Protección contra Ilustre Municipalidad De Santiago

C.A. de Santiago Santiago, uno de julio de dos mil veinticuatro.

Al escrito de folio 14: a lo principal, primer y segundo otrosíes, téngase presente.

Al escrito de folio 15: téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 8 de mayo de 2024, comparece Eugenio Talep Pardo, abogado, en representación de don nombre reservado, Asistente de la Educación, interponiendo un recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad De Santiago, por haber ordenado verbalmente su traslado al Liceo de Aplicación, sin notificación formal ni fundamentos claros. Actuación que considera ilegal, arbitraria, ya que se realizó sin un debido proceso, por una funcionaria sin competencia, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, integridad psíquica y honra, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Expone que el Sr. nombre reservado se desempeña hace más de 40 años como paradocente en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera y que el 22 de abril de 2024 fue citado por la abogada del Departamento de Educación Municipal, Sra. nombre reservado, quien le informó verbalmente de su traslado al Liceo de Aplicación, supuestamente por un procedimiento sumario en su contra del cual no había sido notificado. La Sra. nombre reservado le señaló que el traslado tenía por objeto evitarle una "funa", aludiendo a una investigación. Precisa que la Sra. nombre reservado no es superior jerárquico del Sr. nombre reservado, no ha sido designada fiscal de un sumario o investigación en su contra, y no le entregó ningún documento formal que respaldara la medida adoptada. Por ende, estima que el recurrente no ha sido notificado de ninguna acción en su contra bajo las normas del debido proceso.

Señala que, producto de esta situación, el Sr. nombre reservado no pudo conciliar el sueño esa noche, presentando un severo daño a su salud mental que lo llevó a consultar a un psiquiatra, quien le otorgó una licencia médica por 12 días a partir del 23 de abril. Destaca que el recurrente ingresó a trabajar al Instituto Nacional el 17 de abril de 1979, siendo su desempeño reconocido por pares, docentes, directivos y generaciones de alumnos, por lo que, a dos meses de su jubilación, estima injusto e infundado verse expuesto a esta situación.

En cuanto a las garantías constitucionales que se estiman conculcadas, invoca en primer término el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución. Sostiene que producto de la falta de motivación y ponderación de antecedentes al adoptar la medida de traslado, el recurrente ha sufrido un menoscabo en su equilibrio psíquico, debiendo incluso hacer uso de licencia médica.

Asimismo, denuncia la vulneración de la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental. Argumenta que en los hechos que motivan el recurso, donde intervendrían varios funcionarios, sólo se ha sancionado al Sr. nombre reservado, en una desproporción que atenta contra la igualdad de trato que la ley y las autoridades deben dispensar.

Por otra parte, acusa la infracción de la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, consagrada en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución. Sostiene que la Sra. nombre reservado, al carecer de la calidad de superior jerárquico del recurrente y de fiscal de un sumario en su contra, se ha constituido en una comisión especial que lo ha juzgado y sancionado de forma incompetente e infundada.

Finalmente, invoca la afectación del derecho a la honra, protegido en el artículo 19 N°4 constitucional. Al respecto, alega que la medida de traslado, adoptada sin fundamentos conocidos contra un funcionario con una trayectoria intachable por más de 40 años, supone la imputación de hechos graves no acreditados que menoscaban su prestigio personal y profesional.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la medida de traslado comunicada verbalmente, ordenando su reintegro al Instituto Nacional José Miguel Carrera, con costas.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Copia autorizada de escritura pública que acredita la personería del abogado patrocinante; 2)

Certificado que da cuenta de la fecha de ingreso del recurrente a prestar servicios para la recurrida; 3) Certificado que da cuenta de la fecha de término de servicios por disposición legal; 4) Dos licencias médicas; y 5)

Tres liquidaciones de remuneraciones que dan cuenta del ingreso del recurrente al pasar el Instituto Nacional al sistema municipalizado.

SEGUNDO: Que informando doña Julia Pánez Pérez, abogada, Directora de Asesoría Jurídica, en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de Santiago, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes. Funda su petición en que la medida de destinación adoptada respecto del recurrente cumple con la normativa vigente, no constituye una sanción, sino que obedece a necesidades de servicio y dotación, y no vulnera las garantías constitucionales invocadas.

En cuanto a los hechos, expone que el 22 de abril de 2024, el Sr.

nombre reservado fue citado a una reunión en la Dirección de Educación Municipal, en la cual se le informó de su destinación desde el Instituto Nacional al Liceo de Aplicación, sin modificación de funciones, según consta en Memorándum N° NUM000 de 24 de abril del mismo año.

Agrega que la medida se fundamenta en la baja considerable de personal asistente en el Liceo de Aplicación, por lo que, en uso de las facultades de dirección que reconocen el artículo 26 de la Ley N°21.109 sobre Estatuto de los Asistentes de la Educación y el artículo 12 del Código del Trabajo, se notificó al recurrente de su nuevo establecimiento, manteniendo idénticas funciones, horario y comuna de desempeño.

