Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, trece de octubre de dos mil veinticinco.

A los folios 48 y 49: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece mediante formulario nombre reservado, en representación de su hija, la estudiante nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por haber adoptado la medida disciplinaria de suspensión y expulsión de la alumna, actuación que califica de ilegal y arbitraria, por cuanto no existiría participación efectiva de la afectada en los hechos imputados, vulnerándose con ello sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la educación, derecho a la integridad psíquica y derecho de propiedad sobre el legítimo interés en culminar su año escolar, reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por lo anterior, solicita se deje sin efecto la medida aplicada y se ordene la reincorporación inmediata de la alumna al establecimiento educacional.

Expone que el 25 de abril de 2025, con ocasión de una manifestación estudiantil desarrollada al interior del establecimiento, en la que se produjeron incidentes con daños materiales y enfrentamientos con Carabineros, la dirección del colegio imputó responsabilidad a diversos estudiantes, entre ellos la hija de la recurrente, decretando su suspensión y posterior expulsión. La recurrente arguye que su hija no participó en actos violentos ni en la organización de los mismos, cuestión que habría sido reconocida por docentes y apoderados, quienes han manifestado que la estudiante no presenta antecedentes de mala conducta previos.

Refiere además que, pese a haber solicitado reconsideración de la sanción, la institución se mantuvo inalterable en su decisión, desconociendo los descargos presentados y sin ponderar la falta de pruebas directas que vinculen a la menor con los hechos de desorden, lo que a su juicio correspondería a un acto arbitrario que priva a la estudiante de su derecho a la educación y le genera un daño irreparable al truncar su año académico.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, sostiene que se afecta la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), al sancionar de manera desproporcionada a su hija respecto de otros estudiantes; la integridad psíquica (art. 19 N°1), dado el impacto emocional y psicológico que conlleva la medida; y el derecho a la educación y libertad de enseñanza (art. 19 N°11), al impedirle proseguir sus estudios en condiciones de normalidad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la medida de suspensión y expulsión, ordenándose la reincorporación inmediata de la estudiante al colegio para continuar su año escolar.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe el abogado Sebastián Núñez González, en representación del Colegio nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección, fundado en primer lugar, en que el recurso carece de los presupuestos formales y sustantivos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y por el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema, ya que no precisa si los hechos invocados constituyen una acción u omisión, ni tampoco explica si se trataría de un acto arbitrario o ilegal.

Asimismo, sostiene que el procedimiento sancionatorio seguido en contra de la estudiante -hija de la recurrente- se ajustó a la normativa interna del establecimiento, respetó las garantías propias del debido proceso y fue objeto de control por la Superintendencia de Educación. En definitiva, aduce la improcedencia del recurso para revisar decisiones disciplinarias adoptadas en el marco de un procedimiento racional y justo, planteando la carencia de relación entre los hechos narrados y las garantías constitucionales invocadas por actora.

Expone que los hechos que dieron origen a la sanción de expulsión aplicada, fue que el día 25 de abril de 2025 se ejecutó un violento intento de toma estudiantil, con enfrentamientos, daños materiales, agresiones físicas a personal del colegio y detenciones policiales, y que la hija de la recurrente participó activamente en la planificación y ejecución de dichos actos, valiéndose de redes sociales y chats de mensajería para convocar, organizar y dirigir a los demás estudiantes. Indica, además, que las grabaciones de seguridad confirman su rol protagónico, y que en el chat grupal de planificación operaba bajo el seudónimo “Ricitos”, desde donde impartía instrucciones.

En cuanto a la investigación llevada a cabo, hace constar que el procedimiento sancionatorio se desarrolló conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento, asegurando a la estudiante el ejercicio pleno de sus derechos, la posibilidad de presentar descargos y pruebas, así como el acceso a instancias de reconsideración.

Señala que, tras la decisión inicial de expulsión dictada el 13 de mayo de 2025, la apoderada de la alumna solicitó reconsideración, la que fue conocida por el Consejo de Profesores el 20 de mayo del año en curso, confirmándose finalmente la medida el día 28 del mismo mes y año. Dicho procedimiento, conforme se consigna, fue posteriormente remitido a la Superintendencia de Educación, cumpliendo así la revisión legal que corresponde en este tipo de sanciones.

