nombre reservado con I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, siete de septiembre de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado y nombre reservado, ambos funcionarios públicos municipales, e interponen acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, por el acto ilegal y arbitrario por la dictación de Oficio E364262 de fecha 05 de julio de 2023, que ha implicado que se les haya aplicado las medidas disciplinarias, en un sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, aun cuando se encuentra prescrita la responsabilidad administrativa, lo que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, consagrados en el artículo N° 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen la siguiente cronología de los hechos:

1. 13 de marzo de 2015, acto u omisión que da origen a la investigación de nombre reservado.

2. 15 de enero de 2015, acto u omisión que da origen a la investigación nombre reservado (actualmente nombre reservado).

3. 16 de noviembre de 2016, la Contraloría General de la República, instruyó sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas mediante Resolución Exenta N° 5025.

4. 05 de abril de 2017 se formulan cargos a los inculpados (fojas 274 y 275), luego de aquello se retrotrae el sumario y se formulan nuevamente los cargos con fecha 06 octubre de 2017.

5. 21 de enero de 2019, luego de 1 año, 9 meses y 16 días, el ente contralor aprobó el sumario administrativo y propuso aplicar a los inculpados, la medida disciplinaria de suspensión del empleo con rebaja de la remuneración y anotación de demerito, mediante Resolución Exenta N° 276.

6. 28 de enero de 2019, mediante Decreto Alcaldicio N° 215, se aplican las medidas disciplinarias a los inculpados.

7. Con fecha 04 de febrero y 02 de abril de 2019, nombre reservado y nombre reservado (actualmente nombre reservado), respectivamente, dedujeron recurso de reposición en contra de las medidas disciplinarias aplicadas por Decreto Alcaldicio N°215.

8. 17 de mayo de 2019, por Decreto Alcaldicio N° 1241, se acogen los recursos de reposición deducidos, dicho decreto luego es rectificado con fecha 06 de junio de 2019, mediante Decreto Alcaldicio N° 1381.

9. 15 de junio de 2021, Contraloría General de la República, después de 2 años y 9 días, dicta el Oficio N°117, por el cual toma razón con alcances, de los Decretos Alcaldicios N° 1241 y N°1381 que acogen reposiciones deducidas por los inculpados.

10. 30 de junio de 2021, mediante Decreto Alcaldicio N° 884, se rectifica el Decreto Alcaldicio N° 1241 y N°1381 que acogen reposición deducidas por los inculpados en atención a la toma de razón con alcances, ya mencionados y debidamente afinado.

11. 12 de julio de 2021, y luego del análisis realizado por los inculpados y en atención a lo dispuesto en los artículos 153, 154 y 155 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, que versan sobre la prescripción de la responsabilidad administrativa, estos deducen presentación a la autoridad alcaldicia de la Municipalidad de Recoleta, solicitando la declaración de la extinción de la responsabilidad administrativa por haberse paralizado el proceso sumarial por más de 2 años o dos periodos calificatorios.

12. 9 de agosto de 2021, y ante la presentación realizada por los inculpados, la Municipalidad de Recoleta, remite Oficio N° 82 a la Contraloría General de la República, solicitando su pronunciamiento respecto de dichas presentaciones, y señalando desde ya su conformidad y acuerdo con el análisis jurídico planteado por los inculpados en sus presentaciones.

13. 05 de julio de 2023, mediante Oficio E364262 el órgano contralor, recién se pronunció sobre las presentaciones deducidas por los inculpados, no dando lugar a dichas solicitudes, y ordenando a la Municipalidad de Recoleta, la aplicación dentro del plazo de 10 días, de las medidas disciplinarias ordenadas por el Decreto N° 884 de fecha 30 de junio de 2021, dictado en atención a lo ordenado por el Oficio N° 117 de Contraloría, que tomó razón con alcance, según ordena y dispone el artículo N° 1 en relación al artículo 11° N° 5 de la Resolución N° 6 de Contraloría General de la Republica que, “Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón de las materias de personal que se indican”.

