Protección contra Corporación Municipal de Peñalolén

Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Proveyendo el escrito folio 17: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Enrique Téllez González, en representación de doña nombre reservado, técnica en enfermería de nivel superior, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Peñalolén, por la decisión que estima ilegal y arbitraria de aplicar y confirmar la medida disciplinaria de destitución, mediante las Resoluciones S.G. N° NUM000, de 16 de febrero de 2026, y N° NUM001, de 19 de marzo del mismo año, esta última notificada el 31 de marzo de 2026.

Expone que prestó servicios durante casi veinticinco años en la Corporación recurrida y en el CESFAM Lo Hermida, sin reproches disciplinarios anteriores, y que fue sometida a un sumario administrativo por haber viajado a Argentina entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2024, mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica extendida por veintiún días, a contar del 26 de enero de ese año.

Señala que el desplazamiento obedeció a una emergencia médica sufrida por su amiga y compañera de trabajo, doña nombre reservado, quien presentó una septicemia postoperatoria en dicho país. Afirma que, ante la gravedad de su estado y las solicitudes de su familia, decidió viajar para traerla de regreso a Chile, por lo que su actuación no tuvo una finalidad recreativa ni respondió al propósito de obtener indebidamente un período de descanso.

Agrega que tampoco podía cumplir el reposo en el domicilio consignado en la licencia médica, ubicado en domicilio reservado, pues había debido abandonarlo como consecuencia de amenazas de muerte recibidas de un vecino.

Denuncia diversas irregularidades en la tramitación del procedimiento disciplinario. En particular, sostiene que se impidió la presencia de su abogado en la declaración prestada el 12 de junio de 2025, exigiéndole un poder notarial pese a que su intervención correspondía a una asistencia y no a una representación; que no se designó actuario para autorizar las actuaciones; y que se exigieron presentaciones presenciales en papel, desconociendo las reglas de formación del expediente electrónico.

Asimismo, manifiesta que, aun cuando se abrió un término probatorio y se ofreció prueba documental y testimonial, la fiscal no se pronunció respecto de esta última ni recibió las declaraciones propuestas, especialmente la de su amiga, cuyo testimonio habría permitido acreditar la emergencia que motivó el viaje.

Afirma que las resoluciones impugnadas carecen de motivación suficiente, pues no ponderaron debidamente sus defensas, las eximentes de miedo insuperable y estado de necesidad invocadas, ni las circunstancias atenuantes fundadas en esas mismas condiciones y en su irreprochable conducta anterior.

Estima vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, solicitando que se deje sin efecto la Resolución S.G. N° NUM001 y se ordene la reapertura del sumario, privando de efecto a las actuaciones y resoluciones que infrinjan las reglas procedimentales, con costas.

Segundo: Que evacúa informe la Corporación Municipal de Peñalolén, solicitando el rechazo del recurso.

Explica que administra servicios de atención primaria de salud y que su personal se encuentra sujeto a la Ley N° 19.378 y, supletoriamente, a la Ley N° 18.883. Señala que, a raíz de la información remitida por la Contraloría General de la República sobre funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, se instruyó el sumario mediante Resolución S.G. N° NUM002, de 29 de mayo de 2025.

Expone que se comprobó que la recurrente viajó al extranjero entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2024, mientras hacía uso de una licencia médica que prescribía reposo total en su domicilio y percibía íntegramente sus remuneraciones. Por ello, mediante Resolución S.G. N° NUM000, de 16 de febrero de 2026, se dispuso que dejara de pertenecer a la dotación municipal de salud, conforme al artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, por falta a la probidad establecida mediante sumario.

Sostiene que el reproche disciplinario no recae sobre la validez de la licencia, sino sobre su utilización en condiciones incompatibles con el reposo prescrito y con los deberes funcionarios. Añade que las circunstancias personales invocadas no desvirtúan el viaje efectuado sin autorización médica y que, establecida una infracción grave a la probidad, las atenuantes no permiten sustituir la sanción legalmente prevista.

