nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 10: a lo principal y primer otrosí, téngase presente. Al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, abogada, por sí y en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada legalmente por su gerente general, don nombre reservado, por haber incurrido esta última en un acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por su representado, acto notificado mediante carta de 14 de mayo de 2025.

Expone que su representado, licenciado en Contaduría Pública, se encuentra en Chile desde el año 2018, trabajando como planificador de ruta en la empresa Quiyalles Surlat Spa, donde se le han efectuado descuentos previsionales y aportes a la AFP, salud y cesantía. Precisa que, en su contrato de trabajo y en anexo respectivo, consta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156, norma que faculta a los técnicos extranjeros para mantener afiliación previsional en su país de origen y eximirse de imposiciones en Chile.

Señala que, con fecha 28 de abril de 2025, presentó solicitud de retiro de fondos previsionales, signada con el N°1203, acompañando todos los documentos exigidos por la ley: contrato de trabajo con cláusula expresa de exención, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente y constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). No obstante, la AFP PlanVital rechazó la solicitud, argumentando que la constancia de afiliación debía encontrarse apostillada o legalizada, requisito que no está contemplado en la normativa especial.

Alega que dicho rechazo resulta arbitrario e ilegal, puesto que la afiliación en Venezuela puede verificarse electrónicamente a través del portal oficial del IVSS, mediante código de validación único, acompañado en el otrosí de la presentación. Agrega que, por razones de fuerza mayor, derivadas de la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, se encuentra suspendida indefinidamente la tramitación de apostillas en la embajada y consulado, lo que torna imposible cumplir con la exigencia planteada por la recurrida.

Sostiene que su representado cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, y que la negativa de la AFP vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 CPR) y de propiedad (art. 19 N° 24 CPR), en cuanto impide disponer de sus fondos previsionales legítimamente acumulados. Invoca además el artículo 19 N° 26 CPR, señalando que la imposición de requisitos no previstos por la ley afecta la esencia de los derechos garantizados.

Solicita se acoja el recurso de protección deducido ordenando reconocer la validez de la documentación acompañada, disponer la tramitación de la solicitud de retiro de fondos previsionales y ordenar la devolución de los mismos en un plazo razonable, restableciendo con ello el imperio del derecho y asegurando la debida protección de las garantías fundamentales invocadas.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece don Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., quien explica que el afiliado ingresó dos solicitudes, folios 1202 y 1203, acompañando documentos como cédula de identidad, contrato de trabajo de 23 de julio de 2018, anexo contractual de 15 de julio de 2024, título profesional apostillado y constancia electrónica de cotizaciones emitida el 26 de abril de 2025 por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, tras el análisis jurídico, se emitió carta de rechazo de fecha 05 de mayo de 2025, fundada en que el certificado acompañado no acreditaba de manera suficiente ni con la legalización o apostilla requerida, la afiliación del trabajador a un régimen extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte por todo el período de prestación de servicios en Chile.

Señala que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción al sistema previsional chileno, por lo que debe interpretarse de manera estricta y restrictiva. Conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, la acreditación de la afiliación a un régimen previsional extranjero exige certificación debidamente legalizada o apostillada que especifique cobertura integral en los riesgos señalados. La simple constancia electrónica del IVSS, sostiene, carece de la especificidad necesaria para acreditar tales extremos.

Añade que la decisión impugnada no constituye acto arbitrario ni ilegal, sino que corresponde a un actuar fundado, uniforme y en cumplimiento estricto de la normativa que rige la materia. Cita como respaldo el Oficio Ordinario N° 20.294 de 08 de octubre de 2020 de la Superintendencia, que establece que documentos genéricos o constancias electrónicas no bastan para acreditar cobertura previsional integral.

Alega que acceder a la devolución sin cumplir con los requisitos legales constituiría un incumplimiento normativo por parte de la Administradora, exponiéndola a sanciones de la Superintendencia de Pensiones, y que las cotizaciones del recurrente deben destinarse al financiamiento de pensiones conforme al D.L. N° 3.500 de 1980, en tanto no se cumplan las condiciones de la excepción prevista en la Ley N° 18.156.

Sostiene también que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, puesto que se trata de un asunto que exige debate probatorio y valoración de antecedentes en un procedimiento declarativo, no siendo la acción cautelar la sede para discutir la procedencia del beneficio previsional invocado.

Tercero: Que se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

Cuarto: Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

Quinto: Que el acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Plan Vital S.A. de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Sexto: Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de AFP Plan Vital S.A.

Se previene que la Ministra (S) Sra. Rodríguez Fondón, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Que, aun cuando se admitiera el hecho de que el recurrente estaría imposibilitado de obtener la documentación que revista o satisfaga esas calidades, por la carencia de representación diplomática, lo cierto es que no se pudo verificar la vigencia del aludido documento toda vez que el link de verificación de este no es válido.

Regístrese y archívese.

N°Protección-12605-2025.