COMERCIAL MAICAO LIMITADA con DIRECCION DEL TRABAJO

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.

Proveyendo a los escritos folios 70225, 69817, 69736 y 68646: a sus antecedentes.

Vistos y considerando:

Primero: Que se recurre de protección a favor de Comercial Maicao Limitada en contra de la Dirección Regional Del Trabajo Metropolitana Poniente, Inspección Comunal Del Trabajo Santiago Poniente, por la resolución administrativa N° 1679 de 15 de noviembre de 2016, por la cual se le comunicó que no corresponde notificar al Sindicato N° 1 de la empresa recurrente la respuesta al proyecto de contrato colectivo del empleador, por ser extemporánea, estimando que tal decisión vulnera las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Funda su acción en que en mayo pasado la Dirección del Trabajo le remitió un certificado de constitución del Sindicato Nº 1 de Comercial Maicao Limitada y su directorio y en agosto del mismo año, se le comunicó que la personalidad jurídica del sindicato existente desde el 2014 caducó el 29 de julio de 2015, no obstante considerarse válidos todos los actos realizados con anterioridad a esa fecha.

Refiere que el 23 de septiembre pasado el Sindicato Nº 1 le presentó a la empresa un proyecto de contrato colectivo, por lo cual la recurrente comunicó este hecho a los demás trabajadores que no forman parte de la agrupación sindical, para que dentro de 30 días presentaran nuevos proyectos o adhirieran al presentado, y vencido este plazo, comenzó a correr el término para dar respuesta al proyecto de contrato colectivo, el cual venció para la empresa el día 7 de noviembre de 2016. Señala que ese día citó a la comisión negociadora del Sindicato para entregar la respuesta del empleador, mas los directores sindicales se negaron. Ante ello, de acuerdo al artículo 329, en relación al artículo 324 inciso segundo del estatuto laboral, la recurrente solicitó a la Inspección Comunal que, atendida la negativa, notificara al Sindicato Nº1 la respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo, pero se negó lugar a ello por estimar que era extemporánea.

Sostiene que la arbitrariedad está dada porque la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente informó a MAICAO que el Sindicato constituido el 2014, con quien se celebró el 6 de noviembre de 2014 un contrato colectivo, había caducado, por lo que de acuerdo al criterio sostenido por la recurrida, el contrato colectivo cuando deja de existir una de las partes pierde su vigencia. No obstante, respecto de la negociación colectiva reglada con el Sindicato Nº 1, la Inspección aplicó un criterio diverso, dándole vigencia al instrumento colectivo de 2014, estimando inaplicable lo dispuesto en el artículo 320 inciso primero del Código del Trabajo.

Asimismo, entiende transgredidos los artículos 318, 320, 322, 330 y 324, todos del estatuto laboral, y los artículos 1° letra e) y 9° letra c) del D.F.L. N°2, de 1967 del Trabajo, y la Ley Nº 19.880.

Solicita la invalidación del ORD.N°1679 de 15 de noviembre último, adoptando las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas;

Segundo: Que, al informar el recurrido, solicita el rechazo del recurso, alegando, en primer lugar, la improcedencia de la acción de autos atendida la naturaleza del acto recurrido, toda vez que el recurso de protección busca proteger un derecho indubitado, sin embargo, en la especie, el actor busca revivir el proceso de negociación colectiva que se encuentra finalizado y que tiene un contrato colectivo plenamente vigente. En ese sentido hace presente que la actora dedujo una reclamación judicial ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, RIT I-628-2016, en los mismos términos que el presente recurso de protección.

En cuanto al fondo, en lo pertinente, explica que el 15 de noviembre último, la Inspección por el ordinario que se recurre por esta vía, informó que al existir vigente un contrato colectivo con el Sindicato caducado hasta el 7 de noviembre de 2018, no resulta aplicable el artículo 320 del Código del Trabajo, y en virtud de ello no corresponde realizar la notificación, a que se refiere el artículo 324 del mismo cuerpo legal.

