Protección contra Subsecretaría de Hacienda

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la Fundación San Ignacio, representada por el abogado Roberto Sagredo Kraunik, y deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Hacienda, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución Exenta Nº 294 de 2025, en virtud de la cual se rechaza la solicitud de incorporación de la Fundación al Registro Público de Entidades Donatarias, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 2 y 22 del artículo 19.

Se expone en el libelo que la Fundación San Ignacio es una institución de beneficencia sin fines de lucro creada por la Compañía de Jesús, cuyo fin es sostener y desarrollar labores educacionales de carácter público a través del Colegio San Ignacio Alonso de Ovalle, establecimiento con larga trayectoria y marcado sello de inclusión social y diversidad. Indica que el colegio mantiene un sistema robusto de becas -en especial la beca Arrupe-, que permite el ingreso permanente de alumnos provenientes de sectores vulnerables sin exigir acreditación económica, demostrando una vocación universalista y de servicio público que materializa el principio de beneficio público consagrado en la Ley Nº 21.440.

A continuación relata la recurrente que con la entrada en vigencia de esta última ley, la Fundación postuló al Registro Público de Entidades Donatarias a fin de acceder a los beneficios tributarios para el fomento de donaciones, no obstante lo cual la Subsecretaría de Hacienda, basándose en la Minuta Técnica Nº 72 de 29 de abril de 2025, rechazó la postulación argumentando que el colegio no cumplía el principio de universalidad, por no recibir financiamiento estatal, no participar en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y mantener un arancel anual de $4.398.635 que, según la autoridad, constituiría una barrera de acceso que impide calificarlo como entidad de beneficio público.

Sostiene la recurrente que dicha conclusión ignora la existencia de mecanismos efectivos de inclusión -como la Beca Arrupe y beneficios socioeconómicos temporales-, por lo que el acto administrativo resulta arbitrario e ilegal al imponer un requisito de gratuidad absoluta no previsto en la ley ni en el artículo 46 A del Decreto Ley Nº 3.063, de Rentas Municipales.

En sus fundamentos de derecho alega que la resolución infringe los artículos 6° y 7° de la Constitución, por violación del principio de juridicidad, ya que la autoridad ha excedido su competencia interpretando extensivamente la norma para exigir gratuidad total, configurando una actuación ultra vires y con desviación de poder. Añade que el acto carece de motivación suficiente al omitir toda ponderación de los antecedentes aportados por la Fundación, vulnerando el deber de razonabilidad y proporcionalidad exigido por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Recalca que el acto es discriminatorio, pues dispensa un trato desigual e infundado respecto de otras entidades sin fines de lucro, con fundamento en un criterio administrativo interno sin rango legal.

Segundo: Que al evacuar el informe requerido la Subsecretaría de Hacienda solicita el rechazo del recurso de protección deducido, con expresa condenación en costas.

Expone en primer término que la acción es improcedente por no haberse agotado la vía administrativa contemplada en la Ley Nº 19.880, pues la Fundación no interpuso los recursos de reposición ni jerárquico que la normativa prevé, prefiriendo acudir directamente a la sede constitucional.

Añade luego que la resolución impugnada no produce perjuicio irreparable ni impide una nueva postulación, toda vez que la recurrente puede volver a presentar antecedentes cuando estime que cumple los requisitos legales, sin que se le haya privado de algún derecho cierto o indubitado.

A continuación señala la autoridad informante que la decisión de rechazar la solicitud no implica desconocer la trayectoria ni la labor educativa de la Fundación, sino sólo constatar que no cumple con las condiciones para acceder a una franquicia tributaria excepcional, la que debe aplicarse con criterio restrictivo conforme al principio de legalidad de los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental. Sobre el punto precisa que el acto recurrido se fundó en la Minuta Técnica Nº 72 de la Secretaría Técnica del Título VIII bis, que concluyó que la actividad efectiva principal de la entidad no corresponde a una labor de beneficio público universal, puesto que los costos asociados a los servicios educacionales que presta el Colegio San Ignacio Alonso de Ovalle -su principal beneficiario- constituyen una barrera de acceso incompatible con el principio de universalidad exigido por el artículo 46 A letra C) Nº 3 del Decreto Ley Nº 3.063.

Indica seguidamente que la colegiatura asciende a $403.750 mensuales más una matrícula anual de $361.135 y que en 2023 solo 13 estudiantes de un total de 1.454 recibieron la Beca Pedro Arrupe, lo que representa el 0,89% del alumnado, porcentaje insuficiente para considerar que la Fundación promueve mayoritariamente fines de beneficio público.

Argumenta que la parte recurrente carece de un derecho indubitado, por cuanto lo que se discute es una controversia interpretativa sobre el alcance del principio de universalidad, cuestión de lato conocimiento impropia de esta sede cautelar.

