Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, cubano, médico cirujano, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada legalmente por su gerente legal don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y devolución de fondos previsionales bajo el amparo de la Ley N°18.156.

Expone que se desempeña como médico cirujano y que mantiene la calidad de funcionario público desde hace aproximadamente diez años. Señala que con fecha 25 de noviembre de 2025 presentó ante la recurrida una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, correspondientes a las cotizaciones enteradas a su nombre por su empleador, la Ilustre Municipalidad de San Ramón, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 1 de diciembre de 2020.

Sostiene que para fundamentar su requerimiento acompañó todos los antecedentes idóneos: su cédula de identidad de extranjero con permanencia definitiva, su título profesional debidamente legalizado, la declaración consular de la Embajada de Cuba en Chile que acredita su afiliación al régimen previsional cubano regulado por la Ley N°116, Código de Trabajo de la República de Cuba, el Decreto Alcaldicio de nombramiento N° 2-I de la Ilustre Municipalidad de San Ramón y el Anexo de Orden de Trabajo N°996, en el cual manifestó expresamente su voluntad de acogerse a la exención y mantener su afiliación previsional en su país de origen.

Alega que la AFP recurrida incurrió en una omisión de información previa y esencial al entregarle un listado general de requisitos que no advertía la exclusión de los funcionarios públicos vinculados mediante decreto de nombramiento, lo que a su juicio vulnera los principios de transparencia, buena fe administrativa y confianza legítima. Asimismo, acusa una aplicación sorpresiva de un criterio restrictivo y una vulneración al principio de igualdad ante la ley, por cuanto se genera una discriminación injustificada entre los trabajadores del sector público y del sector privado.

Sostiene que esta decisión lesiona sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente la igualdad ante la ley, el derecho de petición y el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, solicitando en definitiva que se ordene a la recurrida acoger la solicitud de devolución de fondos previsional solicitada.

Segundo: Que, al evacuar informe, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección, con expresa condena en costas.

Explica que la solicitud de devolución de fondos previsionales por concepto de técnico o profesional extranjero fue rechazada en estricto cumplimiento de la Ley N°18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, y de la jurisprudencia administrativa de dicho organismo controlador. Precisa que, del análisis de los antecedentes aportados por el propio recurrente, quedó acreditado que su vínculo con la Ilustre Municipalidad de San Ramón corresponde a una relación de carácter estatutario, habiendo sido designado como médico de la Dotación de Salud Municipal mediante el Decreto Alcaldicio N°22-I de fecha 11 de enero de 2023, rigiéndose su prestación de servicios por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y no por las normas generales del Código del Trabajo.

Añade que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en su Libro II, Título XI, numeral 6, dispone de manera expresa y taxativa que no tiene acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante decretos de nombramiento sometidos a estatutos especiales. Cita, además, los Oficios N°19.605 de 3 de septiembre de 2015 y N°1.610 de 19 de enero de 2016 de la Superintendencia de Pensiones, que consolidan dicho criterio al establecer que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y, por tanto, de interpretación restrictiva, de modo que sus efectos no pueden asimilarse ni extenderse a personas vinculadas al sector público por decretos o resoluciones de nombramiento.

Por consiguiente, sostiene que la AFP actuó bajo el mandato obligatorio del órgano regulador, descartando cualquier tipo de capricho, arbitrariedad o ilegalidad en su proceder.

Tercero: Que, mediante Oficio Ordinario N°9606 de fecha 18 de mayo de 2026, la Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social de la Superintendencia de Pensiones, doña nombre reservado, evacuó informe en el presente arbitrio cautelar.

En dicho informe, el órgano regulador ratifica en todas sus partes el criterio aplicado por la AFP recurrida. Explica que la Ley N°18.156 constituye un estatuto de excepción que permite la exención y la consecuente devolución de cotizaciones obligatorias —las cuales revisten el carácter de fondos de seguridad social de orden público— con el objeto exclusivo de evitar una doble cotización respecto de trabajadores extranjeros transitorios. Por tratarse de un régimen de excepción, su interpretación debe ser necesariamente de carácter restrictivo.

En ese contexto, la Superintendencia aclara que, conforme al tenor literal del artículo 1° del citado cuerpo legal, la exención está prevista únicamente para "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero". En consecuencia, la jurisprudencia administrativa uniforme del organismo (plasmada en los Oficios N°19.137 de 2006, N°19.605 de 2015 y N°1.610 de 2016, e incorporada expresamente en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, numeral 6) ha determinado de manera invariable que las personas que prestan servicios para organismos públicos o municipalidades bajo la modalidad de decretos de nombramiento y estatutos especiales, no tienen derecho a solicitar la devolución de fondos regulada por la Ley N°18.156, toda vez que los referidos actos administrativos de nombramiento no equivalen ni pueden ser asimilados a los contratos de trabajo de derecho privado que exige la ley.

