nombre reservado con nombre reservado

Santiago, nueve de febrero de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que afojas 68 comparece ENRIQUE LABARCA CORTES y ROCIO ARAYA, abogados, en representación convencional de don nombre reservado, Fiscal Adjunto de San Antonio, e interponen recurso de protección en contra de don nombre reservado,en su calidad de Fiscal Nacional del Ministerio Publico, por la acción ilegal y arbitraria materializada en la sanción disciplinaria impuesta mediante Resolución FN/MP N° 2009/2016, de 27 de octubre de 2016, de la cual tomó conocimiento el día 23 de noviembre de 2016, actuación que vulnera los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la Republica reconoce a todos los habitantes de la Nación. Exponen que el recurrido ordenó al Sr. Fiscal Regional de Valparaíso, "dar inicio a una investigación administrativa para investigar las eventuales responsabilidades", en contra de su parte, y que puedan derivar de una entrevista efectuada al diario El Líder de la ciudad de San Antonio el día 1 de julio de 2016 y que se tituló, "Fiscal nombre reservado atribuye a razones 'políticas e ideológicas el sumario en su contra". En el mismo oficio se expresa que el "referido fiscal comenta detalles de la investigación administrativa instruida a su respecto por dicha Fiscalía Regional y señala que, entre las motivaciones que pudo tener la denuncia que origina la investigación, se encontraba el hecho de provenir de una familia de izquierda y de ser masón, dando a entender que podrían existir motivaciones políticas e ideológicas en la tramitación vigente, con apelación pendiente a este Fiscal Nacional".Agrega el referido oficio que tales hechos, entiéndase la declaración efectuada ante el medio de comunicación social, podrían configurar diversas infracciones a lo dispuesto en el artículo 40 tetra f) del Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Publico, como lo instruido por Oficio FN N° 255, de 31/05/2004 y sus oficios precedentes, respecto de las declaraciones a los medios de comunicación. Consecuente con la orden impartida por el Sr. Fiscal Nacional, con fecha 25 de julio del año en curso, el Sr. Fiscal Regional de Valparaíso dictó la Resolución IA N° FR-39/2016, disponiendo la apertura de una investigación administrativa en contra de su parte.Con fecha 20 de septiembre de 2016 se decretó el cierre de la investigación administrativa singularizada y se le formulan cargos, indicándose que el día 30 de junio de 2016 su parte "procedió a concertar una entrevista para el diario El Líder de San Antonio para referirse a una investigación administrativa que le afectaba, la que se encontraba vigente”. Luego el cargo formulado reproduce el texto publicado y se sostiene que aquel "no lo constituye ni la veracidad ni falsedad de los dichos del fiscal entrevistado, sino que el hecho de haber emitido juicios a un medio de prensa respecto de denuncias u actuaciones de otro fiscal en sumario administrativo vigente al momento de emitir dichos juicios. Y el haber concedido dicha entrevista sin autorización del Fiscal Regional y de haberse referido ésta a un sumario vigente." Continua, señalando que ello “infringe el deber de mantener reserva del mismo, el cual emana no solo de la prudencia y fidelidad a la institución sino que también de la propia reglamentación a los mismos".

Así se establece que tal acción infringe las siguientes prohibiciones y deberes funcionarios:

a.- La prohibición establecida en el artículo 40, letra k, del Reglamento del Personal para los Fiscales del Ministerio Publico;

b.- Los deberes funcionarios contenidos en el artículo 37 N° 1, es decir, desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo en forma regular y continua y ajustada a las normas legales, reglamentos e instrucciones, que rijan su desempeño y el funcionamiento del Ministerio Publico, debiendo velar por el cumplimiento de las mismas por parte de sus subordinados y en el N° 13 del mismo artículo, es decir, infringir el deber de probidad, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado. Finalmente, el deber contenido en el N° 14 del referido artículo 37, esto es, guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo, la que no puede revelar a terceros sino en virtud de un requerimiento legal o judicial, o con autorización previa del jefe respectivo.

c- El oficio del Fiscal Nacional N° 255, de 31 de mayo de 2014, en orden a que los fiscales se abstengan de efectuar entrevistas sin autorización expresa del Fiscal Regional.

d.- Las instrucciones específicas contenidas en el oficio del Fiscal Nacional N° 362, de 30 de junio de 2009, referido a instrucciones generales en relación a la tramitación de investigaciones administrativas.