En subsidio, rebate las tres premisas que sustentan el recurso: primero, que la actividad principal de la recurrente sea la entrega de la Beca Arrupe; segundo, que la resolución haya interpretado erróneamente el principio de universalidad; y tercero, que dicha interpretación equivalga a exigir gratuidad.

Respecto de la primera, reitera que las becas alcanzan a menos del 1% de los estudiantes y que el resto de los beneficios corresponde a descuentos para familias o trabajadores del colegio, los que no configuran actividades de acceso universal y que, en ese contexto, la autoridad concluyó que el servicio educacional ofrecido no cumple con el principio de universalidad ni con la exigencia de ofrecer sus actividades a toda la población o a un grupo general y uniforme de personas, como lo dispone la norma legal.

En cuanto a la segunda, afirma que la resolución aplicó el principio de universalidad conforme al tenor literal de la ley, considerando que una entidad es de beneficio público cuando ofrece sus servicios a toda la población o a un grupo general de personas sin discriminación arbitraria.

Explica que la interpretación efectuada por la Secretaría Técnica no implica exigir gratuidad absoluta, sino que, en caso de existir cobros, se cumpla con el principio de universalidad, que impone maximizar el acceso a los servicios en forma proporcional y justificada, equilibrando la sostenibilidad de la entidad con el acceso equitativo de los beneficiarios.

Y en cuanto a la tercera, aclara que nunca se exigió gratuidad, sino que se evaluó la razonabilidad de los costos frente a la población general.

Tercero: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que de la síntesis del recurso efectuada en el motivo Primero de esta sentencia aparece que la ilegalidad que se atribuye a la Resolución Exenta Nº 294 se hace consistir en la contravención del N° 3 de la letra c) del artículo 46 bis A del Decreto Ley N° 3.063, al haberse exigido un requisito que no se prevé en la norma legal que regula el procedimiento. Por su parte, se imputa arbitrariedad al mismo acto administrativo al carecer de razonabilidad interna y omitir toda ponderación del caso concreto, en tanto, en concepto de la parte que recurre, desestima sin justificación los antecedentes que acreditan la existencia de un sistema de becas robusto, focalizado y operativo, que elimina barreras económicas reales de acceso.

Pues bien, en primer término, la arbitrariedad que se denuncia debe ser descartada, desde que el acto que motiva el recurso, esto es, la Resolución Exenta Nº 294, contiene una exposición no sólo suficiente de los fundamentos que lo sustentan, sino que éstos también resultan razonables y sensatos, de manera que es posible descartar que se sustente en el mero capricho de la autoridad que lo expide. En efecto, luego de manifestar que atendido que la inscripción en el Registro Público de Entidades Donatarias importa para la entidad que se inscribe la posibilidad de obtener los beneficios tributarios aplicables para donaciones, se afirma que se trata de un régimen de excepción constituido por normas de orden público, que deben interpretarse restrictivamente. A continuación se efectúa una interpretación del N° 3 de la letra c) del artículo 46 A del Decreto Ley N° 3.063 y se concluye ahora que no se logra acreditar que la actividad efectiva principal de la recurrente sea de forma mayoritaria y notoria la promoción de los fines del Título VIII bis del mismo cuerpo normativo, apoyada esta conclusión en lo señalado en la Minuta Técnica N° 72, de 29 de abril de 2025, de la Secretaría Técnica, expresándose pormenorizadamente las razones que se tiene presente para ello.

Por tanto, como se dijo, se descarta la arbitrariedad que se atribuye a este acto por supuesta falta de motivación.

Quinto: Que en cuanto a la alegación de ilegalidad, no resulta ser efectivo que la Subsecretaría de Hacienda haya exigido un requisito no contemplado en la norma legal antes aludida, que regula el procedimiento de incorporación al Registro Público de Entidades Donatarias, sino que esta autoridad administrativa, en ejercicio de las potestades que le confiere la ley, dio una inteligencia al precepto que no es compartida por la parte que recurre e interpretó el sentido y alcance del concepto “principio de universalidad” que aquél emplea concluyendo, sobre la base hechos respecto de los cuales en rigor no existe discusión, que no se configuran sus supuestos.

En relación a lo anterior, no es efectivo tampoco que la resolución objeto del recurso interprete el incumplimiento del principio de universalidad estableciendo que su contenido implica servicios gratuitos, sino que establece que la exigencia del N° 3 de la letra c) del artículo 46 A del Decreto Ley N° 3.063 se cumple en la medida que en la determinación de los beneficiarios de la entidad no exista un trato desigual injustificado, expresándose suficientemente en la Resolución exenta N° 294 los fundamentos de esta aseveración.

Sexto: Que por las razones expuestas en los motivos que anteceden y por no concurrir los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad que se exigen para el acogimiento de la acción de protección, la ejercida en estos autos deberá ser declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por la Fundación San Ignacio en contra de la Subsecretaría de Hacienda.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Protección N°12.614-2025.