Respecto de las objeciones procedimentales, afirma que la recurrente fue citada a declarar, conoció los cargos, formuló descargos y ejerció el recurso de reposición, siendo notificada de las decisiones correspondientes. Agrega que la falta de actuario no determina por sí sola la invalidez del sumario y que no se ha demostrado una afectación efectiva de su derecho de defensa.

Finalmente, sostiene que no se identifica un trato discriminatorio ni una vulneración concreta de las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la controversia se refiere a determinar la legalidad y razonabilidad de la decisión adoptada por Corporación Municipal de Peñalolén, al término de un procedimiento disciplinario y mantenida al resolverse la reposición deducida en su contra.

En la medida que el cuestionamiento comprende tanto la calificación de la conducta investigada como las irregularidades que la recurrente atribuye a la tramitación del sumario, corresponde examinar si los antecedentes permiten establecer una actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida por esta vía cautelar.

Quinto: Que, para la decisión de lo debatido, no resulta relevante detenerse en el hecho no discutido en autos sobre el viaje realizado por la recurrente a Argentina entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2024, durante la vigencia de una licencia médica extendida por veintiún días desde el 26 de enero de ese año, que prescribía reposo total domiciliario, sino en la regularidad del procedimiento incoado para establecer su responsabilidad disciplinaria.

Sexto: Que la recurrente sostiene, en síntesis, que el procedimiento disciplinario se apartó de las reglas previstas en las leyes N° 18.883 y 19.880, particularmente porque en la aludida indagatoria no se designó actuario que cumpliera las funciones de ministro de fe de las actuaciones realizadas en el proceso; no se permitió que la denunciada fuera asistida por letrado en sus actuaciones personales ni se emitió pronunciamiento ni se permitió que se rindiera prueba testimonial, omitiendo la decisión final hacerse cargo de las eximentes de responsabilidad disciplinaria invocadas, afectándose con ello el ejercicio efectivo del derecho a defensa y las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso consagradas en la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, sobre estas alegaciones, la recurrida se hace cargo de manera exigua o, derechamente, omite referirse al efecto, lo que obliga a examinar los antecedentes documentales del sumario acompañados por las partes.

Efectuado el referido estudio, aparece que efectivamente, designada que fuera la funcionaria instructora, ésta omitió la designación a que se refiere el artículo 127 de la Ley 18.883 y no se pronunció sobre la prueba testimonial ofrecida, lo que se tradujo en que ella no fue recibida, A su turno, obra en el proceso el reclamo del abogado defensor de la sumariada, por no haberse admitido su acompañamiento en la declaración que ella prestara, situación que es reconocida en la resolución que se pronuncia sobre el incidente en comento, al consignar que “a la fecha de la declaración, el abogado que solicitó la presencia en la declaración no contaba con la documentación requerida para establecer la representación o participación en el proceso en comento respecto de la inculpada” (sic).

La misma resolución aborda también la alegación de ilegalidad del procedimiento por la omisión de designación de actuario, señalando para desestimarla que “no existía causa justificada para dicha designación, como lo indica el artículo 8° de la Resolución 510/2013 de la Contraloría General de la República”, invocando en su apoyo jurisprudencia que no individualiza.

Octavo: Que, en estos términos, y previo a pronunciarse sobre los fundamentos del recurso, este tribunal tiene en consideración para resolver como se dirá que el control que esta Corte puede ejercer mediante la presente acción cautelar no se encuentra naturalmente destinado a revisar el mérito de las decisiones adoptadas en el contexto de un procedimiento disciplinario, ni tampoco la suficiencia de los antecedentes reunidos para sustentar eventuales responsabilidades administrativas, materias que exceden el ámbito de cognición propio de esta sede.

Sin embargo, ello no obsta a que el control jurisdiccional abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de las actuaciones desarrolladas durante la sustanciación del procedimiento sumarial, cuando éstas aparezcan revestidas de ilegalidad manifiesta y afecten garantías fundamentales de los inculpados.

