Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. Santiago Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticinco Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que la Fundación Defensoría Migrante interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad peruana en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 28 de abril de 2025 que rechazó la reposición que dedujo en contra de la resolución Resolución Exenta NUM001 del 26 de noviembre de 2024 que a su turno declaró desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente y además no elevó el recurso jerárquico que interpuso, actuación que estima que vulnera derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que la recurrente nombre reservado, de nacionalidad peruana, que el día 29 de octubre de este 2024 se presentó a las dependencias de la recurrida a efectos de solicitar se le reconozca su condición de refugiada, lo que reiteró el 4 de noviembre del mismo año 2024. Refiere que su solicitud se fundó en el temor fundado por su integridad, vida y libertad a raíz de la sentencia dictada por la Corte Superior Nacional de justicia penal especializada del Perú en causa N°85- 2014-0-JR-PE-03 dictada el día 28 de octubre de 2024, en la que se le condenó a 16 años de pena privativa de libertad, sentencia que, según explica, se encontraría con un recurso de nulidad pendiente.

Explica que realizó su solicitud de reconocimiento a penas un día de la mencionada sentencia, cuestión que fue reconocida por los funcionarios que la atendieron, quienes le explicaron que su solicitud fue presentada dentro del plazo legal establecido por la normativa migratoria vigente.

Manifiesta que no obstante lo anterior, con una celeridad que califica de sorprendente, la autoridad administrativa el 4 de noviembre del año pasado dictó la Resolución Exenta NUM002 en virtud de la cual se resolvió que no era posible dar curso a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Esgrime que dicha resolución fue impugnada oportunamente por la protegida mediante recurso de reposición, y que sin haber resuelto aún la reposición se emitió la Resolución Exenta NUM001 de fecha 26 de noviembre de 2024, en la cual se declara de manera unilateral que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada se tiene por desistida.

Expone que nuevamente impugnó esta resolución mediante recurso de reposición y jerárquico en subsidio para que finalmente el día 28 de abril de 2025 se dictara la Resolución Exenta N° NUM000 rechazando la reposición y disponiendo que no se elevará el recurso jerárquico, determinación que considera como la consumación de una serie de actos arbitrarios e ilegales que vulneran derechos fundamentales de la favorecida.

Respecto de los antecedentes de derecho, explica que conforme a la normativa legal vigente el Servicio Nacional de Migraciones, en su carácter de autoridad administrativa, debe examinar si se cumplen los requisitos formales de la solicitud, entre ellos el plazo. En el presente caso, afirma que se ha verificado precisamente ese cumplimiento. La Ley 20.430, en su inciso final del artículo 26, contempla expresamente la posibilidad excepcional de dar curso a una solicitud cuando existen antecedentes suficientes que den cuenta de cambios en las situaciones posteriores al ingreso a Chile que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante, caso en el cual la solicitud debe presentarse dentro del mismo plazo ordinario, contado desde que ocurrió el hecho que funda tal solicitud. En el presente caso, siendo que la sentencia condenatoria constituye tal hecho fundante, y siendo que la favorecida presentó su solicitud dentro de plazo desde la ocurrencia de tal evento, se cumplen así los requisitos formales exigidos por la ley.

Reclama que la autoridad administrativa ha actuado de forma inconsistente y carente de fundamento legal. En particular, subraya que la Ley 20.430 establece que el Director del Servicio Nacional de Migraciones, en caso de que no se cumplan los requisitos formales, debe notificar al solicitante especificando cuáles fueron tales requisitos incumplidos y la forma y plazo en que deben cumplirse o subsanarse. La resolución debe advertir además que en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, la solicitud se tendrá por desistida. Sin embargo, en el presente caso, la Jefa de la sección de refugio se atribuyó facultades que no posee legalmente, intervino en el fondo de la solicitud, negó el debido proceso al no dar curso al recurso jerárquico, y asumió como detentadora de la autoridad para resolver sobre quién es o no refugiado, facultad que conforme a la ley corresponde única y exclusivamente a otras autoridades administrativas.

En dicho sentido, considera que la autoridad ha extralimitado sus facultades al resolver sobre cuestiones de fondo que corresponden exclusivamente al Subsecretario del Ministerio del Interior, conforme a lo establecido expresamente en el artículo 19 de la Ley 20.430, el cual dispone que "el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente". De igual forma, el inciso 2 del artículo 31 del Decreto Supremo 837 reitera esta competencia al señalar que "corresponderá al Subsecretario del Interior pronunciarse sobre el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación y revocación de la condición de refugiado, mediante resolución exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado".

