Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco Proveyendo al escrito folio 10: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Sergio Aburto Mayorga, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad cubana, cuidadora de adultos mayores y solicitante de refugio; de doña nombre reservado, también nacional cubana y actualmente en situación migratoria irregular en el país; y de don nombre reservado, nacional cubano y compañero de vida de la anterior, todos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por haber impedido reiteradamente la formalización de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los recurrentes, así como por la negativa a tramitar el refugio por extensión solicitado a favor de los padres de doña nombre reservado. Tal actuación, que califican de ilegal y arbitraria, vulneraría los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República —esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y el principio de igualdad ante la ley—, además del derecho de asilo reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio de no devolución contemplado en la Ley N° 20.430. Por lo anterior, solicitan que se ordene al Servicio recurrido dar curso al procedimiento de refugio por extensión a favor de los señores nombre reservado y nombre reservado.

Se refiere que doña nombre reservado, ingresó a Chile el 28 de diciembre de 2022 por paso no habilitado y, posteriormente, formalizó ante la autoridad administrativa su solicitud de reconocimiento como refugiada, obteniendo visas temporarias sucesivas que le han permitido insertarse laboralmente en el país mediante contrato de trabajo vigente e indefinido. En tanto, sus padres, doña nombre reservado y don nombre reservado, ingresaron a territorio nacional en mayo de 2023 en circunstancias similares, intentando en varias oportunidades formalizar solicitudes de refugio, las que fueron rechazadas por funcionarios del Servicio recurrido bajo diversos argumentos formales. A raíz de tales negativas, interpusieron recurso de protección en agosto de 2024, el cual fue acogido en primera instancia, pero posteriormente revocado por la Excma. Corte Suprema en enero de 2025.

Que, no obstante lo anterior, los recurrentes señalan que, a pesar de haber solicitado posteriormente el reconocimiento del refugio por extensión a favor de los padres de doña nombre reservado —figura expresamente regulada en la Ley N° 20.430 y en su Reglamento N° 837—, la recurrida ha denegado sistemáticamente dar curso a la petición, sosteniendo que las solicitudes de los padres ya habían sido rechazadas. Indican, asimismo, que esta situación los mantiene en incertidumbre jurídica, impedidos de regularizar su situación migratoria, sin posibilidad de trabajar formalmente y expuestos a la vulneración de derechos esenciales.

Desde la perspectiva jurídica, los recurrentes fundan su acción en los artículos 5, 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política, en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, en los artículos 43, 94 y siguientes de la Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería, así como en los artículos 4 y 9 de la Ley N° 20.430 sobre Refugiados y en los artículos 6 y 11 del Reglamento 837. Alegan la vulneración del principio de no devolución y del derecho a la reunificación familiar, así como la falta de colaboración y denegación arbitraria por parte del Servicio recurrido en la tramitación de la solicitud de refugio por extensión.

Sostienen que la omisión del Servicio Nacional de Migraciones ha implicado la transgresión de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y psíquica, reconocidos en el artículo 19 N° 1 de la Constitución; el derecho a la igualdad ante la ley, en su N° 2; el derecho de asilo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como el deber del Estado, establecido en el artículo 5° de la Constitución, de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran garantizados en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones iniciar y tramitar la solicitud de refugio por extensión promovida por doña nombre reservado a favor de sus padres, doña nombre reservado y don nombre reservado, otorgándoles la respectiva visa temporaria renovable y, con ello, la posibilidad de obtener cédula de identidad, hasta que la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiados resuelva definitivamente sobre su situación.

Segundo: Que, al evacuar el informe requerido, la recurrida opone en primer término la excepción de cosa juzgada, y en subsidio solicita el rechazo del recurso de protección deducido, fundándose tanto en antecedentes fácticos como en normas jurídicas aplicables. Asimismo, a mayor abundamiento, se formulan peticiones accesorias consistentes en la condena en costas y, en caso de no acogerse la excepción opuesta, la improcedencia del recurso por falta de acto ilegal o arbitrario atribuible a la autoridad recurrida.

