nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, ciudadano venezolano, quien, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, deduce acción constitucional en contra del Servicio Nacional de Migraciones, impugnando la Resolución Exenta N.º 2600100237846, de 20 de abril de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de residencia definitiva, se dispuso su abandono del territorio nacional y, según se desprende de los antecedentes, se estableció una prohibición de ingreso al país.

Expone que ingresó regularmente a Chile y que obtuvo una residencia temporaria cuya vigencia se extendió desde el 6 de agosto de 2019 hasta el 6 de agosto de 2020; que, posteriormente, el 15 de octubre de 2023, presentó ante la autoridad migratoria una solicitud de residencia definitiva, correspondiente al trámite ID N.º 66880634, acompañando los antecedentes que estimó pertinentes. Señala que, durante su tramitación, el Servicio le requirió documentación adicional, otorgándole un plazo de diez días hábiles para presentarla, pero que no pudo acompañar oportunamente el certificado de antecedentes penales de Venezuela debidamente legalizado o apostillado, debido a las reiteradas fallas e inoperatividad de la plataforma oficial de dicho país, circunstancia que califica como una imposibilidad material ajena a su voluntad y que afirma acreditar mediante capturas de pantalla.

Añade que mantiene un arraigo familiar relevante en Chile, pues es padre de nombre reservado, nacido en el país el 20 de diciembre de 2017, respecto de quien participa activamente en su cuidado, crianza y sustento, procurando además mantenerse inserto laboralmente para contribuir a la manutención de su grupo familiar. Sostiene que la autoridad recurrida fundó el rechazo en la falta del certificado de antecedentes penales de su país de origen, vigente y debidamente legalizado o apostillado, y en no haber acompañado copia de la sanción correspondiente al período en que habría permanecido en Chile con su permiso de residencia vencido, conforme al artículo 88 N.º 1 de la Ley N.º 21.325; sin embargo, reprocha que dicha decisión no ponderó la imposibilidad material de obtener el referido certificado, su arraigo familiar, su calidad de padre de un niño chileno ni el carácter subsanable de la omisión, aplicando de manera estricta y desproporcionada la normativa migratoria.

Afirma que el acto es ilegal y arbitrario, por carecer de razonabilidad, proporcionalidad y suficiente fundamentación, y porque la autoridad no habría considerado una alternativa menos gravosa, como concederle un nuevo plazo para completar los antecedentes. Estima vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 N.º 7 de la Constitución, por cuanto la orden de abandono amenaza su libertad personal y seguridad individual al comprometer su permanencia en el territorio nacional; la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N.º 2, porque se le habría tratado de igual manera que a quienes, pudiendo cumplir los requisitos, omiten hacerlo sin justificación; el derecho a la protección y unidad de la familia, al afectarse su relación con su hijo menor de edad y el ejercicio de sus responsabilidades parentales; y el derecho a un procedimiento racional y justo, por no haberse ponderado suficientemente sus antecedentes personales ni adoptado una medida proporcional. Invoca, además, los principios de respeto de los derechos fundamentales de las personas migrantes y pro persona reconocidos en la Ley N.º 21.325.

En virtud de lo anterior, solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N.º 2600100237846 y se la deje sin efecto, ordenándose al Servicio Nacional de Migraciones reevaluar su solicitud de residencia definitiva considerando los antecedentes acompañados y las circunstancias particulares del caso; subsidiariamente, pide que se conceda un plazo prudente y razonable para acompañar el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado o apostillado, y que se adopten todas las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos fundamentales.

Acompaña copia de su cédula de identidad, estampado de visa temporaria, resolución impugnada, certificado de nacimiento de su hijo chileno y captura de pantalla de la inoperatividad de la plataforma venezolana destinada a obtener certificados de antecedentes penales.

Segundo: Que, al evacuar el informe requerido, los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y Sarai Estrada González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo íntegro de la acción de protección, por estimar que la autoridad no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al historial migratorio del recurrente, informan que ingresó por primera vez a Chile el 3 de octubre de 2016, por el paso habilitado Carretera Chacalluta, en calidad de turista; que su primera solicitud de residencia temporaria por motivos laborales fue rechazada mediante Resolución Exenta N.º 188646, de 21 de julio de 2017, disponiéndose su abandono del país dentro del plazo de quince días, por no cumplir las exigencias legales y haber efectuado declaraciones falsas relativas a su contrato de trabajo; que posteriormente se acogió al proceso de regularización extraordinaria el 2 de mayo de 2018, otorgándosele residencia temporaria mediante Resolución Exenta N.º 58316, de 4 de marzo de 2019, vigente desde el 6 de agosto de 2019 hasta el 6 de agosto de 2020; que mediante Resolución Exenta N.º 60469, de 9 de marzo de 2021, se le aplicó una sanción pecuniaria por infracción al artículo 148 del Decreto Supremo N.º 597; y que el 6 de abril de 2021 solicitó una residencia temporaria por vínculo con chileno, que le fue otorgada por Resolución Exenta N.º 27094, de 30 de marzo de 2022, con vigencia desde el 28 de julio de 2022 hasta el 28 de julio de 2023.

