Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Alegó por el recurso la abogada Paula Isabel Aldunate Gajardo durante 15 minutos.

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 27: téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece Paula Isabel Aldunate Gajardo, abogada en representación de nombre reservado e interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 8 de mayo de 2025, mediante la cual dicho organismo confirmó el rechazo de diez licencias médicas extendidas durante el año 2023 por su médico tratante, todas emitidas por patología psiquiátrica.

Señala que tales rechazos se fundaron en la supuesta falta de justificación del reposo, sin requerir informes complementarios ni decretar evaluaciones clínicas, omitiendo ejercer las facultades previstas en los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud.

Refiere que padece un trastorno depresivo mayor diagnosticado desde fines del año 2022, tratado por psiquiatra y psicóloga, y que los antecedentes clínicos acompañados —certificados médicos, informes psicológicos e informes complementarios— describen sintomatología grave y disfuncionalidad que impide retomar labores. Expone que, pese a ello, la COMPIN rechazó todas las licencias y que la Superintendencia confirmó tales decisiones en diversas resoluciones previas —dictadas en febrero y mayo de 2024 y enero de 2025— reproduciendo el mismo fundamento, sin aportar motivación técnica suficiente ni solicitar nuevas evaluaciones.

Indica que impugnó cada uno de dichos rechazos ante la COMPIN Metropolitana en fechas 17 de octubre de 2023, 23 de febrero de 2024, 7 de noviembre de 2024 y 11 de abril de 2025, sin obtener respuesta favorable.

Añade que, como consecuencia del rechazo administrativo, su empleador Metro S.A., quien anticipó el pago de las remuneraciones mientras se tramitaban las licencias, comenzó a descontar mensualmente los montos correspondientes al subsidio no reembolsado, percibiendo desde abril de 2025 menos de $500.000 líquidos, afectando su estabilidad económica y generándole una deuda con su empleador.

Sostiene que la resolución impugnada, al confirmar la negativa al pago de los subsidios por incapacidad laboral temporal, vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, afectando su integridad física y psíquica, su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre el subsidio derivado de las licencias médicas, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene la aprobación y pago de las licencias médicas cuestionadas.

Segundo: Que evacuó informe nombre reservado, mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y, en tal calidad, representante de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y solicitó el rechazo de la acción.

Señala que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo, por parte de la COMPIN, de las licencias médicas números NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009 y NUM010, extendidas por un total de 168 días a partir del 8 de enero de 2023, por carecer de justificación clínica el reposo.

Expone que, revisados el expediente administrativo y el registro SIF, los distintos recursos de reposición fueron desestimados por las razones específicas que se indican: respecto de las licencias NUM002, NUM001 y NUM003, la usuaria acompañó los mismos antecedentes ya consignados en cartola, motivo por el cual se mantuvo el rechazo; en relación con la licencia NUM006, el informe aportado correspondía a un médico general no protocolizado, escueto e insuficiente, sin derivación a especialista, interconsultas, constancia GES, escala EEAG, carnet de psicoterapia, pronóstico ni fecha probable de alta; respecto de las licencias NUM004 y NUM005, se acompañó certificado de médico general particular del cual no se desprendían elementos que justificaran la prolongación del reposo, junto a un informe de psicoterapia que sólo constataba controles, manteniéndose igualmente el rechazo; en relación con la licencia NUM008, no se adjuntaron antecedentes que permitieran justificar mayor reposo, faltando evaluación por psiquiatra, carnet de psicoterapia, ajuste de medicamentos, plan de recuperabilidad laboral o escala de gravedad; y respecto de las licencias NUM007 y NUM009, los informes acompañados no estaban protocolizados, consignaban un diagnóstico de trastorno adaptativo sin mención de ajustes terapéuticos, índice GAF o plan de reintegro, y sobrepasaban los rangos de días estimados como adecuados según la normativa vigente.

Indica asimismo que la COMPIN actuó dentro del marco de sus competencias técnicas, conforme al D.S. N° 3/1984 y al Decreto N° 7/2013, que regulan los criterios clínicos y guías referenciales para la autorización de licencias médicas, concluyendo que los reposos prescritos no se encontraban respaldados por documentación suficiente para justificar su prolongación más allá de los períodos previamente autorizados. En virtud de ello, sostiene que las decisiones adoptadas se ajustaron a la normativa vigente y a los parámetros técnicos aplicables.

Tercero: Que evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social, y solicitó el rechazo de la acción con costas.

Alega en primer término la extemporaneidad de la acción, ya que la recurrente tomó conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas a lo menos desde la presentación que efectuó el 7 de noviembre de 2024, fecha en la que dedujo su tercera solicitud administrativa de reconsideración, por lo que la interposición del recurso con fecha 29 de mayo de 2025 excedería con creces el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado respectivo.