Noveno: Que sobre los vicios de legalidad destacados en el recurso, asiste razón a la parte cuando denuncia los hechos que las constituyen, desde que efectivamente el artículo 128 de la Ley N° 18.883 impone al instructor la obligación de designar a un actuario, que “será funcionario de la municipalidad, tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las actuaciones del sumario. El sumario se llevará foliado en letras y números y se formará con todas las declaraciones, actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo y con todos los documentos que se acompañen. Toda actuación debe llevar la firma del fiscal y del actuario.”, carga a la que no se dio cumplimiento y, en consecuencia, todas las resoluciones y notificaciones realizadas en el procedimiento carecen de la autorización del citado ministro de fe. A su turno, la negativa de la instructora para permitir la declaración de la sumariada asistida por abogado pugna con disposiciones expresas contenidas en la Ley N° 19.880, conforme a las cuales, la interesada estaba autorizada para comparecer asesorada a la diligencia, por lo que el recurso al secreto del sumario y a la falta de acreditación de la representación resultan ser meramente retóricos y no constituyen fundamento para la negativa que se concretó en la aludida audiencia.

Todo ello, entonces, da cuenta de una efectiva infracción en la instrucción del sumario, de lo previsto en el artículo 10 de la Ley N° 19.880, norma que no sólo autoriza al investigado para contar con asesoría durante la investigación, sino que además, obliga al instructor a atender a las alegaciones que se le formulen sobre los defectos de tramitación que se adviertan, máxime si ellos pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto, alegaciones que, como señala tal disposición, pueden incluso dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Décimo: Que, aunque se sostuviera que tales defectos no tienen la entidad pretendida para invalidar el procedimiento incoado, lo cierto es que la defensa de la sumariada requirió en la oportunidad procesal correspondiente la práctica de diligencias probatorias, solicitud que no fue resuelta y, por ende, no se recibió la prueba pretendida.

En este escenario, entonces, es que resulta evidente la vulneración de garantías fundamentales alegada, desde que, en lo sustantivo, importan una vulneración de una defensa técnica adecuada y suficiente que implica apartarse de las reglas legales que disciplinan la investigación administrativa y afecta la estabilidad de la imputación formulada a la inculpada, afectando su derecho a defensa.

De esta manera, y aunque se pueda sostener que el fiscal instructor posee facultades para dirigir la investigación sumarial y ponderar la utilidad de las diligencias solicitadas por los sumariados, lo cierto es que dichas atribuciones deben necesariamente ejercerse dentro del marco procedimental expresamente previsto por el legislador y respetando las garantías mínimas de defensa contempladas en el artículo 8 del Pacto de San nombre reservado Rica, y que integran un procedimiento racional y legalmente tramitado.

Al no proceder de esta manera, se genera un contexto en el que las restantes ilegalidades constatadas permiten calificar de igual manera el procedimiento que culminó con la sanción disciplinaria que también se ataca por esta vía, reproche al que cabe adicionar la omisión de pronunciamiento expreso sobre las eximentes de responsabilidad funcionaria que invocara la sumariada en sus descargos, no siendo aplicable en la materia lo referido en estrados por el abogado de la recurrida, en orden a la improcedencia de considerarlas cuando la conducta imputada es grave, atendido que ello sólo dice relación con los sumarios instruido por la Contraloría General de la República, todo lo cual vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, particularmente en cuanto exige que los procedimientos administrativos disciplinarios sean desarrollados conforme a reglas preestablecidas y con pleno respeto al derecho de defensa de los funcionarios sometidos a investigación.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge la acción constitucional de protección deducida por don Enrique Téllez González, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Peñalolén y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida disciplinaria de destitución, aplicada mediante la Resolución S.G. N° NUM000, de 16 de febrero de 2026, y confirmada mediante aquella N° NUM001, de 19 de marzo del mismo año, retrotrayendo el procedimiento a la etapa en que se designe una nueva instructora no inhabilitada, la que deberá designar al actuario a que se refiere el artículo 128 de la Ley 18.883, permitiendo que la sumariada actúe en todas las etapas del proceso con la asesoría que precise, se pronuncie fundadamente sobre los requerimientos de su defensa y dicte las resoluciones que corresponda, debidamente sustentadas en el mérito de la indagatoria y los requerimientos y acreditaciones de la defensa, continuando con la tramitación del proceso conforme a derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 12659-2026 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, conformada por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el ministro (S) señor Guillermo Rodríguez González.