nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 30: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, abogada, H. Diputada de la República, deduciendo acción de protección en contra del nombre reservado, corporación de derecho privado, representada legalmente por su Superintendente Sr. Pablo Cortés De Solminihac, por el actuar que estima como ilegal y arbitrario, consistente en la decisión del Consejo de Disciplina de la Octava Compañía, que dispuso en su contra, la sanción de separación, la que a su juicio vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 números 2° y 24° de la Constitución Política de la República.

Refiere que desde el año 2018, se desempeña como Diputada de la República por el distrito N°9, que comprende las comunas de Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia, por lo que uno de los motivos por los que decidió incorporarse a la Octava Compañía del nombre reservado, fue porque tiene ubicado su cuartel precisamente en la comuna de Recoleta, señalando que desde su ingreso a Bomberos, ha cumplido de la forma más diligente posible las responsabilidades respectivas.

Indica que con fecha 16 de junio de 2023 fue notificada de la decisión del Consejo de Disciplina de la Octava Compañía, de la sanción de separación que le fue impuesta de conformidad con el artículo 5º del Reglamento General del nombre reservado, lo que implica la pérdida de su calidad de Bombera Voluntaria y de manera accesoria, la imposibilidad de reincorporarse sino transcurridos seis meses para una primera separación y en el caso de una segunda separación, se debe solicitar una rehabilitación luego del lapso de un año desde la sanción.

Hace presente que la referida sanción fue acordada en el Consejo de Disciplina celebrado el día 9 de junio de 2023, instancia de la que no tuvo noticia, por lo que no pude excusarse ni presentar descargos, así como tampoco se respetaron los plazos reglamentarios para sesionar, según lo dispone el artículo 86 del Reglamento Interno de la Octava Compañía.

Relata que previamente, el día 31 de mayo de 2023, fue citada mediante correo electrónico a Junta de Oficiales, para dar explicaciones por faltas reglamentarias referidas a la asistencia a actos obligatorios, a realizarse el día 6 de junio de 2023 a las 20:00 horas, a la que no pudo asistir por razones de agenda legislativa, por lo que se excusó de asistir mediante correo electrónico enviado con fecha 5 de junio de 2023. En razón de esto, en su ausencia, se habría decidido elevar el caso al Consejo de Disciplina, el que sesionó el 09 de junio, sin respetar el plazo de antelación 4 días para citar al afectado, que exige el artículo 86 del Reglamento.

Relata que existiría animadversión hacia su persona, detallando las diversas sanciones que le han sido impuestas en su desempeño bomberil, entre las que menciona: suspensión de 90 días en el año 2006, tras haberse incorporado y realizar una denuncia por hechos constitutivos de violencia de género contra un superior jerárquico; tiempo después, sanción de separación, por un problema menor con otra voluntaria; en el año 2020, separación de las filas de la Compañía, por no responder un correo electrónico del Capitán de la Compañía, sanción que en su momento apeló al Consejo de Oficiales Generales del CBS, quienes la declararon no ajustada a reglamento, por lo que fue reincorporada a las filas; durante el año 2021, sancionada con una suspensión de 60 días, luego de ser acusada de incumplir órdenes al interior del cuartel; durante el pasado año 2022, tras una conversación sostenida con el Sr. Capitán de la Octava Compañía, por medio de aplicación de mensajería instantánea, y esbozando una intención eventual de presentar su renuncia, se le comunicó posteriormente la aceptación de su supuesta renuncia a las filas de la Octava Compañía, la que fue dejada sin efecto por el Consejo de Oficiales Generales del CBS el 13 de Octubre de 2022, comunicado mediante oficio Nº 797.

Explica que tras estas circunstancias, solicitó el pronunciamiento de la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre cómo proceder ante posibles incompatibilidades normativas entre los estatutos de Bomberos y los estatutos de los parlamentarios, y para prescindir caer en cualquier tipo de falta, evitó asistir a su cuartel, por el temor legítimo que mantenía de ser injustamente sancionada, tardando la elaboración de dicho informe 6 meses.

Señala que el referido informe establece que la calidad de diputada o diputado y el ordenamiento que rige tal calidad prevalece por sobre cualquier otro en atención a su fundación constitucional y no reglamentaria, lo que puso en conocimiento del Consejo de Oficiales Generales, solicitando que la Octava Compañía se abstuviera de imponerle sanciones por eventuales faltas reglamentarias fundadas en incompatibilidades, sin embargo, relata que antes de que la institución respondiera a este antecedente, fue sancionada nuevamente con separación y recién con fecha 7 de julio de 2023, el Secretario General del CBS, le indicó que el Consejo de Oficiales Generales no tiene facultades para intervenir en los procedimientos disciplinarios en curso.