Precisan que, entre la fecha del último acto reprochado de los inculpados a la fecha de la toma de razón de Contraloría, han transcurrido más de 6 años en cada caso, esto por cuanto dicha toma de razón efectuada mediante Oficio N°117 de fecha 15.06.2021, constituye el acto que finaliza por parte del órgano contralor el procedimiento sumario, pues solo luego de ésta, entra en vigor la decisión de que se trate, para este caso, la medida disciplinaria impuesta a los inculpados.

Refieren que el Oficio E364262/2023 de la Contraloría General de la República, de fecha 05 de julio de 2023, desestima la solicitud de reconsideración deducida en contra del Oficio N° 117 de 2021, y del Decreto Alcaldicio N° 884 de fecha 30 de junio de 2021, ya que adolece de ilegalidad pues atenta contra las reglas sobre prescripción de la responsabilidad administrativa regulada en la Ley 18.883, cuyo artículo 155 dispone que, la prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. A continuación, el mismo artículo dispone que: “Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido.”

Aclaran que en el caso de nombre reservado, desde la fecha del último acto reprochado (13.03.2015), a la fecha de la toma de razón con alcances deducida por la Contraloría General de la República, por Oficio N° 117 (15.06.2021) transcurrió el plazo de 6 años, 3 meses y 2 días. Puntualiza que, luego de la formulación de cargos que suspendió la contabilización del plazo de prescripción, y entre el Decreto Alcaldicio N° 1381 de fecha 06.06.2019, que rectifica el Decreto Alcaldicio N° 1241 y la fecha de toma de razón realizada CGR mediante Oficio N° 117 de fecha 15.06.2021 , transcurrió más de 2 años, concurriendo la hipótesis del artículo 155 de la Ley N° 18.883, esto es, “Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado”, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido.”

Dicen, a mayor abundamiento, entre la fecha de formulación de cargos (06.10.2017) y la fecha de la toma de razón con alcances por el Oficio N° 117 (15.06.2021), tuvo lugar más de 4 periodos de calificaciones (2017, 2018, 2019 y 2020), y en su caso 2 periodos de calificaciones (2019 y 2020) si se cuenta el plazo desde fecha del último acto documentado (el Decreto Alcaldicio N° 1381 de fecha 06.06.2019, que rectifica el Decreto Alcaldicio N° 1241) y la fecha de la toma de razón con alcances deducida por CGR por el Oficio N° 117 (15.06.2021).

Precisan que el yerro de Contraloría es no considerar que la toma de razón como el acto administrativo final que afina el sumario deducido por el propio Órgano Contralor, sino el Decreto Alcaldicio N° 1381 de fecha 06.06.2019, por lo que a su juicio no se darían los presupuestos temporales para la aplicación de la prescripción de la responsabilidad administrativa.

Relevan que por tratarse de una medida disciplinaria en sumario administrativo, cuya instrucción fue realizada por CGR, se trata de aquellos actos que según dispone el artículo 11 N° 5 de la Resolución N° 6, de aquellos actos que la Ley exige sean tomados de razón por parte del órgano contralor, por lo tanto, no es sino hasta la ocurrencia de dicho control de legalidad que, el acto administrativo en comento entra en vigor y recién se puede entender que el procedimiento sumario se encuentra realmente afinado.

Solicitan que se acoja el presente recurso, se reestablezca el imperio del derecho declarando que, se deja sin efecto Oficio E364262 de fecha 05 de julio de 2023, y que en su lugar, se dicte nuevo acto administrativo que acoja la reconsideración deducida y declare la prescripción de la responsabilidad administrativa.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, fiscal de la Contraloría General de la República, solicitando que se desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

Precisa que el recurso ha sido interpuesto por la dictación del oficio N° E364262, de 2023, mediante el cual la I Contraloría Regional desestimó una solicitud de reconsideración deducida por el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, en representación de los señores nombre reservado y nombre reservado, respecto del oficio previo N° 117, de 2021, a través del cual la II Contraloría Regional Metropolitana tomó razón con alcances de los decretos N°s. 1.241 y 1.381, ambos de 2019, de dicha entidad edilicia, que aplicaron a los recurrentes la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días, con goce del 70% de su remuneración mensual.

