Protección contra Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 28 de mayo de 2025, comparecen los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes deducen acción constitucional de protección en contra del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal , representado legalmente por su Superintendente señor Andrés Patricio Sepúlveda Vergara, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de sanciones disciplinarias en el caso de los primeros, y la baja de las postulaciones a la Séptima Compañía, en el caso de los dos últimos, y actos que vulneran las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°3, y N°24 de la Constitución Política de la República.

Para el caso de los recurrentes doña nombre reservado y don nombre reservado, se señalan como antecedentes que con fecha 24 de febrero de 2024, se publica la Ficha de Postulantes a bomberos, lo que constituye un proceso normal y ordinario para quien quiere formar parte de la institución. Señala que, conforme al artículo 4 letra d) del Reglamento de la Séptima Compañía, el plazo para informar antecedentes desfavorables a su respecto es de 30 días no prorrogables. No obstante, precisa que con fecha 13 de noviembre de 2024, nueve meses después de expirado el plazo reglamentario, el bombero honorario don nombre reservado realiza una presentación en contra de los postulantes ante la Junta de Oficiales que vería la ficha de estos postulantes, motivado por antecedentes que ocurrieron cuando la recurrente señora nombre reservado era voluntaria y debió renunciar por asuntos de abuso y acoso sexual por parte del mismo voluntario que presentó la carta de oposición, hecho que el Cuerpo de Bomberos no investigó.

Indica que este hecho dio lugar a la apertura de una causa penal, la que pretenden reabrir.

Expresa que, respecto a los postulantes, con fecha 13 de marzo de 2025, se les cita telefónicamente a fin de presentarse ante el Consejo Superior de Disciplina para el día 14 de abril de 2025, y con fecha 03 de abril de 2025, se les comunica vía correo electrónico, por parte de un bombero que no es integrante del Consejo, que su postulación fue dada de baja. Agrega que, posteriormente, el 07 de abril de 2025, el Vicesuperintendente les comunica verbalmente en el cuartel que estaban dados de baja como postulantes. Comenta que toda esta situación se ejecuta faltando abiertamente al Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal. Concluye que la información de la baja de postulación se les entrega verbalmente el 29 de abril de 2025, conjuntamente con la sentencia de la Segunda Sala.

En relación con los Oficiales recurrentes, don nombre reservado, Capitán, y don nombre reservado, Teniente Primero, se señala que con fecha 13 de marzo de 2025, son invitados a comparecer ante el Consejo, el cual no está autorizado reglamentariamente para intervenir en procesos de ingreso de postulantes. El escrito expone que, posteriormente, con fecha 31 de marzo de 2025, son citados formalmente a comparecer ante la Primera Sala del Consejo, sin que se les indicara el respaldo de documento ni los cargos por los cuales eran citados, contraviniendo la legalidad y dejándolos en la indefensión. Precisa que en esta sesión fueron sancionados: el Capitán nombre reservado y el Teniente Primero nombre reservado, ambos con suspensión por 180 días.

Añade que con fecha 09 de abril de 2025, los Oficiales sancionados ingresaron las respectivas apelaciones a la Segunda Sala del Consejo. No obstante, plantea que esta Sala resuelve sin escuchar sus descargos ni permitírseles conocer su composición para efectos de recusación. Por consiguiente, con fecha 29 de abril de 2025, fueron sorprendidos con la notificación de la sentencia que modifica las sanciones, rebajándolas a 90 días de suspensión.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en el artículo 20, en relación con el artículo 19 N° 2, N° 3, y N° 24 de la Constitución Política de la República, y el artículo 4, letra d) del Reglamento de la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, que se refiere al plazo de 30 días para observaciones a postulaciones.

Pide en definitiva, que se tenga por interpuesto el recurso de protección, acogerlo, dejando sin efecto las sanciones aplicadas por la Primera y Segunda Sala del Consejo Superior de Disciplina, y restablecer el imperio de la ley, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, con fecha 05 de junio de 2025, comparece el abogado don ALVARO DELGADO MARTÍNEZ, en representación judicial del recurrido CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA NORMAL, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Expone como primer argumento que el rechazo a las solicitudes de incorporación de doña nombre reservado y don nombre reservado se fundamenta en el derecho de asociación establecido en el N°15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y en la normativa interna de la institución. En este sentido, precisa que el artículo 4 letra d) del Reglamento de la Séptima Compañía regula el procedimiento de postulación, estableciendo que, si los antecedentes son desfavorables, la solicitud debe ser rechazada.