Agrega que el procedimiento sancionatorio llevado en su contra fue realizado sin cumplir las formalidades y plazos establecidos en el reglamento interno, en su ausencia y sin oír al afectado (infracciones al artículo 17 de la Ley 18.959; al artículo 1º de la Ley N° 20.564 que Establece Ley Marco de los Bomberos de Chile y artículos 50, 57 y 86 del Reglamento Interno de la Octava Compañía). Además, alega la infracción del artículo 553 del Código Civil, por cuanto ningún miembro de la administración de una corporación de derecho privado puede participar al mismo tiempo de un organismo disciplinario y en este caso el consejo de disciplina en mi caso estuvo integrado por el Director de la compañía, que es el jefe de la administración, y por el Capitán y el Secretario, que son oficiales de la administración y seis voluntarios honorarios.

Por otra parte señala que si bien en abstracto existiría una infracción a las normas internas del CBS relativas a asistencia, de acuerdo al informe evacuado por la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados, se encuentra excusada de pleno derecho de dichas obligaciones, cuando éstas entran en controversia con otras obligaciones de mayor rango, como lo son las dispuestas en la Constitución o en las Leyes, por cuanto la normativa interna de bomberos es de menor jerarquía, por lo que resulta carente de razón y justificación que se le haya sancionado con la separación de la institución, por una supuesta falta relativa a inasistencias, por cuanto esa disposición es incompatible para el caso concreto de las personas que están investidas como miembros del Congreso Nacional, teniendo licenciamiento para no asistir a cabalidad de las asistencias reguladas reglamentariamente.

Concluye que el acto ilegal y arbitrario impugnado, vulnera las garantías fundamentales previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la CPR, por cuanto la privaron de un proceso racional y justo al incumplir el reglamento interno, generándose una desigualdad y le privaron el derecho de propiedad sobre la calidad de bombera voluntaria.

Por lo anterior, solicita se acoja íntegramente el presente recurso, y se restablezca el imperio del derecho, disponiendo que la recurrida debe dejar sin efecto el acto impugnado y determinar que su calidad de bombera voluntaria permanece vigente, por haberse tomado una decisión de carácter ilegal y arbitraria.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso de protección, comparece don nombre reservado, abogado, por la recurrida nombre reservado, quien solicita su rechazo, con costas.

En primer lugar, señala que el acto impugnado no es ilegal, por cuanto la recurrente fue sancionada con la separación de la Compañía debido al hecho de haber incurrido en la infracción contemplada en el artículo 107 del Reglamento General del nombre reservado, el que dispone que “si durante noventa días consecutivos, sin licencia previa no tuviere ninguna clase de asistencia, sus antecedentes pasarán al Consejo de Disciplina y, necesariamente, deberá ser separado de la Compañía”.

Señala que el nombre reservado tiene la facultad de aplicar medidas disciplinarias y conforme con esta capacidad, tanto el Reglamento de la Octava Compañía como el Reglamento General del nombre reservado, establecen un régimen sancionatorio, que determina las reglas y procedimientos aplicables frente a las infracciones a comportamientos y deberes para con la institución que puedan cometer los voluntarios.

Refiere que la obligación de asistencia tiene características particulares, ya que los voluntarios y voluntarias del nombre reservado tienen un sinnúmero de actos a los que pueden asistir, precisando que en el trimestre en que la recurrente dejó de asistir (marzo, abril y mayo de 2023), la Octava Compañía tuvo 30 actos obligatorios y 400 de abono, de modo que la recurrente pudo asistir a cualquiera de ellos, pero su lenidad se lo impidió. Además, señala que existen facilidades para presentar licencias que justifiquen la inasistencia, tanto en lo motivos y las formas presentarlas, ya que los voluntarios tienen acceso a una aplicación digital donde pueden presentar la licencia e indicar el motivo de la misma, y que también fue utilizado por la recurrente, para obtener licencia con el objeto de ausentarse del país “por trabajo” durante el febrero de 2023, aun cuando en ese periodo el Congreso no sesiona.

Señala que la presentación de la licencia interrumpe el plazo de 90 días (artículo 107 del Reglamento del nombre reservado).

Asimismo, da cuenta que el incumplimiento de la asistencia es una de las pocas materias en las que el Reglamento contempla una sanción específica, de modo que una vez acreditada la inasistencia por 90 días, la institución tiene el deber de aplicar la sanción de separación.

