Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y considerando.

Primero: Que comparece nombre reservado e interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en razón de haber dictado la resolución exenta Nº NUM000, de 27 de enero de 2022 y pide que esta Ilustrísima Corte adopte providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarle la debida protección como afectado.

Invoca como antecedentes de hecho que el 27 de diciembre de 2021 la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez Subcomisión Viña Del Mar-Quillota, rechazó la licencia médica Nº NUM001, extendida por 30 días a contar del 15 de diciembre de 2021, estableciendo en su resolución que está JUBILADO POR INVALIDEZ IGUAL DIAGNÓSTICO.

Hace presente que no se jubiló con el diagnóstico F33.2 (Trastorno depresivo recurrente episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos), como dictaminó la Compin, por lo que no correspondía el rechazo de la licencia, ya que es un diagnóstico distinto.

Agrega que con fecha 30 de diciembre de 2021 presentó un recurso de reposición ante la COMPIN, adjuntando el Dictamen Ejecutoriado de la Superintendencia de Pensiones, el que fue ignorado por la Comisión y reflejado en un dictamen que no tiene relación con el dictamen de Invalidez, por lo que la licencia fue rechazada por mero capricho.

Con fecha 4 de enero de 2022 se rechaza la reposición insistiendo en que está JUBILADO POR INVALIDEZ IGUAL DIAGNÓSTICO, e ingresa apelación ante la SUSESO la que fue rechazada el 6 de enero de 2022, en donde la recurrida dicta la Resolución Exenta Nº NUM002 concluyendo lo siguiente:

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM001, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes administrativos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizados, puesto que no se adjunta plan de manejo clínico, escala de gravedad, evolución, ajustes de farmacología acorde con la cronología del cuadro el cual alcanza los 240 días continuos de seguimiento bajo reposo por causa psiquiátrica. Tampoco se acredita trámite de ingreso a programa de salud mental de acuerdo a derivación GES vigente, sin evaluación por psiquiatra, sin informe de psicólogo (a) con detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas, concordantes con diagnóstico y con extensión de reposo.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° NUM001, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.

Afirma que la resolución impugnada malinterpreta el contenido de su apelación y dilató el procedimiento administrativo constituyendo el supuesto de ilegalidad y arbitrariedad en el acto, lo que lo lleva a no tener un debido proceso e igualdad ante la ley.

Que con fecha 8 de enero de 2022 presentó recurso de reposición a la SUSESO por el rechazo de la apelación, siendo rechazado el 27 de enero de 2022, en donde la recurrida dicta la Resolución Exenta Nº NUM000 concluyendo:

Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° NUM003 de 03/03/2021, ejecutoriado con fecha 02/04/2021, por medio del cual se le ha reconocido al Sr. nombre reservado un 80% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, aceptar invalidez definitiva total.

Que, conforme a lo señalado, en las situaciones en que una persona afiliada al Sistema del D.L. N° 3.500, de 1980, las Comisiones Médicas respectivas le han fijado un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, es posible autorizar las licencias médicas que estén en curso, hasta el término de aquélla que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

Que, no procede autorizar licencias médicas posteriores a la fecha de la resolución ejecutoriada ya citada, en consideración a lo previsto en el artículo 12, inciso 2° del Decreto Ley N° 3.500 y el artículo 75 del D.S. N° 57 de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que prescribe que las pensiones de invalidez establecidas por la ley serán incompatibles con los subsidios por incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez.

Que, en estas estas circunstancias, no es posible autorizar la licencia médica que ha dado lugar a la presente reclamación, por cuanto es por la misma patología que dio origen a su invalidez definitiva total.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° NUM001, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.

Expone que la SUSESO no coteja el Dictamen Ejecutoriado de la Superintendencia de Pensiones Nº NUM003, con las dos Resoluciones dictadas por la COMPIN los días 27-12-2021 y la del 04-01-2022, adjuntando solamente el Maestro de Licencias Médicas actualizado a la fecha del reclamo (Fonasa), Cartola médica actualizada y LME en formato electrónico.

Que el rechazo de la SUSESO se motiva en razón de lo previsto en los artículos 12, inciso 2º del Decreto Ley Nº 3.500 y el artículo 75 D.S. N° 57 de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que prescribe que las pensiones de invalidez establecidas por la ley serán incompatibles con los subsidios por incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez.