Con fecha 5 de octubre de 2016, el fiscal investigador emite su vista y propone la aplicación de una medida disciplinaria de amonestación privada, desechando todas las alegaciones de defensa del recurrente. Luego, por resolución IA FR N° 052/2016, de 07/10/2016, el Fiscal Regional de Valparaíso, finalmente resuelve sancionar a su parte, teniendo en cuenta que, conforme al considerando sexto, el hecho de haber efectuado una entrevista en el Diario El Líder importa el haber dado a conocer a un medio de prensa escrito el contenido de una investigación administrativa.

En contra de la decisión de sancionarlo, se deduce el 20 de octubre del año2016 recurso de apelaciónpara ante el Sr. Fiscal Nacional del Ministerio Publico, el que por resolución FN/MP N° 2009/2016, de 27 de octubre de 2016, lo desechó en todas sus partes teniendo presente para ello: a.- Que la circunstancia que el fiscal adjunto don ÁlvaroPérez Verde-Ramo diera la entrevista publicada en el diario "El Líder" de San Antonio importa una infracción al deber contenido en el número 13 del artículo 37 del Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Publico (principio de probidad) y a la prohibición contenida en la letra k) del artículo 40 del referido reglamento.b.- En relación a la infracción al debido proceso denunciada por la defensa, en orden a que, en este caso particular, no existe independencia e imparcialidad de la autoridad a cargo de adoptar la decisión disciplinaria definitiva, ya que fue el propio Sr. Fiscal nombre reservado​nal quien dispuso la instrucción de la investigación administrativa, se sostiene que no existe tal infracción toda vez que “el Fiscal Nacionalestá facultado para disponer que un Fiscal Regional instruya una investigación administrativa a fin de indagar sobre la presunta responsabilidad de un Fiscal Adjunto en hecho susceptibles de ser sancionados disciplinariamente", agregando además que el Fiscal Regional puede autónomamente sancionar, absolver o sobreseer. c- Respecto de la afectación al derecho fundamental de libertad de expresión denunciado en todo el curso del proceso disciplinario, incluyendo la apelación, el único y escueto fundamento para sostener que el mismo no se ha afectado, lo constituye el que "no puede el Fiscal investigado escudarse en una libertad de opinión o de expresión ilimitada para contravenir dicha normativa".

Agrega el recurrente que atendiendo a los principios que deben regular el debido proceso y las manifestaciones concretas del mismo en el procedimiento disciplinario, es posible colegir en la investigación administrativa las siguientes afectaciones que invalidan irremediablemente el procedimiento disciplinario y constituyen ilegalidad del acto administrativo que fundamenta el presente recurso.

