nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

14 Santiago, trece de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°125293-2016, comparece a fs.26 don nombre reservado, ex chofer de la locomoción colectiva, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, representada por su presidenta doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por su Superintendente don Osvaldo Macías Muñoz, ambos con domicilio en domicilio reservado, por conducta arbitrarias incluidas en la resolución N° C.M.C. 9634/2016 de la Comisión, en orden a confirmar las resoluciones y N° C.M.C. 7229/2016 y N° C.M.C. 5774/2016, que declaran en definitiva que no procede otorgarle pensión de invalidez, porque por sus patologías no tenía derecho a ella, estableciendo que su menoscabo es sólo del 23 %, lo que dista mucho de la realidad y de los informes médicos.

Agrega que respecto de esta resolución se agotaron sus instancias, pues la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones en revisión extraordinaria, decide ratificar lo dicho por los médicos de la misma institución, sin oír al médico tratante, que es un especialista en la materia, a diferencia de los médicos cirujanos que integran la Comisión, que no son expertos en el área de la neurocirugía, agregando que él se encuentra en estado de invalidez por más de tres años.

Después de citar fallos, indica que la decisión de la Comisión constituye una conducta arbitraria, porque no existe ninguna razón atendible que la justifique y, además, porque se contrapone con los informes de los médicos tratantes que se acompañan. Refiere que es difícil que pueden haber dos diagnósticos tan disímiles, siendo esto lo que hace razonable la facultad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez para requerir de los médicos tratantes los antecedentes que lo justifican o para que concurran a informar, y así formar la convicción de si la enfermedad es irreversible y con un grado superior al 50% de invalidez (art. 2° de la ley 20585), norma que si bien no aplica para la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, si se hubiera hecho en esa instancia se llegaría a la convicción distinta.

Señala que la conducta arbitraria y antijurídica le priva de la garantía del derecho a la vida del artículo 19 N°1, derecho que se extiende a la integridad física y mental, y por ende a la salud, que debe ser garantizada y protegida por el Estado y sus órganos. Se vulnera ésta garantía porque se le obliga a retomar su actividad profesional, sin tener la capacidad física y psíquica para ello, dejándolo en la indefensión económica, siendo hoy una persona invalida que no tiene pensión. Indica que a juicio del Dr. nombre reservado, es un riesgo grande el permitir que siga trabajando, refiriendo que el concepto de invalidez debe asociarse a la pérdida de capacidad que el trabajador sufre para ejercer su oficio o profesión habitual, o similar, compatible con su capacidad de trabajo o ganancia.

Expone que la resolución recurrida además afecta su integridad psíquica al no poder proveer a su familia el sustento diario y sentirse una carga para ellos, siendo que toda su vida ha sido una persona independiente, trabajadora y proactiva.

Indica que además se afecta la garantía de igualdad ante la ley del N°2 del artículo 19 referido, porque la resolución establece una discriminación arbitraria en su perjuicio, al sólo atender a los informes de los médicos dependientes de la Superintendencia de AFP, que atienden a los intereses económicos, y no a los de sus médicos tratantes, citando jurisprudencia al efecto.

Que, por último se afecta el derecho de propiedad, del número 24 de dicho artículo, porque la decisión de la Comisión vulnera su derecho de propiedad al privarlo de su derecho a pensionarse por invalidez, establecido en el DL 3.500 art. 4°, que le corresponde desde el momento que los doctores le diagnosticaron su discapacidad irrevocable de 2/3, lo que no ha sido reconocido por la comisión.

Solicita en definitiva acoger el recurso de protección, dejando sin efecto la resolución N° C.M.C. 9634/2016, que se ordene practicar nuevos exámenes oyendo a su médico tratante, declarar su invalidez, con condena en costas a los recurridos.

Fundando su recurso acompaña los siguientes documentos:

1.- Informe médico del recurrente suscrito por el Dr. nombre reservado de fs. 1, del 27 de mayo de 2016, y de fs. 61 del 15 de diciembre de 2016.

2.- Informe médico del recurrente suscrito por el Dr. nombre reservado, de fs. 2.

3.- Informe Estudio Polisomnográfico Nocturno Digital Extendido del recurrente, de fs. 3, y sus agregados.

4.- Dictamen N°016.5791/2016 de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica de la región de Santiago, por la que se rechaza la solicitud de pensión de invalidez del recurrente de fs. 18.

