nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por doña nombre reservado, Contralora Subrogante, por el acto arbitrario y/o ilegal, consistente en el Oficio E 391930/2023, de fecha 12 de septiembre de 2023, mediante el cual, emitió el pronunciamiento solicitado por el actor, y, estimó procedente que la Superintendencia de Salud, aplique la disminución de un mes por semestre a la bonificación de incentivo al retiro prevista en la Ley N' 19.882, lo que vulnera los derechos de igualdad ante la ley, de propiedad, afectando su salud mental, garantías establecidas en el artículo 19 N°s 1, 2 , 9 , y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 1 de julio de 2022, presentó su renuncia voluntaria al cargo de Fiscalizador del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios de la Intendencia de Fondos y Seguros de Salud, ante la Unidad de Gestión de Personas de la Superintendencia de Salud, con el propósito de acogerse al beneficio de Incentivo al Retiro y al Bono Post Laboral, y otros beneficios adicionales, establecidos en la Ley N° 19.882, y en la Ley N°20.948, respectivamente.

Expresa que, lo anterior, en atención a que el 4 de noviembre del año 2022, cumplió la edad legal de 65 años, para jubilar, y, por ende, reunía los requisitos para solicitar los beneficios en cuestión.

Agrega que la renuncia, la hizo efectiva a contar del 1 de abril de 2023, esto es, dentro del plazo del quinto mes siguiente a cumplir 65 años, de acuerdo a lo estipulado en la letra a) del artículo 11 de la Ley N°20.948.

Sostiene que, la indicada Superintendencia aplica la disminución de un mes de sueldo, a las trabajadoras y los trabajadores que hacen efectiva su renuncia al semestre siguiente al que se cumple la edad legal. En consecuencia, aquellos que cumplen dicha edad en los últimos meses de los respectivos semestres, no pueden optar al beneficio de la Ley N°20.948, toda vez que, verán disminuido su bono de incentivo al retiro, por las restricciones establecidas en la Ley N°19.882, lo cual genera una suerte de discriminación respecto de aquellas personas que cumplen los 65 años, en los primeros meses del semestre, puesto que a ellas no les afecta la disminución del bono en cuestión.

Refiere que de lo anterior, dedujo reclamación ante la Contraloría General de la República, el que fue rechazado mediante Oficio folio E 391930/2023, de 12 de septiembre de 2023.

Hace presente que, dicho oficio habría sido enviado al correo institucional que mantenía en la Superintendencia de Salud, al que no tuvo acceso una vez retirado en abril del 2023, sin perjuicio que la recurrida estaba en conocimiento de la dirección electrónica de su correo privado. Como consecuencia, el 9 de abril de 2024, concurrió a la oficina de partes de dicha institución, ante lo cual, le dieron copia del oficio.

En cuanto al derecho, da cuenta que el artículo 7° de la Ley N°19.982 que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos, establece una bonificación por retiro, para los funcionarios de carrera y a contrata de las entidades señaladas en el artículo octavo, que dejen voluntariamente sus cargos y que cumplan con los demás requisitos establecidos en la ley. Dicha bonificación es equivalente a un mes de remuneración imponible por cada dos años de servicio en ciertas entidades públicas, con un máximo de once meses.

A su vez, el inciso primero del artículo octavo, además de señalar las instituciones afectas a la asignación, establece que los funcionarios que tengan 65 o más años de edad y que comuniquen su decisión de presentar la renuncia voluntaria a sus cargos, serán beneficiarios de la bonificación.

Refiere que el inciso segundo de el mismo artículo establece que los funcionarios y las funcionarias que cumplan 65 años de edad después de la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre del año 2018 pueden comunicar su renuncia voluntaria al cargo durante los tres primeros meses del año siguiente, sometiéndose en lo demás a las normas permanentes. Agrega que, para este caso, no se aplica el descuento a que alude el artículo noveno de la Ley N°19.882 -relativo a la disminución de un mes por cada semestre en que el funcionario, habiendo cumplido el requisito de edad, no se haya acogido al procedimiento- siempre que comuniquen su renuncia voluntaria y la hagan efectiva de acuerdo a lo establecido en esta disposición.

