FUNDACION COANIL con DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA ORIENTE

Santiago, diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, en representación de Fundación Coanil, deduce acción de protección en contra del Director Regional del Trabajo Metropolitano Oriente, don Cristián Umaña Bustamante, aduciendo que éste ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios que han infringido los derechos que reconoce a su representada los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con objeto de que esta Corte restablezca el imperio del derecho, en consideración a los siguientes hechos.

Se indica en el libelo que el acto que motiva el recurso está constituido por las Resoluciones N° 659, 660, 661 y 662, todas de 21 de noviembre de 2016, que rechazaron los recursos extraordinarios de revisión deducidos en contra de las resoluciones ordinarias N° 420, N° 421 y N° 422, de 12 de julio de 2016, y N° 1055, de 15 de julio de 2016. Estas últimas resoluciones declararon extemporáneas las reconsideraciones interpuestas en contra de las resoluciones de multa N° 7823/16/21, N° 823/16/ 22 y N° 7823/16/23, de 04 de mayo de 2016, de la Inspección Comunal del Trabajo de Buin, y N° 3709/16/2, de 30 de abril de 2016 de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente.

Agrega que en los señalados recursos extraordinarios de revisión, conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N° 19.880, se arguye que el rechazo de las reconsideraciones está basado en un error en el cómputo del plazo para interponerlas, y a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, consistente en haberse entendido que dicho término comprendía los días sábado y domingo, en circunstancias que de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del cuerpo legal citado, tales días no debían ser considerados.

Así, sostiene que lo actuado por la autoridad recurrida es ilegal y ha afectado el legítimo ejercicio de las prerrogativas constitucionales antes indicadas, por lo que se pide se deje sin efecto las señaladas las resoluciones ordinarias.

Segundo: Que, informando la abogada señora Paula Frías Espinoza, por el recurrido, manifiesta -en primer lugar- que el recurso es extemporáneo, por cuanto estima que los actos que agravian a la fundación recurrente tuvieron lugar el 12 y el 15 de julio de 2016, que fueron las fechas en que se dictó las resoluciones contra las cuales dedujo lo que llama “reclamaciones administrativas (y que el actor denomina “recursos extraordinarios de revisión”, por lo que en dichas ocasiones comenzó a correr el plazo para interponer la acción de autos, que es de treinta días, y que se encontraba vencido cuando ello ocurrió, que fue el 21 de diciembre de 2016.

Aduce, en seguida, que el recurso es improcedente, pues -dada su naturaleza- existen procedimientos judiciales ordinarios, por lo que estima que esta vía se está usando como un sustituto procesal de un juicio de lato conocimiento, tratándose la materia de un asunto contencioso administrativo.

Finalmente, manifiesta que los actos recurridos no son ilegales y se encuentran suficientemente fundados, sin que existan garantías fundamentales conculcadas.

Tercero: Que debe desecharse las cuestiones previas hechas valer por el recurrido.

La de extemporaneidad, por cuanto el recurso de autos fue deducido el trigésimo día posterior a las Resoluciones N° 659, 660, 661 y 662, contado desde que se dictó –esto es, el 21 de noviembre de 2016- que fue la oportunidad en que la afectación de las prerrogativas constitucionales de que se trata en la causa adquirió ribetes de certeza, pues antes que se emitieran tales resoluciones los actos que se pretendía dejar sin efecto por esta vía representaban una mera potencialidad de menoscabo de las prerrogativas concernidas, que carecía de certeza, siendo del caso también tener en cuenta que resulta del todo conveniente agotar en forma previa la vía administrativa en su integridad antes de recabar la tutela jurisdiccional.

La de existencia de procedimientos judiciales ordinarios, en la medida que el propio artículo 20 de la carta fundamental, que consagra el recurso de protección, establece que se puede hacer valer esta vía sin perjuicio de las demás que fueren procedentes, de donde se sigue que no es óbice lo argüido por la recurrida para la pertenencia de la cautela impetrada en autos.

Cuarto: Que, en lo referido al fondo del asunto, corresponde tener en cuenta que, como es sabido, el recurso de protección persigue restablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que, mediante actos u omisiones que revistan caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, se cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías que se mencionan en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, en seguida, debe tenerse en cuenta que no existe controversia en autos acerca de que las impugnaciones hechas por la recurrente en contra de las resoluciones que le aplicaron multas fueron planteadas dentro del término de treinta días hábiles, entendidos en los términos que prevé el artículo 25 de la Ley N° 19.880, versando la controversia solamente en determinar si estas actuaciones de la recurrente fueron oportunas, o no, pues mientras ésta aduce que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, no comprende los días sábado y domingo -pues dice que la situación queda regida por lo previsto en el antes referido artículo 25- la recurrida manifiesta que el caso no escapa a las normas generales sobre plazos establecidas en el artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud -y por no haberse contemplado precepto diverso- corresponde tener el término como de días corridos.

Sexto: Que, en este sentido conviene tener presente que la Excma. Corte Suprema, ha declarado en la causa N° 18.432-2016, “que como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte -en los autos Roles N° 809-2014, 8384-2014, 18414-2015 y 16288-2016, entre otros- el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir una modalidad de cómputo de los plazos "especial" como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil”, en doctrina que esta Corte comparte y hace suya.

Séptimo: Que, como colofón, los actos de la recurrida, al rechazar por extemporáneas las reconsideraciones deducidas por la actora deben ser consideradas ilegales, pues se apartan de lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley N° 19.880, afectando de este modo la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos que la ley reconoce a la recurrente, contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, ya que con ello se negó a considerar en su mérito las argumentaciones que le habían sido formuladas, escudándose en improcedentes argumentaciones de carácter meramente formal, trato desigual y discriminatorio que no es aceptado por el ordenamiento jurídico.

Por tales razonamientos y atendido, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado que regula la materia, se decide:

1.- Que se desestiman las alegaciones previas sobre extemporaneidad e improcedencia del recurso.

2.- Que se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de Fundación Coanil, en contra del Director Regional del Trabajo Metropolitano Oriente, dejándose sin efecto las Resoluciones N° 659, 660, 661 y 662, todas de 21 de noviembre de 2016, que dictara, correspondiéndole darle tramitación a las reclamaciones hechas por la recurrente en contra de las resoluciones de multa N° 7823/16/21, N° 7823/16/ 22 y N° 7823/16/23, de 04 de mayo de 2016, de la Inspección Comunal del Trabajo de Buin, y N° 3709/16/2, de 30 de abril de 2016, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente.

Comuníquese y regístrese.

Redacción del ministro suplente señor Pedro Advis Moncada.

No firma la abogado integrante señora Candiani, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 12781-2016