5.- Resolución C.M.C.5774/2016 de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica Central, que rechaza solicitud de pensión de invalidez del recurrente y confirma el anterior dictamen de fs. 19.

6.- Resolución C.M.C.9634/2016 de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica Central, que confirma la Resolución C.M.C.5774/2016, de fs. 20.

7.- Reclamo presentado por el recurrente respecto del Dictamen N°016.5791/2016 de la Comisión Médica de la Región Metropolitana, de fs. 23.

8.- Informe médico del recurrente suscrito por el Dr. nombre reservado de fs. 62, del 13 de julio de 2016.

2°) Que a fs. 54, la Superintendencia de Pensiones informa el recurso solicitando su rechazo, costas.

Señala que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección. Refiere que el recurso de protección tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los Tribunales de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato, siendo el objeto de esta acción, poner remedio lo más pronto posible a situaciones de hecho que afecten alguna de las garantías individuales que el art. 20 de la Constitución Política señala, siendo procedente por esta vía amparar el ejercicio de derechos indiscutidos y preexistentes, no obtener un pronunciamiento declarativo, por lo que no resulta posible por medio de esta acción cautelar resolver cuestiones de fondo que constituyan materias de lato conocimiento. Cita jurisprudencia al efecto. Agrega que lo que solicita el actor es que se declare que tiene derecho a pensionarse, pues estima que la apreciación de su médico tratante es la acertada y no las de las Comisiones Médicas, plateando en consecuencia una controversia sobre su grado de invalidez, y habiendo controversia no puede haber un derecho indiscutido y preexistente que proteger por la vía de esta acción cautelar.

Después de explicar en extenso la forma en que se desarrolló el procedimiento que originaron las resoluciones recurridas, como asimismo las evaluaciones efectuadas al efecto, señala que teniendo en consideración todos los exámenes y enfermedad diagnosticada, concluyó el médico asignado al caso que a la data de la evaluación, el único impedimento configurado es la visión subnormal, que de acuerdo a sus mediciones corresponde a clase III, rango medio, con un 23% de menoscabo laboral, estando las demás afectaciones con tratamientos pendientes.

Adiciona que discutidos los antecedentes por la Comisión Médica de la Región Metropolitana, se acordó rechazar la solicitud de pensión de invalidez del sr. nombre reservado, considerando que la pérdida de su capacidad de trabajo resulta ser menor a un 50%, y reclamado aquel dictamen a la Comisión Médica Central, fundado en que sus impedimentos habían sido sub evaluados, describiendo múltiples molestias secundarias a sus afecciones, que le impiden trabajar como conductor de la locomoción colectiva, acompañando informes médicos y exámenes, dicha Comisión concluyó que la evaluación se encuentra conforme con los síntomas y hallazgos clínicos a la luz de las normas de evaluación que por disposición del artículo 11 del D.L. 3.500 de 1980, deben aplicarse.

Tal acuerdo, expresado en las resoluciones recurridas en sus diversas instancias, da cuenta de que revisados los antecedentes en reiteradas ocasiones, no se encontró nuevos elementos que permitieran modificar lo resuelto.

Agrega que conforme al art. 4° del DL 3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un 50%, para invalidez parcial, y, mayor de dos tercios, para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales.

Menciona que el recurrente confunde los términos de discapacidad con invalidez, haciendo presente que el médico tratante ha consignado que la discapacidad es superior a dos tercios. Agrega que la discapacidad está regulada en la ley 20.422, cuyo fin es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, señalando la ley que persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas o mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La naturaleza de dichas definiciones y categorías como su finalidad, es distinta y no guarda relación con la pérdida de la capacidad de trabajo, que consiste en el menoscabo permanente que sufren o presentan o pueden presentar los trabajadores afiliados al Sistema, para los efectos de pensión de invalidez, que es lo que deben calificar las Comisiones Médicas.

Que posteriormente, después de explicar cómo se tramitan las solicitudes de pensión de invalidez, señala que el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas establecidas en el art. 11 del DL 3.500, para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las normas de evaluación que el propio cuerpo legal prescribe, como lo establece el art. 18 del DS 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsional Social, que contiene el reglamento del DL 3.500, careciendo la Superintendencia para intervenir en el conocimiento y calificación, conforme a aquel, teniendo sólo facultades de supervigilancia administrativa de las Comisiones Médicas.