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley N°20.948, otorga una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la Ley N° 19.882, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley N°3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado o en sus antecesores legales, y cumplan los demás requisitos que establece esta ley.

Asimismo, el inciso dos de este artículo, establece que, para tener derecho a la bonificación adicional, los funcionarios deberán haber cumplido o cumplir 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años de edad si son hombres, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, o haber cumplido dichas edades, según corresponda, al 30 de junio de 2014.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley N° 20.948, establece que, el personal afecto a la bonificación adicional y a los beneficios señalados en los artículos 9 y 10 podrá postular en cualquiera de los períodos que se establecen y accederá a los beneficios, según la época de postulación, existiendo dos posibilidades:

a) Primer período para comunicar la decisión de renunciar voluntariamente a su cargo, a más tardar el día primero del quinto mes siguiente al cumplimiento de los 65 años de edad, con derecho a la totalidad de la bonificación adicional y a los bonos establecidos en los artículos 9 y 10, según corresponda. Ello, sin perjuicio de los beneficios a que tengan derecho de acuerdo al título II de la Ley N° 19.882, si procede.

b) Segundo período de comunicación de renuncia voluntaria: Tratándose de los funcionarios y funcionarias que cumplan 66 años de edad, el cese de funciones es el mismo que el de la letra a), pero a contar del cumplimiento de los 66 años de edad. Sin embargo, en este caso, el funcionario o funcionaria, tiene derecho al 50% de la bonificación adicional y al 50% de los bonos establecidos en los artículos 9 y 10, según corresponda.

Respecto de los funcionarios y funcionarias que no hagan efectiva su renuncia voluntaria en ninguna de las oportunidades indicadas, se entenderá que renuncian irrevocablemente a la bonificación adicional establecida en esta ley y a los bonos de los artículos 9 y 10.

Adiciona que con fecha 20.11.2018, se publica el D.S. N°1.588, de Hacienda, que aprueba Reglamento para el otorgamiento de la bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro de la Ley N°20.948, para los años 2019 a 2024, señalando en su artículo 13, relativo al "Cese de funciones por renuncia voluntaria o término del contrato”, que los funcionarios y funcionarias que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo en los plazos que se indican en el artículo 7°, deben cesar en su cargo, a más tardar el día primero del quinto mes siguiente al cumplimiento de los 65 años. Si cesan en sus cargos dentro de la oportunidad señalada, tendrán derecho a la totalidad de la bonificación y a los bonos de antigüedad.

Sostiene que el análisis que realiza la Contraloría, al coincidir con lo resuelto por mi ex entidad empleadora, en cuanto a que el personal mayor de 65 años debe alejarse del servicio, en un plazo máximo para ello, quedando al arbitrio del respectivo postulante la determinación de la data exacta en que llevará a cabo su renuncia para efecto de obtener o no las bonificaciones correspondientes, no es tal, ya que la ley solo pone como requisito conjunto que la renuncia se realice dentro del plazo del beneficio que vence en diciembre de 2024, y dentro del 5 mes de haber cumplido los 65 años de edad en el caso de los hombres.

Solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida dejar sin efecto el dictamen de fecha 12 de septiembre de 2023, E 391930/2023, ordenando además, a la Superintendencia de Salud, que le pague el incentivo al retiro completo, esto es, 11 meses de acuerdo a la normativa vigente.

SEGUNDO: Que doña nombre reservado, Fiscal (S) de la Contraloría General de la República, evacuó el informe solicitando desestimar en todas sus partes el recurso.

Señala que con fecha 22 de julio de 2022, don nombre reservado solicitó a esta Entidad de Control un pronunciamiento, en lo que interesa, sobre la procedencia de que la Superintendencia de Salud aplicara la disminución de un mes por semestre a la bonificación de incentivo al retiro prevista en la Ley N°19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que Indica.

