nombre reservado con UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

Santiago, trece de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos y Teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 1, comparece don José Francisco Rodríguez Morales, abogado, actuando en representación de nombre reservado, chileno, estudiante, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Universidad Pedro de Valdivia, representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y en contra del Hospital de Ovalle, representado legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, fundado en una presunta privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los Derechos y Garantías Constitucionales de los números 1, 3, 4, y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, derivado de los actos arbitrarios e ilegales cometidos por la casa de estudios recurrida, el día 25 de noviembre de 2016, y por el nosocomio mencionado, el 22 de noviembre del mismo año.

Expone que el día 22 de junio de 2016, la Universidad Pedro de Valdivia informó al señor nombre reservado que debía presentarse en la ciudad de Ovalle el día lunes 27 de junio de 2016, para comenzar allí su internado de pediatría a partir del día martes 28 de junio de 2016. Indica que su mandante se presentó en las fechas indicadas, comenzando con su internado el día martes 28 de junio de 2016, asignándoseles turnos de trabajo, salas y rotaciones que tendría por cada unidad del servicio de pediatría del Hospital de Ovalle, realizando las labores que le fueron encomendadas sin problema alguno durante el transcurso de los días 28 y 29 de junio de 2016.

Señala que el día jueves 30 de junio de 2016, a eso de las 21:00 horas, luego de una extenuante jornada de trabajo y estudios, y en vista de que ya no quedaban pacientes por atender, la Dra. Loyola autorizó a su representado para retirarse a descansar a la residencia de internos, motivo por el cual éste permaneció en dichas dependencias descansando y compartiendo con sus compañeros. Añade que esa misma madrugada, alrededor de las 04:00 horas del viernes 1 de julio, la Dra. Loyola ingresó a la residencia donde se encontraba su representado y otro compañero, indicando, exaltada, que le habían informado sobre la desaparición de ciertos fármacos durante el turno recientemente transcurrido, apercibiendo a los oyentes para que confesaran en el acto en caso de haber sido alguno de ellos el culpable, situación ante la cual su representado se dirigió de inmediato a su casillero, para buscar su bolso personal y exhibir cada compartimiento del mismo, además de los bolsillos de su delantal y vestimenta personal, demostrando que no se encontraba en posesión de medicamento o insumo alguno del Hospital.

Afirma que, esa misma mañana, su representado recibió un correo de la Dra. nombre reservado, Directora de Carrera Sede Ovalle, donde se le explica que por los sucesos ocurridos, queda suspendido de sus actividades de pediatría, desde ese momento y hasta que finalice un supuesto sumario que habría comenzado ese mismo día, viajando éste posteriormente a la ciudad de La Serena, a reunirse con la Directora de Carrera, doña nombre reservado, quien le informó que estaba suspendido debido a lo indicado en dos memorándum que a ella le enviaron desde el hospital, los cuales nunca le fueron exhibidos.

Agrega que nunca se le explicaron los motivos por los cuales sólo se le suspendía a él y no a su otro compañero de turno, y que se le informó que se suspendería a todo el personal mientras durara la investigación sumaria, cosa que, en realidad nunca ocurrió. Precisa que posteriormente, solicitó declarar voluntariamente en el sumario incoado con el afán de que se encontrara al responsable y de esa manera regresar pronto a sus actividades académicas con el objeto de finalizar sus estudios, declaración que prestó el día 2 de agosto ante la fiscal encargada del sumario, la Dra. nombre reservado, Directora del Servicio de Pediatría del Hospital de Ovalle, quien le informó verbalmente que dicho hospital no lo ha suspendido, y que lo normal sería que durante la investigación, siguiera ejerciendo sus actividades de interno, lo que se contrapone con la resolución adoptada por la directora de carrera, Dra. nombre reservado.

Indica que, posteriormente, el día 25 de noviembre se concreta una reunión donde se imputa al señor nombre reservado directamente ser culpable, ello por parte de la directora de la carrera en Santiago, Dra. nombre reservado, y por el Dr. nombre reservado.

Añade que, finalmente, con fecha 22 de noviembre, se comunica al señor nombre reservado la resolución del sumario administrativo que era seguido por el Hospital de Ovalle en su contra, el cual, en definitiva, no señala que el señor nombre reservado haya sido encontrado culpable, pero sin embargo, dentro de las recomendaciones del informe final emitido por el Departamento Jurídico del Servicio de Salud de Coquimbo, está la de prohibir el ingreso del alumno nombre reservado, de la Universidad Pedro de Valdivia, a las dependencias del Hospital de Ovalle, a contar de la fecha de la misma resolución, señalándose que los hechos investigados serán puestos en conocimiento del Ministerio Público.