Hace presente que en este caso, la recurrente incumplió sus obligaciones reglamentarias para con el nombre reservado al no acudir ni solicitar licencia en 90 días seguidos, hecho que en este recurso ni siquiera es cuestionado, sino que se intenta justificar reclamando un trato privilegiado, pretendiendo quedar exenta de su obligación de asistencia, pero lo cierto es que el nombre reservado envió distintas comunicaciones a la recurrente solicitando su presencia en ciertas actividades y luego se le citó para que diera las explicaciones correspondientes, lo que tampoco ocurrió.

Explica que esta sanción tiene como fundamento la necesidad de tener voluntarios activos y comprometidos con la Institución, ya que ésta juega un rol fundamental en el resguardo de las personas y no constituye un trato discriminatorio y se aplica a cualquier voluntario que incurra en dicha falta.

Además, informa que la recurrente no apeló a la resolución del Consejo de Disciplina y de manera improcedente presentó un recurso de protección ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, desnaturalizando este recurso para efectos de que sea utilizado como una instancia de revisión. Lo anterior, porque de acuerdo al artículo 53 del Reglamento Interno de la Octava Compañía del nombre reservado contra los fallos del Consejo de Disciplina, sólo procederá el recurso de apelación de la manera indicada por el Reglamento Interno, el que debe impetrarse dentro de 5 días de notificada la sanción respectiva (artículos 69 y 70 del Reglamento), lo que en este caso no ocurrió.

Alega que la única defensa esgrimida por la ex voluntaria nombre reservado es que, debido a su calidad de Diputada de la República no le es aplicable el Reglamento General, para lo cual invoca un derecho constitucional inexistente y reclama un trato privilegiado.

Asimismo, indica la recurrida que no corresponde invocar el artículo 553 inciso segundo del Código Civil como fundamento de la ilegalidad, ya que la normativa la Ley Marco de los Bomberos de Chile, consagra la aplicación supletoria de las normas del Código Civil a la normativa propia de la Institución (artículo 17 la Ley N° 18.959).

En segundo lugar, señala la recurrida que el acto impugnado no es arbitrario, por cuanto no se aprecia una decisión irracional o caprichosa por parte del Consejo de Disciplina, sino que tal proceder se encuentra plenamente justificado en hechos que no han sido controvertidos por la recurrente, esto es, sus ausencias injustificadas, por más de 90 días.

Indica que la contraria entiende que existiría una incompatibilidad entre sus deberes constitucionales como diputada, y sus deberes reglamentarios, como funcionaria de Bomberos, pero tal incompatibilidad no resultaría efectiva, sino que por el contrario, la recurrente disponía de amplios y variados mecanismos para justificar sus ausencias a la Institución, interrumpiendo el plazo de 90 días.

Por lo anterior, argumenta que no ha existido infracción alguna al artículo 19 numeral 2º de la Constitución Política, ya que la invocación de un trato privilegiado por su investidura parlamentaria, atentaría contra la naturaleza de la garantía de igualdad que se invoca. Además, señala que las implicancias del reconocimiento del estatus especial de parlamentario que se reclama serían de una magnitud enorme, por cuanto en caso de acogerse ese argumento, el tribunal estaría respaldando una situación de privilegio que trasciende con esta discusión, reconociéndosele un estatus jurídico especial en favor de los parlamentarios, el que tendría amplios efectos.

Reclama, que los argumentos de la recurrente desconocen también la propia naturaleza de la institución de Bomberos, pues conciliar la responsabilidad laboral con la de bombero es una realidad con la que convive todo voluntario.

Finalmente, señala tampoco ha existido infracción alguna al artículo 19 numeral 24º de la Constitución Política, toda vez que si la recurrente ya no tiene la calidad de bombero, ello se debe a que la recurrente incumplió sus obligaciones, ella misma reconoce que no cumplió con la asistencia, y la sanción de separación de la Compañía está especialmente contemplada para estos casos específicos.

TERCERO: Que como ha señalado esta Corte reiteradamente, para que sea acogida la acción de protección constitucional, regulada en el artículo 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación del recurso de protección, es necesario que de manera clara se acredite que mediante una acción u omisión proveniente de autoridad o persona natural o jurídica, se haya vulnerado una garantía constitucional protegida en el catálogo de derechos señalados expresamente en el artículo citado, de manera tal que si ello es así, la Corte de Apelaciones respectiva pueda adoptar las medidas y acciones que estime conducentes a restablecer el imperio del derecho.