En lo que respecta a la excepción de cosa juzgada, sostiene la recurrida que se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente el artículo 177, toda vez que concurre la triple identidad exigida por la ley. Explica que con fecha 18 de agosto de 2024 se dedujo recurso de protección, Rol N° 18262-2024, ante esta misma Corte de Apelaciones, en favor de los mismos recurrentes y en contra de la misma autoridad administrativa, solicitando en lo sustancial idénticas medidas, esto es, la tramitación de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado o, en subsidio, el otorgamiento del beneficio de refugio por extensión. Dicho recurso fue inicialmente acogido por esta Corte, pero posteriormente rechazado por la Excma. Corte Suprema al conocer de la apelación. De allí concluye que se trata del mismo conflicto jurídico ya resuelto, respecto del cual no resulta posible volver a pronunciarse sin incurrir en sentencias contradictorias.

De manera adicional, invoca la recurrida que el actuar de los recurrentes constituye un uso abusivo del derecho, pues pretenden obtener nuevamente un pronunciamiento jurisdiccional sobre materias ya resueltas por los tribunales competentes, conducta que califica como dolosa y culpable en perjuicio tanto de la administración de justicia como de la administración del Estado. En este entendido, insiste en que debe acogerse la excepción planteada, rechazándose el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En subsidio, y para el caso de no acoger la excepción, se exponen antecedentes de hecho y de derecho que, a juicio de la recurrida, demuestran la improcedencia del recurso de protección. En cuanto a los antecedentes fácticos, se distingue la situación migratoria de la recurrente nombre reservado, a quien se le otorgó visación temporal prorrogada hasta febrero de 2026 y cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra en actual tramitación. Respecto de los co-recurrentes, nombre reservado y nombre reservado, se consigna que ingresaron clandestinamente al país, sin haber manifestado su voluntad de solicitar refugio en frontera ni existir constancia de que actualmente hayan formalizado una petición en tal sentido. Se recalca, además, que no pesa contra ellos sanción migratoria alguna y que el reconocimiento de la condición de refugiado es de carácter estrictamente personal, sin que proceda su extensión automática a familiares.

En cuanto a los fundamentos de derecho, se hace presente la reciente entrada en vigencia de la Ley N° 21.655, que introdujo modificaciones sustanciales al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, estableciendo nuevas exigencias de admisibilidad y formalización. Se detallan las disposiciones de la Ley N° 20.430, su Reglamento contenido en el Decreto N° 837 y la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, destacando que toda solicitud de refugio debe ser presentada oportunamente, contener los datos mínimos exigidos, ser subsanada en caso de observaciones y, en definitiva, contar con fundamentos que la hagan admisible. En este orden de ideas, se argumenta que la parte recurrente no ha demostrado la existencia de acto ilegal o arbitrario atribuible a la autoridad, toda vez que no se le ha impedido presentar solicitud alguna ni se le ha aplicado sanción de expulsión vigente que obste a su pretensión.

Sobre la supuesta vulneración de garantías constitucionales, la recurrida niega categóricamente su configuración, por cuanto —se afirma— los recurrentes no han hecho uso formal de los mecanismos legales previstos para solicitar refugio, lo que impide sostener que exista privación, perturbación o amenaza ilegítima a las garantías invocadas en el libelo de protección. Con ello, la autoridad enfatiza que no hay antecedentes objetivos que permitan atribuirle un actuar negligente, omisivo o ilegal que vulnere derechos fundamentales.

Finalmente, en cuanto a las peticiones formuladas, la recurrida solicita: (i) se acoja la excepción de cosa juzgada deducida, con expresa condena en costas; (ii) en subsidio, se tenga por evacuado el informe y se rechace íntegramente el recurso de protección por improcedente; y (iii) se disponga el acceso de los abogados firmantes al expediente reservado, junto con tener por acompañados los documentos señalados en el escrito.