Requerida de informe, la Superintendencia de Salud señaló que procedía efectuar la disminución alegada toda vez que el actor, habiendo cumplido el requisito de edad para tal efecto, no se acogió oportunamente al procedimiento para optar a la bonificación por retiro contemplada en la citada Ley N° 19.882.

De este modo, mediante el oficio N° E391.930, de 12 de septiembre de 2023, impugnado en autos, la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago concluyó que era procedente el descuento de la bonificación contenida en la Ley N°19.882, puesto que habiendo nacido el recurrente el 4 de noviembre de 1957 debió comunicar su decisión de renunciar voluntariamente durante los meses de julio, agosto o septiembre de 2022, para hacerla efectiva en el curso del mismo año, a fin de no quedar afecto a las disminuciones previstas en el artículo noveno de la Ley N° 19.882, como se explicará más adelante.

En primer lugar, alega falta de legitimación pasiva de la entidad de control, fundado en que, si bien, el recurso se deduce formalmente en contra del Oficio de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, lo pretendido es que se dejen sin efecto actuaciones de la Superintendencia de Salud, que no precisa, y, que, como consecuencia de ello, se le pague la totalidad del bono de incentivo al retiro de la Ley N°19.882, sin descuentos. No obstante, esta decisión solo puede ser adoptada por la referida Superintendencia.

Adiciona que, en el evento que se acogiera la presente acción cautelar y se dejara sin efecto el oficio N° E391.930, de 2024, ello no tendría el efecto de aumentar inmediatamente el monto de incentivo al retiro por la Superintendencia de Salud.

En este sentido, afirma que, la recurrida no llevó a cabo el procedimiento de postulación a las distintas bonificaciones de incentivo al retiro del requirente, ni determinó su entero, limitándose a pronunciarse sobre una solicitud de pronunciamiento realizada por el mismo interesado.

En segundo lugar, alega que la Superintendencia de Salud no ha sido emplazada en esta acción, lo que implica que, de acogerse, se infringiría el principio de debido proceso por falta de emplazamiento del anotado servicio, por cuanto, eventualmente, se podría adoptar una determinación sobre un acto de dicha repartición pública sin haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho a defensa.

Como tercera alegación, expone que, el presente recurso no busca amparar un derecho indubitado; y, en este sentido, el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción incoada. En este sentido, hace presente el fallo Rol N°104.628-2023, de 25 de septiembre de 2023, de la Excma. Corte Suprema.

En cuarto lugar, alega la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que, la actuación recurrida fue emitida de acuerdo con la habilitación que las normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General de la República, a requerimiento del propio actor, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que rige la materia, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011.

Agrega que tampoco es arbitraria, ya que dicho pronunciamiento no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino al estudio acabado de los antecedentes acompañados, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, ajustado a la jurisprudencia administrativa y en el ejercicio de una actuación legitima del organismo de fiscalización, dentro del marco jurídico que reglamente sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho.

Refiriéndose al fondo del asunto, indica que, el señor nombre reservado, nació el 4 de noviembre de 1957, por lo que cumplió 65 años el segundo semestre de 2022. De ello se sigue que debió haber comunicado su decisión de renunciar durante los meses de julio, agosto o septiembre de 2022, para hacerla efectiva en el curso del mismo semestre y año, a fin de no quedar afecto a las disminuciones que se prevén en el artículo noveno de la Ley N° 19.882, como se concluyó en el oficio impugnado.

Así, para obtener en forma íntegra los beneficios por retiro previstos en las leyes Nos 20.948 y 19.882, debe estarse al plazo de término de los servicios a que se refieren.

Consigna que, tanto la Ley N°20.948 como la N°19.882 establecen plazos propios para hacer efectivas las renuncias voluntarias de los funcionarios, debiendo determinarse de acuerdo a ellas el monto de cada uno de los beneficios.

En cuanto al plazo para hacer efectiva la renuncia al cargo según dispone la Ley N°19.882, señala que sobre el particular, el Título II de este cuerpo legal concede, en su artículo séptimo, una bonificación por retiro a los servidores que indica, equivalente a un mes de remuneración imponible por cada dos años de servicio en los organismos que menciona, con un máximo de once meses, que hicieren dejación voluntaria de sus cargos y que cumplan los demás requisitos previstos en esa ley.