Esto, en razón de que la SUSESO consideró que la licencia médica fue otorgada por la misma patología que dio origen a la pensión de invalidez, cuestión que no es efectiva.

Así, afirma que el acto impugnado infringe el principio de fundamentación de los actos administrativos, conforme la ley 19.880 y el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 del 28 de mayo de 1984 que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de Salud previsional, que en su artículo 16 establece como requisito de las decisiones que tome la COMPIN la fundabilidad en sus resoluciones.

En razón de la ilegalidad del acto, invoca que se han vulnerado sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto existen otros casos mediante los cuales la misma COMPIN y la SUSESO han validado las indicaciones de reposo por antecedentes de sismología relativa a la salud mental, no pudiendo sino entender que esta diferencia se basa en antecedentes no suficientemente fundados por parte de quien detenta una potestad pública.

Invoca, por otro lado, afectación de su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, del articulo 19 Nº 3 (inciso 5º) de la Constitución Política de la República, el que se ha visto vulnerado en razón de se le ha privado del derecho a un debido proceso administrativo, toda vez que la escueta fundamentación del acto administrativo que se denuncia como arbitrario, demuestra que ha sido ilusoria la posibilidad de contrastar pruebas que no han sido mencionadas en los razonamientos seguidos por parte de la autoridad administrativa recurrida.

Finalmente, afirma que se afecta su derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República), por cuanto se le priva del derecho de gozar del respectivo subsidio de incapacidad laboral.

Conforme lo expuesto, pide se deje sin efecto la resolución exenta mencionada, que confirma el rechazo de la licencia médica indicada, debiendo en consecuencia ordenar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar-Quillota, aprobar y ordenar el pago del subsidio por incapacidad laboral temporal derivado de la licencia médica Nº NUM001, rechazada al recurrente y beneficiario, con costas de los recurridos.

Segundo: Que, evacuando informe requerido, compareció nombre reservado, nombre reservado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, quien pidió el rechazo del recurso, en razón de que su representada resolvió rechazar la licencia toda vez que la jubilación del recurrente se encuentra aceptada.

Que, tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Cabe señalar a S.S.I. que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Finalmente, hace presente que el caso objeto del presente recurso, ya ha sido analizado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien en el marco de su competencia especializada, ha confirmado el rechazo de la licencia reclamada.

Tercero: Que compareció Sebastián de la Puente Hervé, abogado de la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, en razón de que por presentación de fecha 4 de enero de 2022, el señor nombre reservado reclamó ante el Servicio por cuanto la COMPIN confirmó el rechazo de la licencia médica N° NUM001, por lo que el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 21 de febrero de 2022, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la citada COMPIN de los formularios en comento.

En subsidio de lo anterior, pide se declare improcedente la acción por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior, expuso que en el caso del recurrente el derecho “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas, por lo que debe desestimarse la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida.

Que, conforme los antecedentes que obran en el expediente administrativo, concluye que el Ord. impugnado por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar la licencia indicada.

Conforme lo expuesto, afirma que como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Conforme lo expuesto, pidió el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad, ésta no será acogida, teniendo presente que no ha transcurrido el plazo de 30 días requeridos entre la fecha de presentación del recurso y la resolución de la Superintendencia que mantuvo firme la decisión de la COMPIN, dictada el 27 de enero de 2022.

Quinto: Que, en relación a la impugnada Resolución Exenta N° NUM000- de 27 de enero de 2022, de su lectura se advierte que la licencia médica en cuestión fue rechazada por cuanto la Superintendencia de Pensiones ha emitido Dictamen NUM003 de 3 de marzo de 2021, por medio del cual se ha reconocido al recurrente un 80% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando aceptar invalidez definitiva total, por lo que no procede autorizar licencias médicas posteriores a la fecha de dicha resolución, en consideración a lo previsto en el artículo 12, inciso segundo, del Decreto Ley 3.500 y artículo 75 del DS 57 de 1991 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Sexto: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En el artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Séptimo: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar la licencia médica de que se trata por las consideraciones ya anotadas.

Octavo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, que señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia”; y “c)

Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico- social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Noveno: Que, de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a dicho Servicio la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2°, 3° y 27 la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

Décimo: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias del recurrente por la COMPIN, la Superintendencia confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con el mismo asunto, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Undécimo: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1269-2022.

En Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.