Tercero: Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y reglado por el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema, constituye una acción cautelar de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen, requiriéndose para su procedencia la verificación, en el estado actual de la causa, de un agravio concreto, actual o inminente, atribuible a la recurrida y susceptible de ser corregido por esta vía sumaria. No está concebida, por tanto, para sustituir los procedimientos administrativos o jurisdiccionales especialmente previstos por el legislador ni para anticipar decisiones técnicas o de mérito propias de la autoridad competente.

Cuarto: Que corresponde, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada opuesta por la recurrida. Conforme a los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, su acogimiento exige la concurrencia de la triple identidad de personas, objeto y causa de pedir.

En la especie, si bien se advierte identidad subjetiva entre los comparecientes y la autoridad recurrida, y existe cercanía material entre los objetos de tutela —pues en ambos procesos se vinculan solicitudes relativas al estatuto de refugiado—, no aparece de manera palmaria que concurra identidad estricta de la causa de pedir ni del objeto concreto, desde que lo pretendido ahora se circunscribe a que se “inicie y tramite” una solicitud de refugio por extensión a favor de los padres de la recurrente principal, con apoyo en gestiones y circunstancias posteriores al litigio anterior, y bajo un marco normativo que la propia recurrida reconoce haber sido modificado recientemente, razón por la que la excepción será desestimada.

Quinto: Que, desestimada la excepción, corresponde dilucidar si en los hechos asentados se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al Servicio Nacional de Migraciones, consistente, según se denuncia, en “impedir reiteradamente” la formalización de solicitudes y “negar dar curso” al refugio por extensión a favor de los co-recurrentes.

Sexto: Que, sobre el particular, cabe señalar que la autoridad informó que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de doña nombre reservado se encuentra en tramitación, gozando ella de visación temporal prorrogada, razón por la que, a su respecto, no se puede establecer la existencia de ningún acto ilegal o arbitrario.

Séptimo: Que, respecto de doña nombre reservado y don nombre reservado, si bien no consta formalización de petición de refugio ni sanción migratoria vigente, lo cierto es que su petición se funda en la negativa de reconocer el estatuto de refugiado, por extensión, el que se encuentra regulado en el artículo 9 de la Ley N° 20.430.

La referida norma establece “Reunificación Familiar. Tendrán derecho a que se les reconozca el estatuto de refugiado por extensión, el cónyuge del refugiado o la persona con la cual se halle ligado por razón de convivencia, sus ascendientes, descendientes y los menores de edad que se encuentren bajo su tutela o curatela.

El Subsecretario del Interior resolverá, en cada caso, las solicitudes de reunificación familiar, teniendo en cuenta la existencia de un genuino vínculo de dependencia, así como las costumbres y valores sociales y culturales de sus países de origen.

La reunificación familiar sólo podrá ser invocada por el titular de la solicitud de la condición de refugiado y en ningún caso por el reunificado”.

Octavo: Que, asentado lo anterior, no se constata la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al servicio recurrido, en la medida que la norma antes transcrita establece, en términos categóricos, que la condición de refugiado por extensión, requiere el reconocimiento previo de tal calidad a quien pretende reunificar, titularidad que le permite instar por la reunificación familiar, exigencia que en el presente caso no se cumple, toda vez que doña nombre reservado, a la fecha, no ha obtenido el reconocimiento de su condición de refugiado y, en consecuencia, no puede instar por la extensión de la condición en favor de sus padres.

Noveno: Que, además, el objeto de la pretensión -ordenar al Servicio “iniciar y tramitar” la solicitud de refugio por extensión y otorgar, mientras tanto, visación temporaria renovable- supone, en los hechos, anticipar decisiones propias de un procedimiento administrativo especial, que requiere de un presupuesto de admisibilidad que, en la especie, no se cumple.

Décimo: Que, en consecuencia, al haberse descartado la existencia de un acto ilegal o arbitrario, la acción incoada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza, en todas sus partes, el recurso de protección deducido por don Sergio Aburto Mayorga, en representación de doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-12679-2025