Expone que las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, cuya aplicación es obligatoria para las Comisiones Médicas, determinan que la enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales que afectan la capacidad de trabajo, se denomina impedimento, y la pérdida de la capacidad de trabajo se denomina menoscabo laboral y se expresa en términos porcentuales como parcial de un segmento o global de la persona, reflejando el impacto que los impedimentos o factores complementarios ocasionan sobre las actividades de la vida diaria y exigencias del trabajo, lo que determinan las Comisiones Médicas. La relación causa-efecto entre impedimento y menoscabo permite declarar la invalidez, permitiendo asignar menoscabo sólo el impedimento configurado, que es aquel que es objetivable según conocimiento médicos actualizados, es demostrable por medios clínicos, pruebas funcionales e imagenología, que las medidas generales y terapias médicas y quirúrgicas accesible al afiliado se cumplen o están finalizadas, que la inaccesibilidad está demostrada por peritaje socio laboral, la evolución según probabilidad médica se ha estabilizado o está en agravación y no existe en el estado actual del arte tratamiento accesible que revierta la condición, y los períodos de observación clínica indicados en estas normas para las especialidades respectivas están cumplidos. En ausencia de estos requisitos, el impedimento se considerará no configurado y, por lo tanto, no procederá asignar menoscabo laboral permanente. Existiendo posibilidad de acceso a tratamiento GES u otro programa Ministerial, estos programas se consideran exigencias mínimas para configurar el impedimento, salvo las terapias paliativas.

Que, indicado lo anterior, sostiene el recurrido que el acto impugnado es plenamente legal, pues ha sido dictado por el órgano competente, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la ley, a requerimiento del afiliado, quien hizo uso de los recursos administrativos de reposición y extraordinario de revisión, constando de las actas de las sesiones respectivas que la Comisión Central procedió a estudiar y discutir los antecedentes médicos de aquel, concluyendo de la misma que la Comisión Médica Metropolitana de Santiago.

Asimismo señala que las resoluciones impugnadas no son arbitrarias, porque obedecen a los hallazgos obtenidos tanto de las evaluaciones de la especialidad como de los exámenes de apoyo, estando debidamente motivadas, razonadas y discutidas, pues ambas comisiones son cuerpos colegiados de especialistas. Lo actuado por las comisiones ha sido el resultado de un procedimiento, legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las normas de evaluación, de modo que nada hay de arbitrario en ello. Agrega que la Comisión no diagnostica enfermedades, sino sólo verificar si estas constituyen un impedimento, y de configurarlo, cual es el menoscabo laboral que provoca al trabajador. En consecuencia, relata, al configurar el impedimento sólo por visión subnormal con un menoscabo laboral de un 25%, no está desconociendo la afectación principal que invoca el recurrente, la fistula AV cerebral operada, precisamente porque la primera es consecuencia de la segunda, que es la pérdida de capacidad de trabajo que a la data de la evaluación le provocaba, agregando que a esa fecha la afectación cerebral se encontraba en observación, circunstancia consignada por ambas comisiones. Apunta que, del mismo modo, no configuró impedimento la apnea del sueño, porque ésta responde bien al tratamiento indicado al efecto.

Concluye que lo anterior demuestra que la decisión de ambas comisiones está basada en las pericias recabadas y evaluaciones practicadas, considerando los antecedentes médicos aportados por el afiliado, ciñéndose estrictamente a los criterios que establecen las normas de evaluación y al procedimiento establecido por la ley, para los efectos e declarar o no configurados determinados impedimentos alegados.

Dice, por último, que las resoluciones impugnadas no producen agravio al recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales que fundan su acción, porque la integridad física o psíquica no puede verse amenazada por la aceptación o rechazo de un beneficio previsional, máxime cuando no concurren los supuestos del mismo, sobre todo porque los tratamientos continúan, como tampoco el derecho de propiedad, porque nunca ha incorporado a su patrimonio el derecho a la pensión de invalidez, siendo el derecho a solicitarlo una mera expectativa de reunirse los requisitos, lo que se determinó no era así en su oportunidad, quedando a salvo su posibilidad de suscribir una nueva solicitud de invalidez cuando lo estime pertinente.

Se acompaña al recurso copia del expediente virtual de calificación de invalidez del recurrente.

