol: C-10006-2020, del 8º Juzgado Civil de Santiago, causa en que se acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva en la sentencia de fecha 19 de enero de 2022, la cual se encuentra ejecutoriada con fecha 30 de marzo de 2022 Refiere que, sin embargo, en su liquidación de sueldo correspondiente al mes de enero del año 2024, figura un descuento bajo la siguiente nomenclatura: “Creditos personales CCAF”, por la suma de $ 310.765, mientras que en su liquidación de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2024, figura otro bajo la siguiente nomenclatura: “Crédito Personal Caja Los Andes” por la suma mensual de $ 293.528. Ambos descuentos se habrían practicado sin aviso previo.

Solicita que se ordene a la recurrida:

1. Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de Servicios Fast Collecting Chile Limitada, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de remuneraciones al protegido.

2. Restituir los descuentos de remuneración cobrados los meses de enero y abril de 2024, en adelante.

3. Expresa condenación en costas.

Segundo: Que, evacúa informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes y solicita el rechazo de la acción por los antecedentes que expone.

Refiere que, con fecha 30.08.2018, otorgó a nombre reservado, el crédito código 240616715-4, por la suma de $5.457.597.-, a una tasa de 1.76%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $177.580.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.10.2018. Las cuotas 1 a 24 fueron pagadas, estando las demás en mora.

Arguye que se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones de cobro no se han declarado prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno.

Luego, contextualiza el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro según lo dispuesto en el referido artículo 22 de la Ley Nº 18.833.

Agrega que, sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, y asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, “desde marzo 2023” (sic).

Precisa que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, y que dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Por lo anterior, pide el rechazo del recurso por falta de oportunidad.

Tercero: Que, habiéndose decretado orden de no innovar el 15 de mayo del presente año, la parte recurrente ha hecho presente que en sus liquidaciones de mayo y junio del presente año, siguen figurando descuentos por “Crédito Personal Caja Los Andes”, por $308.326 y $305.201, respectivamente.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en cuanto al conflicto planteado, es un hecho de la causa que la CCAF Los Andes con fecha 30 de agosto de 2018, otorgó a la recurrente un crédito social por el monto total de $ 5.457.597, pagadero en 48 cuotas iguales y sucesivas de $177.580, con vencimiento a partir del 31 de octubre de 2018, incurriendo en mora a partir de la cuota N° 25.

Asimismo, a partir del mes de enero de 2024 el empleador procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente la suma de $310.765, indicando que corresponde a “Préstamo CCAF”, lo que reiteró en abril del mismo año.

Por otro lado, consta también de los antecedentes que el acreedor de la recurrente, con fecha 26 de junio de 2020, interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, esgrimiendo como título ejecutivo en el mismo pagaré, causa Rol C-10.006-20, que se sigue ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, accionando para el pago total de la obligación, demanda que fue notificado a la ejecutada y según consta de los antecedentes por sentencia de 19 de enero de 2022, se acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción.

Sexto: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

La Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”.

Séptimo: Que aun cuando el recurrido manifestó en su informe que restituiría las sumas descontadas, solo alude a la cuota de abril de 2024, en circunstancias que consta de autos que igualmente realizó descuentos en los meses de enero, mayo y junio del año en curso, siendo insuficiente afirmar que “ha dispuesto la restitución”, pues ello no consta en la acusa.

Octavo: Que, en efecto, conforme se viene razonando se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, no resulta procedente el descuento de cuotas cuando la recurrente como trabajadora dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario, sin que pueda revivir el sistema anterior de cobro previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

Noveno: Que de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones de la recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Décimo: Que como se viene razonando configurándose el actuar ilegal o arbitrario de la Caja de Compensación, la acción de protección será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por deducido en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solo en cuanto se ordena a la recurrida, restituir efectivamente dentro de décimo día, las cuotas descontadas y además, cesar en descuentos futuros.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-12790-2024.