Si bien la investigación administrativa aparece iniciada, formalmente, por la autoridad que legalmente detenta la potestad disciplinaria, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley N° 19.640, el Fiscal Regional de Valparaíso, el cual corresponde a la autoridad superior respectiva a la luz de lo dispuesto en el artículo 27 y 51 de la misma ley para estos efectos, la presente investigación disciplinaria, en realidad, fue ordenada directamente por el Sr. Fiscal Nacional. Tal orden, a la luz de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Publico, resulta ilegal, por cuanto no existe disposición alguna que faculte al Fiscal Nacional a ordenar a un Fiscal Regional el inicio de una investigación disciplinaria en contra de un fiscal adjunto sometido a dependencia directa e inmediata del segundo.En efecto, el artículo 51 de la Ley N° 19.640, establece expresamente que cuando un fiscal adjunto aparezca involucrado en hechos susceptibles de ser sancionados disciplinariamente, el Fiscal Regional designará como investigador a uno de los fiscales del Ministerio Publico. Es decir, quien debe iniciar el procedimiento disciplinario en contra de un fiscal adjunto es el respectivo Fiscal Regio​nal y no el Sr. Fiscal Nacional. Si se examinan las disposiciones contenidas en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley N° 19.640, en ninguna de ellas se establece que el Sr. Fiscal Nacional posee facultades o atribuciones para ordenarle a un Fiscal Regional iniciar un procedimiento disciplinario en contra de un fiscal adjunto de dependencia directa de este último. Tampoco es constitucional y jurídicamente sostenible que las facultades de superintendencia directiva, correccional y económica que el artículo 91 de la Constitución Política de la República entrega al Fiscal Nacional, lo autorice para disponer y ordenar, como ocurre en el proceso dis​ciplinario, a un Fiscal Regional el inicio de una investigación administrativa en contra de un fiscal de su dependencia directa. Ello toda vez que, de ocurrir o permitirse legalmente tal actuación, se afectaría en forma patente la necesaria e indispensable independencia interna e imparcialidad que debe tener un Fiscal Regional para resolver un procedimiento disciplinario en razón de ser él la autoridad llamada por la ley a resolver la controversia conforme lo dispone el artículo 51 inciso 4° de la Ley N° 19.640. Alega que el respeto al debido proceso y la plena aplicación del mismo en el procedimiento disciplinario, resulta ser una exigencia constitucional, conforme al artículo 19 N° 3 de nuestra Carta Fundamental y, adicionalmente, conforme al artículo 5° de la misma, en base a lo dispuesto en el artículo 8°, N° 1 de Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 14 N° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la absoluta independencia e imparcialidad del órgano o autoridad encargada de resolver la controversia, ello por una doble vía, en un primer momento la del Sr. Fiscal Regional de Valparaíso y luego, la del propio Sr. Fiscal Nacional quien es el órgano encargado de conocer la apelación del proceso disciplinario. Sostiene que en el procedimiento disciplinario, conforme se ha expuesto no existe la mínima y necesaria independencia interna de la primera autoridad, por cuanto quien ordenó el inicio de la investigación disciplinaria fue, conforme se ha expuesto, el propio Fiscal Nacional.Siendo así y, dados los hechos concretos de la investigación disciplinaria, se concluye que no existió ninguna garantía de independencia interna e imparcialidad de parte de quien debía resolver la misma, el Fiscal Regional de Valparaíso. Agregan que conforme al procedimiento disciplinario regulado en el artículo 51 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Publico y en el artículo 45 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales del Ministerio Publico, le corresponde al Fiscal Nacional conocer y resolver del eventual recurso de apelación que el inculpado en el procedimiento deduzca contra la resolución del Fiscal Regional que aplique una medida disciplinaria. Así, la autoridad máxima del Ministerio Publico, el Sr. Fiscal Nacional, que en este caso concreto estimó que la declaración efectuada al diario El Líder de San Antonio por parte del Fiscal Adjunto ÁlvaroPérez, podía configurar "entre otras, una Infracción a lo dispuesto en el artículo 40 letra f del Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Publico, así como a lo instruido mediante Oficio N° 255, de 31 de mayo de 2004 y sus oficios precedentes, en virtud de los cuales, se instruye a los fiscales adjuntos respecto a sus declaraciones a los medios de comunicaciones” es quien en definitiva se pronuncia y resuelve el fondo del asunto disciplinario al negar en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto.Concluye que la ilegalidad y arbitrariedad del acto contra el cual se recurre en este proceso, está dada porque tanto el inicio del proceso disciplinario, como todo el proceso llevado adelante adolece de tal esencial vicio, puesto que el "denunciante", si así se podría considerar al Sr. Fiscal Nacional al disponer el inicio del proceso disciplinario, es la misma persona que finalmente de​cide la sanción.

También alega que la resolución del Fiscal Nacional vulnera el derecho a la libertad de expresión del recurrente.

Entiende que el recurrido ha vulnerado las garantías fundamentales del recurrente como son la del debido proceso contenida en el artículo 19 N° 3 de nuestra Carta Fundamental y, adicionalmente, conforme al artículo 5° de la misma, en base a lo dispuesto en el artículo 8°, N° 1 de Convención Interamericana de Derechos Humanos y articulo 14 N° 1 del Pacto International de Derechos Civiles y Políticos, la absoluta independencia e imparcialidaddel órgano o autoridad encargada de resolver la controversia y la libertad de expresión, reconocida en el art. 19 N° 12 de nuestra Constitución.