3°) Que, entrando al análisis del recurso, cabe señalar lo que reiteradamente se ha precisado en otros recurso del mismo tipo, en orden a que para el estudio del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5º) Que en el caso sublite, con los documentos acompañados puede tenerse por establecido en primer lugar lo siguiente: a) que don nombre reservado presentó con fecha 4 de diciembre de 2015 solicitud de pensión de invalidez a la Comisión Médica de la Región Metropolitana; b) Que el primer documento acompañado por el actor, es el informe médico de fecha 27 de mayo de 2016, del Dr. nombre reservado, que señala que el recurrente tiene diagnóstico fístulas arteriovenosas cerebrales múltiples, aneurisma cerebral, control preventivo eventual epilepsia secundaria en tratamiento, defecto homónimo campo visual izquierdo, deterioro cognitivo, defecto memoria reciente, apraxia del lenguaje, que presenta antecedentes de apnea del sueño en tratamiento, presenta diversas intervenciones quirúrgicas, aneurisma arteria oftálmica derecha en control, que se ha mantenido estable, que está por establecerse la evolución de su aneurisma cerebral, pero se recomienda evitar situaciones de aumento de presión arterial, factor reconocido de rotura de aneurismas, siendo su discapacidad superior a 2/3 y definitiva, agregando que volverlo al trabajo de chofer reviste peligro para él y terceros, por eventual resangrado o crisis convulsiva; c) Que el recurrente acompaña asimismo informe de fecha 19 de enero de 2016, del Dr. nombre reservado, neurólogo, que señala que el sr. nombre reservado presenta un cuadro de fístula dural intra craneano derecha que fue intervenido en forma endovascular, quedando el paciente con déficit del campo visual de ambos ojos principalmente en el cuadrante inferior izquierdo, que afecta directamente su desempeño laboral como chofer, ya que implica no ver gran parte de los vehículos a su alrededor, siendo un riesgo grande el permitir que siga trabajando; d) Que asimismo acompaña Informe Estudio Polisomnográfico Nocturno Digital que da cuenta de resultado de examen, aportando datos técnicos sin análisis; e) agrega también informe de angiografía cerebral del actor, suscrito por el Dr. nombre reservado, neuroradiólogo, de fecha 22 de agosto de 2016, concluyendo en que presenta pequeño remanente de fístula dural parietal izquierda embolizada y operada y cambios posquirúrgicos; f) epicrisis del Instituto de Neurocirugía, que da cuenta del alta con control ambulatorio, refiere similares diagnósticos, indicando el tratamiento, y agregando que presenta evolución post operatoria favorable, sin indicar fecha; g) Segundo informe médico del Dr. nombre reservado, de fecha 15 de diciembre de 2016, del mismo tenor, y que agrega que desde hace cinco meses presenta epilepsia diagnosticada y controlada en tratamiento; h) Por último acompaña informe del médico neurólogo, nombre reservado, que indica que el actor presenta fístula arteriovenosa que se ha intervenido endoscópicamente dos veces y que presenta dos operaciones a cielo abierto para eliminar la fístula, que clínicamente presenta un examen post cirugía con hemianopsia homónima izquierda lo que le impide trabajar como chofer, y además tiene epilepsia secundaria a la fístula, refiriendo el tratamiento.

6°) Que, asimismo, puede tenerse por establecido que dicha solicitud, una vez tramitada, fue resuelta con el dictamen N°016-5791/2016, la que fundado en los antecedentes médicos del expediente de calificación de invalidez N°68874, también acompañado, establece que presenta como impedimento visión subnormal –H54, que significa menoscabo en la capacidad de trabajo 23%, y considerando que las enfermedades invalidantes, no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un 50%, por lo que se rechaza la solicitud.

Que presentado reclamo a la Comisión Médica Central, este fue resuelto por resolución N°C.M.C. 5774/2016, que rechaza el recurso considerando que no procede otorgar invalidez porque las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de al menos el 50%, concluyendo que su incapacidad global alcanza a un 23%.

Que presentado recurso extraordinario de revisión, la Comisión Médica Central, dicto la resolución C.M.C. 9634/2016, que rechaza el recurso considerando que revisados los antecedentes se constata que el caso fue bien estudiado y no procede otorgar invalidez, refiriendo los mismos argumentos de la resolución recurrida.

7°) Que los requisitos y procedimiento para tramitar solicitud de pensión de invalidez se encuentra regulado en el DL 3.500, en especial en los artículos 4 y 11, en el reglamento de dicho decreto y las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nombre reservado.

Según el art. 4° referido, tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo de, al menos, dos tercios; y b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios. Agrega dicho artículo que, las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único.

