SKY CHEFS CHILE S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

Santiago, diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 17 comparece Sky Chefs Chile SpA, sociedad del giro preparación y comercialización de alimentos, domiciliada en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al dictar la Resolución N° 1629/16/71, de 27 de octubre de 2016, que le impuso una multa en el equivalente en pesos a 30 Unidades Tributarias Mensuales, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N° 3 inciso quinto, 21 y 24 del artículo 19.

Relata la recurrente que es una empresa que se dedica al servicio de catering a líneas aéreas, teniendo sus instalaciones en el Aeropuerto Comodoro nombre reservado hasta principios de 2016, al que sólo estaban autorizados para ingresar los buses de las compañías Centropuerto y Tur Bus, razón por la cual, hasta la época señalada, entregaban una tarjeta de prepago a los trabajadores para utilizar los buses, específicamente de Centropuerto. A continuación indica que en marzo de 2016 la empresa se trasladó al núcleo empresarial ENEA , otorgando a sus trabajadores otro proveedor de transporte, pero manteniendo, en todo caso, el beneficio de la tarjeta de prepago a los trabajadores que debían concurrir al Aeropuerto.

En este contexto, sigue el relato, la empresa fue fiscalizada por la Inspección del Trabajo y fue sancionada por haber suprimido el beneficio antes indicado ya que, a juicio de la Inspectora, ello era un derecho adquirido debido a que tenía más seis meses desde el año 2014, reprochándole haber actuado de forma unilateral y discrecional e imponiéndole una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales.

Considera la recurrente que el actuar de la inspectora laboral ha sobrepasado los márgenes legales, pues ha revisado los contratos de algunos trabajadores otorgándole la calidad de convención tácita a un beneficio laboral y estableciendo ello como un derecho adquirido, en circunstancias que, de acuerdo a sus funciones, solamente está facultada para sancionar frente a la infracción de normas laborales claras, precisas y determinadas, con lo cual se ha arrogado facultades jurisdiccionales que no le corresponden. Cita las normas de los artículos 6°, 7° y 76 de la Constitución, manifestando que sólo a los tribunales de justicia les corresponde el análisis de un contrato y la calificación de cláusula tácita laboral y que la actuación de la recurrida, por lo mismo, vulnera el inciso quinto del N° 3 del artículo 19, por cuanto se erige como un tribunal de justicia y, de paso, al imponerle una sanción, está afectando su derecho de propiedad y, asimismo, la libertad de desarrollar cualquier actividad económica.

Segundo: Que a fojas 43 informa la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente y postula, en primer término, la improcedencia de la acción de protección, pues en su concepto en el presente caso no existe un derecho indubitado y es por ello que el asunto debe ser ventilado en un juicio de lato conocimiento, siendo improcedente el procedimiento utilizado, el cual se está buscando como un sustituto de aquél establecido en la ley laboral, cual es el establecido en el artículo 503 del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo la recurrida hace especial hincapié en las facultades de la Dirección del Trabajo, destacando que el inciso primero del artículo 505 entrega la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación a la Dirección del Trabajo, siendo facultada también para imponer sanciones de acuerdo con el artículo 503 del mismo cuerpo legal, lo cual se ve refrendado, además, por la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. En cuanto a la actuación de la Inspectora, señala que ella constató hechos claros, precisos y determinados mediante la revisión de los documentos proporcionados por la misma recurrente, ajustándose en todo momento a la normativa antes reseñada y por ello no existe la ilegalidad denunciada.

En lo que respecta a las garantías que se alega infringidas, niega cualquier conculcación a las mismas desde el momento en que asegura que su actuar se ha ajustado a la ley que la regula. En razón de todo lo anterior, pide que el recurso sea desestimado.

Tercero: Que en un caso como el presente cobra más que nunca aplicación la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, en cuanto a que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que en el caso de la especie se ha ejercido la acción de protección con motivo de la dictación de una resolución de un organismo que por ley tiene la función de velar por la observancia de la legislación laboral y de seguridad social e independientemente del juicio que se tenga sobre la legalidad o ilegalidad de la misma, lo cierto es que el ordenamiento ha previsto diversas se formas de reclamar a su respecto, consagrando acciones de tramitación expedita, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, que permiten al afectado instar eficazmente sea por la reconsideración de la multa o bien para que se la deje sin efecto.

La Corte no desconoce que la parte final del artículo 20 citado dispone que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, pero esta disposición constitucional no quiere significar que el recurso de protección se erija como un sustituto jurisdiccional de cualquier procedimiento específico que exista a nivel legal, más aún cuando, como sucede en la especie, se lo pretende utilizar en reemplazo de procesos concebidos por el legislador como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se denuncia vulnerados. La expresión que utiliza la Carta Fundamental, como se expuso más arriba, únicamente denota que las providencias urgentes para restablecer el imperio del derecho que se adopten con motivo de acogerse el recurso deberán instar por poner pronta solución al mal que lo justificó, pues este último amenaza, perturba o priva de tal forma el ejercicio del derecho constitucionalmente protegido que se requiere de un remedio inmediato y eficiente para su efectiva vigencia; mas, al menos en abstracto, quedan a salvo las acciones que ordinariamente prevé el ordenamiento para la solución definitiva del conflicto y en rigor no sólo respecto del afectado recurrente, sino también de aquel contra quien el recurso fue dirigido.

En la situación planteada el conflicto que propone el recurrente encuentra una solución eficiente, eficaz y oportuna mediante el ejercicio de las acciones que prevé el Código del Trabajo, de tal suerte que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para emitir el pronunciamiento que se demanda y, en razón de lo anterior, habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 17 por Sky Chefs Chile SpA.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Protección N° 126.380-2016.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por los Ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señora Maritza Villadangos Frankovich.