Expone que, mediante la Resolución Exenta N° 5025, de 16 de noviembre de 2016, la Contraloría General de la República ordenó la instrucción de un sumario administrativo en la Municipalidad de Recoleta y en los demás servicios públicos pertinentes, con el objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos a que se refería el Oficio N° 24.476, de 2015, que daba cuenta de inobservancias a las situaciones objetadas en esa entidad comunal a través del dictamen N° 79.179, de 2014, procedimiento disciplinario que fue tramitado por esa entidad fiscalizadora.

Hace presente que, respecto a la responsabilidad administrativa del personal de la Administración del Estado, la Contraloría General de la República posee atribuciones tanto para ordenar a los servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización la instrucción de procedimientos disciplinarios, como para incoarlos por sí misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Constitución Política de la República; artículos 1°, 6°, 131 y siguientes de la Ley N° 10.336; la Resolución N° 510, de 2013, que aprueba Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República. Así el artículo 36 de dicha Resolución y artículo 133 bis de la Ley 10.366, citados, el Contralor Regional aprueba el procedimiento disciplinario determinando si existe responsabilidad administrativa, y propone a la autoridad competente la sanción que se estime procedente aplicar respecto de los inculpados, su absolución, el sobreseimiento de éstos o del sumario administrativo, siendo el alcalde, en la especie, de la Municipalidad de Recoleta-, quien posee la potestad disciplinaria para determinar e imponer la correspondiente sanción.

A continuación explica el desarrollo de los hitos correspondiente a este procedimiento en los siguientes términos:

En el marco del sumario pertinente, con fecha 5 de abril de 2017 se formularon cargos únicos a los señores nombre reservado y nombre reservado, presentando ambos sus respectivos descargos con fecha 26 de abril de 2017.

Posteriormente, con fecha 3 de octubre de 2017, se dispuso la reapertura del sumario administrativo, retrotrayéndose a la etapa de formulación de cargos, por cuanto se había expresado que su conducta vulneraba lo establecido en la Ley N° 18.834 -Estatuto Administrativo-, en circunstancias que aquellos se regían por la Ley N° 18.883 -Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales-, tal como se consignó a fojas 317 y 318.

En tal contexto, con fecha 6 de octubre de 2017, se formularon nuevos cargos a los señores nombre reservado y nombre reservado, ante lo cual presentaron sus correspondientes descargos con fecha 7 y 8 de noviembre de 2017, respectivamente.

En el caso del señor nombre reservado, se le imputó que en su calidad de Director de Control no denunció al alcalde los hechos de carácter irregular en cuanto a las conductas constitutivas de acoso laboral acontecidas respecto del Director suplente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, al funcionario don nombre reservado, desde que tomó conocimiento de aquellas, a través de lo que el mismo funcionario le indicó, como además, no haber realizado actividad alguna para velar por la aplicación de las normas y el cumplimiento del dictamen N° 79.179, de 13 de octubre de 2014, de esta Entidad Fiscalizadora, con respecto a las condiciones de trabajo del funcionario en comento. Todo ello en el período comprendido entre abril de 2014 a marzo de 2015.

Por otra parte, en lo que concierne al señor nombre reservado, se le imputó que en su calidad de Jefe del Departamento de Recursos Humanos, no realizó sus labores con esmero, dedicación y eficiencia, toda vez que no adoptó las medidas necesarias a fin de verificar previamente la información que entregó con fecha 15 de enero de 2015 a este Órgano de Control, vía correo electrónico, respecto del cumplimiento por parte del municipio, en cuanto a haber adoptado medidas tendientes a regularizar la situación del puesto de trabajo del funcionario municipal don nombre reservado, puesto que ésta no se ajustaba a la realidad, según se verificó en informe de seguimiento de fiscalización sobre cumplimiento de dictamen de este Ente Fiscalizador.

