ESCUELA PARTICULAR 315 NUESTRA SRA. DE GUADALUPE con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO NORTE

Santiago, siete de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado en representación de la Escuela Básica N°315, Nuestra Señora de Guadalupe, ambas domiciliadas en domicilio reservado y deduce recurso de protección contra la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, representada por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido esta última al haber dictado la Resolución de Multa N° 4240/18/110, de 5 de noviembre de 2018, mediante la cual se le aplicaron a la recurrente 6 multas ascendentes a 10UTM, 40UTM, 30 UTM, 2,25UTM, 3 UTM y 40 UTM, fundadas en una serie de infracciones a la legislación laboral derivadas del hecho de que la recurrente mantenía a doña nombre reservado en una situación de informalidad laboral. Señala la recurrente que la aplicación de dichas multas constituye una amenaza, perturbación y amenaza de las garantías contempladas en los artículos 19 N° 3 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

En lo que respecta a la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°3 da la Carta Fundamental, la recurrente refiere que, para el pronunciamiento de la referida resolución de multa, la fiscalizadora no constató por sus sentidos algún hecho al que pudiera atribuírsele la presunción de veracidad sino que, simplemente, calificó jurídicamente lo relatado por doña nombre reservado, sin considerar cierta documentación a la que tuvo acceso, como las boletas de honorarios, a las que calificó como liquidaciones de remuneraciones. Al hacerlo, la fiscalizadora excedió sus atribuciones legales al invadir el ámbito de conocimiento de los tribunales de justicia y actuó, en los hechos, como una comisión especial. Asimismo, refiere la recurrente en lo que respecta a la vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 N°24, que la aplicación de las multas afectan su derecho de propiedad dado que establecen restricciones a usar, gozar y disponer de los montos a los que dichas multas se refieren. Por lo anterior, la recurrente pide se acoja el recurso dejando sin efecto la Resolución de Multa N° 4240/18/110, con costas. En otrosí, solicita se decrete orden de no innovar.

Segundo: Que mediante resolución de 26 de febrero de 2019, esta Corte concedió la orden de no innovar solicitada por la recurrente.

Tercero: Al evacuar el informe, la recurrida señala, en primer lugar, que la acción cautelar de protección interpuesta es improcedente dado que su fin no es operar como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley para impugnar una resolución de multa, como la recurrida. En efecto, refiere que en los artículos 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo se establece la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas administrativas aplicadas por los fiscalizadores, o bien solicitar la correspondiente reconsideración administrativa de las mismas y, en este último caso, reclamar judicialmente respecto de la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración de la multa. En cuanto al fondo del recurso, indica, primero, al tenor de extensa normativa que cita, que la fiscalizadora se constituyó en el domicilio de la actora para verificar los hechos denunciados por una trabajadora de la recurrente, cumpliendo con todas las normas legales y dentro del ámbito de sus atribuciones, recorriendo las instalaciones, entrevistándose con representantes de la empleadora y requiriéndoles una serie de documentación laboral, entre ella, aquella relativa a la denunciante, pero ante la negativa de subsanar la situación de informalidad laboral en la que aquellas se encontraba, citó al empleador para que exhiba la misma documentación laboral ya requerida, a la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte. Refiere, a continuación, que los hechos constatados por la fiscalizadora, los que pudo verificar mediante inspección ocular y la información que obtuvo en forma presencial directamente de los afectados y de su empleador, consisten en hechos claros, precisos y determinados que indican la existencia de un vínculo bajo subordinación y dependencia y que, contrario a lo sostenido por la recurrente, no se le exhibió documento alguno que pudiera hacer presumir la existencia de un vínculo distinto al laboral. Concluye señalando que el comportamiento desplegado por la autoridad no puede interpretarse como un hecho que exceda sus atribuciones legales, citando variada jurisprudencia sobre el sentido y alcance de la labor fiscalizadora que la ley encomienda a dicho servicio y distinguiéndola de un procedimiento jurisdiccional. Pide, en consecuencia, que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas. Con posterioridad y a requerimiento de esta Corte, la recurrida informó sobre la forma en que está dando cumplimiento a la orden de no innovar decretada en autos.

Cuarto: Que conforme es pacífico tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. La naturaleza cautelar del recurso de protección queda en evidencia al señalar, el artículo 20 ya citado que el recurso de protección es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante los tribunales competentes.

Se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

La interpretación correcta de estas normas y criterios lleva a evitar que las acciones – cautelares y ordinarias, en su caso – se superpongan, con el consiguiente riesgo de que las declaraciones contenidas en unas se opongan a lo resuelto al fallarse las otras. En ese sentido, si la misma ley establece un curso procesal específico para una determinada controversia – exigiendo, además, el desarrollo de un proceso jurisdiccional ordinario o especial, según el caso, la presentación de prueba idónea, etc. – deberá preferirse dicho medio de impugnación a la acción cautelar extraordinaria de protección; máxime cuando lo pedido sub lite consiste en que se declare la existencia de un derecho y no se constate el carácter preexistente e indiscutido de un derecho.

Quinto: Que el Código de Trabajo establece la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas administrativas aplicadas por los fiscalizadores o solicitar la correspondiente reconsideración administrativa de las mismas y, luego, reclamarla judicialmente. La recurrente optó, en cambio, por esta vía constitucional extraordinaria, la que a juicio de esta Corte no se justifica, al no advertirse una vulneración a las garantías constitucionales invocadas, por lo que se dirá a continuación.

En efecto, en el caso de autos, aparece controvertida la circunstancia de que se le exhibieron a la autoridad fiscalizadora documentos que acreditarían una relación civil, diferente a una laboral, en lo que se refiere a doña nombre reservado. Mientras la recurrente indica que, al emitir la resolución impugnada, la fiscalizadora consideró dichos documentos (las boletas de honorarios dándoles el carácter jurídico de liquidaciones de remuneraciones), la recurrida es enfática en cuanto a que no se le exhibió documentación alguna que acreditara la situación legal de la trabajadora, fuera civil o laboral. La situación de informalidad laboral relativa a doña nombre reservado es, por lo tanto, objeto de controversia, la que esta Corte no está llamada a conocer a través del presente recurso extraordinario de protección de las garantías constitucionales.

Sexto: Que por la razones anotadas es posible concluir que el acto recurrido no adolece de la ilegalidad y arbitrariedad que se alega en el recurso, lo que justifica que éste sea rechazado, con costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación doña nombre reservado en contra de la Inspección Comunal del Trabajo – Santiago Norte, con costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor nombre reservado.- N° 12.743-2019.- Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada por el Ministro(S) señor Juan Opazo Lagos y por el Abogado Integrante señor nombre reservado. No firma el ministro (S) señor Opazo, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

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