Protección contra Ministro de Defensa Nacional

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Salvador Espinoza Silva, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección con arreglo al artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra del Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, por dictar el Decreto Exento RA N°NUM000, de 10 de marzo de 2026, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que dispuso su retiro temporal del Ejército por la causal de contraer enfermedad curable que lo imposibilita temporalmente para el servicio, así como los actos administrativos que le precedieron, que constituyen actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías de los numerales 1°, 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que es Capitán del Ejército de Chile e ingresó a la Escuela Militar en 2011, egresando en 2014 como Oficial Alférez del Arma de Ingenieros; que en 2015 fue destinado a labores de desminado humanitario y que, en febrero de 2018, mientras se desempeñaba como comandante de una sección de desminado en el campo minado “Achuta N°2”, ocurrió un accidente operacional que produjo la ceguera total de un subordinado, hecho que; tras un procedimiento disciplinario que se extendió injustificadamente por más de 2 años, del que resultó finalmente absuelto; constituyó el evento traumático generador de la sintomatología de estrés postraumático que lo aqueja, agravada con posterioridad por sucesivos destinos ajenos a su especialidad, por afectaciones económicas derivadas de irregularidades en un proyecto habitacional del Sistema de Bienestar del Ejército que involucra una casa habitación que nunca le fue entregada y por la falta de contención institucional frente a irregularidades administrativas que denunció durante su destinación en Punta Arenas.

Señala que, mediante Informe N°NUM001, de 8 de mayo de 2025, la Comisión de Sanidad del Ejército calificó su padecimiento como “trastorno mixto de ansiedad y depresión cronificado”, concluyendo que no guardaría relación con acto alguno del servicio, que no constituiría enfermedad profesional ni daría derecho a inutilidad, declarándolo “no apto” para continuar en la Institución y proponiendo su retiro temporal por enfermedad curable, informe que adolece de vicios de nulidad al fundarse en un supuesto seguimiento por especialistas del Hospital Militar que nunca existió y al calificar el diagnóstico como “reservado” frente al propio paciente, en infracción a la Ley N°20.584.

Añade que dedujo recurso de reposición en su contra con fecha 3 de julio de 2025, denunciando la falta de ponderación de los informes de su médico tratante, y que, tras ser citado a reevaluación, la Comisión de Sanidad, mediante Informe N°NUM002, de 6 de noviembre de 2025, rechazó su reposición y ratificó el diagnóstico e informe anterior, sin hacerse cargo del informe de su médico tratante, Dra. nombre reservado, de 4 de noviembre de 2025, que diagnosticó un Trastorno de Estrés Postraumático (CIE-10 F43.1), ni del informe de segunda opinión del psiquiatra Dr. Pedro H. Torres Godoy, de 12 de enero de 2026, que ratificó dicho diagnóstico calificándolo de “Trastorno de Estrés Postraumático Complejo, de curso crónico y pronóstico reservado”.

Expone que, ante la contradicción diagnóstica, solicitó el 21 de enero de 2026 un pronunciamiento del presidente de la Comisión de Sanidad, el que fue desestimado mediante Resolución DSE DEPTO III/AS JUR (R)

N°NUM003 Exenta, de 13 de abril de 2026 —notificada el 27 de abril de 2026—, que declaró no haber lugar tanto a la invalidación del Informe N°NUM002 como a una nueva reevaluación, por estimar agotada la etapa recursiva, resolución que a su juicio adolece de una falta de motivación absoluta al no hacerse cargo de los informes de los dos especialistas que sustentan un diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático, enfermedad reviste carácter invalidante y permanente conforme al Reglamento Complementario del D.F.L. (G) N°1, de 1968, y que da derecho a pensión de inutilidad de segunda clase, a diferencia de la “enfermedad curable” invocada por la Comisión de Sanidad para fundar el mero retiro temporal.

En virtud de lo anterior, solicita se declare la nulidad del Decreto Exento RA N°NUM000 y de los actos administrativos que le precedieron, que se ordene su continuidad como funcionario en servicio activo del Ejército de Chile con pago de sus remuneraciones, con costas.

Segundo: Que evacuando el informe ordenado compareció el abogado Felipe Muñoz Aranda, Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional, quien solicita el rechazo del recurso, señalando que el Decreto Exento RA N°NUM000 se dictó conforme a los antecedentes técnicos remitidos por el Comandante en Jefe del Ejército y en aplicación de la Ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, con fundamento en el Informe de la Comisión de Sanidad del Ejército N°NUM001, de 8 de mayo de 2025, que diagnosticó al recurrente un “trastorno mixto de ansiedad y depresión cronificado”, ratificado por el Informe N°NUM002, de 6 de noviembre de 2025, del mismo ente técnico, que concluyó que el recurrente no se encuentra apto para continuar al servicio de la Institución.