Luego, con fecha 25 de julio de 2018, se emitió la Vista Fiscal, concluyendo que las responsabilidades administrativas de los aludidos funcionarios se encontraba debidamente acreditada, en los términos allí expuestos, procediendo a elevarse el expediente a la Unidad de Sumarios de la Contraloría General para los fines previstos en el artículo 34 de la Resolución N° 510, de 2013, de esta Entidad de Fiscalización, unidad que aprobó la vista fiscal, proponiendo aplicar a don nombre reservado la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 50 días con goce del 50% de la remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor correspondiente de calificación de 6 puntos, y a don nombre reservado la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce del 70% de la remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor correspondiente de calificación de 6 puntos.

En definitiva, mediante Resolución Exenta N° 276, de 21 de enero de 2019, Contraloría General aprobó el sumario administrativo y la vista fiscal, proponiendo a la Municipalidad de Recoleta aplicar a los referidos funcionarios las medidas disciplinarias indicadas. Asimismo, en dicho acto se ordenó a la entidad edilicia informar, dentro del plazo allí indicado, de lo que en definitiva se resolviera, respecto de la aplicación de las medidas que se proponían como resultado del sumario en comento, debiendo incluir copia del certificado que acreditara el envío a trámite de toma de razón, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15, del artículo 6°, de la resolución N° 10, de 2017, de esta Órgano de Control; resolución que fue notificada tanto a la entidad edilicia como a los aludidos funcionarios, con fecha 23 de enero de 2019.

Atendido lo expuesto, la Municipalidad de Recoleta dictó el Decreto Alcaldicio N° 215, de 28 de enero de 2019, mediante el cual aplicó las medidas disciplinarias a los señores nombre reservado y nombre reservado, en los términos propuestos.

Producto de lo anterior, los afectados dedujeron recursos de reposición en contra del anotado acto administrativo, que fueron acogidos por la máxima autoridad comunal a través del Decreto N° 1.241, de 17 de mayo 2019, disponiendo, en consecuencia, respecto del señor nombre reservado, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 10 días con goce del 75% de la remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor correspondiente de calificación de 6 puntos, mientras que en lo que concierne al señor nombre reservado, aplicó la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 10 días con goce del 75% de la remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor correspondiente de calificación de 6 puntos, de manera que ambos fueron objeto de la misma medida disciplinaria.

Enseguida, por medio del Decreto Alcaldicio N° 1.381, de 6 de junio de 2019, la Municipalidad de Recoleta rectificó su símil N° 1.241, de 2019, en el sentido de que, cuando en su parte resolutiva se aludía a 10 días, debía decir 30 días, manteniéndola en todo lo demás.

Remitidos los antecedentes a esta Contraloría General para su trámite de toma de razón, la II Contraloría Regional Metropolitana, en su Oficio N° 117, de fecha 15 de junio de 2021, consignó que, en virtud de lo previsto en el artículo 122 A de la ley N° 18.883, entendía que las medidas disciplinarias impuestas correspondían a la de suspensión del empleo por 30 días con goce del 70% de la remuneración mensual, y no del 75% como lo había rectificado el municipio, por lo que cursó con dicho alcance los citados Decretos N°s. 1.241 y 1.381, ambos de 2019.

Por último, el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, en representación de los señores nombre reservado y nombre reservado, dedujo una solicitud de reconsideración del mencionado Oficio N° 117, de 2021, alegando -en virtud de lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Ley N° 18.883- que en atención al plazo transcurrido entre la dictación de los decretos que afinaron el procedimiento disciplinario y la toma de razón realizada por esta Entidad de Control, la responsabilidad administrativa de los funcionarios se encontraba prescrita.

Dicha solicitud fue atendida por la I Contraloría Regional Metropolitana mediante el Oficio N° E364262, de 5 de julio de 2023, consignándose en lo que respecta al señor nombre reservado, que el total de tiempo para efectos de computar la prescripción de la acción disciplinaria era de 2 años, 11 meses y 11 días, mientras que en el caso del señor nombre reservado dicho lapso de tiempo era de 2 años, 7 meses y 27 días.