CUARTO: Que en el caso análisis, lo que está en debate ante este Corte, consiste en dilucidar si la medida de suspensión de la calidad de voluntaria del nombre reservado de la recurrente nombre reservado, ha sido adoptada por el Consejo de Disciplina de la entidad indicada, es arbitraria o ilegal y si así fuere ha tenido la virtud de vulnerar las garantas constitucionales establecidas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política, es decir, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, respectivamente.

QUINTO: Que como es de público conocimiento la adhesión e ingreso a organizaciones corporativas de naturaleza voluntaria y altruista, como es el caso del nombre reservado de Chile, exige de parte de sus miembros voluntarios una adhesión a sus normas corporativas reglamentarias, que imponen a sus integrantes una participación activa con la finalidad de cumplir con los fines institucionales que se comparten como principios fundamentales, de manera tal que sin dicha actitud participativa no es posible su membresía, la que se inicia con un juramento promisorio de sus integrantes.

SEXTO: Que en este contexto, las normas disciplinarias que regulan las obligaciones de los miembros del nombre reservado, exigen una asistencia a las actividades de las Compañías de naturaleza periódica y prevén también racimalmente la posibilidad para el miembro voluntario de poder excusar su asistencia por motivos justificados. Que en el caso en análisis, se ha acreditado tanto por lo señalado por la recurrente como por lo informado por la recurrida que la voluntaria nombre reservado insistió por mas de 90 días a las actividades cotidianas y extraordinarias de la Compañía de Bomberos a la que pertenece, sin que haya presentado las justificaciones de inasistencia que la normativa reglamentaria establece al efecto, de manera tal que si estas comunicaciones se hubieren activado por la miembro bomberil en cuestión, no se habría activado ni legitimado adoptar alguna medida disciplinaria por el nombre reservado respectivo, todo lo cual no ocurrió de parte de la recurrente habiendo tenido la posibilidad de hacerlo.

SEPTMO: Que en este contexto la medida disciplinaria impugnada en este sede, no aparece haber sido tomada de manera ilegal atendido a que tienen el respaldo de las normas disciplinarias que provee el estatuto del nombre reservado recurrido y tampoco resulta que se haya adoptado de manera arbitraria, ya que la propia recurrente reconoce haber dejado de asistir a las actividades de la Compaña de Bomberos por más de noventa días sin justificar su insistencia, por lo que su separación de la entidad recurrida está prevista reglamentariamente para esta hipótesis fáctica. Que en este sentido, la sanción se suspensión que se impugna en esta sede se encuentra especialmente prevista en el artículo 107 del Reglamento del nombre reservado, que señala “Será obligación del Bombero Activo y también del Honorario que aceptare un cargo de Oficial de mando, concurrir con puntualidad a los actos de servicio y, si durante noventa días consecutivos, sin licencia previa no tuviere ninguna clase de asistencia, sus antecedentes pasarán al Consejo de Disciplina y, necesariamente, deberá ser separado de la Compañía. El plazo de inasistencia es el que media entre la última asistencia o licencia y el día en que se cumplen los noventa días.”. Que asimismo, en el citado reglamento se establece en su Título XII en los artículos 57 a 57 el denominado Consejo Superior de Disciplina, el que se organiza con los órganos Sala del Consejo Superior de disciplina, que tiene la competencia para imponer sanciones disciplinarias actuando como jurado y se provee de un recurso de apelación para ante el Pleno del Consejo Superior de Disciplina, instancias procesales a la que la recurrente no compareció haciendo valer sus derechos y defensas, por lo que no impugnó la medida de separación adoptada a su respecto, lo que permite desestimar que la medida que se impugna haya sido adoptada con trasgresión a un debido procedimiento disciplinario en la corporación recurrida.

OCTAVO: Que referido a la argumentación sostenida por la recurrente, en el sentido de encontrarse legitimada y excusada de pleno derecho para no asistir a las citaciones a actividades y reuniones que realiza la Compañía de Bomberos a que pertenece, por la circunstancia de ser Diputada de la República, cabe señalar que no existe una disposición legal que establezca tal eximente de pleno de derecho en la normativa que cita el recurso, de manera tal que es una interpretación argumental sin un correlato en norma legal que justifique su existencia.

NOVENO: Que por los motivos señalados no se ha acreditado que la recurrente haya sido vulnerada en sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, con motivo de la aplicación de la sanción disciplinaria de suspensión de su calidad de membro activo del nombre reservado, perteneciente a la Octava Compañía.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales de la E. Corte Suprema, SE DESESTIMA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del nombre reservado.

Redactó el abogado integrante señor Oscar Torres Zagal.

No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-12603-2023.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez, e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado señor Oscar Torres Zagal.