Además, informa que el 29 de abril de 2024, mediante Decreto Sección 3ra. N°NUM001, se instruyó una breve investigación sumaria en contra del Sr. nombre reservado, la cual se encuentra actualmente bajo secreto y en tramitación. No obstante, enfatiza que dicha investigación no guarda relación con el cambio de establecimiento y que en su sustanciación se han respetado los principios de legalidad, probidad, transparencia, bilateralidad, doble instancia, proporcionalidad y debido proceso, por lo que su sola existencia no implica vulneración de derechos.

En cuanto al derecho, la Municipalidad argumenta en primer término que la medida de destinación no reviste carácter sancionatorio y se encuentra respaldada por la ley. Afirma que la reunión del 22 de abril con la Sra. nombre reservado, Subdirectora de Asesoría Jurídica de la DEM, tuvo por objeto informar el cambio por falta de dotación en el Liceo de Aplicación y no por su calidad de superior jerárquico del recurrente.

Agrega que según el Memorándum N° NUM000, se solicitó a la Subdirección de Gestión de Personas regularizar la situación, lo que daría cuenta de la debida notificación exigida. Sostiene que la decisión no fue arbitraria, pues el artículo 26 de la Ley N°21.109 con relación al artículo 12 del Código del Trabajo, así como la cláusula quinta del contrato de trabajo del recurrente, facultan este tipo de modificaciones por necesidades de servicio. Por ende, concluye que el traslado no tiene relación con la investigación sumaria actualmente en curso.

En segundo lugar, la recurrida alega que la medida no vulnera las garantías invocadas por el actor. Respecto al derecho a la integridad psíquica (art. 19 n°1 CPR), argumenta que al no tener la destinación un carácter sancionatorio, no puede estimarse como una medida "sumamente desdorosa" ni atentatoria contra este derecho, pues se funda en necesidades de servicio y no en un castigo. En relación con la igualdad ante la ley (art. 19 n°2 CPR), señala que no hay un trato desigual, pues el recurrente no ha sido sancionado. En la misma línea, descarta una afectación de su honra (art. 19 n°4 CPR), ya que la medida no busca castigarlo por acto alguno. Finalmente, niega una infracción al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (art. 19 n°3 inc. 5° CPR), pues la reunión con la Sra. nombre reservado no constituyó un juzgamiento por una comisión especial, sino que se enmarcó en sus funciones para informar un cambio de establecimiento que, además, fue anterior al inicio de la investigación sumaria, por lo que no existiría relación entre ambas circunstancias.

Por estas consideraciones, la recurrida solicita tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección deducida en todas sus partes.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Memorándum N°NUM000 de 24 de abril de 2024; 2) Decreto Sección 3ra. N°NUM001 de 29 de abril de 2024; y 3)

Contrato de trabajo de don nombre reservado. Además, para acreditar la personería de la abogada informante, acompañó: 1) Copia del Reglamento N°937 de la I. Municipalidad de Santiago; y 2) Copia del Decreto Sección 3ra. N°2930 de la misma entidad.

TERCERO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, es posible constatar que el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es la medida de destinación o traslado adoptada en su contra, en virtud de la cual se dispuso su cambio desde el Instituto Nacional José Miguel Carrera al Liceo de Aplicación.

QUINTO: Que, sobre el particular, conviene tener en consideración lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley N° 21.109, correspondiente Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, en cuanto regla -en sus incisos 2° y 3°- que “Las destinaciones deberán fundarse en ajustes a la dotación y efectuarse una vez que ésta haya sido fijada. Con todo, una vez decretada la destinación, aquellos asistentes que consideren que se les ha causado menoscabo podrán reclamar de ello de acuerdo al inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio de su derecho a reclamar. Lo anterior no podrá paralizar la destinación, salvo que el servicio así lo determine.

Salvo expreso acuerdo de las partes, las destinaciones que el servicio local realice a un asistente de la educación sólo podrán realizarse a un establecimiento que se encuentre en la misma comuna del que fue señalado en el contrato de trabajo bajo los términos del numeral 2) del artículo 23 de la presente ley, o en otras comunas del mismo radio urbano”.

Vale decir, tal disposición, en primer término, faculta a la Administración para destinar al protegido, en atención a existir deficiencias en la dotación de un determinado establecimiento educacional de la misma. Pues bien, la recurrente no ha descartado la verificación de dicha hipótesis en la especie, lo que descarta que la decisión recurrida se haya apartado de la legalidad como afirma la parte actora.

SEXTO: Que, por lo demás, debe tenerse en consideración que la destinación del actor le fue notificada personalmente, a un establecimiento educacional de la misma comuna y sin que se haya afectado la integridad de sus remuneraciones, lo que descarta la existencia de arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida.

SÉPTIMO: Que, finalmente, debe tenerse en consideración que el ya citado artículo 26 de la Ley N° 21.109, expresamente consagra un procedimiento de reclamo ante la Administración en caso de disconformidad, no constando en autos que el actor haya accionado por tal vía, que aparece como la más idónea para hacer valer sus derechos.

OCTAVO: Que, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal y/o arbitrario atribuible al municipio recurrido, la acción constitucional en análisis será desestimada.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el presente recurso de protección, interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad De Santiago.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° PROTECCIÓN-12.587-2024.