A consecuencia de lo antes expuesto, su representado se encuentra suspendido de seguir cursando la carrera de medicina en la Universidad Pedro de Valdivia, viéndose imposibilitado de continuar con su internado, última etapa que le resta en su formación de pre grado como médico, siendo, además, amenazado por las autoridades de la misma en el sentido de que con motivo de los hechos que se le imputan será, en definitiva, desvinculado de la institución, es decir, que no podrá terminar su carrera.

Agrega el recurrente que la forma correcta de actuar por parte de las autoridades de la casa de estudios referida, debió ser la realización de una investigación a cargo de la autoridad correspondiente, para lo cual la recurrida Universidad Pedro de Valdivia, debió haber formulado la denuncia respectiva ante la Fiscalía desde un comienzo, conforme lo dispone el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal; que, luego, la decisión comunicada a su representado, en orden a prohibir su ingreso a las dependencias del Hospital de Ovalle, fue dictada con motivo de un sumario interno, realizado por el Departamento Jurídico del Servicio de Salud de Coquimbo, imputándole hechos que, de ser ciertos, son constitutivos de delito, vulnerando con ello el debido proceso, garantizado por el artículo 19 N° 3, de la Constitución Política de la República, dado que don nombre reservado ha perdido su derecho a defensa, toda vez que le ha sido imposible saber con claridad cuáles son los fundamentos que apoyan esa decisión, y menos aún, intervenir en dicho procedimiento investigativo en forma suficiente, siendo juzgado, además, por una comisión especial, lo cual está proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.

Invoca el recurrente el artículo 13, Título III, del Reglamento de Ética y Conducta Estudiantil de la Universidad Pedro de Valdivia, que establece que: “El Rector de la Universidad, designará a un Académico de la Universidad con el objeto que éste instruya un sumario, sin forma de juicio, a fin de investigar los hechos o conductas denunciadas y proponga las sanciones o medidas aplicables al Rector de la Universidad.

Terminada la etapa de investigación, con o sin oír al denunciado, el Académico a cargo del sumario formulará los cargos que se le imputen, de los cuales se notificará al denunciado, quien tendrá el plazo de 5 días corridos para presentar sus descargos, los que serán elevados al señor Rector de la Universidad para la adopción de las medidas aplicables, determinación que no será objeto de recurso alguno”.

Afirma que la Universidad Pedro de Valdivia nada ha notificado a su representado, y tampoco se le ha dado lugar para realizar descargos, y menos aún se le ha comunicado con transparencia sobre la existencia o no de este sumario interno, manteniéndolo en una nebulosa de incertidumbre, comunicándole decisiones y fundamentos diversos y contrapuestos, ocultando hasta el día 22 de noviembre de 2016 que en realidad, el sumario lo estaba realizando el Hospital de Ovalle, y no la Universidad Pedro de Valdivia, de manera tal que, a juicio del recurrente, aún si se considerara que en los hechos la aplicación de este procedimiento sumario resultara legítimo, el mismo no se ha desarrollado en la forma que la institución señala en su reglamento, causando con ello indefensión a su representado, viéndose imposibilitado de intervenir en el proceso que se sigue en su contra.

Alega que todo lo antes expuesto ha denigrado como persona y como estudiante a su representado, quedando claro que éste está siendo víctima de una persecución por parte de las autoridades de la casa de estudios, empujándolo a una situación desesperada de incertidumbre y desinformación, debiendo el afectado recurrir a todos los medios a su alcance para obtener de las autoridades de la Universidad, una respuesta que le otorgue transparencia sobre los procesos que se siguen en su contra y los cargos que se le imputan, y de esta forma, poder elaborar una defensa, afectando, incluso, su situación familiar.