Denuncia que las resoluciones impugnadas contienen una serie de incongruencias. Señalan que la Resolución Exenta N° NUM000 hace referencia a la Ley 19.880, particularmente a su artículo 31, el cual establece bases generales de procedimientos administrativos. Sin embargo, esta norma no se refiere específicamente a solicitudes de reconocimiento de refugio, y que en el presente caso no se le solicita a la favorecida subsanar falta alguna de requisito específico, sino que simplemente se le señala que estaría fuera de plazo, cuando de hecho ya se había reconocido explícitamente que la solicitud fue presentada dentro del plazo legal. Más aún, se resuelve sobre cuestiones de fondo, es decir, sobre si la solicitud está fundada o no, y no únicamente sobre requisitos formales.

Concluye que se han vulnerado los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dar curso progresivo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente.

SEGUNDO: Que informa por el Servicio Nacional de Migraciones el abogado Javier Muñoz Reyes, solicitando que se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria.

Expone que según su información, la actora registra un ingreso a territorio nacional el 31 de mayo de 2023, por el Aeropuerto nombre reservado

Benítez.

Refiere que no cuenta con registros de que la parte recurrente hubiese manifestado, a la autoridad contralora de fronteras, su intención de solicitar refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el art. 36 del Decreto N° 837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

Luego indica que el 4 de noviembre de 2024, la extranjera manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada, mediante la plataforma online del Servicio Nacional de Migraciones.

A raíz de ello, se citó a la extranjera para que concurriera a dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio, el mismo 4 de noviembre 2024, a las 09.30 horas, con toda la documentación necesaria, para dar inicio a su solicitud, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada y por abandonado el procedimiento en caso de inasistencia.

Expone que en aquella oportunidad, el Servicio Nacional de Migraciones le entregó el formulario respectivo, y realizó la entrevista personal, en conformidad a lo establecido en el artículo 28 bis inciso 6° de la Ley 20.430 y una vez completado el formulario y realizada la entrevista, se procedió a realizar la revisión de los antecedentes acompañados en conformidad a lo dispuesto en los incisos 3° y 4° del artículo 28 bis de la Ley 20.430 Según explica, en este caso no fue posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no cumplió con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley 20.430 y reglamento de refugio, relativos a exceder el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 inciso 5° de la Ley 20.430.

Por lo anterior, mediante Resolución Exenta N° NUM002 de 4 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, se procedió a otorgar el plazo de 15 días hábiles para efectos de subsanar su solicitud y de esta manera continuar con la tramitación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, bajo el apercibimiento de tenerse por desistida su solicitud si no lo hiciera en el plazo indicado, en conformidad al artículo 28 bis inciso 3° de la Ley 20.430 y al artículo 31 de la Ley 19.880.

Luego el 8 de noviembre de 2024 la extranjera presentó documentación, argumentando que, al habérsele condenado a la pena de 16 años de pena privativa de libertad el día 28 de octubre de 2024, existiría un cambio de circunstancias que la pone en riesgo, por lo que la habría presentado dentro del plazo excepcional previsto en el artículo 26 inciso final de la Ley 20.430.

En relación al proceso penal seguido en contra de la recurrente, el Servicio explica que de la información analizada se desprende que el proceso judicial seguido en Perú respetó las garantías mínimas del debido proceso, tales como el derecho a la defensa, la contradicción, la presunción de inocencia y la imparcialidad del tribunal, no configurándose una situación de persecución o riesgo grave que justifique la aplicación de la excepción prevista por la normativa. Por tanto, y considerando que la extranjera ingresó a Chile con fecha 31 de mayo de 2023, y se presentó ante el Servicio Nacional de Migraciones recién con fecha 07 de noviembre de 2024, es decir, 18 meses después de su ingreso al país, y no encontrándose circunscrita en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 26 inciso final de la Ley 20.430, no cumplía con los requisitos formales por lo que procedió entonces a declarar el desistimiento de su solicitud, a través de la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 26 de noviembre de 2024, según lo dispuesto en el artículo 28 bis inciso 3° de la Ley 20.430 y en el artículo 31 inciso final de la Ley N°19.880.

Luego la recurrente presentó el 3 de diciembre de 2024 recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 28 de abril de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, al no desvirtuarse las razones consideradas por la autoridad en la Resolución impugnada.

Agrega que no ha dispuesto sanción migratoria alguna en contra de la recurrente, ya sea de multa, orden de abandono, prohibición de ingreso ni expulsión.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el informante desarrolla en primer término las características del procedimiento administrativo de solicitud de refugio contemplado en la legislación especial que rige la materia. Indica que dicho procedimiento se encuentra regulado, íntegramente, en la Ley N° 20.430 y en el Decreto N° 837, que fija su Reglamento. Respecto a los requisitos formales que se deben cumplir para formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, el informante señala que estos están expresados en los artículos 26 y 28 de la Ley 20.430, destacando especialmente el inciso 5° del artículo 26, que establece: "La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional".

