Protección contra Caja de Compensación la Araucana

Santiago, diecinueve de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 26 de febrero de 2024, doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, recurren de protección en favor de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación la Araucana, por el acto consistente en realizar descuentos de sus remuneraciones para el pago de créditos sociales, lo que afectaría la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, señalan que el recurrente, durante el año 2018 contrajo dos mutuos de dinero con la recurrida, denominados “créditos sociales”, pagadero en diversas cuotas, de conformidad al artículo 22 de la Ley 18.833.

Afirman que, por causas ajenas a voluntad de su representado, quien fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, cayó en mora a los pocos meses.

Indican que en diversas ocasiones su representado se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron fue repactar la deuda, con el incremento artificial de la misma que ello conlleva, y que lo dejaría en una situación financiera crítica, por lo que insistió en buscar otra solución, pero la recurrida expuso que si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales en su contra.

Hacen presente que, durante los últimos años, su representado ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, sin que en ningún momento se le descontara una cuenta a través del sistema “Intercaja”.

Explican que, habiendo transcurrido más de cinco años desde que su representado cayera en mora, sin que en dicho lapso de tiempo la recurrida haya efectuado alguna gestión tendiente a perseguir el cobro de la deuda, sea judicialmente o conforme a las herramientas que le otorga la ley 18.833, para total sorpresa de don nombre reservado, con fecha 31 de enero de 2024, al recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mismo mes, ésta figura con un descuento por los dos créditos referidos, descuento ascendiente a $143.373, efectuado por Caja de Compensación Los Andes.

Refieren que la situación descrita deja a su representado en un estado de total indefensión pues, luego de más de 5 años, un porcentaje importante de su remuneración le fue arrebatada de forma totalmente arbitraria e intempestiva.

Aseveran que ese descuento representa un actuar antojadizo de la recurrida, pues está reviviendo de manera unilateral un derecho que el artículo 22 de la Ley 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos.

Por lo anterior, piden que se acoja el presente recurso, disponiéndose: primero, que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales vía descuentos de sus remuneraciones; segundo, que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados, en un plazo de 5 días hábiles, o del que esta Corte mejor estime, y; tercero, condenar en costas a la recurrida.

Acompañan la liquidación de sueldo del recurrente del mes de enero del año 2024.

Además, solicitaron que se decrete orden de no innovar a fin de que la recurrida continúe efectuando los referidos descuentos a la remuneración del recurrente, la que fue concedida a folio 5.

SEGUNDO: Que informa la abogada Yasna Vukic en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de La Araucana, quien pide el rechazo del recurso.

Expone que su representada le otorgó al recurrente dos créditos:

En lo relativo al crédito social folio 001-027675744, por un capital inicial de $2.581.853, pactado en un plazo de 27 cuotas, de $128.089 cada una, indica que el actor pagó una cuota, en noviembre de 2018, sin que existan más pagos, a pesar de habérsele enviado las respectivas nóminas, por lo cual se realizaron gestiones extrajudiciales, que resultaron infructuosas para obtener la regularización de la acreencia, lo que conllevó que el recurrente pasara a figurar en calidad de moroso, remitiéndose la información al “Proyecto Intercajas”, donde pudo ser ubicado en agosto del 2023, por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la recurrida, remitiéndose la respectiva nómina de descuento y recibiendo una remesa en octubre de 2023, correspondiente al mes de septiembre de 2023, por la suma de $128.089, que sirvió para el pago de la cuota N°2, sin que posterior a ello se hayan recibido más remesas hasta el mes de febrero de 2024, que sirvió para el pago de la cuota N°3.

En lo relativo al crédito social folio 001-027675745, por un capital inicial de $317.698, pactado en un plazo de 35 cuotas, de $15.284 cada una, indica que el actor pagó una cuota, en noviembre de 2018, sin que existan más pagos, a pesar de habérsele enviado las respectivas nóminas, por lo cual se realizaron gestiones extrajudiciales, que resultaron infructuosas para obtener la regularización de la acreencia, lo que conllevó que el recurrente pasara a figurar en calidad de moroso, remitiéndose la información al “Proyecto Intercajas”, donde pudo ser ubicado en agosto del 2023, por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la recurrida, remitiéndose la respectiva nómina de descuento y recibiendo una remesa en febrero de 2024, al mes de enero de 2024.

Hace presente, respecto de este segundo crédito, que éste tiene su origen en la reprogramación del crédito social folio 001027660067, otorgado el 24 de mayo de 2017, por la suma de $505.712, pactado en 12 cuotas de $52.951 cada una, y en consecuencia, no puede esgrimirse que la reprogramación que se le ofreció la recurrida conlleve un incremento artificial, ya que también en este caso el recurrente (sic) hizo uso de esta facultad que le otorga la Superintendencia de Seguridad Social a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Afirma que su representada se encuentra ante dos obligaciones vigentes, en atención a que no se han extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil, a partir de lo cual concluye que su recaudación, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, es pertinente y oportuna.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que ahora bien, impone el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que responden a dos créditos que le fueron otorgados por parte de Caja de Compensación La Araucana en el año 2008, cuyas cuotas dejó de pagar y, en ese contexto, con posterioridad, renegoció su pago durante el año 2018, interrumpiendo de este modo la prescripción de las acciones de cobro. En este escenario y pese a que el recurrente no desconoce los préstamos que le otorgó la aludida recurrida, esgrime al efecto en sustento de su impugnación, el paso del tiempo, circunstancia que, a su juicio, tornaría en ilegales y arbitrarios los descuentos que se le efectúan de su remuneración por este concepto.

Pese a lo afirmado por el actor, conforme a lo informado por la citada Caja de Compensación, lo cierto es que, en cualquier caso, las acciones derivadas de los negocios causales que consisten en los préstamos otorgados al recurrente, son actualmente exigibles, siendo precisamente ellas las que justifican los descuentos mensuales que se efectúan a su remuneración, dado que la prescripción de las acciones para cobrarlos no ha sido declarada judicialmente.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de la obligación que es causa de los descuentos, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

QUINTO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, por haber perdido oportunidad, el recurso deducido en la petición principal de la presentación de fecha veintiséis de febrero de este año, por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación la Araucana.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N° 1249-2024.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.