Sostiene que la recurrida, Universidad Pedro de Valdivia, ha infringido arbitraria e ilegalmente las siguientes libertades y derechos que asegura nuestra Carta Fundamental a todas las personas, privando, perturbando y amenazando a nombre reservado en el legítimo ejercicio de: a) El respeto y protección a la honra de su persona, consagrado en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, resultando desajustada a derecho la campaña que se ha dirigido en contra de su defendido, con el fin de mermar su honra, acusándolo de un robo que no se ha comprobado en virtud de un procedimiento en el cual no se le ha permitido intervenir, más aun, tachándolo directamente de ladrón, sin tener sentencia alguna de respaldo para sostener ello; b) El respeto y protección a la integridad psíquica de la persona, contemplado en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la integridad espiritual de su representado se ha visto conculcada a raíz de los malos tratos y degradaciones públicas efectuadas en su contra por las recurridas con el fin de obtener su desvinculación de la casa de estudios en que cursa sus estudios; c) La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, contemplado en el numeral 3°, inciso quinto, del artículo 19 de la Constitución Política, en tanto su representado se encuentra en un proceso de enjuiciamiento, comandado por una comisión especial, integrada y azuzada por las recurridas, y se han adoptado medidas coercitivas a su respecto sin comunicar fundamento alguno, ni menos permitir que éste realice los descargos pertinentes; y, d) El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales y, en lo atingente, en cuanto a que “Nadie puede ser en caso alguno privado de su propiedad o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificadas por el legislador”, garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, afirmando que el derecho de propiedad en este caso recae sobre los estudios del recurrente y avance de los mismos, toda vez que éste se encuentra cursando su último año de carrera, figurando actualmente como alumno regular de la Universidad Pedro de Valdivia, restando únicamente el cumplimiento de su período como interno para cumplir con los requisitos necesarios para obtener su título de médico, sin embargo, en una actuación ilegal y arbitraria, la recurrida lo privó de este derecho.

Solicita en definitiva se acoja la presente acción cautelar y se declare que hubo transgresión de sus garantías, adoptando las medidas necesarias para el cese de toda difamación y denigración en su calidad de alumno, así como toda perturbación, amenaza o privación en el derecho de propiedad que le corresponde sobre su carrera académica, ordenando que se paralicen los efectos de cualquier acto que tenga por objeto disponer la imposición de sanciones administrativas a su representado, disponiendo que las recurridas deben disculparse públicamente en algún medio de comunicación escrito, para restaurar en parte la honra del recurrente.

Segundo: Que, evacuando su informe, el Hospital de Ovalle, representado por el abogado don Alejandro Villegas Contreras, señala que el día 22 de noviembre de 2016, el señalado hospital le dio a conocer a la Directora de la carrera de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia en La Serena, doña nombre reservado, la decisión del Hospital de Ovalle de no permitir el ingreso a éste del recurrente, en su calidad de alumno interno de la carrera de medicina de dicha universidad, a objeto de impedir que realizara allí su internado, decisión que se tomó a raíz de los graves hechos acreditados en el sumario administrativo ordenado por medio de la Resolución Exenta N° 2.707, de fecha 30 de junio de 2016 del Hospital de Ovalle.

Hace presente que este sumario se inició con la finalidad de esclarecer la denuncia realizada por la Jefe Subrogante de la Unidad de Emergencia del Hospital de Ovalle, que señalaba la sustracción de medicamentos controlados desde la Unidad de Emergencia, sindicando como el principal sospechoso a un interno de Medicina (alumno) de la Universidad Pedro de Valdivia, don nombre reservado, sumario que concluyó que el responsable de los hechos investigados era este último, atendida la declaración realizada por doña nombre reservado, funcionaria del Hospital de Ovalle, y las demás evidencias del proceso.

Agrega que, como el señor nombre reservado no cuenta con la calidad de funcionario del Hospital de Ovalle, se propuso el sobreseimiento del sumario, pero con la expresa mención que debía realizarse la denuncia de los hechos al Ministerio Público, y que se prohibiera su ingreso a las dependencias del Hospital de Ovalle, obviamente que en su calidad de alumno interno, a raíz de los graves hechos establecidos, por lo que, sostiene el informante, el Hospital de Ovalle no ha realizado ningún hecho anómalo, y la medida adoptada es proporcional a la gravedad de los hechos.

Alega además, la incompetencia territorial del tribunal ante el cual se ha interpuesto el recurso, en tanto ninguno de los actos que se atribuyen a su representada se ha realizado en la Región Metropolitana, sino que en la Región de Coquimbo, por lo que el tribunal competente para conocer de un recurso de protección entablado en contra del Hospital de Ovalle es la ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena.