Refiere las funciones de la recurrida relacionadas con la negociación colectiva establecidas en el artículo 330, en relación al artículo 324 inciso segundo, ambos del estatuto laboral, de manera tal que sólo puede notificar un proyecto de contrato colectivo o respuesta del mismo, cuando estas ocurran dentro de plazo, lo que no aconteció en la especie. Por lo anterior niega haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario, y por ende estima no haber vulnerado las garantías constitucionales invocadas;

Tercero: Que para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

Cuarto: Que del examen de la acción de protección deducido, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca la actuación de la Dirección del Trabajo por la cual comunica que no corresponde efectuar notificación de respuesta al proyecto de negociación colectiva, según dispone el artículo 324 del Código del Trabajo, por estimarla extemporánea;

Quinto: Que, de cara a las argumentaciones expresadas precedentemente corresponde anotar que los postulados de la parte impugnante obligarían a esta Corte a resolver sobre el fondo del asunto, declarando que la respuesta de la empresa recurrente mencionada fue presentada dentro de los términos legales, situación ésta que importaría necesariamente un juicio valorativo y declarativo en aplicación de las normas legales atingentes.

Lo anterior, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal según quedó consignado en el razonamiento primero de este fallo;

Sexto: Que a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos;

Séptimo: Que la doctrina ha seguido la tendencia jurisprudencial descrita y la principal razón estriba en que la tramitación del recurso, pensada para resolver situaciones evidentes y apremiantes de vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, no provee a la recurrida de las garantías propias de un justo procedimiento para hacer valer sus defensas. De esta forma, so pretexto del restablecimiento del imperio del derecho la recurrida puede ver quebrantados en sede de protección los derechos que le corresponden, si se tiene en cuenta que no estamos frente a un asunto palmario e imperioso.

En tal sentido, el profesor nombre reservado sostiene que “[…] conociendo de la acción de protección, el tribunal no dispone de los medios para agotar el conocimiento del asunto y la urgencia con que el caso de ser decidido. Por lo general el procedimiento es incompatible con un sopesamiento de todos los antecedentes de hecho y de derecho que inciden en el caso” (“El recurso de protección como medio de amparo de los contratos en Instituciones Modernas de Derecho Civil, Homenaje a nombre reservado”, Editorial Jurídica ConoSur, 1996, p. 333).

El profesor nombre reservado, por su parte, es categórico al afirmar que “El recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinales sino que, por el contrario, su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero –sea autoridad o particular– pretenda aplicar justicia por sí mismo.” (“Límites al recurso de protección en materia contractual”, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terra Nro. 6, 2002, p. 67);

Octavo: Que, seguidamente, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que encuentra los límites que le impone su propia naturaleza según se ha consignado y, en consecuencia, no es un medio idóneo para dilucidar sobre la procedencia de la notificación del proyecto de contrato colectivo, en los términos que pretende el actor. Máxime si se tiene en consideración que en la actualidad el asunto se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales a los que les corresponde en razón de la materia y a través de los procedimientos que expresamente contempla nuestro sistema procedimental, y a los que paralelamente ha recurrido el protegido haciendo uso de las vías recursivas pertinentes. En efecto, según da cuenta lo obrado en los autos RIT I-[cuenta reservada], RUC 16-4-0060926-I, seguidos ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, en dichos antecedentes se persigue exactamente lo mismo que por la presenta acción constitucional se pretende conseguir, según lo ha reconocido, por lo demás, el abogado recurrente en estrados. Es en dicha sede, en consecuencia, donde habrá de dilucidarse el asunto litigioso;

Noveno: Que de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia como la doctrina están contestes acerca de las fronteras del recurso de protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero. Lo cierto es que un recurso de protección que pretenda dirimir aquello que se ha planteado por la impugnante no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, solo por ese motivo no puede prosperar.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Comercial Maicao Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-127.727-2016.