A continuación, el inciso primero de su artículo octavo prescribe que serán beneficiarios de dicho estipendio los servidores de carrera y a contrata de las entidades que señala, que tengan 65 o más años de edad y que comuniquen su decisión de presentar la renuncia voluntaria a sus cargos.

A su vez, el inciso segundo de la disposición precedente agrega en lo que interesa que los funcionarios que cumplan las edades antedichas en el segundo semestre comunicarán su decisión en los tres primeros meses de ese semestre, esto es, en los meses de julio, agosto y septiembre, para hacerla efectiva en el curso del mismo.

Luego, el artículo noveno de la mencionada Ley N°19.882 prevé, en su inciso primero, que: “La bonificación, se disminuirá en un mes por cada semestre en que el funcionario, habiendo cumplido el requisito de edad para tal efecto, no se haya acogido al procedimiento en el artículo anterior”.

En este contexto, tanto los funcionarios como las funcionarias que se desempeñan en las instituciones a que se refiere el artículo séptimo de la Ley N°19.882 pueden postular al beneficio por retiro que contempla esa normativa presentando su renuncia al cargo en los plazos antes anotados, operando la disminución de meses que señala el inciso primero de su artículo noveno, cuando el término de sus servicios se produzca en los semestres siguientes a aquel en que hayan cumplido los 65 años de edad, criterio que ha sido recogido por la jurisprudencia de dicha entidad de control, entre otros, en el dictamen N° 32.339, de 2019, de esta Contraloría General.

Añade que, de acuerdo con el cálculo previo efectuado por la Superintendencia de Salud, al actor le corresponde por concepto de bono de la Ley N°19.882, la suma de $29.460.770 (la que incluye 10 meses), y por el bono contemplado en la Ley N°20.948, la suma de $35.800.454, y que lo que reclama en esta instancia asciende al monto de $2.946.077, que representa el promedio de los últimos 36 meses en el grado 11 en el que se encontraba al tiempo de renunciar, y que es la base para el cálculo p cada mes.

Respecto al plazo para hacer efectiva la renuncia al cargo prevista en la Ley N° 20.948, expresa que el artículo 1° de la Ley N°20.948 otorga una bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban el bono por retiro del título II de la Ley N°19.882, siempre que, entre otros requisitos, cumplan o hayan cumplido 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años si son hombres, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, o hayan cumplido dichas edades al 30 de junio de 2014, según corresponda, agregando que para tener derecho a esa prestación adicional, los funcionarios deberán renunciar voluntariamente a todos los cargos y al total de horas que sirvan dentro de los plazos que señala esa ley y su reglamento.

A su turno, el inciso primero del artículo 11° del texto legal en análisis preceptúa, en lo que interesa en relación al recurrente, que el personal afecto a la señalada bonificación y a los demás beneficios que conceden sus artículos 9 y 10 podrá postular a aquellos, entre otros periodos: letra a) cuando el funcionario (…) cumpla “los 65 años de edad, ocasión en la que podrán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo en el o los plazos que señale el reglamento -decreto N°1.588, de 2018, del Ministerio de Hacienda-, debiendo cesar sus servicios a más tardar el día primero del quinto mes siguiente al cumplimiento de esa edad pudiendo acceder a la totalidad de los beneficios establecidos en la Ley N°20.948” (el énfasis es nuestro).

En tal contexto, el reglamento de la bonificación adicional y otros beneficios para los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que se indican en la Ley N°20.948 -y no en la Ley N°19.882, como erradamente pretende confundir el actor-, para los años 2019 y 2024, contenido en el precitado decreto N°1.588, de 2018, establece en su artículo 7°, que durante esas anualidades, los funcionarios podrán comunicar su decisión de renunciar en dos períodos de postulación que, para el caso de marras, será el período b), aquel comprendido entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de cada año, conforme el artículo 9° relativo a los funcionarios y funcionarias que, entre otros requisitos, cumplan 65 años de edad entre el 1° de julio y 31 de diciembre del mismo año en que postulan a los beneficios, hipótesis en la que se encuentra el señor nombre reservado, quien cumple años el 4 de noviembre.