Pide tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra del Señor Fiscal Nacional del Ministerio Publico don nombre reservado, ya individualizado, se de​clare admisible y, en definitiva, se acoja en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, y se resuelva que se invalida todo el proceso disciplinario seguido en contra de su parte, por haberse iniciado por un acto administrativo arbitrario e ilegal; que se invalida la resolución FN/MP N° 2009/2016, de 27 de octubre de 2016, dejando sin efecto la sanción disciplinaria de censura por escrito aplicada al Fiscal Adjunto don nombre reservado​de-Ramo, en atención a que la misma es vulneratoria de los derechos fundamentales del debido pro​ceso, absoluta independencia del órgano y libertad de expresión.

2°) Que a fojas 102 evacúa informe el recurrido y solicita en primer lugar el rechazo del recurso por extemporáneo.Refiere que conforme el relato del recurrente, se impugna por esta vía la Resolución FN/MP N° 2009, de 27 de octubre de 2016, de la que habría tomado conocimiento el 23 de noviembre de 2016. Sin embargo, toda la argumentaci6n jurídica y de hecho se radica en el Oficio del Fiscal Nacional de 18 de Julio de 2016 por el que ordenó al Fiscal Regional instruir una investigación administrativa. Menciona que ello queda claro cuando en el petitorio se solicita: “Que se invalide todo el proceso disciplinario, por haberse iniciado por un acto administrativo arbitrario e ilegal". En este sentido sostiene que el recurrente tomó conocimiento del inicio de la investigación, al menos el 3 de agosto de 2016, cuando por primera vez, se le requiere que preste declaración, lo que hizo el 5 de agosto de ese año.Y el 27 de septiembre, el recurrente patrocinado por el mismo abogado que lo representa en este recurso de protección, formuló sus descargos, acompañó documentos y pidió la realización de diligencias probatorias.Agrega que en sus descargos, el Sr. nombre reservado formuló las mismas alegaciones que sirven de fundamento a este recurso de protección. Luego, el 17 de octubre de 2016 es notificado de la resolución IA FR N° 52 de7 de octubre, del Fiscal Regional, que resuelve la Investigación Administrativa y dispone la aplicación de una medida disciplinaria. El 20 de octubre de 2016 apela reiterando nuevamente los argumentos de sus descargos y que repite al fundar este recurso.

En segundo lugar alega que el recurso debe ser rechazado por invocar la vulneración de una garantía que no se encuentra protegida por esta acción constitucional. Ello por cuanto el recurrente alega la vulneración de la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución, expresado como el debido proceso y la absoluta independencia del órgano llamado a resolver la controversia. Al respecto hace presente que conforme con el artículo 20 de la Constitución el recurso de protección es procedente respecto de aquellos actos u omisiones arbitrarios o Ilegales que vulneren las garantías que indica. Entre ellas, se menciona la garantía establecida en el artículo 19 N° 3, pero limitado a lo dispuesto en su inciso quinto, esto es, "nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Alega, asimismo que el recurso debe ser rechazado por no existir actuación ilegal o arbitraria del Fiscal Nacional. En relación a la vulneración del debido proceso señala que los fiscales adjuntos del Ministerio Publico, son funcionarios públicos, sujetos a un estatuto jurídico propio y especial, distinto al régimen aplicable a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, y distinto también al estatuto que rige a los funcionarios de la administración del Estado. En esta condición, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 19.640, el personal del Ministerio Publico estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle. Y específicamente respecto de los fiscales, la materia es tratada en el Titulo III de la Ley, artículos 45 y siguientes. Sobre esta materia debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 91 de la ConstituciónPolítica de la Republica, que establece: "El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva”. Conforme con la anterior, la ley orgánica, en su artículo 17 letra d) establece: "Corresponde al Fiscal Nacional: d) Dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le confiere la Constitución Política. En ejercicio de esta facultad, determinará la forma de funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Publico y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente.

