nombre reservado con PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

Santiago, cinco de mayo de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 5 recurre de protección don nombre reservado, italiano, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., -en adelante la Principal o la recurrida- RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, ignora profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que expone.

Explica que en su contra se ha cometido un acto ilegal y arbitrario, ya que por su condición de pensionado es beneficiario de una pensión de vejez, siendo la recurrida la entidad pagadora de la misma, depositando Principal todos los meses las sumas de dineros de su pensión, pero, en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, la recurrida sin previo aviso y de manera arbitraria e ilegal, descontó sumas de dineros de dicha pensión, por motivos que hasta esa fecha desconocía, siendo luego informado que correspondían al pago de un crédito solicitado a una caja de compensación en el año 1993. Luego de un año en busca de explicaciones, expresa, que el 20 de enero de 2015, se vuelve a descontar de su pensión una alta suma de dinero. Dice que el acto de la recurrida es una privación, perturbación y amenaza a sus garantías constitucionales, vulnerándose las de los números 24 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistentes en afectación al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, y la igualdad ante la ley, ello por ser descuentos arbitrarios y abusivos de su pensión y sin permitirle hacer valer sus derechos, sin notificaciones previas y simplemente descontando más del 10% de su pensión.

Expresa que no existe facultad legal de la recurrida para efectuar los descuentos lo que configura la ilegalidad y ser éstos arbitrarios por no serles informados y porque no son regulares ya que se descuentan solo algunos meses y no permiten ser impugnados.

La Glosa del descuento, dice que es “Caja de Compensación” y se le explicó que corresponden a una deuda que contrajo con la Caja de Compensación Los Andes en el año 1993 y que quedó impaga, sin tener completa claridad de dicha deuda, haciendo presente que de acuerdo al artículo 58 del Código del Trabajo cualquier deuda contraída con dicha Caja debió ser descontada de sus remuneraciones, y en todo caso el hecho ocurrió hace más de 20 años.

Expresa que buscando una explicación llegó hasta la Superintendencia del ramo y allí le explicaron de qué deuda se trataba y que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 19.539 las entidades pagadoras, como la recurrida, tenían facultades para efectuar las retenciones de créditos sociales otorgados por las cajas de compensación. Concluye, que analizados los hechos y las disposiciones legales que regulan la materia, el descuento resulta del todo ilegal y arbitrario, puesto que de modo ligero la recurrida imputa descuentos a su pensión de vejez, basado en la disposición legal ya mencionada, sin embargo esta prescribe: “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias y enterarlo en aquella dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la ley N° 17.322.” Agrega, que de este modo, siendo reguladas estas retenciones por la ley referida, es ésta que establece el cobro judicial de las cotizaciones previsionales y al regirse las retenciones del mismo modo, las efectuadas automáticamente en enero, febrero y marzo son arbitrarias e ilegales. Sostiene que dichas retenciones deben realizarse necesariamente a través de los tribunales de justicia, por lo que la retención que haga debe ser por orden judicial.

Pide sea acogido el presente recurso con costas, ordenándose que : se suspendan indefinidamente los descuentos automáticos a su pensión de vejez, hasta mediar orden judicial que la autorice y se ordene la devolución de las sumas retenidas, en los meses de enero, febrero y marzo de 2014 y enero de 2015.

Acompaña cuatro comprobantes de pago de su pensión de vejez emitida por la recurrida, de los cuatro meses ya referidos.

Segundo: Que, a fojas 40 y siguientes, la recurrida representada por el abogado don Cristián Edwards Gana, evacúa el informe requerido manifestando en primer lugar la extemporaneidad del recurso de protección, basado en que de acuerdo a los propios términos del recurso los descuentos empezaron a efectuarse el mes de enero del año 2014 y ya pasado más de un año desde allí es interpuesto el recurso de autos, esto es, pasado el plazo referido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por lo que fue deducido fuera de plazo.

En segundo término, se alega que este recurso resulta improcedente, de acuerdo lo han declarado ya los Tribunales de Superiores de Justicia en diversas ocasiones, por ser éste eminentemente cautelar destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derecho preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Carta fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo de carácter urgente que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Se dice, que en este caso no existe una privación, perturbación o amenaza apremiante que justifique el empleo de esta acción cautelar, elemento propio y necesario de la acción constitucional de protección, instituto establecido por el constituyente para casos graves y calificados en que no existe otra vía idónea para poner remedio a los perniciosos efectos de la supuesta acción u omisión vulneratoria de derechos. En este caso no puede ser apremiante lo ocurrido hace más de un año, además, existen otras vías idóneas de reclamar los cobros de una caja de compensación y otros rubros que se mencionan, no siendo el presente recurso una de ellas. Existen acciones declarativas ante los Tribunales Ordinarios, para recurrir a la Caja o realizar las denuncias ante la Superintendencia de Seguridad Social, siendo la propia Circular 1669 de dicha Superintendencia, de 26 de agosto de 1998, que establece que: “En caso de que el pensionado tenga certeza de que se le están efectuando descuentos improcedentes a su pensión, deberá recurrir directamente a la C.C.A.F., en que se encuentre afiliado la que deberá informarle detalladamente, en un plazo no superior a diez días hábiles, los descuentos realizados y por efectuarse a su pensión y que fueron o serán informados a la entidad pagadora de la pensión. En caso de no estar de acuerdo con la respuesta dada por la Caja respectiva podrá recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social.”

