nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 11; téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado la solicitud de retiro de fondos de la extranjera protegida.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, siéndole informado el 2 de mayo de 2025 del rechazo de su solicitud, indicándose que el motivo fue que “La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y/o la declaración jurada ante notario, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostilla o legalizado, según corresponda”.

Invoca lo establecido en el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de inscripción en el IVSS, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, citando lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil.

Indica que la recurrente presenta el documento debidamente legalizado a través de declaración jurada ante notaria chilena, indicando que se puede verificar la existencia de la afiliación, pues la planilla ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto de Venezolano de Seguridad Social (IVSS) en plataforma http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss Se refiere a los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, y precisa que el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Contrato de trabajo. 2. Anexo de contrato individual de trabajo 3. Certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), legalizado ante notario chileno. 4. Declaración jurada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 5. Título Profesional.

Sostiene que la protegida ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma.

Indica que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, actuando de forma caprichosa a fin de que pueda disponer de su propiedad privada.

Señala que la acción de protección fue presentada dentro del plazo establecido en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En cuanto al acto recurrido, indica la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, AFP Modelo, en virtud del rechazo en la Solicitud de Devolución de Fondos.

Respecto del derecho vulnerado, manifiesta que es la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, y el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días o el que se estime conforme al mérito de autos, y, en general, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacuó el informe respectivo, señalando que el 28 de abril de 2025, la recurrente presentó la solicitud de devolución de sus fondos previsionales, quedando registrada bajo el N°23822, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas por el empleador COMERCIAL JOSEFINA LTDA., correspondientes al período cotizado comprendido entre agosto de 2018 y mayo de 2025.

Indica que para estos efectos acompañó: título de profesional apostillado; Constancia Electrónica de Cotizaciones, de fecha 17 de abril de 2025; Declaración jurada, de fecha 17 de abril de 2025, y Contrato y anexo suscrito con el empleador Comercial Josefina Ltda., Rut RUT reservadoA continuación, relata que luego del análisis de los documentos mencionados, la AFP Modelo dio respuesta negativa a la solicitud mediante Memorándum N°12773, rechazando la solicitud de devolución de fondos debido a que la recurrente acompañó a su solicitud el documento llamado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, documento que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas con que cuenta el afiliado, sino que señala de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, por tanto, carece de validez en nuestro país.

Manifiesta que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo primero de la Ley N°18.156, esto es, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sostiene que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, que se ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y por la jurisprudencia administrativa.

De esta manera afirma que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni ha realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma.

Acorde a lo expuesto, asevera que procede la exención de la obligación de cotizar siempre que se reúnan los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156 y sostiene que, en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, es que AFP Modelo, debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N°3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas especiales, y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Concluye que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce a la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, de los antecedentes acompañados al recurso, así como del informe evacuado por la recurrida, se constata que con fecha 28 de abril de 2025 la actora, de nacionalidad venezolana, solicitó a AFP Modelo la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando una “constancia electrónica de cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales —entidad previsional venezolana—, y no un certificado de afiliación al mismo, además de su contrato de trabajo y anexo, su título profesional y una declaración jurada.

A su vez, consta que la solicitud fue rechazada por Memorándum N°12.773, de 2 de mayo de 2025, fundándose principalmente en que: “1.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y/o la declaración jurada ante notario, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostilla o legalizado, según corresponda”, lo cual fue corroborado al momento que la recurrida evacuó su informe.

Respecto al documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, la AFP indica que aquel no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas con que cuenta la afiliada, sino que, por el contrario, señala de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, el cual no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, estimando que por ello carece de validez en nuestro país.

QUINTO: Que, según consta en el informe evacuado por la recurrida, la decisión de rechazo se sustentó, además, en los pronunciamientos que ha emitido la Superintendencia de Pensiones mediante Oficios y N°3.141, de 2024, N°21.480, de 2017, y N°4277, de 2025, en los que se ha precisado que el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 exige acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente, la cobertura efectiva y continua durante toda la relación laboral en Chile, por todos los riesgos señalados en la ley, y a todo evento, señalándose expresamente que no es suficiente un documento que indique de forma genérica las prestaciones del sistema extranjero, ni uno que condicione la cobertura al cumplimiento de requisitos internos.

SEXTO: Que, en este contexto, la revisión de los antecedentes permite concluir que los documentos acompañados no cumplen con elementos mínimos para corroborar su otorgamiento y validez, y así poder acreditar la efectividad de la afiliación previsional y las coberturas mínimas exigidas por la Ley N°18.156 y por la normativa sectorial de la Superintendencia de Pensiones, pues no se encuentran debidamente autorizados ni apostillados. En la misma línea, y aun manteniendo el cuestionamiento señalado precedentemente, se ha podido corroborar que los antecedentes acompañados no dan cuenta de una cobertura integral y sin limitaciones temporales o condicionales por los riesgos exigidos, en los términos definidos por la normativa vigente y la interpretación vinculante de la Superintendencia de Pensiones, organismo que ejerce la supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones conforme al D.L. N°3.500.

SÉPTIMO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Modelo, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte estima que la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por tales consideraciones, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado, deducido en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección – Rol N°12.743-2025.