En cumplimiento de lo anterior, el Fiscal Nacional ha dictado el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios, cuya última versión modificada fue aprobada por resolución FN N° 1362 de 30 de Junio de 2009. En el referido reglamento se regulan los procedimientos, los plazos y los derechos de los involucrados, en las investigaciones que se efectúen para efectos de determinar la responsabilidad administrativa que pudiere afectar a algún funcionario o fiscal. Señala que el procedimiento allí establecido, cumple con las exigencias que ha definido la Corte Suprema para considerar que en ellas se respeta al debido proceso. En este entendido, sostiene que puede afirmarse, que la investigación administrativa que culminó con la sanción de censura por escrito, se desarrolló dando total cumplimiento a las normas que la regulan, donde el Sr.nombre reservado conoció los cargos, los antecedentes que los fundaban, tuvo oportunidad de efectuar los descargos, ofrecer prueba y apelar de la decisión que dispuso la aplicación de la sanción. En consecuencia, la resolución recurrida, fue dictada ajustándose a las facultades del Fiscal Nacional.

Respecto de las alegaciones del recurrente en cuanto a una supuesta incompetencia del Fiscal Nacional para instruir a un Fiscal Regional el inicio de una investigación administrativa, refiere que es necesario tener presente que las normas citadas por el recurrente no permiten llegar a la conclusión a que éste arriba, ya que por una parte se ha cumplido cabalmente con la ley, pues siendo el Fiscal Regional de Valparaíso el llamado a hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los fiscales de su región, el Fiscal Nacional le solicitó al Fiscal Regional competente dar inicio a la investigación, y conforme con el artículo 51, fue el Fiscal Regional de Valparaíso quien designo al fiscal investigador y quien hace efectiva la responsabilidad. Por otra parte, entender que de esas normas resulta que el Fiscal Nacional está impedido de solicitar o dar instrucciones en materia de responsabilidad administrativa a los Fiscales Regionales, carece de sentido y es contrario a lo establecido en el citado artículo 91 de la Constitución. En relación a la vulneración de la garantía del articulo 19 N° 12 de la Constitución, señala que en primer término debe dejarse claramente establecido que el recurrente no desconoce los hechos que se tuvieron acreditados, ni tampoco que esa conducta está expresamente sancionada en el Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Publico. Es decir, su alegación pretende impugnar la prohibición reglamentaria, argumentando que ella, y en consecuencia la sanción que acarrea su fracción, es atentatoria contra su libertad de expresión.Sobre esto, y sin perjuicio de hacer presente la improcedencia de que por vía de esta acción constitucional se pretenda impugnar una disposición reglamentaria, establecida con mucha anterioridad a estos hechos y conocida por el recurrente desde su ingreso al Ministerio Publico, se remite a lo indicado en la resolución FN N° 2009 que resolvió su apelación, en que se expresó: "Al respecto, se estima que el Fiscal Sr. nombre reservado puede atribuir la denuncia que dio origen al sumario seguido en su contra a las motivaciones que estime pertinentes dentro de lo que es su estrategia de defensa, pero todo dentro del marco de