nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en su calidad de técnico extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156, comunicado por correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2026, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 Nos 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que, en su calidad de profesional extranjero, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, sosteniendo cumplir íntegramente con los requisitos que la Ley N°18.156 exige, esto es, encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado la voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Expone que la recurrida fundó su rechazo en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada se encontraba vencida, no resultando suficiente para acreditar la cobertura, exigiendo acompañar un certificado válido y vigente.

Sostiene que dicho rechazo es arbitrario e ilegal, toda vez que el documento incorporado posee un código de verificación electrónica (N°550382293-2026309) plenamente contrastable en los portales oficiales del organismo previsional venezolano, sin que la recurrida hubiese verificado su autenticidad por dichos medios tecnológicos. Añade que la recurrida realiza una interpretación excesivamente formalista e incorpora una exigencia que la ley no estipula expresamente, obviando además que es un hecho de público conocimiento la actual ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que hace de la obtención del documento un hecho de imposible cumplimiento, asimilable a la fuerza mayor. Pide, finalmente, que se reconozca como válida la documentación acompañada, se deje sin efecto el rechazo y se ordene a la recurrida efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Segundo: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacuó informe solicitando el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

Expone que el recurrente presentó su solicitud el 25 de marzo de 2026, acompañando, entre otros documentos, una constancia de afiliación al IVSS de fecha 29 de noviembre de 2022. Señala que, tras el análisis exhaustivo de los antecedentes, se procedió a rechazar la solicitud el 31 de marzo de 2026, por cuanto dicho documento tenía una validez de 120 días, encontrándose expirado, por lo que no resultaba apto para acreditar que el trabajador se hubiese encontrado cubierto durante todo el período de prestación de servicios en Chile para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Argumenta que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que requiere el cumplimiento de presupuestos copulativos, cuya acreditación debe realizarse en la forma que la ley y la jurisprudencia administrativa exigen. Para sustentar la legalidad de su decisión, la defensa alude a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país, donde se ha determinado que la sola inclusión de códigos de verificación electrónica en documentos extranjeros es insuficiente para satisfacer los estándares legales de autenticidad. Los fallos citados por la recurrida refuerzan la tesis de que no existe un acto arbitrario cuando la administradora exige el cumplimiento de los estándares normativos generales para el reconocimiento de documentos emitidos en el exterior, concluyendo que la presentación de copias simples o documentos con vigencia expirada impide otorgar veracidad a los fundamentos del recurso.

La Administradora concluye que no ha incurrido en ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria que afecte las garantías constitucionales del recurrente, pues se ha limitado a dar cumplimiento a sus deberes legales bajo la fiscalización del órgano contralor sectorial.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de naturaleza extraordinaria, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales cuando este resulte amenazado, perturbado o privado por un acto u omisión ilegal o arbitrario. Por consiguiente, es requisito indispensable para que esta acción prospere la existencia de un derecho indubitado y la constatación de un actuar contrario a la ley (ilegal) o carente de razonabilidad y fundamento (arbitrario) por parte del recurrido.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes allegados al expediente, constituye un hecho pacífico que el acto recurrido consiste en la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. a dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la Ley N°18.156, sustentada en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS acompañada por el recurrente no se encontraba vigente.

Quinto: Que, en lo que atañe al fondo del asunto, es menester recordar que la Ley N°18.156 contempla un régimen de excepción que exime de la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno, y permite la devolución de fondos, a aquellos técnicos extranjeros que cumplan copulativamente con los requisitos de su artículo 1°. Uno de estos requisitos esenciales es la acreditación fehaciente de encontrarse afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que cubra, a lo menos, las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Para la operatividad de este precepto, la Superintendencia de Pensiones —órgano encargado por ley de la fiscalización del sistema y de fijar la interpretación obligatoria de la normativa previsional— ha establecido en su Compendio de Normas que la acreditación de dicha afiliación debe efectuarse mediante certificación de la institución extranjera debidamente legalizada o, en su defecto, apostillada, conforme a las reglas generales del derecho común contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, en este escenario normativo, el actuar de la recurrida AFP Modelo S.A. no puede ser calificado de ilegal, toda vez que se ha ceñido a aplicar de manera estricta la normativa legal y reglamentaria que rige su actividad. La Administradora, en su calidad de entidad fuertemente regulada, carece de facultades discrecionales para eximir a los afiliados del cumplimiento de requisitos formales imperativos instruidos por el ente fiscalizador. En consecuencia, la exigencia de que el documento fundante se encuentre vigente constituye la mera aplicación de la ley, descartándose así el reproche de ilegalidad.

Séptimo: Que, de igual forma, el acto impugnado no resulta arbitrario. La decisión de rechazo obedece a un raciocinio lógico y fundado en disposiciones expresas, destinado a cautelar la fe pública y la seguridad jurídica en la entrega de fondos previsionales. La mera existencia de un código de verificación electrónica en un documento impreso o digital no suple per se la exigencia formal de legalización o apostilla que el ordenamiento jurídico chileno reserva para validar la autenticidad y vigencia de los instrumentos públicos emanados de autoridades foráneas.

Octavo: Que, en consecuencia, al no verificarse en la especie un actuar ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida, sino el legítimo ejercicio de sus deberes de revisión documental conforme a la normativa imperante, no se advierte vulneración alguna al derecho de propiedad ni a la igualdad ante la ley del recurrente, careciendo la presente acción del presupuesto básico para su procedencia, por lo que habrá de ser desestimada.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-12552-2026.