Por su parte el artículo 11 del DL3.500 señala que la invalidez será calificada, en conformidad a las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nombre reservado de pensiones", según lo señale el reglamento respectivo, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, regulando el procedimiento de tramitación de la solicitud de pensión de invalidez, como asimismo creando Comisión Médica Central, y regulando los recursos ante ella, diseñando el procedimiento administrativo para obtener dicha calificación. Posteriormente en el art. 11 bis se regula la forma en que se generan las normas generales de evaluación y calificación.

Que por su parte el reglamento de dicha ley regula en los artículos 18 a 51 la conformación y forma de funcionamiento de las Comisiones Médicas, normando también el procedimiento de tramitación de las solicitudes de declaración de invalidez, en los término que lo indica el recurrente. Cabe tener presente que en relación a los antecedentes médicos aportados por el afiliado solicitante de pensión de invalidez, el art. 22, indica que estos antecedentes no podrán ser determinantes por sí solos en la calificación de la invalidez del solicitante y formarán parte del expediente respectivo. Que, asimismo, el artículo 47, dispone que para la determinación del grado de invalidez, las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central se atendrán estrictamente a las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nombre reservado de pensiones.

Que, por último, la norma técnica denominada “Normas Para La Evaluacion Y Calificacion Del Grado De Invalidez De Los Trabajadores Afiliados Al nombre reservado”, en relación a los requisitos para declarar la invalidez, los regula en la forma indicada por el recurrente, más arriba señalada, que en lo esencial indica que la declaración de invalidez se deriva de la relación de causa efecto entre Impedimento y Menoscabo Laboral Permanente, siendo este último el concepto esencial al efecto. Refiere dicha norma técnica que se denomina Menoscabo Laboral a la pérdida, limitación o restricción para el desarrollo de las Actividades de la Vida Diaria que producen los impedimentos, y Menoscabo Laboral Permanente a la expresión porcentual definida en las normas que determina el impacto sobre las aptitudes laborales y exigencias del trabajo de los Impedimentos y Factores Complementarios. Agrega que la enfermedad, alteración, pérdida, evidencia médica, discapacidad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales que afecta la capacidad de trabajo se denomina Impedimento, y que sólo al impedimento “configurado”, puede asignarse el menoscabo laboral permanente que dicta dicha norma.

Dispone, asimismo, que el impedimento es configurado cuando: 1.- es objetivable según conocimientos médicos actualizados; 2.- es demostrable por medios clínicos, de laboratorio, pruebas funcionales o imagenología; 3.- las medidas generales y terapias médicas o quirúrgicas accesibles por el afiliado se cumplen o están finalizadas o la inaccesibilidad a tratamientos por su complejidad o costo está demostrada por peritaje sociolaboral; 4.- la evolución según la probabilidad médica se ha estabilizado o está en agravación y no existe en el estado actual del arte tratamientos accesibles que reviertan la condición; y, 5.- los periodos de observación clínica indicados en estas normas para las especialidades respectivas están cumplidos, haciendo excepción de esto, aquellos impedimentos cuyo curso clínico sean objetivamente irremediables.

8°) Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que el acto impugnado no aparece como arbitrario ni ilegal, toda vez que corresponde al ejercicio legítimo de una facultad que la legislación y la ley le otorga a las Comisiones Médicas recurridas, ejercida con sujeción a la normativa vigente.

Así es como de los antecedentes acompañados por ambas partes, aparece en forma clara y precisa que en este caso que la facultad ejercida por las Comisiones Médicas tiene base legal en la normativa antes señalada, como asimismo que la solicitud del recurrente fue tramitada por el procedimiento legal establecido y al efecto, efectuándose las evaluaciones médicas necesarias, pudiendo aquel hacer uso de los recursos que le franquea el procedimiento ante su disconformidad con lo resuelto, fundándose las resoluciones administrativas impugnadas precisamente en los parámetros técnicos dictados al efecto.

Que a este último respecto, y como lo indica la informante, la única patología que puede declararse configurada, es la que afecta la visión, la que según los baremos técnicos establecidos, alcanza al 23 % determinado. Que si bien el afiliado presenta otras afecciones, quizás de igual o mayor gravedad, no es menos cierto que, como se informa, y como aparece de los antecedentes médicos aportados por el actor, estas se encuentran con tratamiento en curso, no estando finalizados, siendo relevante que los informes médicos que fundan la acción no aseveran que la probabilidad médica se ha estabilizado o este en agravación, que no existe en el estado actual del arte tratamientos accesibles que reviertan la condición, como tampoco que los periodos de observación clínica están cumplidos.