Sostiene que la determinación de la aptitud psicofísica del personal institucional y la clase de inutilidad que pudiera corresponderle es una facultad exclusiva y excluyente de la Comisión de Sanidad de cada institución, conforme al artículo 234 del D.F.L. N°1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, y al artículo 482 del Decreto Supremo N°204, de 1969, del mismo Ministerio, criterio confirmado por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (dictámenes N°6.203, de 1980, y N°3.298, de 1995) y por reiterada jurisprudencia judicial que al efecto, conforme a las cuales dicha calificación técnica excluye, por su propia naturaleza, la existencia de ilegalidad o arbitrariedad revisable por esta vía cautelar.

Argumenta que el retiro temporal del recurrente fue dispuesto por el órgano competente, la División de Personal del Ejército de Chile, en virtud de la causal de la letra a) del artículo 56 de la Ley N°18.948, esto es, por enfermedad curable que imposibilita temporalmente para el servicio, constituyendo el ejercicio legítimo de facultades regladas y no un acto arbitrario o ilegal, y que el recurso de protección exige la existencia de un derecho indubitado, no siendo procedente cuando la pretensión del recurrente envuelve la declaración de derechos controvertidos cuyo esclarecimiento requiere de un debate probatorio incompatible con la naturaleza breve y sumaria de esta acción cautelar.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar, de tramitación breve y concentrada, destinada a amparar el legítimo ejercicio de un derecho indubitado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace, no siendo la sede idónea para la declaración de derechos controvertidos ni para la ponderación de cuestiones de hecho de complejidad técnica que requieran de un debate probatorio de lato conocimiento.

Cuarto: Que, conforme al artículo 234 del D.F.L. N°1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, el examen físico y psíquico del personal de las Fuerzas Armadas y la determinación de su capacidad para continuar en el servicio, o de la clase de inutilidad que pudiera corresponderle, será efectuado exclusivamente por la Comisión de Sanidad de cada institución, facultad que —como ha resuelto reiteradamente esta Corte y la Excma.

Corte Suprema en casos análogos al de autos— reviste carácter exclusivo y excluyente, en razón de su naturaleza eminentemente técnica.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, consta que la Comisión de Sanidad del Ejército, mediante los Informes N°NUM001 y N°NUM002, calificó al recurrente como no apto para el servicio por presentar un “trastorno mixto de ansiedad y depresión cronificado”, de carácter curable, disponiéndose su retiro temporal en virtud de la causal de la letra a) del artículo 56 de la Ley N°18.948, calificación que fue revisada por la propia Comisión con ocasión del recurso de reposición deducido por el actor, oportunidad en la que se le citó a una nueva evaluación, se tuvieron a la vista los informes de su médico tratante y del especialista de segunda opinión, y se resolvió, ejerciendo la facultad técnica que le es propia, mantener el diagnóstico y la calificación de no aptitud.

Sexto: Que la controversia planteada por el recurrente, esto es, si la patología que le aqueja debe calificarse como “trastorno mixto de ansiedad y depresión cronificado” de carácter curable, o como un “Trastorno de Estrés Postraumático” de carácter crónico e invalidante, con las consecuencias previsionales que de una u otra calificación se siguen, constituye precisamente el tipo de cuestión médica técnica y controvertida que, conforme a lo razonado en el motivo tercero, excede el ámbito de esta acción cautelar, por cuanto su solución supone la ponderación de antecedentes periciales contrapuestos y la resolución de una discrepancia científica entre especialistas, materia reservada al procedimiento especial de reclamación que contempla la normativa institucional y, en su caso, al conocimiento de los tribunales del fondo o de lo contencioso administrativo.

Séptimo: Que, a diferencia de lo que exige la jurisprudencia invocada por el propio recurrente para casos en que la autoridad recurrida omitió por completo ponderar antecedentes médicos actualizados o fundamentar su decisión, en la especie consta que la Comisión de Sanidad sí tuvo a la vista, con ocasión de la reevaluación practicada, los informes del médico tratante y del especialista de segunda opinión invocados por el actor, arribando, en ejercicio de su facultad técnica privativa, a una conclusión diagnóstica distinta de la que aquellos sustentan, circunstancia que no configura una omisión de ponderación ni una ausencia de motivación equiparable a la de los precedentes citados, sino una discrepancia de criterio médico que no corresponde a esta Corte dirimir por esta vía.

Octavo: Que, en consecuencia, no se advierte en la actuación de la recurrida una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que amerite ser corregida por esta vía cautelar, sin perjuicio de los demás derechos que puedan asistir al recurrente y que pueda hacer valer ante la autoridad administrativa o ante los tribunales de justicia que correspondan, conforme al procedimiento de lato conocimiento que sea pertinente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado en favor de nombre reservado en contra del Ministro de Defensa Nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Protección Nº12.445-2026.