En subsidio de lo anterior, sostiene que la acción también sería improcedente, por versar sobre una materia propia del derecho a la seguridad social, garantía que no se encuentra amparada por el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al fondo, expone que su actuación consistió únicamente en resolver los reclamos administrativos presentados por la usuaria y que, en ejercicio de sus competencias legales, revisó las resoluciones de la COMPIN mediante diversas Resoluciones Exentas —de fechas 19 de febrero, 16 de mayo de 2024, 13 de enero y 8 de mayo de 2025— confirmando el rechazo de las licencias impugnadas por no reunirse los requisitos normativos que permitirían justificar la extensión del reposo. Indica que dicha decisión fue adoptada dentro del marco de atribuciones que la ley le confiere, sustentada en antecedentes administrativos y médicos evaluados por profesionales del área, descartando que exista acto ilegal o arbitrario, en particular, las licencias médicas reclamadas fueron analizados en diversas oportunidades por médicos especialistas de ese Servicio —en informes de 18 de febrero de 2024, 14 de mayo de 2024 y 11 de enero de 2025—, verificándose en todos ellos que la recurrente reclamaba 168 días de reposo, pese a registrar 179 días ya autorizados, y que la totalidad de las licencias fue emitida bajo modalidad de Libre Elección, con diagnósticos psiquiátricos que incluían episodios depresivos, trastornos de adaptación, trastorno ansioso generalizado y trastorno depresivo recurrente. En cada revisión se constató que los informes clínicos acompañados correspondían a médicos generales sin registro de especialista (sin RNP), que describían evolución y tratamientos discordantes, con GAF entre 60 y 85, y en los que los propios informes mencionaban reiteradamente la indicación de reintegro laboral, a pesar de que la paciente continuaba solicitando reposo. Asimismo, se advirtió ausencia de disfuncionalidad objetivable, falta de farmacoterapia acorde a la duración del reposo, inexistencia de peritajes, de constancia GES, de ajustes terapéuticos proporcionales, y de antecedentes clínicos que justificaran la extensión solicitada. El último informe, de enero de 2025, añadió que la paciente presentaba múltiples esquemas farmacológicos sucesivos y reposos considerados extensos para el cuadro descrito, llegando incluso a impresionar un reposo artificialmente prolongado, por lo que todos los profesionales concluyeron, de manera concordante, sugerir el rechazo de las diez licencias médicas reclamadas.

Finalmente, sostiene que no se configura afectación alguna a las garantías invocadas, desde que la Superintendencia no ha impedido el acceso de la usuaria a tratamiento médico, no ha intervenido en su salud ni ha desconocido derecho indubitado alguno, actuando únicamente en sede de fiscalización y control conforme a la normativa aplicable.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la presente acción se dedujo respecto de la Resolución Exenta N° NUM000, de 8 de mayo de 2025 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social que confirmó el rechazo de las licencias médicas materia de autos, por lo que al haberse interpuesto el presente recurso el 29 de mayo pasado, la alegación de extemporaneidad será desestimada.

Séptimo: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso ya que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N° 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se rechazará.

Octavo: Que, en lo relativo al fondo de la acción, si bien es cierto que las licencias médicas representan un beneficio de carácter temporal cuyo propósito es permitir la recuperación de la capacidad laboral del trabajador, ello no faculta a la autoridad administrativa para descartar su procedencia mediante una mera revisión formal de los antecedentes existentes, prescindiendo de las herramientas normativas que el legislador ha previsto precisamente para resolver con mayor precisión situaciones diagnosticadas como psiquiátricas y reiteradas en el tiempo.

Sobre la materia resulta relevante lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Noveno: Que, en el caso de autos, las recurridas no han dispuesto peritaje o evaluación complementaria alguna tendiente a verificar la real entidad de dicho cuadro, pese a encontrarse plenamente habilitadas conforme a la normativa ya citada.

Refuerza lo anterior, que la recurrente alegó un agravamiento de su condición de salud durante el año 2025, por la misma patología que sustenta las licencias médicas, circunstancia que habría derivado incluso en su hospitalización en el mes de julio de dicho año, antecedentes que no fueron analizados por la recurrida al emitir su pronunciamiento.

Décimo: Que, de este modo, al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en los documentos rechazados, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

Undécimo: Que en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente, porque la actuación de la recurrido al carecer de fundamento y contenido agrava su situación de salud, quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral sin un motivo técnico que lo justifique.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema se resuelve:

I.- Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción.

II.- Se acoge sin costas, la acción de protección deducido en favor de nombre reservado sólo en cuanto se declara que se deja sin efecto la resolución recurrida, decidiendo en cambio, que la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente practique un informe pericial con la finalidad de evaluar la procedencia de las licencias, debiendo la recurrida a emitir una nueva resolución fundada en alguno de los antecedentes señalados en artículo 21 del Decreto Supremo N°3 en un plazo máximo de 30 días desde que se evacúe el informe.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 12649 - 2025 Protección