Por último, el artículo 13 del aludido decreto N°1.588, de 2018, prevé, en su inciso primero, que los funcionarios y funcionarias señalados en el numeral I de sus artículos 8° y 9°, que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo en los plazos que se indican en su artículo 7°, según corresponda, deberán cesar en su cargo o terminar su contrato de trabajo, sea por renuncia voluntaria o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, a más tardar el día primero del quinto mes siguiente al cumplimiento de los 65 años, conforme lo establece la letra a) del artículo 11 de la Ley N° 20.948. Si así fuese, tendrán derecho a la totalidad de la bonificación adicional y a los bonos de antigüedad y trabajo pesado, según corresponda y cumplan los requisitos legales. Esto será sin perjuicio de los beneficios a que tengan derecho de acuerdo al título II de la Ley N°19.882, si procede.

Explica que, en síntesis, tanto la Ley N°20.948 como la Ley N° 19.882 contemplan plazos propios para hacer efectivas las renuncias voluntarias de los funcionarios que solicitan sus beneficios, debiendo estarse a ellos, entre otras condiciones legales, para la determinación del monto que les corresponda.

Asimismo, ninguno de los apuntados cuerpos legales contempla disposición legal o reglamentaria alguna que evite, cuando se requiera algún beneficio por retiro por el período comprendido entre el 2019 y el 2024, la deducción de meses a que se refiere el artículo noveno de la Ley N°19.882, razón por la cual se concluye que siempre procederá dicha rebaja, cuando el término de los servicios se produzca a partir del semestre siguiente en que el funcionario o funcionaria haya cumplido los 65 años de edad, como lo ha precisado este Organismo de Control en los dictámenes Nos 32.339, de 2019, y E133.175, de 2021, considerándose, además, que en este último se ha señalado que dicho personal no dispone de una fecha fija para cesar en funciones, sino tan solo un plazo máximo para ello, quedando al arbitrio del respectivo postulante la determinación de la data exacta en que llevará a cabo su renuncia para efectos de obtener o no las señaladas bonificaciones en forma completa.

En tal contexto, teniendo en consideración la fecha en la que el recurrente cumplió los 65 años de edad -4 de noviembre de 2022-, y que renunció a sus funciones en la Superintendencia de Salud a contar del 1° de abril de 2023, se evidencia que el cese del desempeño del actor se produjo en el semestre posterior al cumplimiento de dichos 65 años de edad, por lo que resulta procedente la deducción contemplada en el citado artículo noveno de la Ley N°19.882, sin que haya correspondido, en consecuencia, formular reproche a lo obrado en la materia por la mencionada superintendencia, tal como se concluyó en el pronunciamiento, impugnado en autos.

Indica que tampoco se han conculcado las garantías constitucionales invocadas, que el pronunciamiento impugnado fue emitido de acuerdo a la habilitación que le confiere tanto la Carta Fundamental como la ley, con estricto apego al ordenamiento jurídico que regula la materia y el criterio jurisprudencial vigente en la materia, contenido en los dictámenes N°s. 32.339, de 2019, y E133.175, de 2021, TERCERO: Que evacuando informe la Superintendencia de Salud, señala que el recurrente mediante carta de 1 de julio de 2022 dirigida al Superintendente de Salud, manifestó su decisión de poner término a su vínculo laboral con la institución a partir del día 1 de abril de 2023, con el fin de acogerse a la bonificación de incentivo al retiro para empleados públicos.

Añade que, previamente y, a través de correos electrónicos de fecha 25 y 26 de mayo de 2022, el recurrente estuvo consultando con el Subdepartamento de Gestión y nombre reservado acerca del cálculo estimado del aludido bono, enviándole la información correspondiente, teniendo en consideración como fecha del cese de sus funciones, el día 31 de diciembre de 2022. No obstante, el propio interesado aclaró que su intención era hacer efectivo su retiro el día 1 de abril de 2023, preparando él mismo un nuevo cálculo, en el que concluyó que debía descontarse un mes de sueldo (de 11 a 10 sueldos), lo que fue corroborado por su área respectiva, recalcándole en el correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2022 que "(…) si su retiro es el 01/04/23, entonces el bono Ley N°19.882 disminuye en 1 mes por lo que su cálculo coincide con el mío (...).