De esa manera, se concluyó que los cómputos de prescripción planteados por los recurrentes excedían con creces los plazos que efectivamente correspondía computar para analizar la eventual prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto contabilizaban como útil para tal efecto el período durante el cual los actos administrativos de que se trata estuvieron en trámite ante esta Entidad Fiscalizadora, sin que ello correspondiera, debiendo estarse a la dictación del acto por el cual la entidad comunal afinó el sumario en el marco del cual ya les había impuesto la sanción, por lo que se rechazó la solicitud de reconsideración formulada.

En esta oportunidad, a través de la acción de protección deducida por los recurrentes, se alega, en suma, que para efectos de ponderar el cálculo de la prescripción de su responsabilidad administrativa, debía considerarse la toma de razón realizada por este Órgano Fiscalizador como acto administrativo final o de término, por lo que, entre la fecha del último acto reprochado de los inculpados y la fecha de dicho control de legalidad, habrían transcurrido más de 6 años en cada caso, en los términos que expone.

Luego, a continuación asevera que la vía cautelar no es la idónea, porque no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

Afirma la improcedencia del recurso de protección contra un sumario administrativo, que corresponde a un procedimiento reglado, con normas que regulan su tramitación que contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa de los inculpados, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos, los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones, las formalidades de las declaraciones y testimonios prestados en el sumario, así como de las notificaciones que deben efectuarse a los inculpados, la formulación de cargos y su debido emplazamiento, la amplia admisibilidad de medios de prueba, la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados conforme al mérito del proceso, y los diversos medios de defensa de que pueden hacer uso, tales como la formulación de descargos y de observaciones ante la autoridad contralora, normativa a la cual se ha ceñido la tramitación del proceso disciplinario instruido en contra de los recurrentes.

Sostiene la improcedencia del recurso de protección contra la toma de razón, porque si bien lo que se impugna a través de la presente acción cautelar es el citado oficio N° E364262, de 2023, lo cierto es que aquello incide directamente en el trámite de toma de razón efectuado por esa Entidad Fiscalizadora, de manera que lo que buscan los actores por medio de su interposición, no es sino dejar sin efecto dicho control de legalidad realizado por medio del Oficio previo N° 117, de 2021.

Explicita que la toma de razón constituye un trámite con motivo del cual este Ente Contralor emite, en forma exclusiva, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones afectos a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de la interposición de un recurso de protección, la cual es una función primordial, de naturaleza constitucional y legal, que vela por el resguardo del principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado. Así lo ha dejado establecido expresamente el Senado, al resolver, con fechas 9 de noviembre de 1994, 6 de junio de 1995 y 19 de mayo de 1999, sendas contiendas de competencia promovidas sobre la materia, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 49 N° 3 -actual artículo 53 N° 3-, de la Carta Fundamental.

Adiciona que existe ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación reclamada, toda vez que esa Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 98 y 99 de la Constitución Política de la República; y artículos 1°, 5°, 6°, 9°, 10 y 16 de la ley N° 10.336; por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que rige la materia, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011.

Refiere que, el artículo 99 de la Carta Fundamental, prevé, en lo atingente, que en el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer. En ese mismo sentido, el artículo 10 de la mencionada Ley N° 10.336, prescribe, en lo que interesa, que el Contralor General tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría, y representará la inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer. En concordancia con lo anterior, la Resolución N° 6, de 2019, de esta Entidad de Fiscalización, dispone en su artículo 11, N° 5, que están afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre materias de sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General, en los servicios sometidos a su fiscalización.

Argumenta que el trámite de toma de razón corresponde a un control preventivo que se inserta dentro de un procedimiento administrativo una vez dictado el procedimiento administrativo, trámite por medio del cual esta Entidad de Control examina la juridicidad de la actuación administrativa, materializándose la función de control de legalidad de los actos de la Administración. De esta forma, la toma de razón es un mecanismo de control selectivo y obligatorio de la juridicidad de los actos administrativos que se refieren a materias esenciales, y que vela por el resguardo del principio de probidad, por el derecho a una buena administración y por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, lo que no implica, por cierto, evaluar aspectos que se refieran al mérito del asunto planteado, como lo sería interferir en la decisión de aplicar o no una sanción cuando corresponda, lo cual es propio de la Administración activa.