En cuanto a la situación particular de la recurrente, indica que su solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para darle curso, específicamente por exceder el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones. Por lo anterior, la autoridad procedió a otorgarle el plazo de 15 días hábiles para subsanar su requerimiento, en conformidad con lo señalado en el artículo 28 bis incisos 3° y 4° de la Ley 20.430 y en el artículo 31 inciso 1° de la Ley 19.880. No obstante, los artículos precitados indican que en caso de no realizarse la subsanación por parte del interesado en el plazo mencionado, se tendrá por desistida la respectiva petición. En el caso particular de la Sra. nombre reservado, sin que la extranjera haya cumplido en la forma requerida, procedió lo establecido en el artículo 28 bis inciso 3° de la Ley 20.430 y en la parte final del inciso primero del artículo 31 de la Ley N°19.880, esto es el desistimiento de su solicitud.

En relación al argumento de cambio de circunstancias alegado por la recurrente, el informe analiza si la sentencia condenatoria del 28 de octubre de 2024 constituye un cambio de circunstancias que pone en riesgo la vida, la libertad o la integridad física de la solicitante, conforme al inciso final del artículo 26 de la Ley 20.430. En dicho sentido, indica que revisó el procedimiento seguido en contra de la protegida, concluyendo que en el mismo todos los imputados tuvieron acceso pleno a su derecho de defensa, con la oportunidad de presentar sus declaraciones durante el juicio o acogerse al derecho de guardar silencio, de acuerdo con lo establecido en el marco del debido proceso. Señala además que existen antecedentes obtenidos de fuentes abiertas que indican que algunos imputados en la causa fueron absueltos por el tribunal competente, lo que evidencia que no se adoptaron decisiones arbitrarias o generales contra los acusados.

Respecto al caso específico de la Sra. nombre reservado, indica que consta en el expediente que su defensa presentó pruebas orientadas a acreditar su inocencia, y que el tribunal abordó las impugnaciones planteadas mediante una etapa formal de tachas contra testigos y pruebas documentales.

Destaca también que el proceso judicial se inició en 2014, lo que evidencia un proceso extenso y riguroso que buscó garantizar la transparencia y el respeto de los derechos de las partes involucradas. Por otro lado, señala que mediante las escuchas telefónicas contenidas en el expediente, se acreditó que la solicitante, mientras se encontraba privada de libertad, actuaba como un enlace clave entre líderes subversivos, retransmitiendo directivas emitidas por el Comité Central hacia el denominado Comité Regional Huallaga, con pleno conocimiento de que este último era un órgano de fachada creado por Sendero Luminoso.

Enfatiza que el Estado de Perú es reconocido como un Estado de derecho, en el que existe separación de poderes y canales institucionales para canalizar los requerimientos en las instancias recursivas correspondientes. Además, señala que la misma recurrente ha dado cuenta de que la sentencia fue impugnada mediante un recurso de nulidad, siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de requerimientos. Por ello, concluye que no resulta posible considerar la condena como persecutoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 20.430.

Refiere que rodo lo señalado anteriormente impide al ente técnico llegar al convencimiento de que la situación planteada por la recurrente se enmarque en la excepción contemplada en el inciso final del artículo 26 de la Ley N.º 20.430. Esto se debe a que no se han identificado elementos que evidencien la adopción de medidas arbitrarias o persecutorias por parte del sistema de justicia peruano en su contra.

Finalmente, respecto a las eventuales vulneraciones a las garantías constitucionales, el informante expresa que es evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental, más aún considerando que se siguió aquel procedimiento indicado en las normas especiales del procedimiento de marras, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

En virtud de todo lo expuesto, el informante solicita que se tenga por evacuado el informe requerido al Servicio Nacional de Migraciones, y se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria desplegada por dicha autoridad migratoria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio y goce de las garantías constitucionales incoadas por el recurrente, y por ende no es procedente que dicha autoridad sea condenada en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, de los antecedentes que obran en la causa, y que han sido acompañados, consta que la autoridad solicitó en su oportunidad a la interesada que subsanara los antecedentes presentados en el plazo de 15 días, no siendo posible tramitar su solicitud, atendido que según su propia declaración, el ingreso al territorio nacional lo realizó el 31 de mayo del año 2023, por lo que, al realizar su solicitud 4 de noviembre de 2024, se excedió creces el plazo de 7 días dispuesto por ley.

QUINTO: Que el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado es un procedimiento reglado por la Ley N°20.430 y el Decreto Supremo 837, y en subsidio por la Ley N°19.880, por lo que no habiendo dado cumplimiento a los requisitos formales exigidos en la norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880, se tuvo por desistida a la recurrente de su solicitud.

SEXTO: Que, en definitiva, no se aprecia en el actuar de la autoridad acto ilegal o arbitrario alguno, razón suficiente para que la presente acción cautelar sea desestimada, no existiendo, además, orden alguna de abandono o expulsión del territorio nacional.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido, en favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Protección-12684-2025.-