Expone que de la lectura del recurso, queda en evidencia que en él no se especifica con claridad cuál sería el acto atentatorio de las garantías constitucionales que dice conculcadas, que en algunos pasajes aparece como objetado el hecho de que el Hospital de Ovalle haya iniciado un sumario administrativo, y en otros, las reuniones y comunicaciones que mantuvo el recurrente con las autoridades de la Universidad Pedro de Valdivia, y luego, la suspensión en su calidad de alumno por parte de la misma Universidad.

Solicita se rechace el presente recurso de protección interpuesto en contra del Hospital de Ovalle, y se condene expresamente en costas al recurrente.

Tercero: Que, evacuando informe en representación de la Universidad Pedro de Valdivia, don nombre reservado, abogado, señala que el recurrente es alumno regular de la carrera de Medicina, Sede Santiago, ingresando el segundo semestre del año 2015, por admisión especial, dado que tenía la condición de Licenciado en Medicina de la Universidad de La Frontera, en la que, para la obtención de su título profesional de Médico Cirujano, había realizado dos internados y, al presentar reprobación en dos oportunidades de uno de sus períodos de práctica profesional, habría sido eliminado de la carrera de Medicina.

Indica que el recurrente inició sus actividades académicas en esa Universidad en el segundo semestre del año 2015, en la Sede Santiago, y fue asignado a la rotación práctica de Pediatría (Internado de Pediatría), que se realiza en el Hospital de Talagante, servicio que decidió que el recurrente no podría concluir su internado de pediatría en dicho Hospital, al haber sido calificado en la rúbrica del internado con nota mínima 1,0 (uno coma cero), lo cual conlleva a la reprobación de la asignatura, ello debido a la existencia de varias situaciones irregulares evidenciadas en el comportamiento, asistencia, y calidad académica del interno nombre reservado, dado lo cual el Consejo de la Facultad de Medicina decide que su internado de Pediatría estaba reprobado, y que, por lo tanto, debía incorporarse al internado de Ginecología y Obstetricia durante el primer semestre de 2016, en el Hospital de Ovalle, campo clínico vinculado a la Sede La Serena de esa Universidad, iniciando el alumno, en marzo de 2016, el internado de Ginecología y Obstetricia, el cual fue reprobado por rendimiento académico deficiente y falta de competencias, hecho que es reconocido por el alumno vía correo electrónico, por lo que, el alumno nombre reservado, debió cursar el internado en segunda oportunidad, en el mismo campo clínico, pero esta vez fue asignado a Pediatría.

Afirma que, con fecha 30 de junio de 2016, el Hospital de Ovalle informó a la Directora de Carrera de Medicina, Sede La Serena, que al referido interno se le había sido había suspendido la autorización de pasantía en dicho recinto, tanto de la Unidad de Emergencias, como del Servicio de Pediatría, por haberse iniciado un sumario administrativo al constatarse la sustracción de medicamentos psicotrópicos opiáceos, como Petidina, Morfina y Midasolám, desde el “carro de paro” del Servicio de Urgencias, hechos en los cuales, presuntivamente, habría tenido alguna participación el alumno recurrente, dado que paramédicos lo vieron rondando en forma permanente el lugar donde se mantienen los medicamentos controlados y el “carro de paro”, existiendo, incluso, el testimonio de una de las paramédicos, que afirmó haberlo visto romper el sello del “carro de paro” y extraer medicamentos.

Sostiene que, ante la gravedad de los hechos denunciados, la Jefe (S) de la Unidad de Emergencias del Hospital, Dra. nombre reservado, y la Jefe del Servicio de Pediatría, Dra. nombre reservado, con fecha 30 de junio de 2016, envían los memorándum N° 326 y 179, respectivamente, indicando que se suspendía al interno nombre reservado la pasantía en sus turnos durante el tiempo que se extendiera el sumario administrativo ya iniciado, situación que es comunicada al estudiante, y se le requiere que vuelva a su ciudad de origen (Santiago), mientras se aclara el incidente, ya que tiene imposibilidad de ingresar al Campo Clínico (Hospital de Ovalle).

Que, durante período en el cual se llevó a cabo el sumario administrativo por parte del Hospital de Ovalle, la Dirección de Carrera tomó la decisión de suspender el internado del recurrente, en base a la gravedad de los hechos denunciados, y teniendo en consideración los antecedentes académicos que le precedían, ello de conformidad a la facultad que le confiere el artículo 25 del Reglamento Académico General de Prácticas de la Universidad Pedro de Valdivia.