Concluye señalando que la recurrida AFP Modelo S.A. se limitó a aplicar las instrucciones obligatorias e interpretaciones vinculantes que este servicio imparte en uso de sus atribuciones legales contempladas en el D.L. N°3.500 de 1980.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida tutela de los derechos fundamentales preexistentes y no controvertidos, frente a actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario que impidan, amaguen o perturben su legítimo ejercicio.

Quinto: Que, en la especie, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la negativa de la recurrida AFP Modelo S.A. a acceder a la devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias enteradas por su desempeño en la Ilustre Municipalidad de San Ramón, fundado en que dicho vínculo laboral no se rige por el Código del Trabajo sino por un estatuto administrativo especial de salud municipal.

Sexto: Que el examen de la controversia exige analizar el ámbito de aplicación de la Ley N°18.156. El artículo 1° de dicho cuerpo normativo prescribe, como presupuesto de la exención de cotizaciones previsionales, que: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores [..:]", requiriendo en sus letras a) y b) la afiliación previsional en el extranjero y la declaración expresa de voluntad de mantener dicha afiliación en el respectivo contrato de trabajo. A su turno, el artículo 7° del mismo texto legal autoriza la devolución de los fondos previsionales a los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una AFP, "siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

Del tenor literal y de la historia de la referida ley se desprende inequívocamente que nos encontramos ante un beneficio excepcional, cuyo propósito es liberar a los técnicos o profesionales extranjeros con permanencia transitoria en el país de la obligación de cotizar en el régimen de capitalización individual chileno, evitando la duplicidad de aportes. Al ser un beneficio de carácter excepcional que sustrae fondos destinados por ley a la seguridad social obligatoria, su ámbito de aplicación debe interpretarse de manera restrictiva y estricta, no admitiendo analogías ni extensiones a situaciones no previstas expresamente por el legislador.

Séptimo: Que, del análisis de los antecedentes documentales aportados al proceso y que constan en el expediente, en especial el Decreto Alcaldicio N°22-I de fecha 11 de enero de 2023 emanado de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, aparece de manifiesto que el recurrente don nombre reservado fue designado en calidad de contratado de forma indefinida en la Dotación del Departamento de Salud Municipal, en categoría A, nivel 13, con una jornada de 44 horas semanales, rigiéndose su estatuto por la Ley N°19.378 y la Ley N°21.308.

Tal vinculación administrativa, instrumentada a través de un decreto de nombramiento propio de la dotación de funcionarios de la salud municipalizada, sitúa al recurrente bajo un régimen estatutario de derecho público, calidad jurídica que difiere sustancialmente de la de un trabajador dependiente del sector privado regido por las normas comunes del Código del Trabajo.

Octavo: Que, por otra parte, reviste relevancia fundamental considerar que, conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Superintendencia de Pensiones es el organismo público dotado de la competencia exclusiva para fijar la interpretación de la legislación previsional con carácter obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones del país.

En este sentido, la recurrida AFP Modelo S.A. se encontraba constreñida a aplicar de manera obligatoria las directrices contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones elaborado por la Superintendencia (Libro II, Título XI, numeral 6), el cual dispone expresamente: "No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo". Dicha instrucción obligatoria concuerda con la jurisprudencia administrativa uniforme, emanada del órgano de control, recogida de manera categórica en el Oficio N°1.610 de 19 de enero de 2016 y ratificada ante esta Corte a través del Oficio Ordinario N°9606 de 18 de mayo de 2026.

Noveno: Que, en consecuencia, al sustentar la recurrida su decisión de rechazo en la aplicación directa del régimen legal vigente y en las precisas instrucciones de su ente fiscalizador, se descarta cualquier atisbo de ilegalidad o arbitrariedad en su actuación. Lejos de constituir un acto antojadizo o caprichoso, el proceder de AFP Modelo S.A. constituye un acto reglado y ajustado a derecho, fundado objetivamente en que el recurrente no cumple con las exigencias legales copulativas exigidas por la Ley N°18.156 para acceder a la exención y consecuente devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, habiéndose determinado que la actuación de la recurrida no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad, no cabe sino concluir que el presente arbitrio cautelar carece de fundamento, deviniendo en inoficioso pronunciarse sobre las garantías constitucionales invocadas por el actor como vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-12474-2026.