nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticuatro.

Al folio 19: a lo principal, primer y segundo otrosí, téngase presente. Al tercer otrosí, a sus antecedentes.

Al folio 20: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, enfermera, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber retenido y compensado en forma ilegal y arbitraria la suma de $1.853.600, que le debía ser pagada en virtud de una transacción judicial alcanzada en un juicio laboral. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que el monto en cuestión no correspondería a la devolución de impuestos a la renta anual del año 2024, ni a deudas vencidas o cobradas judicial o extrajudicialmente por la recurrida, vulnerando con ello su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el presente recurso y se ordene el reintegro de la suma retenida, con los incrementos, intereses y reajustes que correspondan.

Expone que el 10 de marzo de 2023, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa RIT Nro. O-1660-2023, interpuso demanda laboral de continuidad laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. Proceso en el que el 17 de enero de 2024 las partes alcanzaron una transacción judicial, obligándose la demandada a pagar la suma total de $1.853.600, la que fue aprobada por el tribunal mediante resolución judicial de 19 de enero de 2024.

En este contexto, explica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitió al Juzgado de Letras del Trabajo la Resolución Exenta Nro. 1057 de 8 de abril de 2024, ordenando a la Tesorería General de la República pagarle la suma antes indicada. Sin embargo, el 9 de mayo de este año, al ingresar al portal de la Tesorería General de la República, se percató que el dinero había sido retenido y compensado a su deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Estima que aquello constituye un acto ilegal y arbitrario, pues el monto retenido y compensado no corresponde a su devolución de impuestos a la renta, sino al pago de una transacción judicial arribada en un proceso laboral y que, si bien reconoce que mantiene una deuda por Crédito con Aval del Estado, lo cierto es que esta no se encuentra vencida en su totalidad.

De esta forma, afirma que el actuar de la recurrida contraviene lo dispuesto en los artículos 17 y 18 bis de la Ley Nro. 20.027, que establecen que la Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta anual del deudor los montos que se encontraren impagos y que dicho servicio solo puede exigir el cobro de la deuda mediante la interposición de acciones de cobranza judicial o extrajudicial. Situaciones que no se configurarían en la especie.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la retención y compensación informada y percibida por la recurrida respecto de la suma de $1.853.600 de propiedad de la recurrente es ilegal y arbitraria, ordenando a la recurrida el reintegro de dicha suma a la recurrente, con los incrementos, intereses y reajustes que correspondan.

Segundo: Que, a su turno, evacuando el traslado conferido, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, argumentando, en síntesis, que no ha incurrido en acto u omisión arbitraria o ilegal alguna que haya vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente, por cuanto la compensación realizada entre la deuda morosa que ésta mantenía por concepto de crédito con aval del Estado y los fondos que debían serle pagados en virtud de la Resolución Exenta Nro. 1057 de la Subsecretaría de Justicia, constituye el legítimo ejercicio de una facultad conferida expresamente por la ley a la Tesorería General de la República, y que el recurso es, además, improcedente por inexistencia de un derecho indubitado de la recurrente que haya sido conculcado por la actuación impugnada.

En apoyo de sus alegaciones, la recurrida explica en extenso el funcionamiento del sistema de créditos con garantía estatal para estudios superiores creado por la Ley Nro. 20.027, indicando que en caso de incumplimiento por parte del deudor y una vez agotadas las acciones de cobranza prejudiciales y judiciales por la institución financiera acreedora del crédito, la Comisión Administradora del Sistema aprueba el pago de la garantía estatal mediante el acto administrativo respectivo, el cual es comunicado a la Tesorería General de la República para que registre el monto de la obligación impaga en la Cuenta Única Tributaria del deudor como un crédito fiscal a través de un formulario Nro. 34.

Sostiene que en el caso de marras, al momento de verificarse el pago ordenado por la Resolución Exenta Nro. 1057, la Tesorería procedió a compensar la deuda morosa de la recurrente registrada en el formulario 34 Nro. 408672, proveniente del pago de la garantía estatal desembolsado por el Fisco, con los fondos que debían serle pagados en virtud de dicha resolución, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías en concordancia con el artículo 1656 del Código Civil, por cuanto concurrían en la especie los requisitos legales para que opere la compensación, a saber, la existencia de deudas recíprocas entre la recurrente y el Fisco, ambas líquidas, actualmente exigibles y consistentes en dinero.

Argumenta que la facultad de compensación encuentra su fundamento, además, en el artículo 2° Nro. 2 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y en el artículo 35 del D.L. Nro. 1263 Orgánico de Administración Financiera del Estado, que entregan a dicho Servicio la atribución de efectuar la cobranza de los créditos del sector público y que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha confirmado en reiteradas ocasiones que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el ejercicio de esta facultad legal por parte de la Tesorería, citando al efecto diversas sentencias en tal sentido.