Indica que, teniendo presente que el Sr. nombre reservado cumplió los 65 años el día 4 de noviembre de 2022, correspondía que la comunicación de su renuncia se efectuara entre los meses de julio y septiembre de 2022, cuestión que realizó mediante carta de fecha 1 de julio de 2022; sin embargo, el cese efectivo de sus funciones en la institución debía concretarse en el mismo semestre de ese año, es decir, máximo hasta el 31 de diciembre de 2022, todo lo anterior según lo establecido en el inciso segundo del artículo 8º de la Ley N°19.882. Pese a lo anterior, y habiéndosele advertido previamente de dicha situación al recurrente, éste decidió retirarse efectivamente con fecha 1 de abril de 2023, es decir, un semestre después de la comunicación de su renuncia, debiendo aplicarse irremediablemente lo señalado en el inciso tercero del referido artículo 8, que dispone: “Con todo, los funcionarios que no postulen en los términos del inciso anterior, podrán hacerlo en Períodos posteriores quedando afectos a la disminución de meses de bonificación, establecida en el artículo siguiente.“ Afirma que, si bien el recurrente estima que cumplió con la normativa, ya que alude al plazo indicado en el artículo 11 de la Ley N° 20.948 para comunicar su decisión de renunciar a su cargo, esto es, hasta el día primero del quinto mes siguiente al cumplimiento de los 65 años de edad, lo cierto es que aquel término legal se refiere específicamente a la bonificación adicional -y otros beneficios que allí se establecen- que se otorga por una sola vez a los funcionarios de planta y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la Ley N°19.882, por tanto, son dos beneficios distintos que tienen sus propias reglas y plazos de cumplimiento.

Por consiguiente, la disminución de un mes de sueldo del bono de incentivo al retiro del actor se encuentra justificada y se ciñe a las normas del ordenamiento jurídico.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en tal sentido, cabe destacar que la acción cautelar de que se trata está destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, y no constituye la instancia para efectuar la declaración de aquellos que no tengan tal carácter, como acontece en este caso. En efecto, lo que pretende la recurrente es que se establezca a su favor el derecho a percibir la bonificación por haberse acogido a los beneficios de incentivo a retiro conforme a las leyes N°19.882 y 20.948, por el equivalente a once meses y no de diez meses de remuneración imponible, por estimar que cumple con los requisitos legales para tales efectos, lo que ha sido cuestionado por el ente contralor y la Superintendencia de Salud, donde se desempeñó la recurrente.

De esta manera la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, ya que atendida la controversia existente sobre el hecho que genera el conflicto que ha dado pábulo a esta acción constitucional -fórmula de cálculo de la referida bonificación-, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento -administrativo o judicial-, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, por su naturaleza cautelar y de emergencia, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

SEXTO: Que en relación con lo anterior, no puede desconocerse también que la forma en que ha sido planteado el arbitrio de protección, hace inviable la pretensión que a través del mimo se formula. Esto porque la acción se dirige en contra de la Contraloría General de la República, la que si bien emitió dictamen –sobre el beneficio de que se trata- en el ámbito de las facultades legales que le confiere el ordenamiento jurídico; no es quien le ha otorgado al recurrente la bonificación con la limitación que se impugna, lo que lleva a darle razón a la entidad contralora, en cuanto alega su falta de legitimación.

De lo anterior, se colige también la falta del procedimiento correspondiente con el legítimo contradictor.

SÉPTIMO: Que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

En consecuencia, por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactado por la ministra Carolina Brengi Zunino.

Protección N°12.720-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino, conformada por la Ministra suplente señora Lidia Poza Matus y la Abogada Integrante señora Claudia Candiani Vidal.