nombre reservado con FISCO DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, e interpone acción constitución de protección en contra del Fisco de Chile, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en retención y compensación de suma de dinero pagada al recurrente en virtud de transacción judicial en el contexto de un juicio laboral, conculcando las garantías del artículo 19 Nros. 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el contexto del juicio de tutela labora, RIT Nro. T-839-2023, seguido ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la recurrente arribó con el Fisco a una transacción con la recurrida, la que fue aprobada por el tribunal laboral el 14 de diciembre de 2023, obligándose el Fisco a pagar la suma única y total de $3.000.000. Resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.

Agrega que en virtud del acuerdo, se remitieron los antecedentes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para procesar al pago conforme a lo dispuesto en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, esto el 22 de diciembre de 2023, dictándose la respectiva resolución exenta el 6 de marzo del presente.

Adiciona que, sin embargo, la recurrida incumplió la transacción, ya que el Servicio de Tesorerías no pagó la suma convenida.

Precisa que el 8 de abril pasado se le informó por correo electrónico que no se le pagó la suma objeto de acuerdo por motivo de deuda que mantenía por crédito otorgado para estudios de educación universitaria, denominado CAE.

Fundamenta que el actuar de la recurrida es contrario al artículo 17 de la Ley Nro. 20.027, que solo autoriza la retención en casos de devolución de impuesto, y no por un crédito que surja del derecho laboral. Además, dice que no hay autorización judicial que permita la retención que la recurrida ha efectuado, sino lo contrario, esto es una resolución judicial que aprobó la transacción en que el Fisco de Chile se obligó a pagar la suma de tres millones de pesos al recurrente. Y vincula dicha infracción con la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se declare que el descuento es ilegal y arbitraria, y que la recurrida, mediante la Tesorería General de la República debe girar a favor del recurrente la suma de $3.000.000.

Segundo: Que evacuó informe Marcelo Chandía Peña, abogado Procurador Fiscal, en representación del Fisco de Chile.

Indica que efectivamente se dictó por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Resolución Exenta Nro. 764 de 6 de marzo del presente, mediante la cual se dispuso que el Servicio de Tesorerías procediera al pago de la suma de $3.000.000 al recurrente, por motivo de transacción suscrita entre las partes y aprobada por el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Pero que no se realizó pago dado que operó compensación por deuda CAE que mantiene el recurrente.

Alega falta de legitimación pasiva, ya que el objeto del reproche es dirigido respecto de una actuación que emana de la Tesorería General de la República, no siendo procedente la intervención del Fisco de Chile en la presente causa.

Relata, por otra parte, que la compensación que efectuó la Tesorería General de la República es efectuada conforme al artículo 6 del D.F.L. Nro. 1 del Ministerio de Hacienda.

Pide, en definitiva, rechazar el recurso de protección con costas.

Tercero: Que el 29 de mayo de 2024 evacuó informe Paulo Cerpa Opazo, abogado, en representación de la Tesorería General de la República.

Refiere que efectivamente se compensó deuda del recurrente con crédito que tiene la recurrida por el monto indicado en el recurso de protección, la cual se generó por transacción celebrada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo.

Precisa que el crédito a favor del contribuyente fue ordenado pagar por resolución exenta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, pero que no se verificó el pago, por operar compensación, por deuda que tiene el recurrente por concepto de crédito con aval del estado. Y que la facultad de la Tesorería para compensar deudas de contribuyentes está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. Nro. 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, disposición que expresa “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Asevera que concurre en la especie los requisitos de la compensación y no se incurre en actuación ilegal o arbitraria. Afirma que el artículo 17 de la Ley Nro. 20.027 es un mecanismo de retención y cobro extrajudicial, no teniendo la interpretación que el recurrente acusa. Añade que el recurso es improcedente y que no existe derecho indubitado.

Finalmente, pide el rechazo de la acción constitucional con costas.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, es dable entender, que no resulta procedente el emplazamiento ni la intervención del Fisco de Chile, ya que el reproche efectuado por el recurrente, corresponde a una actuación que emana de la Tesorería General de la República. A tal efecto, la doctrina, ha dicho que “los organismos denominado fiscales no pertenecen sino representan al Fisco respecto de bienes específicos, gozan de imputabilidad jurídica directa y capacidad procesal propia. Son ellos y no el Fisco los sujetos que revisten la calidad de partes en juicio, ejercen los derechos y cargas propios de la defensa, y asumen los efectos de sentencia definitiva” (Arancibia, Jaime, La Contraloría General de la República como parte en juicio: capacidad, legitimación y representación, Revista Ius et Praxis, Año 24, N° 1, 2018, p. 593)”. Lo anterior, permite concluir que la Tesorería General de la República, como organismo estatal, tiene capacidad procesal suficiente, sin requerir, por tanto, de personalidad jurídica o de patrimonio propio para considerarlo parte en un juicio o procedimiento judicial.

Sexto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de un juicio laboral; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994.

Séptimo: Que, al efecto, el artículo 6° de dicho estatuto establece que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Añadiendo el artículo 7° siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

Octavo: Que dichas normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales.

Por esta razón la referencia en el artículo 6° citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7° que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”.

Noveno: Que, aun cuando lo hasta aquí argumentado resulta ser suficiente para acceder a la petición del recurrente, debe tenerse también en consideración —como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal— que en este tipo de asuntos debe examinarse la viabilidad de la compensación tributaria, desde que “[l]a Ley N° 20.027, tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad. Así pues, surge el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal.

Es así que, una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1 ° del artículo 17 de la citada ley, dispone:

‘La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda […]’”. (Sentencia Corte Suprema Rol Nro. 206.904-2023).

A lo anterior añade la Corte Suprema que “[…] de lo dicho, surge que a partir de la promulgación de la Ley N° 20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías y el artículo 34 del D.L. N° 1.263, de 1975 , Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general” (Sentencias Corte Suprema Roles Nros. 150.310-2020 y 12.513-2021), en este mismo sentido se ha pronunciado el máximo Tribunal en las causas Roles Nros. 182.628-2023, 217.727-2023, 178.236-2023 y 175.420-2023.

Décimo: Que en esa dirección y dado que la Tesorería hace extensiva la aplicación de la norma más allá de los contornos que le son propios, por cuanto ha pretendido compensar deudas de origen laboral, su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ciertamente, como consecuencia la indebida compensación de obligaciones, efectuadas por el servicio de tesorería, el actor se vio privados de percibir los montos obtenidos con ocasión de transacción judicial acordada en autos ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. A lo anterior debe adicionarse que la norma aludida protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, particularmente si estos han sido incorporados en el patrimonio de las recurrentes producto de su trabajo, lo que les confiere especial relevancia al estar vinculados a sus necesidades básicas y de subsistencia.

Todo lo anterior conduce a concluir que el recurso intentado debe ser acogido.

Undécimo: Que las alegaciones sobre el Crédito con Aval del Estado, a pesar de que corresponden a asuntos de lato conocimiento, no tiene real incidencia desde que el motivo por el cual se establece la improcedencia de la compensación ha discurrido por otra vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, disponiéndose que esta última debe dejar sin efecto la compensación efectuada con los fondos destinados al cumplimiento de la transacción en los autos RIT Nro. T-839-2023 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en favor del actor, desestimándose la referida acción cautelar en contra del Fisco de Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Waldo Parra Pizarro Rol Corte Nro. 12.591-2024 (Protección)