Que, asimismo, no puede pretender el recurrente que la resolución de invalidez se funde sólo en los antecedentes acompañados por el afiliado, en tanto aquello está expresamente prohibido conforme se señaló.

Que en todo caso, es dable considerar que la Comisión Médica no diagnóstica enfermedades, sino sólo verifica la existencia del impedimento y el menoscabo, y le aplica el baremo técnico ya establecido, por lo que no es efectivo que, como lo indica el recurrente existan dos diagnósticos disimiles, siendo irrelevante, en consecuencia, la especialidad médica de los profesionales que integran la comisión (lo que cuestiona el actor), siendo no menor el hecho que en determinación de invalidez si tienen expertiz.

Cabe tener presente a este respecto, por último, que los informes acompañados por el recurrente no hablan de grado de invalidez, si no de incapacidad, concepto este último establecido en la ley 20422, y que no produce efectos per se en la declaración de invalidez, siendo claro que la incapacidad no necesariamente genera declaración de invalidez, entendiendo ésta en los términos establecidos en el DL 3.500 y en su normas complementarias referidas.

Que en consecuencia, de los elementos aportados no puede concluirse en forma alguna que los actos impugnados, estos es resoluciones de las Comisiones Médicas, sean ilegales o arbitrarios, si no por el contrario emanan de los órganos legalmente competentes, en procedimiento ajustado a derecho y expresando sus fundamentos en conformidad a la normativa vigente en la materia, por lo que sólo cabe rechazar el recurso.

9°) En segundo término, la persona en cuyo favor se recurre carece de un derecho indubitado, cuestión esta última que es vital para el acogimiento de un recurso de esta clase, ya que la presente no es una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren amagados o afectados, lo que no es el caso de autos. En efecto, y como queda claro del recurso, lo cuestionado es precisamente la existencia del derecho a pensionarse, y sin lugar a dudas no puede por esta vía cautelar efectuarse una declaración de la existencia del mismo, máxime cuando las Comisiones Médicas han emitido resoluciones administrativas fundadas en la normativa vigente, y la prueba aportada no permite desvirtuar desde un punto de vista técnico sus fundamentos, atendido lo ya expuesto.

10°) Debe añadirse que los tribunales de justicia no tienen injerencia en procedimientos administrativos como aquel de que tratan estos autos, proporcionando el derecho administrativo sus propias herramientas jurídicas y medios de impugnación de decisiones de esa clase, por lo que el medio utilizado en este caso es inidónea, importando una utilización abusiva del recurso de protección de garantías constitucionales. Ello, sin perjuicio de lo que pudiere impugnarse a través de juicios ordinarios de lato conocimiento, en ausencia de un procedimiento contencioso administrativo, cuestión esta última que, por cierto, no es responsabilidad del Poder Judicial.

11°) Que, finalmente, aunque resulte ya de total falta de utilidad, hay que consignar que tampoco se demostró la infracción de alguna garantía constitucional, ni siquiera en grado de amenaza. En efecto, como se indicó antes, considerando que el derecho que funda el recurso es cuestionado fundadamente por la entidad pública recurrida, y al no existir sentencia en juicio declarativo que lo reconozca (el actor plantea como petición concreta entre otras el que se declare la invalidez), no puede sostenerse que el actor incorporó este derecho a su patrimonio, por lo que en caso alguno puede concluirse que se haya vulnerado el derecho de propiedad, como tampoco el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, porque, como lo indica y demuestra el actor, está recibiendo la atención médica pertinente, y menos la igualdad ante la ley, porque precisamente las comisiones médicas han aplicado aquel baremo estandarizado, sin que se haya acreditado que en algún caso similar, el órgano recurrido resolvió en forma diversa, no pudiendo sostenerse que las resoluciones recurridas son arbitrarias, atendido sus fundamentos ya indicados.

12°) Por todo lo anterior, el recurso en examen no puede prosperar y debe desestimarse.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, sobre tramitación de acciones como la de autos, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 26 por don nombre reservado, en contra de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro (S) Juan Opazo Lagos.

Protección N°125.293-2016.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada e integrada además por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y Ministro (S) señor Juan Opazo Lagos, quien no firma por haber cesado sus funciones como Ministro Suplente.