la investigación administrativa y en las instancias respectivas, esto es, ante el Instructor o la autoridad encargada de resolver el respectivo sumario, utilizando para ello los canales o medios de impugnación administrativos y judiciales que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. Lo que no puede hacer el investigado es difundir o dar a conocer a través de un medio de comunicación social, público y masivo, la defensa o descargos de su conducta oficial, emitiendo juicios que pretenden desvirtuar la investigación seguida en su contra, o deslegitimar a quien supuestamente lo denunció, todo lo cual pretende influir o predisponer ya sea a la opinión pública y/o a la autoridad encargada de resolver, con lo que evidentemente afecta gravemente la imagen institucional, al pretender que al interior del Ministerio Publico se persigue o se permite perseguir a sus integrantes en razón de su pensamiento, ideología o religión, lo que atenta las actuales valoraciones mayoritarias de nuestra comunidad. Dentro de lo que es una institución jerárquica, con una orgánica interna que debe ser respetada por quienes la integran, no puede el Fiscal investigado escudarse en una libertad de opinión o de expresión ilimitada para contravenir dicha normativa y defender sus intereses personales. Con dicha actuación resulta manifiesto que et Fiscal Sr. nombre reservado ha privilegiado su interés personal por sobre el institucional, lo que vulnera claramente el principio de probidad, infringiendo con ello el deber contenido en el numeral 13 del artículo 37 del Reglamento de Personal para Fiscales. Además, dicho Fiscal incurrió en la prohibición prevista en la letra k) del art. 40 del citado Reglamento, toda vez que utilizó un medio de comunicación social, sin autorización del Fiscal Nacional, para defender su conducta oficial, emitiendo juicios públicos en relación a las actuaciones de otros fiscales, a saber, atribuir a un colega una supuesta persecución política o ideológica en su contra." 3°) Que ya muchas veces se ha dicho que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que el recurso es efectivamente extemporáneo pues lo que se entiende como ilegal o arbitrario es la conducta desplegada por el Fiscal Nacional en cuanto resolvió la apelación del señor nombre reservado habiendo ordenado previamente la instrucción del sumario en su contra. Pues bien, el recurrente ha debido saber desde el principio que el inciso quinto del artículo 51 de la ley 19.640 establece que es el Fiscal Nacional el que resuelve las apelaciones deducidas en contra de las resoluciones que imponen sanciones disciplinarias en contra de Fiscales. Siendo así, desde que el señor Fiscal Nacional dispuso la instrucción del sumario, el 18 de julio de 2016, se habría cometido la pretendida ilegalidad que advierte el recurrente, o sea, quien estaba destinado por ley a conocer de la eventual apelación, mandaba en esa data ejercer la función disciplinaria. Y el recurrente al menos desde el 3 de agosto de 2016 que tiene conocimiento de esta situación, pues en dicha fecha declaró en el proceso administrativo seguido en su contra. Luego, al deducir su recurso de protección el 16 de diciembre de 2016, lo hizo el señor nombre reservado en forma extemporánea, esto es, después de los treinta días de tomado conocimiento del acto que se dice ilegal o arbitrario.