En lo concerniente a la acción de protección, la recurrida subraya que el recurso carece de fundamentación mínima respecto de los presupuestos de procedencia, pues no precisa si los hechos narrados constituyen arbitrariedad o ilegalidad, ni identifica de manera adecuada cuál es el derecho fundamental perturbado, vulnerado o amenazado. Agrega que la mera discrepancia de la recurrente con la medida impuesta no constituye por sí sola ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que esta se dictó en el marco de un procedimiento racional, reglado y justo.

En relación con los derechos constitucionales invocados, el informe señala que no existe vinculación entre los hechos y las garantías mencionadas por la actora. Así, respecto del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), la recurrida sostiene que no se trata de un derecho absoluto, sino de uno que admite diferenciaciones razonables, las cuales se justifican plenamente en este caso por la gravedad de la conducta desplegada por la estudiante, quien no se encuentra en la misma condición que otros alumnos. En cuanto a la libertad de conciencia y culto (artículo 19 N°6), se enfatiza que esta norma no guarda relación alguna con los hechos sancionados, vinculados a actos de violencia y daños materiales. Por último, en lo referido a la libertad de opinión e información (artículo 19 N°12), se explica que si bien la Constitución asegura este derecho, también impone la obligación de responder por los abusos y delitos cometidos en su ejercicio, de modo que no es aplicable a la situación en examen.

Finalmente, solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que informando, a su turno, la Superintendencia de Educación señaló al efecto que, conforme a sus atribuciones legales previstas en la Ley N° 20.529, fiscalizó el procedimiento de expulsión seguido por el Colegio nombre reservado, RBD NUM000, de la comuna de Quilicura, verificando que dicho proceso se ajustó formalmente a lo prescrito en el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación.

En virtud de lo anterior, el 24 de junio de 2025, dicha Superintendencia procedió al cierre del expediente NUM001 en la Unidad de Protección de Derechos Educacionales, sin perjuicio de haber dejado constancia de que no le corresponde ordenar la reincorporación del estudiante afectado, sin que ello obste a la eventual instrucción de un procedimiento sancionatorio, de acuerdo a los artículos 66 y siguientes de la ley citada, en caso de infracción a la normativa educacional.

CUARTO: Que, además, informado por el Ministerio de Educación, en relación con el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en favor de su hija nombre reservado, el procedimiento sancionatorio que culminó con la expulsión de la menor del Colegio nombre reservado corresponde a materias de convivencia escolar sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Educación, órgano competente para revisar la legalidad y proporcionalidad de las medidas disciplinarias adoptadas.

Que, no obstante lo anterior, el Ministerio precisó que, atendido el carácter obligatorio de la educación básica y media y en resguardo del derecho constitucional a la educación, la estudiante fue incorporada con fecha 24 de julio de 2025 al Colegio nombre reservado, de la comuna de Quilicura, para cursar 1º Medio, lo que garantiza la continuidad de su proceso educativo.

QUINTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que en la especie no ha habido un actuar ni ilegal ni arbitrario por parte del colegio recurrido. En efecto, tal como señala la Superintendencia de Educación, en el proceso administrativo que concluyó con la sanción de expulsión de la alumna se acataron las normas legales que regulan la materia y se observaron cabalmente los protocolos y reglamentos internos del establecimiento educacional.

La decisión impugnada tampoco es arbitraria, expresión que se define por el diccionario de la RAE, como “Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho”, y claramente no resulta caprichosa o voluntariosa la conducta del Colegio nombre reservado, pues precisamente se ajustó en todo momento a la normativa que regula la materia;

SÉPTIMO: Que, enseguida, al no haber una conducta ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, no cabe entrar al análisis de las garantías que se dicen vulneradas.

OCTAVO: Que solo a mayor abundamiento se dirá, además, que teniendo en consideración que lo alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario, es la expulsión de su hija del establecimiento educacional, lo que le impediría satisfacer su derecho a la educación y que, con posterioridad al presente recurso, la Superintendencia de Educación señaló expresamente que la adolescente se encuentra actualmente matriculada en otro colegio al que actualmente asiste, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de la alumna.

Atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido igualmente oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo también por este motivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado Cisternas, sin costas.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N° Protección 12.562-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y señora María Paula Merino Verdugo.