Menciona que el voluntario de la Séptima Compañía, don nombre reservado, solicita de forma fundada a la Junta de Oficiales, en virtud del citado artículo, rechazar la postulación de la señora nombre reservado y del señor nombre reservado en razón de un conflicto anterior que terminó en una denuncia penal en la que el Ministerio Público decidió no perseverar, en razón del principio de oportunidad. Agrega que, debido a que la Junta de Oficiales hizo caso omiso a esta presentación, el señor nombre reservado recurrió al Departamento de Equidad de Género del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal. Manifiesta que este organismo, luego de realizar una investigación y un informe final que se acompaña, decidió, por la complejidad del asunto, remitir los antecedentes al Directorio y al Consejo Superior de Disciplina. Argumenta que este último órgano decidió, basado en el informe del Departamento de Equidad de Género, acoger la solicitud del señor nombre reservado y desestimar las postulaciones, dando estricto cumplimiento al artículo 4 del Reglamento. Sostiene que la decisión ha sido totalmente fundada en un procedimiento de investigación y en virtud de su normativa interna.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, señalando que la garantía de libre asociación implica la imposibilidad de obligar a un grupo de personas a asociarse con otra, si no existe ánimo de asociarse por parte de éstos, fundado en válidas razones. Enfatiza que la incorporación de los recurrentes podría traer un alto nivel de conflictividad a la asociación, lo que se demuestra por las propias palabras de los recurrentes.

Respecto a las medidas disciplinarias aplicadas a los Oficiales recurrentes, señores nombre reservado e nombre reservado, expone que estos utilizan la acción constitucional como forma de discutir nuevamente hechos y conflictos internos, lo que estaría vedado en nuestra legislación, pues la potestad disciplinaria debe ser ejercida al interior de las mismas asociaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 553 del Código Civil.

Precisa que el procedimiento disciplinario al cual fueron sujetos los recurrentes cumplió con respetar íntegramente las garantías de igualdad ante la ley y la existencia de un procedimiento racional y justo.

En este sentido, la defensa señala que tanto la Primera como la Segunda Sala del Consejo Superior de Disciplina dieron estricto cumplimiento al debido proceso, ofreciendo emplazamiento, posibilidad de descargos, comparecencia y facultad de impugnación. Finalmente, argumenta que los recursos de apelación interpuestos por los recurrentes fueron acogidos por la Segunda Sala, rebajando las sanciones de 180 a 90 días de suspensión, lo que demuestra que se escucharon debidamente sus argumentos y se les garantizó un procedimiento racional y justo.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se sirva rechazar la presente acción constitucional, con costas.

Tercero: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, es menester señalar que los Cuerpos de Bomberos son entidades voluntarias y privadas, que realizan actividades reconocidas como servicio de utilidad pública, siendo su estructura organizacional excepcional, como resultado de un ejercicio privado de asociación, con autonomía gubernativa. De este manera, la Ley N° 20.564, que establece la normativa marco de Bomberos de Chile, en su artículo 1° dispone que: “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, las de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.”. Así, entonces, la naturaleza jurídica del Cuerpo de Bomberos es la de persona jurídica de derecho privado.

En este contexto, el derecho de asociación es el que determina su existencia y autorregulación, como persona jurídica, pudiendo dictar sus estatutos internos, y demás normas de conducción, gozando de un trato diferenciado por el legislador, por ejecutar una actividad distinta a otras personas jurídicas, como es la prestar su auxilio y protección a la población frente a incendios, accidentes y emergencias, servicio que prestan de conformidad a sus propios reglamentos.

Actividad que se encuentra reconocida en la Constitución Política de la República, en su artículo 1° inciso tercero, estatuyendo que: “..el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.”. Además, de garantizar en su artículo 19 numeral 15°, el derecho de asociación. De tal manera, que la finalidad pública del servicio se encuentra reconocida y garantizada, como persona jurídica de derecho privado, sin perjuicio de que ésta se lleva a cabo a través de sus propios estatutos institucionales, los que son regulados en forma autónoma, de acuerdo a la capacidad potestativa de los Cuerpos de Bomberos Quinto: Que, en este sentido, en el caso de los recurrentes se ha procedido conforme el Reglamento de la Compañía en cuestión.

En efecto, en relación a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, se ha dado aplicación al artículo 4 letra d), que regula la admisión de los voluntarios y los requisitos para ingresar a la institución, siendo conocida la admisión por la Junta de Oficiales, quien la rechazó. Luego de esto, y atendida la complejidad del asunto, a continuación se recurrió a la Dirección de Género, la que evacúo un informe que finalmente fue conocido por el Consejo Disciplinario, todo lo cual da cuenta de que la decisión fue adoptada siguiendo los protocolos de la propia Compañía.

En el caso de los recurrentes señor nombre reservado y nombre reservado, del tenor de los antecedentes acompañados es posible advertir que la separación aplicada se encuentra debidamente enmarcada en un debido proceso, conocido de antemano por la recurrente. Es así que respecto de la sanción de suspensión debidamente notificada se interpuso por los mismos recurrentes sendos recursos de apelación el que fue, en todo caso, acogido, rebajándose la suspensión.

Sexto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia lo que se cuestiona aquí es una serie de decisiones seguidas como consecuencia de un procedimiento conocido, aceptado y suscrito por las propias recurrentes, siendo que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos.

Séptimo: Que, en la especie, la situación jurídica y de hecho presentadas por las recurrentes no ha sido demostrada fehacientemente, de lo cual fluye que no se está en presencia de derechos preexistentes ni indubitados a su respecto, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada, atribuible a quien se presenta como recurrida - todo lo contrario- de lo cual se genera como consecuencia necesaria, que el presente recurso de protección no esté en estado de prosperar.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad.

Noveno: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de los recurrentes, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerada mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-12537-2025.