5°) Que sin perjuicio de lo anterior, entrando al fondo de la acción deducida, ésta igualmente debe desestimarse. En efecto, en cuanto entiende que la actuación del Fiscal Nacional ha vulnerado el “debido proceso” al confirmar la Resolución IA/FR N° 052/2016 de 7 de octubre de 2016 pronunciada por el Fiscal Regional de Valparaíso que le impuso la medida disciplinaria de censura por escrito y, al mismo tiempo, haber ordenado mediante Oficio FN N° 443/2016 al aludido Fiscal Regional dar inicio a la investigación administrativa para pesquisar las eventuales responsabilidades de don nombre reservado derivadas de una entrevista dada por éste en el diario “El Líder” de San Antonio, el recurso no puede prosperar pues tal garantía, la del debido proceso, está contemplada en el N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República en un extremo que está excluido de los derechos protegidos por el arbitrio del artículo 20 del mismo texto, pues sólo se excepciona su inciso quinto, que señala que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, norma que ciertamente nada tiene que ver con lo alegado por el recurrente. Luego, por este sólo hecho, por no estar protegido el “debido proceso” por el artículo 20 de la Carta Fundamental, en esta parte el recurso no puede prosperar.

6°) Que por lo demás no se advierte cómo se ha podido vulnerar el debido proceso en el caso del recurrente. Desde luego el artículo 91 de la Constitución Política de la República refiere que “El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva” y el recurrente es, ciertamente, un funcionario del Ministerio Público, o sea, uno sometido a una estructura y jerarquía determinadas, contempladas en la ley 19.640, que en su artículo 48 indica que “La responsabilidad disciplinaria de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad superior respectiva, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos siguientes, según corresponda”. Del mismo modo, el artículo 17 letra d) de la citada ley señala que corresponde al Fiscal Nacional dictar los reglamentos que correspondan en virtud de aquella superintendencia que le reconoce el artículo 91 de la Constitución Política de la República y, con tal facultad, dictó la Resolución N° 1.362 de 30 de junio de 2009, que establece todo lo concerniente a las investigaciones sumarias administrativas. De otro lado, el artículo 51 de la ley 19.640 refiere que “Cuando un fiscal adjunto aparezca involucrado en hechos susceptibles de ser sancionados disciplinariamente, el Fiscal Regional designará como investigador a uno de los fiscales del Ministerio Público. Si la gravedad de los hechos lo aconsejare, en la misma resolución podrá suspender de sus funciones al fiscal inculpado, como medida preventiva”, que fue precisamente lo que ocurrió en autos, según se lee del documento de fojas 4.

7°) Que ciertamente no se ha vulnerado la garantía del N° 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que contempla la libertad de expresión como un derecho fundamental. Quiere el recurrente, en realidad, por esta acción constitucional, que esta Corte se constituya, prácticamente, en la tercera instancia de su proceso administrativo, en el que fue sancionado por infringir los artículos 37 números 1 y 14 del Reglamento de Personal del Ministerio Público. Y este tribunal no es tal instancia: sólo revisa la eventual ilegalidad o arbitrariedad del acto o de la omisión denunciada y, al respecto, sólo cabe decir que el sumario ha sido llevado a cabo en conformidad a la ley, por la autoridad competente y que se aplicó al recurrente una sanción previamente establecida en las normas jurídicas correspondientes. Y es cierto que el recurrente, como todos, tiene el derecho que garantiza el N° 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, mas siendo un Fiscal del Ministerio Público, sujeto a una orgánica jurídica propia, no está autorizado a vulnerarla, orgánica que viene dada por normas constitucionales, legales y reglamentarias. Luego, su libertad de expresión queda limitada en función de su cargo, de acuerdo a lo que la ley y los reglamentos han previsto. Igual cosa sucede con los jueces, pues el inciso primero del artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales expresa que “Los jueces deben abstenerse de expresar y aun de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por la ley son llamados a fallar” y el artículo 323 en sus números 2° y N° 4° prohíbe a los jueces “Tomar en las elecciones populares o en los actos que las precedan más parte que la de emitir su voto personal” y “Publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados”. En consecuencia, no se ha aplicado una sanción al recurrente por ejercer su derecho a opinar, sino que se lo ha hecho porque, como Fiscal del Ministerio Pública, al dar una entrevista a un diario de San Antonio criticando un anterior sumario que se le siguiera en su contra, ha vulnerado la normativa que la resolución sancionatoria menciona.

8°) Que, entonces, el recurso interpuesto debe ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Recurso de Protección se rechaza la acción constitucional de fojas 68, con costas.

Se previene que el ministro suplente señor Advis concurre al rechazo del recurso pero sin compartir el fundamento cuarto pues, en su concepto, el recurso no es extemporáneo toda vez que lo que finalmente se ataca es la Resolución FN/MP N° 2009 de 2016 de 27 de octubre de 2016, de la que el recurrente tomó conocimiento el 23 de noviembre del mismo año, interponiéndose el recurso el 16 del mes siguiente, o sea, antes de los treinta días que prescribe el Auto Acordado respectivo. Esto es, la presente vía es oportuna porque fue deducida dentro de dicho término, pero entendiendo que éste comenzó a correr sólo después de que la potencialidad de la afectación de las garantías – eventualidad conocida con anterioridad por el actor y que reclamó en las oportunidades que la tramitación previa le brindó- se plasmó en una real perturbación de ellas, siendo útil destacar al respecto que es a todas luces conveniente para la jurisdicción que la solución de cualquiera clase de conflictos sea llevada a cabo directamente por los propios interesados, antes de someterse a la decisión de los tribunales de justicia.

Se previene, asimismo, que el ministro suplente señor Advis no comparte el razonamiento vertido en el considerando sexto de esta sentencia.

Redacción del Ministro señor Mera.

No firma la ministro señor Kittsteiner, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Regístrese.

Rol N° 126.457-2016.