Aclara, en dicho contexto, que, tanto al emitirse el Oficio N° 117, de 2021 -por el cual la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago cursó con alcances los Decretos N°s. 1.241 y 1.381, ambos de 2019, de la Municipalidad de Recoleta-, como al emitirse el Oficio N° E364262, de 2023 -por el cual la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago rechazó la solicitud de reconsideración formulada en contra del anotado oficio-, se ponderó la supuesta prescripción de la acción disciplinaria alegada por los recurrentes, desestimándose tal aspecto por las consideraciones ya mencionadas en el acápite precedente.

De esta forma, concluye que, el hecho de que los actores no compartan la decisión de esta Entidad de Control no transforma el acto en arbitrario ni ilegal, más aún cuando el acto administrativo impugnado contiene los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentó tal decisión.

Finalmente, asevera que el acto administrativo terminal en el marco de un sumario administrativo incoado por la Contraloría General de la República, es el decreto alcaldicio que aplicó las medidas disciplinarias, el cual puede ser objeto de los distintos medios de impugnación que contempla el ordenamiento jurídico, y no así la toma de razón que posteriormente esa Institución efectúa en el ejercicio de sus funciones, una vez agotados los respectivos recurso. Cabe recordar que, en conformidad con lo previsto en el artículo 63, letra d), de la Ley N° 18.695, la aplicación de una determinada medida disciplinaria en los sumarios como el de la especie, es de facultad de la autoridad edilicia, la que, por lo tanto, puede mantener aquella propuesta o bien, disponer una distinta. Lo anterior guarda armonía con lo preceptuado en el artículo 138 de la Ley N° 18.883, que establece que la facultad para aplicar medidas disciplinarias corresponderá al alcalde, correspondiendo a la Administración activa el ejercicio de la potestad disciplinaria.

Cabe recordar que las medidas disciplinarias fueron impuestas por el Alcalde de la Municipalidad de Recoleta mediante el decreto alcaldicio N° 215, de 28 de enero de 2019, las que luego fueron objeto de recursos de reposición, que fueron resueltos mediante su símil N° 1.241, de 17 de mayo de 2019, y posteriormente rectificadas a través del decreto N° 1.381, de 6 de junio del mismo año.

Pues bien, tal como se consignó en el oficio impugnado, en el caso de don nombre reservado, el último hecho imputado ocurrió el 31 de marzo de 2015, en circunstancias que la formulación de cargos tuvo lugar el 6 de octubre de 2017, es decir, tras haber transcurrido 2 años, 6 meses y un día entre el último hecho y dicha diligencia.

A su vez, se pudo advertir que transcurrieron dos períodos calificatorios sin que dicho funcionario hubiere sido sancionado, correspondiente a los años 2017 y 2018, reanudándose el plazo de prescripción el 1 de enero de 2019 y dictándose el decreto de término -afecto a toma de razón- el 6 de junio de 2019.

De esta forma, entre la reanudación del cómputo de prescripción y la dictación del acto de término transcurrieron 5 meses y 5 días.

Por consiguiente, se concluyó que el total de tiempo para efectos de computar la prescripción de la acción disciplinaria en el caso del señor nombre reservado, era de 2 años, 11 meses y 11 días, por lo que aquella no se encontraba prescrita.

Por otro lado, en lo que concierne a don nombre reservado, el último de los hechos imputados ocurrió el día 15 de enero de 2015, formulándose un único cargo por dichos sucesos con fecha 5 de abril de 2017, habiendo transcurrido entre ambos hitos 2 años, 2 meses y 22 días.

Asimismo, se pudo comprobar que transcurrieron dos períodos calificatorios, correspondientes a los años 2017 y 2018, sin que el funcionario en cuestión hubiere sido sancionado, dictándose el decreto de término, afecto al trámite de toma de razón, el día 6 de junio de 2019, esto es, 5 meses y 5 días después.