Se agrega por el recurrido, que no es procedente en un recurso de protección solicitar la devolución material de sumas de dinero, como lo hace en su petitoria el recurrente, lo que confirma que este recurso no es la vía idónea que debió seguir el señor nombre reservado.

Respecto del pago de la pensión y del deber de realizar los descuentos de acuerdo a la información entregada por la caja respectiva, expresa que una de las modalidades de pensión es la renta Vitalicia, que consiste en que el afiliado contrata con una Compañía de Seguros de Vida, obligándose dicha compañía al pago de la renta mensual para toda la vida del afiliado, traspasándose por la AFP los fondos previsionales a dicha compañía de seguros para financiar la pensión contratada y así el recurrente optó por esta modalidad siendo Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., la entidad pagadora de la misma, lo que reconoce el recurrente. Explica que como entidad pagadora de la pensión su representada se encuentra obligada por ley a realizar ciertos descuentos de la misma, entre ellos: impuestos, pago a Isapres, Fonasa y, además, lo adeudado por el pensionado por concepto de crédito contratado con una Caja de Compensación. Expresa, que sobre lo último el artículo 16 de la Ley 19.539 establece lo que ya se encuentra transcrito más arriba en virtud de lo señalado en el recurso, respecto de la obligación que pesa sobre las entidades pagadoras.

Así, dice, se impone un deber estricto de descontar lo adeudado de la pensión, no siendo una facultad, sino una obligación de su representada, realizar lo mismo; y como la entidad pagadora, en este caso “Principal”, persona jurídica distinta de la Caja de Compensación que otorga el crédito (Caja de Compensación Los Andes) es esta última entidad la que informa el monto adeudado que debe ser descontado y la época en que esto es procedente, lo que se materializa por medios electrónicos. Agrega, que la Circular 1669 de la Superintendencia de Seguridad Social, ya citada, es clara en señalar: “Los descuentos correspondientes a crédito social, prestaciones adicionales y prestaciones complementarias, deberán ser efectuadas por las entidades pagadoras de pensión y enterados en la caja correspondiente hasta el pago total de las deudas, esto es, aún cuando el pensionado se haya desafiliado de la respectiva C.C.A.F. o del Sistema.” Y que, también, dispone que los mencionados descuentos deban ser notificados por la Caja respectiva a la entidad pagadora de las pensiones. Explica que eso ha ocurrido en autos y por eso los descuentos de $61.627 cada mes, de enero, febrero y marzo de 2014, los cuales fueron pagados a la caja el 5 de febrero, 10 de marzo y 7 de abril, todos de 2014; informando, luego, la caja que correspondía realizar otro descuento por dicho crédito en enero de 2015, por la suma de $121.254, el que se pagó a la Caja el 6 de febrero del mismo año.

Alega que por lo dicho, resulta curiosa la interpretación que da el recurrente al inciso tercero del artículo 16 de la ley citada, ya que al citar la ley 17.322 se refiere al cobro de sumas retenidas o descontadas y no enteradas en la entidad respectiva.

Termina explicando que de acuerdo a lo que alega en su informe resulta la improcedencia de las peticiones concretas del recurso, por cuanto no pueden suspenderse y menos, indefinidamente, los descuentos automáticos de la pensión de vejez, ya que ello contradice la misma ley e impediría, entre otros, los descuentos legales que deben efectuarse; como, también, es improcedente la petición de devolución de las sumas descontadas, tanto, porque no es propio de un recurso de esta naturaleza, como, porque dichas sumas fueron pagadas a la Caja Compensación Los Andes. Expresa que su representada no ha realizado acto ilegal o arbitrario alguno.

Acompaña copia de documento donde consta la personería del recurrente; copia de Póliza de Renta Vitalicia y endoso del recurrente; cuatro correos electrónicos que dan cuenta de los descuentos de los pensionados, de cada mes señalado en el recurso; impresiones de pantalla donde consta el nombre del recurrente, el monto de los descuentos respectivos y su fecha; copias de certificados de Previred donde consta el pago de los descuentos del recurrente a la Caja de Compensación Los Andes; y liquidaciones de rentas vitalicias del recurrentes de los mismos meses en cuestión.

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales, encontrándose entre dichas garantías la del N° 24, estos es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y la del N° 2, esto es la igualdad ante la ley, alegadas en este caso como conculcadas.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, el que establece un plazo perentorio de 30 días corridos para su interposición, contado desde la comisión del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que, de acuerdo a la expresado en el motivo anterior, es necesario analizar, en forma previa, la extemporaneidad del presente recurso alegada por la recurrida, basado en que los primeros descuentos que lo fundamentan lo fueron en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, y éste ha sido deducido recién el 18 de febrero del año 2015, esto es, fuera del plazo que establece el Auto Acordado respectivo.