Señala que, finalmente, con fecha 23 de noviembre de 2016, el Director (S) del Hospital de Ovalle comunica a su representada el resultado del sumario administrativo N° 8/2016, incoado por la sustracción de medicamentos durante el turno realizado el día 29 de junio de 2016, mediante el Oficio N° 2532, de fecha 22 de noviembre de 2016, donde se prohíbe el ingreso al alumno nombre reservado a las instalaciones del Hospital de Ovalle, desde esa fecha.

Sostiene el informante que, así las cosas, queda de manifiesto que la suspensión de práctica impuesta al señor nombre reservado no vulnera ningún derecho suyo, teniendo causas claramente fundadas en la contravención de la normativa reglamentaria respectiva, las que han sido comunicadas y solicitadas por un establecimiento de salud pública, y que el hecho de culminar y aprobar una asignatura determinada no es un derecho del alumno, sino una legítima expectativa que podría o no llegar a concretarse, lo que dependía del grado de cumplimiento de los requisitos académicos de la misma, conforme a lo establecido en el Plan y Programa de Estudios respectivo, conocido de antemano y al cual el estudiante libremente adhirió desde el momento de su matrícula en la Universidad, suscribiendo un contrato de prestación de servicios educacionales.

Finalmente, afirma que es evidente que el recurso carece de objeto, puesto que no es efectivo lo que se indica en él, en cuanto a que esa parte haya incurrido en algún acto u omisión ilegal o arbitrario de los que señala el recurrente y, en ningún caso, por lo tanto, se han vulnerado las garantías constitucionales alegadas, solicitando tener por evacuado el informe requerido, y no dar lugar al recurso de protección deducido, por cuanto la institución recurrida, en ningún momento ha obrado ilegal y/o arbitrariamente causando una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales alegados por el recurrente, toda vez que no es efectivo que se han cometido los hechos que se señala en lo principal del recurso de protección, con costas.

Cuarto: Que, con el mérito de los antecedentes que se han expuesto, queda de manifiesto que no ha existido por parte de las recurridas, a saber, Hospital de Ovalle y Universidad Pedro de Valdivia, acto arbitrario o ilegal que pueda estimarse como capaz de afectar los derechos garantizados constitucionalmente al recurrente, actos que el mismo ni siquiera ha sido capaz de singularizar e identificar de manera específica, estimándose en tal sentido que ambas instituciones han obrado dentro de sus atribuciones y el marco legal que las regula, con suficiente fundamento y razonabilidad, todo lo cual lleva a descartar arbitrariedad o ilegalidad alguna en su actuar, atendido el mérito de los antecedentes ya referidos y la gravedad de las imputaciones y antecedentes académicos, lo que resulta suficiente para rechazar el presente recurso.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, ha de tenerse presente que en términos generales, para que proceda el recurso de protección, es menester que se hayan realizado actos o incurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho indubitado del reclamante que se encuentra garantizado y amparado por el texto constitucional, lo que en la especie no ha ocurrido.

Sexto: Que, por otra parte, el recurrente ha reclamado se le han vulnerado sus derechos de respeto y protección a la integridad psíquica de la persona, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el respeto y protección a la honra de su persona, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, consagrados en los numerales 1°, 3°, 4°, y 24°, del artículo N° 19 de la Carta fundamental, respectivamente, al haber sido suspendido de las actividades que realizaba en calidad de interno, en el servicio de pediatría del Hospital de Ovalle, como consecuencia de un sumario administrativo instruido por el Servicio de Salud de Coquimbo en dicha institución, a raíz de los hechos que describe, en el que se ha visto imposibilitado de intervenir en su defensa, investigación que a su juicio debió realizarse por la casa de estudios a la que pertenecía, esto es, la recurrida Universidad Pedro de Valdivia, viéndose con ello impedido de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el título profesional de médico.