Así, entonces el total de tiempo transcurrido para efectos del cómputo de la prescripción disciplinaria es de 2 años, 7 meses y 27 días, de manera que la responsabilidad del señor nombre reservado tampoco se encontraba prescrita.

En ese orden de ideas, se concluyó que los cómputos de prescripción alegados por los recurrentes en sus presentaciones excedían con creces los plazos que efectivamente correspondían ser computados para efectos de analizar la eventual prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto contabilizaban como útil para tal efecto el período de tiempo durante el cual los citados actos administrativos estuvieron en trámite ante esta Entidad Fiscalizadora, sin que ello correspondiera, debiendo estarse, según se expresó, a la dictación del acto por el cual el municipio afinó el sumario en el marco del cual ya les había impuesto una sanción.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha afirmado, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Carta Política, se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, siendo presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y, c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías —preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes. En el caso de autos, el acto recurrido, según el decir del recurrente, es por ser arbitrario e ilegal.

QUINTO: Que, en la especie, los recurrentes sostienen el acto recurrido en el Oficio E364262 de fecha 5 de julio de 2023 de la Contraloría General de la República, que no da lugar a la solicitud de reconsideración deducida por éstos, petición efectuada a través del Alcalde de la Municipalidad de Recoleta, con fecha 12 de julio de 2021, sobre la prescripción extintiva de la acción disciplinaria en sumario administrativo incoado, y en el que se ordena a dicha Municipalidad la aplicación dentro del plazo de 10 días, de las medidas disciplinarias ordenadas por el Decreto N° 884 de fecha 30 de junio de 2021.

SEXTO: Que, en este escenario, la actuación de la Contraloría General de la República consistió en efectuar el control previo de legalidad establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República y en los artículos 1 y 10 de la Ley N°10.336, velando por el principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, atribución exclusiva y excluyente de la Contraloría.

Por lo ya señalado, no se visualiza actuación arbitraria ni ilegal alguna de la recurrida, o contraria a la razón, como pretenden los recurrentes.

SÉPTIMO: Que, el Oficio reclamado por los recurrentes como arbitrario e ilegal, no lo es, ya que no corresponde a un mero capricho de la Contraloría, por cuanto denegó una solicitud de prescripción extintiva conforme a la revisión legal de los antecedentes, determinando correctamente el acto administrativo final, en el decreto de la autoridad municipal que aplica las medidas disciplinarias, y no en el acto de toma de razón, en la que por lo demás, se ejerció por la entidad fiscalizadora el control de juridicidad de dichos actos administrativos, incluso en su momento con alcance, lo que trajo como consecuencia y como así lo ordena la Ley, luego de dicho examen, el cumplimiento de las medidas sancionatorias ya adoptadas.

OCTAVO: Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de naturaleza jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que éstas toman en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les otorga, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones. Dichos procedimientos tienen sus medios de impugnación propios y son aquellos los que han de ser utilizados.

Efectivamente, en marras se ha recurrido en contra de la Contraloría General de la República, respecto de una decisión que adoptó en el marco de las legítimas atribuciones de tal entidad, que emanan tanto de la Carta Política de la República, como de la Ley N°10.336, como ya se dijo, y en la forma que el propio ente contralor ha explicado en su informe.

NOVENO: Consecuentemente, como se ha dicho, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria como lo alega el recurrente, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por el Órgano Contralor -que se reprocha-, deviene en arbitrario y/o ilegal, porque el acto administrativo recurrido, se dictó en el marco de las legítimas atribuciones de dicha entidad de control, ateniéndose por cierto a la normativa vigente, ejerciendo precisamente sus atribuciones y explicando dicha autoridad, las razones por las que se ha adoptado la determinación que se reprocha.

DÉCIMO: Así las cosas, no cabe más que concluir que esta acción ha sido utilizada como un medio de impugnación, como si fuera un mero recurso jurisdiccional de aplicación general, lo cual resulta impropio, en especial, tratándose del ente de control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado por excelencia, como lo es la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-12703-2023.

En Santiago, siete de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.