Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que, comparece don nombre reservado, profesor, quien interpone acción constitucional de protección a favor de 14 extranjeros, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos ellos de nacionalidad Venezolana, nombre reservado y nombre reservado, de nacionalidad cubana; en contra del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Subsecretaría del Interior, por el acto consistente en la "omisión ilegal y arbitraria" de las autoridades en la emisión de la Resolución Exenta que debe poner término al procedimiento administrativo de Regularización Extraordinaria solicitado por los recurrentes.

Expone que los recurrentes ingresaron por paso no habilitado al país, motivados por la difícil situación socioeconómica de su país de origen. Sin embargo, con el objetivo de obtener su residencia legal y establecer un proyecto de vida en Chile, ingresan solicitud de regularización extraordinaria ante la subsecretaria del Ministerio de Seguridad Publica.

Añade que ha transcurrido un tiempo excesivo desde el ingreso de la solicitud el 18 de noviembre del 2023, sin que las autoridades se hayan pronunciado sobre sus casos (nueve meses y ocho días). Este retraso excede el plazo legal de seis meses para la respuesta administrativa, conforme lo dispone la ley N° 19.880, artículo 27), lo cual constituye una omisión ilegal y arbitraria.

Sostiene que esta inacción, vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al discriminar a los recurrentes respecto a otros interesados que sí han obtenido respuesta formal a sus solicitudes.

Previas citas legales y jurisprudenciales solicita se ordene al recurrido se pronuncie sobre la solicitud dentro de un plazo no mayor a 60 días, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, comparece Daniela Silva Mella, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien evacua el informe requerido, solicitando su rechazo, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone los siguientes antecedentes de hecho: a) nombre reservado, el 14 de septiembre de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM000, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. b) nombre reservado, el 30 de enero de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM001, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. c) nombre reservado, el 05 de febrero de 2021, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo a los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM002, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. d) nombre reservado, el 05 de febrero de 2021, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM003, de fecha 24 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. e) nombre reservado, el 11 de junio de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM004, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. f) nombre reservado, el 14 de septiembre de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM005, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. g) nombre reservado, el 14 de septiembre de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM006, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. h) nombre reservado, el 22 de mayo de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM007, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. i) nombre reservado, el 13 de agosto de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM008, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. j) nombre reservado el 12 de julio de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM009, de fecha 08 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. k) nombre reservado el 11 de julio de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM010, de fecha 24 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. l) nombre reservado el 08 de noviembre de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM011, de fecha 24 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. m) nombre reservado, el 08 de noviembre de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM012, de fecha 24 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento. n) nombre reservado, el 08 de noviembre de 2024, solicitó regularizar su condición migratoria según la facultad de la Subsecretaría del Interior, de acuerdo con los artículos 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325. Mediante Oficio Ordinario N°NUM012, de fecha 24 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, para que, como órgano facultado por Ley, dicte el acto administrativo final del procedimiento.

Señala que actualmente la legislación migratoria vigente, entrega al Subsecretario del Interior la facultad de regularizar la condición migratoria de aquellos extranjeros que se encuentren en una condición irregular. Dicha facultad se encuentra regulada en el artículo 155 N°9 de la Ley N° 21.325.

Agrega que, en virtud del tenor literal del artículo 155 N°9 de la Ley N° 21.325, la facultad de regularizar la condición migratoria de un extranjero ha sido entregada por la Ley N°21.325 exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, siendo dicha facultad además indelegable. Por lo tanto, queda de manifiesto que carece de facultades legales para tramitar y resolver la solicitud planteada por la parte recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento del inciso 2° del artículo 14 de la Ley N°19.880, ha remitido todos los antecedentes enviados por la contraparte a repartición pública a la Subsecretaría del Interior, órgano de la Administración del Estado competente para conocer y resolver este tipo de solicitudes.

Finalmente refiere que, la presente acción deducida en contra de su parte debe ser desestimada por una evidente falta de legitimación pasiva.

Tercero: Que, a su turno, el abogado Gonzalo Becerra Arias, en representación, de la Subsecretaría del Interior, evacua informe al tenor del recurso, señalando en primer término que la normativa actual contempla dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior. De ahí que, en la actualidad, sea improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratorias efectuadas por personas extranjeras al alero de lo dispuesto en el artículo 155 N° 8 de la ley N° 21.325, por cuanto, tal como se mencionó anteriormente, no existen procedimientos vigentes de general aplicación que la autoridad haya dispuesto para tales efectos. Por lo mismo, cualquier solicitud que aquellas puedan realizar en estas materias solo pueden tramitarse como solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 N° 9 de la misma ley.

Precisado lo anterior, y en relación con el caso de autos, indica que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente se encuentra, actualmente, en etapa de tramitación en esta Subsecretaría, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve.

Expone que, una vez concluida la tramitación de dichos actos, aquellos serán debidamente notificados a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Considera que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, por cuanto, las solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan.

Hacer presente que el análisis exhaustivo de estas solicitudes se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería.

A modo ejemplar, refiere que solo entre enero y mayo de 2024 se han presentado más de 4.500 solicitudes de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el aumento exponencial que han tenido este tipo de solicitudes en los últimos años: mientras que entre los años 2019 y 2021 se contabilizaron únicamente alrededor de 180 requerimientos, solo el año 2022 se registraron más de 900, cifra que aumentó exponencialmente el año 2023, época en la que se contabilizaron más de 10.000, lo cual se traduce en un aumento de más del 964% de este tipo de solicitudes solo entre los años 2022 y 2023.

Así las cosas, y al no verificarse una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, estima que la acción de protección de autos no puede prosperar.

Recuerda que no procede instrumentalizar una solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Subsecretario del Interior, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en sentencias ROLES N°32.598-2022 y 52.030-2023, entre otras, en relación con el otorgamiento de concesiones migratorias que competen solo a la autoridad respectiva.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicita tener por evacuado el informe requerido a la Subsecretaría del Interior, resolviendo el rechazo de la acción de protección de autos, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto del procedimiento administrativo de regularización extraordinaria solicitado por los recurrentes.

Sexto: Que, en primer lugar, se debe dejar asentado que la presente acción cautelar no puede prosperar respecto del Servicio Nacional de Migraciones toda vez que no existe medida que adoptar a su respecto, desde que culminó la tramitación de la solicitud en dicha sede.

Séptimo: Que, en lo que dice relación con la Subsecretaría del Interior, no resulta posible calificar el actuar que se reprocha como arbitrario o ilegal. En efecto, el artículo 27 de la Ley Nº19.880 contempla un plazo de 6 meses para la tramitación de un procedimiento administrativo, y de los antecedentes de autos se tiene que el Servicio Nacional de Migraciones remitió los antecedentes a la Subsecretaria del Interior, para algunos extranjeros el 8 de julio del 2025 y para otros el 24 del mismo mes y año, es decir, aun no se computa el plazo establecido en la normativa ya referida.

Octavo: Que, en base a lo anterior, no es posible advertir una afectación a la garantía de igualdad ante la ley o de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, pues la parte recurrente se encuentra a la espera de la respuesta en igualdad de condiciones con otros solicitantes, de tal forma que, de acceder a la presente acción, se estaría otorgando un trato preferente a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-12445-2025.

En Santiago, diez de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.