Adicionalmente, la Tesorería argumenta que el banco respectivo había iniciado acciones judiciales contra la recurrente, citando específicamente la causa Rol C-12083-2022 del 23° Juzgado Civil de Santiago, donde la deudora fue debidamente notificada, lo que -a en su opinión- demostraría que se han cumplido los requisitos legales para hacer efectiva la garantía estatal y proceder a la compensación.

Por otra parte, sostiene que el recurso es improcedente atendida la inexistencia de un derecho indubitado de la recurrente que haya sido vulnerado, por cuanto existe una controversia jurídica acerca del alcance de las facultades de la Tesorería en materia de compensación, lo que no resulta propio dilucidar por esta vía cautelar.

Finalmente, afirma que no se advierte de qué modo podría existir una vulneración del derecho de propiedad de la recurrente, por cuanto la propia ley autoriza a alterar esta garantía tratándose del cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas, regulando los mecanismos de privación de los dineros y su compensación como una modalidad de pago de una obligación morosa.

En mérito de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso en todas sus partes.

Tercero: Que conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, como es posible advertir del mérito de los antecedentes, en la especie, la actuación que se reprocha a la Tesorería General de la República dice relación con la retención y compensación efectuada respecto de la suma de $1.853.600 ordenada pagar a la recurrente por Resolución Exenta Nro. 1057 de la Subsecretaría de Justicia, en virtud de una transacción judicial alcanzada en la causa RIT O-1660-2023 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por concepto de una deuda que ésta mantendría por crédito con aval del Estado, la cual estima ilegal y arbitraria por cuanto dicha compensación se habría realizado sobre fondos que no provienen de la devolución anual de impuestos a la renta, sin que la referida deuda por crédito estudiantil se encontrare vencida ni se hubiere iniciado en su contra acciones judiciales o extrajudiciales de cobro.

Quinto: Que, al efecto, el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994, dispone que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Añadiendo el artículo 7° siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

Sexto: Que dichas normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales.

Por esta razón la referencia en el artículo 6° citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7° que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”.

Séptimo: Que, aun cuando lo hasta aquí argumentado resulta ser suficiente para acceder a la petición del recurrente, debe tenerse también en consideración —como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal— que en este tipo de asuntos debe examinarse la viabilidad de la compensación tributaria, desde que “[l]a Ley N° 20.027, tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad. Así pues, surge el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal.

Es así que, una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1° del artículo 17 de la citada ley, dispone:

“La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda […]’”. (Sentencia Corte Suprema Rol Nro. 206.904-2023).

A lo anterior añade la Corte Suprema que “[…] de lo dicho, surge que a partir de la promulgación de la Ley N° 20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías y el artículo 34 del D.L. N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general” (Sentencias Corte Suprema Roles Nros. 150.310-2020 y 12.513-2021), en este mismo sentido se ha pronunciado el máximo Tribunal en las causas Roles Nros. 182.628-2023, 217.727-2023, 178.236-2023 y 175.420-2023.

Octavo: Que en esa dirección y dado que la Tesorería hace extensiva la aplicación de la norma más allá de los contornos que le son propios, por cuanto ha pretendido compensar deudas de origen laboral, su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ciertamente, como consecuencia de la indebida compensación de obligaciones, efectuadas por el servicio de tesorería, la actora se vio privada de percibir los montos obtenidos con ocasión de transacción judicial acordada en autos RIT Nro. O-1660-2023 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. A lo anterior debe adicionarse que la norma aludida protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, particularmente si estos han sido incorporados en el patrimonio de la actora producto de su trabajo, lo que les confiere especial relevancia al estar vinculados a sus necesidades básicas y de subsistencia.

La circunstancia que el banco haya iniciado acciones judiciales contra la recurrente en nada altera lo razonado, pues aquel hecho, por sí solo, no justifica la compensación realizada, ya que la existencia de aquel proceso judicial no altera la naturaleza del monto compensado, en tanto proviene de una transacción laboral y no de una devolución de impuestos, como lo establece el artículo 17 de la Ley N° 20.027.

Todo lo anterior conduce a concluir que el recurso intentado debe ser acogido.

Noveno: Que las alegaciones sobre el Crédito con Aval del Estado, a pesar de que corresponden a asuntos de lato conocimiento, no tienen real incidencia desde que el motivo por el cual se establece la improcedencia de la compensación ha discurrido por otra vía, esto es, la aplicación indebida de normas tributarias a montos provenientes de una transacción judicial laboral.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido por nombre reservado en contra la Tesorería General de la República, disponiéndose que esta última debe dejar sin efecto la compensación efectuada con los fondos destinados al cumplimiento de la transacción aprobada en los autos RIT Nro. O-1660-2023 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en favor de la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-12747-2024.

Pronunciada por la Undécima Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, el Ministro (S) señora Lidia Poza Matus y el Abogado Integrante señor Jorge Andrés Hales De La Fuente.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.