Quinto: Que para resolver lo anterior, es necesario precisar que de acuerdo al mérito del libelo de protección aparece que se le imputan a la recurrida cuatro acciones que a juicio de quien acciona son ilegales y arbitrarios, cada una de dichas acciones consiste en un descuento de una suma de dinero que se efectúa del pago de su pensión mensual de vejez que realiza la recurrida como entidad pagadora, que se realizaron los meses de enero, febrero y marzo de 2014 y en el mes de enero de 2015, siendo claramente acciones distintas cada una de ellas, ya que difieren tanto en sus montos, especialmente la última, como en sus épocas de descuento.

Sexto: Que, de acuerdo a lo razonado en el motivo anterior, la alegación de extemporaneidad de la recurrida será acogida por esta Corte, por ser ello efectivo, pero sólo respecto de aquellas acciones que consisten en los descuentos que se le efectuaron al recurrente en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, por cuanto en las mismas fechas de los descuentos aparece que tomó conocimiento de ellas, e incluso estuvo un año haciendo gestiones para dilucidar su origen y, sin embargo, el presente recurso solo es deducido el 18 de febrero del año 2015, esto es, fuera del plazo que establece el Auto Acordado respectivo.

En consecuencia, se declarará la extemporaneidad parcial del presente recurso, referido a los descuento de los tres meses que se han ya mencionado.

Séptimo: Que, en cambio, el recurso deducido en aquella parte que se refiere a un descuento de un cobro que es efectuado en el mes de enero de 2015 y que se estima arbitrario e ilegal por la recurrente, su interposición aparece estar dentro del plazo de los 30 días hábiles que dispone el Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección desde la ocurrencia de dicho acto alegado, por lo que en esta parte se rechaza la petición de extemporaneidad de dicho cobro.

Octavo: Que, despejado lo anterior, es necesario analizar si el actuar de la recurrida -un descuento de un cobro de un crédito de una Caja de Compensación efectuada en enero de 2015- constituye una acto u omisión arbitrario o ilegal que conculca los derechos y garantías de quien acciona. Para ello es forzoso tener presente que lo ilegal es lo contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico- y lo arbitrario es aquello que es producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de autos.

Noveno: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados por las partes -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por éstas, puede concluir que el acto impugnado no aparece como arbitrario ni ilegal, toda vez que la acción de efectuar el aludido descuento de la pensión de vejez del recurrente que se cuestiona, corresponde a una facultad que le otorga la propia ley 19.539, en su artículo 16, a la recurrida (que fuera citada por quien acciona) como entidad pagadora de dicha pensión de vejez. Facultad, que de otro modo, además, constituye una obligación legal que debe necesariamente cumplir la recurrida en cuanto realiza su labor de pagadora de las pensiones ya referidas, previo, a que le sean señalados los montos y fechas de retención de aquellas sumas que correspondan a los conceptos referidos en dicha disposición legal citada. Por el contrario, la recurrida sino realiza dicho descuento caería en una ilegalidad.

En cuanto a la arbitrariedad en el actuar de la recurrida, también, se descarta ya que dichos descuentos -teniendo facultad y obligación legal para hacerlos- los ha hecho ateniéndose a lo que oportunamente le ha sido informado por la Caja de Compensación de Los Andes, entonces, los descuentos realizados no obedecen a una sinrazón del actuar de ésta o a su mero capricho, si no que su fundamento se basa en lo que le ha comunicado la Caja de Compensación respectiva mencionada, en cuanto a monto y fechas de dichos descuentos.

Décimo: Que, sobre la base de lo razonado, puede concluirse, que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues, como ya se dijo, los presupuestos de hecho en los que discurre su análisis sobre lo ilegal y arbitrario de la resolución que impugna, no han sido justificados.

Décimo Primero: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como arbitrario, ilegal y conculcador de garantías constitucionales del recurrente, se ajustó a los procedimientos legales que rigen la materia y, en tales condiciones, no existe en este caso algún acto arbitrario o ilegal cometido por la recurrida que autorice la intervención de esta Corte, como, tampoco, que éste haya vulnerado garantías constitucionales del recurrente, motivo por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se declara que:

I.- Se rechaza, por extemporáneo, el presente recurso deducido, en lo principal de fojas 5, por don nombre reservado en contra de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., representada por don nombre reservado en lo que dice relación a los descuentos efectuados en los meses de enero, febrero y marzo de 2014;

II.- Se rechaza, en lo demás, el recurso deducido, en lo principal de fojas 5, por don nombre reservado en contra de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., representada por don nombre reservado; y, III.- No se condena en costas a la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción Ministro señor Poblete.

N° Protección 12.692-2015.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez, conformada por la Ministra señora Gloria Solís Romero y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a cinco de mayo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.