Añaden que por Resolución Exenta N.º 23351218, de 15 de septiembre de 2023, se le impuso una nueva sanción pecuniaria por infracción al artículo 106 de la Ley N.º 21.325. Respecto de la solicitud de residencia definitiva ID N.º 66880634, presentada el 15 de octubre de 2023, explican que el extranjero postuló encontrándose en situación migratoria irregular, sin haber pagado la sanción correspondiente a la infracción prevista en el artículo 107 de la Ley N.º 21.325; que únicamente acompañó un comprobante de pago relacionado con la infracción del artículo 106 de la misma ley, y que tampoco presentó el certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Señalan que, mediante Comunicación Electrónica Folio N.º 51849848, de 9 de enero de 2024, se le informó que su solicitud no se encontraba en condiciones de avanzar y se le requirió remitir por correo certificado el original del certificado de antecedentes venezolano debidamente legalizado, acompañar el estampado electrónico o visa estampada en pasaporte, acreditar sustento económico mediante contrato de trabajo, cotizaciones, inicio de actividades u otros antecedentes, regularizar su residencia irregular mediante el cálculo y pago de la multa del artículo 107 de la Ley N.º 21.325 y pagar los derechos correspondientes a la residencia definitiva, advirtiéndole que, de no presentar la documentación dentro de sesenta días, su solicitud podría ser rechazada conforme al artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería; no obstante, afirman que el recurrente no subsanó lo solicitado.

Agregan que por Comunicación Electrónica Folio N.º 81967431, de 11 de julio de 2025, se le notificaron nuevamente las causales de rechazo y se le concedieron diez días hábiles para formular descargos y acompañar los documentos faltantes, oportunidad en la que solo remitió una declaración jurada de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Posteriormente, mediante Comunicación Electrónica Folio N.º 89523224, de 25 de noviembre de 2025, se reiteró que debía presentar el certificado de antecedentes penales vigente y acreditar su sustento económico, otorgándosele un nuevo plazo de diez días hábiles, sin que los antecedentes aportados permitieran desvirtuar las causales comunicadas.

Explican que, cumplidos esos trámites, se dictó la Resolución Exenta N.º 2600100237846, de 20 de abril de 2026, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado original de antecedentes del país de origen, debidamente legalizado o apostillado, ni la resolución y comprobante de pago de la sanción correspondiente a la permanencia en Chile con el permiso vencido, incumplimientos que configuran la causal imperativa del artículo 88 N.º 1 de la Ley N.º 21.325.

La misma resolución dispuso el abandono voluntario del país dentro de quince días, conforme al artículo 146 de la citada ley, y una prohibición de ingreso por cinco años, contados desde el cumplimiento de la orden de abandono, de acuerdo con los artículos 91 y 136 del mismo cuerpo legal, reservándole al extranjero los recursos previstos en la Ley N.º 19.880, sin que conste que los haya ejercido.

En cuanto al derecho aplicable, el Servicio sostiene que la resolución impugnada fue dictada bajo la vigencia de la Ley N.º 21.325, que comenzó a regir in actum el 12 de febrero de 2022; que el Servicio Nacional de Migraciones era competente para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia, conforme al artículo 157 N.º 5 de esa ley y al artículo 42 del Decreto Supremo N.º 296, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería; y que el certificado de antecedentes penales constituye un requisito esencial, en virtud del artículo 78 inciso segundo de la Ley N.º 21.325 y del artículo 11 letra b) del Decreto N.º 177, por ser necesario para determinar la existencia de eventuales causales de rechazo vinculadas con condenas penales en el extranjero, particularmente las contempladas en los artículos 32, 33 y 88 de la ley.

Añade que los documentos expedidos en el extranjero deben encontrarse legalizados o apostillados, de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Respecto de la situación migratoria irregular, señala que el artículo 37 de la Ley N.º 21.325 exige presentar las solicitudes dentro de los plazos correspondientes y dispone que quienes postulen con un permiso anterior vencido deben pagar las multas previstas en los artículos 107 y 119, regulando el primero la permanencia irregular por un período inferior o igual a ciento ochenta días y el segundo aquella que exceda ese lapso.