Séptimo: Que, en relación a la prueba aportada, con la documentación acompañada tanto por el recurrente de autos, así como por las recurridas, es posible dar por establecido que durante el transcurso del mes de junio del año 2016, y en circunstancias que el recurrente nombre reservado, alumno de la carrera de medicina impartida por la Universidad Pedro de Valdivia, cursaba una pasantía en el Servicio de Pediatría del Hospital de Ovalle, en calidad de interno, fue suspendido de tales actividades a consecuencia de hechos acontecidos durante el turno de noche del día 29 del mes y año antes señalados, relacionados con la pérdida, extravío y/o sustracción de medicamentos controlados del carro de paro, en concreto de Petidina, Morfina, Midazolam, y Diazepam, y que dieron origen al sumario administrativo N° 8/2016, en virtud de Resolución Exenta N° 2702, de 30 de junio de 2016, instruido en el referido Hospital de Ovalle, y como resultado del cual el Servicio de Salud de Coquimbo, recomienda al señalado servicio prohibir el ingreso del recurrente nombre reservado a las dependencias del Hospital, informando a las autoridades de la Universidad Pedro de Valdivia.

Octavo: Que, conforme a la secuencia de hechos referidos, y a diferencia de lo sostenido por el recurrente, el Hospital de Ovalle, atendida la gravedad de los hechos antes descritos informados por la Jefa (S) de la Unidad de Emergencias de dicho recinto hospitalario, ha procedido conforme las normas previstas al efecto por la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, incoando el procedimiento correspondiente, a objeto de investigar los hechos denunciados y establecer las eventuales responsabilidades administrativas que de ellos se derivaren, instancia en la que al recurrente no fue posible aplicarle sanción alguna, toda vez que carecía de la calidad de funcionario público.

Así, en el contexto de dicho procedimiento disciplinario, sólo cabía respecto de este último recabar su declaración voluntaria, como efectivamente ocurrió, según el propio recurrente lo afirma, y tal como consta del señalado sumario administrativo agregado a los autos, resultando según se dijo, imposible a su respecto formulación de cargo alguno, ni aplicación de medida disciplinaria, por no revestir la calidad de funcionario público necesaria para perseguir su responsabilidad administrativa, en el caso de haberse así determinado como resultado de la investigación.

Noveno: Que de esta forma, y teniendo en consideración la ineptitud y poca inteligencia y claridad del recurso que nos ocupa, en cuanto a que ningún acto administrativo concreto ha sido objeto de reproche en el petitorio del mismo, como tampoco se ha solicitado medida concreta a adoptar relativa al centro universitario aludido, como del servicio de salud o del recinto hospitalario en comento, no se advierte acto ilegal o arbitrario de ninguna naturaleza que hubiere amenazado, perturbado, o vulnerado, los derechos o garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Que, de igual forma, similar situación se advierte respecto de la casa de estudios recurrida en autos, la Universidad Pedro de Valdivia, en tanto se ha limitado a cumplir con las medidas que le fueran informadas en su oportunidad por el Hospital de Ovalle respecto del interno Palinni Muñoz, sin que correspondiera a la señalada Universidad intervenir de modo alguno en el sumario administrativo al que se ha hecho referencia con antelación. No obstante ello, la Dirección de Carrera tomó la decisión de suspender el internado del recurrente, en base a la gravedad de los hechos denunciados, y teniendo en consideración los antecedentes académicos que le precedían, todo ello de conformidad a la facultad que le confiere el artículo 25 del Reglamento Académico General de Prácticas de la Universidad Pedro de Valdivia, de manera tal que dicha casa de estudios se limitó a la aplicación del Reglamento mencionado, aplicable a todos los alumnos de la referida universidad, el cual estaba lógicamente en conocimiento del recurrente, al suscribir el respectivo contrato de prestación de servicios.

Décimo: Que, nuestra Jurisprudencia, ha sostenido reiteradamente que el recurso de protección fue creado para evitar el daño que se pudiere originar, por actos u omisiones ilegales o arbitrarias, respecto del legítimo ejercicio de derechos que se encuentran establecidos indubitadamente, situación que en la especie no se cumple. En consecuencia, se trata de una acción que genera un proceso de emergencia de tipo inquisitivo, rápido, no apto cuando se están discutiendo derechos, ya que por la vía de protección no pueden reemplazarse procedimientos de lato conocimiento que requieren una ponderación de medios de prueba; en consecuencia, no puede pretenderse desviar la acción de protección con fines constitutivos o declarativos de derechos.

Undécimo: Que amén de lo ya señalado, a mayor abundamiento, la acción deducida no resulta ser la vía idónea para dilucidar el agravio al derecho que invoca conculcado la recurrente.

Por estas argumentaciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado, en representación de nombre reservado.

Redacción de la Ministro señora Viviana Toro Ojeda.

No firma el Ministro (s) señor Gray, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-127.581-2016.