Afirma que el recurrente tuvo la posibilidad de calcular, controvertir y pagar la multa a través de la plataforma digital del Servicio, pero no acompañó la resolución sancionatoria ni el comprobante de pago, por lo que no acreditó haber regularizado su permanencia irregular.

Sostiene, asimismo, que antes de dictar la resolución terminal se cumplió con el procedimiento de pre-rechazo previsto en el artículo 91 inciso segundo de la Ley N.º 21.325, notificándosele las causales y concediéndosele diez días para presentar descargos; por consiguiente, al persistir los incumplimientos, la autoridad estaba obligada a rechazar la solicitud de acuerdo con el artículo 88 N.º 1 y a concluir el procedimiento mediante resolución fundada, conforme al artículo 40 de la Ley N.º 19.880.

Cita, en apoyo de su posición, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en el ingreso de amparo N.º 3318-2023, sentencia de 12 de enero de 2024, que rechazó una acción fundada en circunstancias semejantes, al estimar que no era ilegal rechazar una residencia definitiva cuando la interesada no acompañó oportunamente la documentación relativa al pago de la multa por permanencia irregular.

En cuanto a la orden de abandono, sostiene que constituye una consecuencia necesaria del rechazo de un permiso de residencia, conforme al artículo 91 N.º 4 de la Ley N.º 21.325, precisando que se trata de una orden de cumplimiento voluntario y no de una expulsión compulsiva, cuya ejecución correspondería a la Policía de Investigaciones; y que el artículo 136 autoriza disponer una prohibición de ingreso por un plazo de hasta cinco años tratándose de infracciones migratorias que no constituyan crimen o simple delito. Finalmente, descarta la vulneración de garantías constitucionales, argumentando que el artículo 19 N.º 7 letra a) de la Constitución reconoce el derecho a residir y permanecer en Chile sujeto al cumplimiento de las normas legales; que el artículo 22.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite adoptar medidas respecto de extranjeros cuando emanan de una decisión adoptada conforme a la ley; y que el artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares admite decisiones de salida cuando sean dispuestas por autoridad competente y en los casos establecidos legalmente. Concluye que la resolución fue dictada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones, mediante un procedimiento previamente comunicado al solicitante y sobre la base de incumplimientos objetivos que este no subsanó, por lo que solicita tener por evacuado el informe y rechazar íntegramente la acción de protección, al no existir actuación ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución, acompañando al efecto el mandato judicial otorgado por escritura pública y el expediente migratorio completo del recurrente.

Tercero: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley ó arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como primera consideración debe indicarse que la resolución recurrida ha sido dictada por la autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones legales, fundamentada en una causal expresa que le obliga a decidir en tal sentido y tras el debido agotamiento del procedimiento de rigor.

Quinto: Que, en relación con las alegaciones de la recurrente sobre la desproporcionalidad de la medida y la inobservancia de sus circunstancias personales, resulta manifiesto que la autoridad administrativa dio estricto cumplimiento a la obligación de ponderar los elementos previstos en el artículo 129 de la Ley N°21.325. En efecto, corresponde recordar que el derecho a residir, permanecer y trasladarse en el territorio nacional se encuentra supeditado expresamente a la "condición de que se guarden las normas establecidas en la ley".

Por ello, la omisión de entrega de documentos solicitados por la autoridad impide en definitiva que la autoridad pueda ponderar y acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y formales, lo cual en el presente caso no ocurrió, al no haberse acompañado los mismo por parte del interesado, por lo que no puede acusarse un abuso o arbitrariedad por parte del servicio, la cual como se dijo, debe velar por el íntegro cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Sexto: Que, en consecuencia, al no cumplirse por parte del recurrente con los requisitos exigidos por la autoridad para obtener la residencia definitiva, resultaba pertinente el rechazo de dicha solicitud, lo cual conlleva el pronunciamiento de ordenar su abandono del país, y la prohibición de ingreso al país, razón por la cual no puede advertirse tampoco un actuar ilegal por parte de la recurrida, medidas que emergen como racionales, proporcionales y apegada a la normativa vigente.

Séptimo: Que, por las consideraciones precedentemente expuestas, y teniendo especialmente presente que la sanción de expulsión es la medida ordenada por la ley para estos casos, no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por lo que el presente recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio de Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°12524-2026 Protección.